Agresión jurídica extrafronteriza

Editorial

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Octubre 16 de 2009

Cuando a través de diálogos diplomáticos orientados por los cancilleres de Colombia y Ecuador se estaban limando las asperezas y diferencias que han aflorado a lo largo de los últimos 19 meses en las relaciones entre los dos países, el mismo juez de Sucumbíos (Ecuador) que adelanta un proceso contra el ex ministro Juan Manuel Santos, profirió orden de captura contra el comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Fredy Padilla de León. La decisión judicial comentada tiene un penetrante olor a determinación política disfrazada de orden judicial, para ampararla bajo el principio constitucional de la división y autonomía de las ramas de Poder Público que hay en nuestros países y que está elevada a norma Constitucional en la Carta Magna de cada una de las dos naciones.

Si bien el hecho que fundamenta el proceso penal ocurrió el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, el cargo y la dignidad que ostenta el general Fredy Padilla de León ubica la decisión tomada no en el terreno de lo judicial, sino en el delicado universo de la soberanía de los Estados, de la dignidad nacional, del ataque a las instituciones de un país limítrofe y obliga a Colombia a estudiar lo ocurrido desde el punto de vista de los intereses superiores y de los más caros valores de nuestra nacionalidad y con base en ellos actuar.

La orden de captura librada no es contra el ciudadano Fredy Padilla de León, es contra quien representa y encarna a las Fuerzas Armadas colombianas y en consecuencia, es un golpe artero dirigido contra las instituciones patrias.

Una medida como la tomada por el Juez de Sucumbíos no pudo haber sido producto de un acto irreflexivo y precipitado del titular del citado Despacho Judicial, sino que muy probablemente fue comentado con superiores suyos y éstos, de haber sido reflexivos, habrían sugerido más prudencia y sensatez.

Librar una orden de captura contra el comandante general de las Fuerzas Armadas de un país no es tomar una decisión judicial, es arremeter contra toda una nación.

Si lo anterior no lo evaluó el Juez de Sucumbíos, su proceder fue irresponsable y torpe. Si lo evaluó y pese a ello actuó a sabiendas de las consecuencias, se pone en evidencia que estamos no solo ante una mente que no tiene la compostura ni la mesura que deben presidir los actos de toda persona que administra Justicia, sino ante una provocación premeditada contra el país.

Colombia debe responder a la afrenta con severidad y altivez so pena de que el día de mañana cualquier funcionario de otro país decida que puede, en forma ligera, artera y roma, pisotear nuestra dignidad e instituciones y ultrajar a la patria, esa que con tanta dificultad y sacrificio hemos ido edificando a lo largo de dos siglos.