Desaciertos de nuestra justicia

Por Hernán González Rodriguez

El Colombiano, Medellín

Junio 9 de 2009

Para numerosos colombianos, las altas cortes de la justicia colombiana se han convertido en un nido de politiquería, de ignorancia o, más grave aún, de notoria mala fe. Cada día que transcurre son más frecuentes y nefastos sus fallos para las instituciones por culpa de su inocultable incapacidad o sesgo político para medir el alcance de tales decisiones sobre la economía y la seguridad nacional.

Casi nadie comprende, por ejemplo, el empleo de la Corte Suprema de Justicia de criminales ya juzgados o de delincuentes reconocidos para acusar a los congresistas, a los políticos o a los ciudadanos corrientes de su participación en los procesos de la llamada parapolítica. Las interpretaciones de la Corte de los caudales de votación por los congresistas son sesgadas y retorcidas. Con frecuencia, los testigos acogidos por la Corte ni siquiera pueden asegurar que conocieron a su acusado. Tales declarantes aportan pruebas de tan dudosa calidad que tan sólo pueden servir para ser archivadas a la espera de algo más serio. Y, entre tanto, sobre la farcpolítica no modulan las Cortes.

Casi nadie comprende, por ejemplo, los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la Seguridad Social para todos y con elevados estándares o sobre los desplazados por la contienda interna, sin medir los efectos económicos y prácticos de tan fatales medidas. Todos en este país deseamos que los menos favorecidos tengan acceso al empleo o al seguro de desempleo, a la vivienda digna, a la salud sin restricciones, a la educación y demás oportunidades similares. Pero no podemos perder de vista que países tan opulentos como los Estados Unidos apenas ahora, en 2009, están tratando de establecer planes de salud para toda la población y con estándares elevados.

Casi nadie comprende, por ejemplo, que el Consejo de Estado haya intentado privar al Ejército de Colombia de más del 50 por ciento de sus soldados, mediante un fallo que exigía que los soldados regulares de nuestras Fuerzas Armadas no podían ser enviados a combatir a las Farc. Que los soldados regulares deberían dedicarse tan solo a ejecutar obras de interés social. Si a esto le adicionamos la decisión del propio Gobierno, por la cual, para poder iniciar acciones militares, deberán los comandantes solicitarle previamente un permiso al Ministerio de Defensa, nos resulta explicable el deterioro del orden público en el Cauca, Huila, Caquetá…

La Corte Constitucional debería ocuparse casi exclusivamente sobre el cumplimiento de los trámites en la aprobación de las leyes. En cuanto al contenido de ellas no debería ir más allá de retornarlas al Congreso si no está de acuerdo con éste. O mejor aún, concertar con él. Unos magistrados ineptos en numerosos campos del saber, sin elección popular y sin mayores responsabilidades, no puede suplantar al Congreso y legislar sobre lo divino y lo humano.

Comparto la idea de quienes proponen una nueva Ley para reformar el servicio militar obligatorio, la cual debería ser aprobada en forma democrática, entre el Ejecutivo y el Legislativo, para asegurar una mayor participación de las clases medias, altas urbanas y de los indígenas…