La plata de los niños

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Octubre 15 de 2009

Está a consideración del Congreso el presupuesto para el 2010, construido sobre las premisas de un entorno económico adverso, cifras fiscales deficitarias e ingresos tributarios decrecientes. Ya asoma sus afiladas puntas la implacable tijera para hacer recortes a diestra y siniestra. En momentos de crisis productiva y de apretones en los fondos disponibles, es indispensable elevarles un clamor a la Cámara y el Senado, que ojalá no caiga en oídos sordos: todo lo que estos hagan por blindar los recursos para la inversión -que no gasto- social, en especial aquel destinado a atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, será bienvenido.

La precariedad en la que viven millones de niños no resiste una disminución en los presupuestos asignados a paliar su dramática realidad. Pese a lo mucho que se ha avanzado en el campo de la protección y la asistencia a esta población, y a existir un clarísimo mandato para los gobernantes a través del Código de la Infancia y la Adolescencia -que ya cumple tres años de vigencia-, el trecho para garantizar plenamente sus derechos sigue siendo largo.

En días pasados, y en el marco de la alianza por la infancia entre Unicef y la Casa Editorial EL TIEMPO, tuvo lugar un foro, en el que participaron funcionarios y congresistas en cuyas manos está la suerte de los dineros que se invierten en este grupo poblacional, el más desamparado del país. El evento sirvió para exponer cifras dramáticas sobre cómo sobreviven en muchas regiones, como el Chocó, nuestros niños, niñas y adolescentes.

El mismo Contralor General de la República calificó de desalentador el panorama para la niñez en Colombia. Y tiene razón de sobra cuando reveló los bajísimos niveles de ejecución de los recursos disponibles en más de la mitad de los municipios del país (56 por ciento de estos no los ejecutaron, 19 por ciento los ejecutaron parcialmente y 19 por ciento los invirtieron en su totalidad). El hecho de que cerca de 9 billones de pesos hubieran regresado a las arcas del Estado plantea una situación aberrante e inaceptable, que hay que corregir por el bien de nuestra infancia y adolescencia. Situación que no se compadece con las afugias presupuestales del ICBF, necesitado de 165.000 millones de pesos para atender a 301.000 menores de 6 años, que no reciben asistencia alguna del Estado. El mejor escenario en estos tiempo de crisis es que ojalá el Congreso y el Gobierno no disminuyan lo que ya existe con el tijeretazo general que se avecina.

En el foro también se presentaron propuestas interesantes, que deberían convertirse en realidad. Hubo consenso en torno a la formulada por el contralor Turbay Quintero sobre la urgencia de reformar el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que hace muy difícil un seguimiento preciso de cómo y dónde se invierten los dineros de los niños. A su vez, resulta necesaria la propuesta de la directora del ICBF, según la cual su entidad debería alimentarse del presupuesto y no sólo de los ingresos parafiscales.

La alianza de la CEET y Unicef nació para darles una voz clamorosa a los niños, niñas y adolescentes, que, como no votan ni tienen capacidad de movilización, poco son escuchados en las altas esferas del poder público. Con razón dice Unicef que la tarea de asegurarles sus derechos sigue en buena medida incompleta. Y contrasta esta realidad con una verdad de a puño: está demostrado hasta la saciedad lo rentable que es para un país invertir en su infancia, sobre todo aquella entre los 0 y los 3 años, rango de edad crítico para el desarrollo cognoscitivo, físico y emocional, y para definir en buena medida si ese pequeño tendrá o no un lugar digno, productivo y útil en la sociedad. ¿Estará Colombia en la senda correcta? ¿Escucharán el Gobierno y el Congreso el angustioso grito de los niños?