Infamia de un "colectivo de abogados"

Bogotá, 10 de octubre de 2009

Doctor Fidel Cano

Director del Diario El Espectador

Bogotá

Señor Director,

Tengo en mis manos el documento citado erróneamente por un artículo de El Espectador (del 7 de octubre de 2009), firmado por Giovanni González Arango, en el que se afirma que el Departamento de Estado de los EEUU responsabiliza a mi esposo el Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA y a los militares colombianos de la muerte de varias personas fuera de combate y entre ellos los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, durante los trágicos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.

La información de El Espectador es completamente falsa y difamatoria. Por eso le pido a usted, señor Director, publicar este desmentido al que tengo pleno derecho, como esposa del afectado, hospitalizado actualmente y sin poderse defender por si solo. El honor de mi marido y el de mi familia ha sido gravemente perjudicado por ese artículo donde su nombre aparece citado expresamente.

Es falso decir que se trata de un “documento del Departamento de Estado”. Se trata, en realidad, de un despacho interno de 1999 mediante el cual el Embajador norteamericano en Colombia en ese entonces, Curtis W. Kamman, le resume al Departamento de Estado, el 14 de diciembre de 1999, las afirmaciones de unas ONG de Derechos Humanos colombianas.

Estas ONG evocan el resultado de una reunión sostenida, en enero de 1999, con miembros del ministerio colombiano de Defensa. Tales reuniones fueron patrocinadas por el ministerio de Defensa colombiano. El “informe” aborda 12 o 13 puntos diferentes. El punto que tiene que ver con la tragedia del Palacio de Justicia es sólo uno de ellos. En realidad, son únicamente ocho cortas líneas del despacho. De éstas, el autor del artículo, posiblemente guiado por el colectivo de abogados Alvear Restrepo, extrapola e inventa frases y conclusiones que el documento no contiene.

Con ese despacho, el colectivo de abogados Alvear Restrepo manipuló a los medios de información colombianos aprovechando, quizás, el desconocimiento del idioma inglés del o de los periodistas que redactaron y publicaron la falsa noticia. El Espectador no publicó siquiera una traducción al castellano del despacho del citado embajador.

Varios de los comentarios del embajador aparecen borrados en la copia desclasificada. Probablemente esas líneas fueron borradas por el Departamento de Estado antes de desclasificar ese despacho. La desclasificación fue hecha, según sello oficial, el 19 de noviembre de 2007.

En uno de los puntos de ese despacho, las ONG pretenden que en uno de los diálogos había dos militares colombianos, uno activo (el general Hernández López, jefe del Estado Mayor Conjunto) y otro retirado. Para identificar al retirado las ONG aseguran que se trata del "coronel Alfonso Plazas Vargas” (se equivocan en el segundo apellido) quien comandó, según ellas, en noviembre de 1985, “el asalto del Ejército al edificio de la Corte Suprema que había sido tomado por el M-19”. Ese asalto, dicen, “resultó en la muerte de más de 70 personas, incluyendo once magistrados de las Cortes. Los soldados mataron a un número de miembros del M-19, y a sospechosos de colaborarles, fuera de combate, incluyendo los empleados de la cafetería del Palacio".

Esas frases de las ONG son totalmente erróneas y difamatorias, como es erróneo decir que fueron frases del embajador, o del Departamento de Estado. Quien lanza la calumnia contra el Coronel Alfonso Plazas y contra las fuerzas militares colombianas son las ONG. Tal difamación no viene de la Embajada norteamericana. Esta se limita a transcribir lacónicamente lo que esas ONG dijeron. Tampoco se trata de afirmaciones o de conclusiones del Departamento de Estado. Ni de informaciones obtenidas por un “agente secreto”. Tales afirmaciones fueron lanzadas en una reunión pública propiciada por el ministerio de Defensa de Colombia. El informe en su docena de puntos relaciona diferentes reuniones de ONG durante esos días con diferentes miembros del Ministerio de Defensa Colombiano.

El Departamento de Estado recibió ese resumen y lo archivó, sin darle importancia alguna. Años después, entre muchos otros documentos desclasificados originarios de otras embajadas norteamericanas, lo desarchivó. El colectivo Alvear Restrepo trata de utilizar ahora ese documento, y la falsa noticia redactada con ese respaldo, en momentos en que sus acusaciones contra mí marido se derrumban en el medio judicial.

¿Si el despacho fue desclasificado en noviembre de 2007 por qué lo trata de utilizar ahora, dos años después? Porque la bancarrota de las tesis del colectivo de abogados en contra de Alfonso Plazas es evidente y el colectivo debe intentar algo para salir de ese pantano.

La reunión evocada por el despacho de la embajada sí se llevó a cabo. El Coronel Plazas asistió como asesor del comandante general de las FFMM, cargo en el cual se desempeñaba en ese momento. Esa reunión se celebró en el Hotel Bogotá Plaza. Asistieron a ella entre 12 y 14 ONGs colombianas. El jefe de una de éstas era Otty Patiño, ex miembro del grupo terrorista M-19. Otras estaban representadas por ex guerrilleros del ELN, del M-19, el EPL etc. Había uno o dos extranjeros.

Documentos de este tipo son producidos por las Embajadas todos los días. Son enviados a sus respectivas cancillerías. Ese tipo de texto es conocido bajo la denominación de “informe crudo”, pues recoge lo que se dice en los países donde se hallan las sedes diplomáticas. Esos informes no constituyen posiciones oficiales de los Embajadores, ni del Departamento de Estado.

Es falso decir que “EE.UU. determinó responsabilidad de Plazas Vega en retoma del Palacio”. En el despacho desclasificado no hay ningún juicio de valor del gobierno de Estados Unidos de América, ni del embajador citado, ni de los supuestos “investigadores” o “agentes de inteligencia” (totalmente inexistentes en el despacho de la embajada). Es falso decir que “una investigación estableció que el ex uniformado sí está comprometido en desapariciones y asesinatos de civiles.” Es falso decir que “una operación efectuada por agentes de inteligencia al servicio de la Embajada de Estados Unidos en Colombia fue consignada en un informe al Departamento de Estado de ese país”. Es falso decir que el Coronel Alfonso Plazas es “el autor intelectual de las desapariciones y los asesinatos de quienes integraban la cafetería del Palacio de Justicia”. Es falso decir que el Departamento de Estado “señala que el coronel Plazas sí estuvo al mando de la operación y estuvo al tanto del manejo y conducción de las personas que iban siendo rescatadas del Palacio en llamas”.

No dudo que usted, señor Director, una vez coteje el despacho de la embajada (le adjunto una copia) con el artículo de El Espectador, admitirá que se trata de una falsa noticia y que varias de sus afirmaciones son difamatorias y violatorias del Derecho de prensa. Sin perjuicio de entablar ulteriormente la acción penal respectiva le ruego publicar este derecho de respuesta mío y darle la misma visibilidad que tuvo la noticia incriminada.

Cordialmente,

Thania Vega de Plazas

CC # 41.602.385 de Bogotá