Hospitales, al debe

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Octubre 12 de 2009

Aunque la cifra no está consolidada, se estima que hoy las deudas de las EPS, los entes territoriales y el Fosyga, entre otros, con los hospitales del país bordean los 3 billones de pesos, lo que sin duda tiene a muchas de estas entidades al borde del colapso. Muestra de ello es la red pública de Bogotá que, a pesar de contar con una de las mejores secretarías de salud del país, hoy tiene una cartera de 475.000 millones de pesos, de los cuales 235.000 millones son de difícil cobro y 40.000 millones son de letras firmadas por usuarios que jamás pagarán.

Aunque es claro que el sistema de salud les ha aportado a los hospitales elementos de autosostenibilidad, también estos han dado lugar a fallas que se volvieron crónicas. Por ejemplo, al aumentar la cobertura y dado que el modelo de salud se funda en atender enfermos y no en promover la prevención de la enfermedad, mantienen copada su capacidad, además del desborde de las urgencias, por la demora de las citas de las EPS, mientras enfrentan serios problemas de liquidez por el enrevesado flujo de recursos del sistema.

La cadena empieza porque el sistema no les paga a tiempo a las EPS y estas trasladan la demora a los hospitales que contratan para la asistencia de sus afiliados, los que por ley se deben seguir atendiendo. Por otro lado, muchos departamentos y municipios que los tienen como un depósito obligado de pacientes pobres, no pagan por ellos, a pesar de estar legalmente obligados a hacerlo. El Fosyga no se queda atrás: subcuentas como la de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (Ecat), directamente relacionada con los hospitales, les adeudan ya 250.000 millones. Y, en medio de todo, las medidas tomadas para agilizar los pagos dentro del sistema, incluso lo ordenado por la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, han sido solo paños de agua tibia para un enfermo grave.

Como si fuera poco, los hospitales se enfrentan a lo que llaman "abuso de posición dominante" de los compradores de servicios, que les cambian los precios y la cantidad de lo contratado e, incluso, les envían insumos para la atención de los afiliados, a veces no de la mejor calidad. Buena parte de estas instituciones son contratadas con base en el manual de tarifas del Seguro Social del 2001, herramienta obsoleta, tanto en valores monetarios como en contenidos.

Se supone que eso ha debido quedar resuelto hace años con un manual de tarifas mínimas incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, respaldado por el presidente Álvaro Uribe y avalado en tres oportunidades por la Corte Constitucional, pero que no se ha podido aplicar por falta de consenso entre los ministerios de Hacienda y de la Protección Social.

Otra vitamina de la que depende la supervivencia de los hospitales es el control de la integración vertical, o sea la limitación de las EPS para tener los suyos. Tema central de la reforma de la Ley 100, se ha quedado en enunciados y tibias aperturas de investigaciones por parte de la Supersalud, carentes de conclusiones efectivas.

Aunque hay que reconocer que el Ministerio de la Protección Social, como uno de los puntales de su política hospitalaria, invirtió más de 800.000 millones de pesos para reestructurar 230 hospitales, hoy muchos de ellos están al borde del cierre a consecuencia de los factores descritos.

Todo esto -sin desconocer que los hospitales también tienen pecados que deben enmendar- exige de los actores del sector, en cabeza del Ministerio y de la Comisión de Regulación en Salud, la revisión urgente de la situación y la búsqueda de soluciones para evitar que se revivan las otrora crisis hospitalarias, con las que, ya se sabe, pierde todo el país. Aún están a tiempo.