Resultados positivos

Editorial

El País, Cali

Mayo 6 de 2009

Después de cuatro años de haber sido expedida, la Ley de Justicia y Paz sigue fortaleciéndose como el instrumento para encontrar una salida incruenta a los conflictos bélicos que han afectado a Colombia. Pese a sus imperfecciones, hoy debe reconocerse su aporte a la pacificación del país y al espacio que ha abierto para desactivar los grupos de violencia que durante años azotaron las zonas de Colombia que el Estado no podía atender. 

Según el Alto Comisionado de Paz y director del programa de reinserción, Frank Pearl, 50.611 hombres en armas se desmovilizaron hasta el pasado 17 de abril. De ellos, 36.000 pertenecían a los grupos paramilitares y 14.000 a la guerrilla, 12.000 de los cuales formaban parte de las Farc. “Gente con un promedio de hasta 25 años, de bajo nivel educativo, de los que el 39 por ciento no saben leer ni escribir”. 

Tal resultado ha sido posible por la decisión del Gobierno de combatir los innumerables grupos de violencia que llegaron hasta a amenazar las instituciones en Colombia. Pero también es cierto que sin la Ley de Justicia y Paz no hubiera sido posible desactivar la intimidación que significaba para la vida el hecho de mantener ese ejército dedicado a la depredación y al crimen. Hoy la situación es muy distinta, y si bien se presentan dificultades o se descubren cada día los crímenes atroces que cuentan los desmovilizados en sus versiones ante la Justicia Especial, es imposible negar el beneficio que le trajo al país la estrategia de desmovilización y, en especial, esa norma. 

Sin duda, la tarea no está completa. También es evidente que en su aplicación se han presentado inconvenientes que, en algunos casos, han tomado proporciones preocupantes, como cuando los más importantes cabecillas de las entonces llamadas Autodefensas Unidas de Colombia debieron ser extraditados, al comprobarse sus incumplimientos y su recurrencia en delitos como el narcotráfico. Y obstáculos como los que se presentan ahora, cuando 550 desmovilizados se declaran en paro hasta tanto se les restablezcan las prerrogativas de que gozaban. 

Pero el país ya sabe el camino que debe seguir. A la par con las acciones de la Seguridad Democrática contra los grupos de violencia que aún se resisten a abandonar las armas, está la obligación de persistir en la desmovilización, a cambio de la verdad, la justicia y la reparación. Y así como las autoridades deben combatir los intentos por reactivar el paramilitarismo con otras denominaciones, está el deber de la sociedad de abrirle paso a la reintegración de quienes deciden dejar a un lado la violencia. 

En medio de ese camino, queda la duda sobre la impunidad que cubrirá muchos de los crímenes cometidos por los hoy desmovilizados. Y sin que ello signifique resignarse al silencio ante los daños causados por ellos, los resultados hasta ahora alcanzados son un indicativo de que Colombia está en la vía indicada. Y que puede lograr la paz, siempre que el Estado mantenga su compromiso de hacer respetar los derechos y la vida, sin distingo alguno.