Se acabó el santuario mexicano

Por Bertrand de la Grange

La Razón, México

Junio 6 de 2009

Llama mucho la atención que la expulsión de México de un catedrático colombiano acusado de pertenecer a la guerrilla de las FARC no haya provocado más reacciones adversas contra el Gobierno de Felipe Calderón. Con la excepción de algunos de sus colegas de la UNAM, de los legisladores de siempre y unos pocos editorialistas, la detención de Miguel Ángel Beltrán Villegas y su regreso forzado a Bogotá no han conmovido a la sociedad mexicana. Eso es una buena señal, porque indica que existe ahora una mayor confianza en las instituciones democráticas, tanto de México como de Colombia.

No se trata de una dictadura que deporta a un adversario político para hacerle el favor a otra dictadura; son dos democracias que se protegen mutuamente y le dan a un presunto terrorista todas las garantías para defenderse en un proceso judicial. Es lo que ocurre en muchos otros países que han firmado convenios en este sentido. Francia, por ejemplo, entrega a España a los terroristas vascos de ETA, con el mismo procedimiento fast-track, cuando los detenidos no tienen cuentas pendientes con la justicia francesa.

Hace una década, cuando todavía gobernaba el PRI, México amenazaba muy a menudo con recurrir –y lo hacía a veces– al artículo 33 constitucional para expulsar a los extranjeros que se “inmiscuían” en asuntos políticos nacionales. Decenas de europeos fueron repatriados por haber participado en actividades del Ejército Zapatista. En cambio, México era tierra de asilo para cientos de refugiados políticos que habían escapado de las dictaduras latinoamericanas, de Chile, Uruguay, Argentina o Centroamérica. Muchos, sin duda, eran guerrilleros o simpatizantes de los movimientos subversivos de sus países de origen, pero todos habían huido para salvar la vida.

Había también, en el Distrito Federal, una representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aquí estaba el muy visible Marcos Calarcá, que mantenía abiertamente relaciones con periodistas y políticos, y que las autoridades colombianas ubican hoy en Cuba. La llegada de Vicente Fox a Los Pinos no cambió la situación para las FARC, hasta que, en 2002, la Unión Europea y Estados Unidos las incluyeron en la lista de organizaciones terroristas. Se fue el delegado oficial de la guerrilla pero se quedaron los clandestinos. Desde la universidad y algunas organizaciones sociales, los simpatizantes mexicanos se encargaron de la propaganda de las FARC y de la revolución bolivariana. Los viajes a los campamentos de la guerrilla eran parte de la formación y, a veces, terminaban mal, como ocurrió el 1 de marzo de 2008 con la muerte de cuatro mexicanos y del número dos de las FARC, Raúl Reyes.

Los servicios de inteligencia colombianos están convencidos de que el profesor Beltrán Villegas utilizaba el alias de Jaime Cienfuegos para firmar la abundante correspondencia encontrada en las computadoras de Raúl Reyes. Los intentos de algunos sectores por descalificar el contenido de esos ordenadores –se empeñan en llamarlos “inciertos”– han sido vanos, desde el momento en que los expertos de INTERPOL han confirmado su autenticidad. Las autoridades mexicanas han tenido acceso a esa información y le han dado crédito antes de decretar la expulsión del colombiano. Los tribunales de Colombia decidirán si, como se le acusa, el catedrático es o no un “reclutador e ideólogo del terrorismo” y si es miembro de la Comisión Internacional de las FARC.

Algunos insisten en considerar a las FARC como una organización que lucha en nombre del pueblo para acabar con una dictadura. Según esa lógica, Beltrán Villegas sólo ejercía su derecho constitucional a la rebeldía. El problema es que ese razonamiento tergiversa totalmente la realidad, porque Colombia es una de las más antiguas democracias de América Latina y, en cambio, el proyecto de las FARC es claramente antidemocrático. Para comprobarlo, basta leer su programa y sus proclamas, redactados de acuerdo con los cánones del más rancio marxismo-leninismo, o los artículos delirantes publicados en los medios de la guerrilla, como la agencia ANNCOL o la revista Resistencia, donde escribía precisamente el tal “Jaime Cienfuegos”.

La colaboración con las FARC no se puede comparar con el apoyo ideológico que algunos intelectuales, idealistas u oportunistas, dieron al zapatismo. El EZLN nunca recurrió al terrorismo. En cambio, la guerrilla colombiana es una organización tremendamente violenta, que mata y secuestra civiles, además de financiarse a través de actividades ilegales como el narcotráfico. Por eso, Bogotá necesita de la colaboración de la comunidad internacional. Se trata de acabar con las redes que las FARC han creado en muchos países bajo el pretexto equivocado de la solidaridad con un pueblo oprimido, cuando el verdadero opresor es la guerrilla.