Subsidios agrícolas (2)

Juan José Perfetti Del Corral

El Colombiano, Medellín

Octubre 16 de 2009

Frente a los serios y graves cuestionamientos que han surgido en relación con las asignaciones de recursos del Programa Agro, Ingreso Seguro surge, para el ciudadano del común, la pregunta respecto a qué hacer con el Programa, ¿es preferible acabar con el mismo que seguir con el riesgo de que se presenten nuevas deformaciones y desviaciones de recursos? La respuesta a esta pregunta no es sencilla.

Como se dijo en la anterior columna, y lo han señalado otros columnistas, los subsidios en el sector agrícola tienen, alrededor del mundo, una muy desafortunada historia. Pocos programas han terminado siendo eficaces en sus resultados, eficientes en el uso de los recursos y equitativos en su distribución y uso. El reto de cualquier programa de apoyo es lograr crear unas reglas de juego que aseguren este tipo de resultados, al tiempo que representen beneficios netos para la sociedad. Por lo tanto, la respuesta a la anterior pregunta no es, desde el punto de vista técnico, fácil.

Algunos hechos y antecedentes pueden ayudar a encontrar una respuesta más satisfactoria.

Lo primero que hay que señalar es que por décadas el país ha mantenido una discriminación en contra del sector rural. Tradicionalmente, las políticas y el gasto público han privilegiado los sectores urbanos frente al campo. Esto determinó que por años prevalecieran grandes brechas en materia de servicios públicos esenciales, como educación y salud, infraestructura y también de apoyo a las correspondientes actividades productivas. Sin embargo, desde hace algunos años, y gracias a una inversión pública más equilibrada, dichas brechas se han venido cerrando, pero todavía prevalecen, para citar algunos ejemplos, grandes brechas en los casos de la salud, la calidad de la vivienda y de algunos servicios públicos, como acueducto y alcantarillado. En educación ha habido mejoras, pero éstas resultan aún insuficientes en términos de calidad, pertinencia y dotaciones amén que el campo no ofrece oportunidades de mejoramiento más allá de la secundaria.

Otra característica de las políticas públicas sectoriales es que éstas han privilegiado, tradicionalmente, aquellos cultivos propios de la agricultura comercial. Las actividades tradicionales y de producción campesina han recibido muy pocos apoyos. Los azucareros han recibido, de tiempo atrás, el apoyo y la protección del Estado. Nada de esto se puede decir de cultivos de origen campesino, como las hortalizas, el plátano o la yuca. ¿Cuándo se ha hablado de programas de sustentación, de estabilización de precios o de apoyos específicos para estos productos? Los azucareros y los arroceros reciben altas protecciones frente a la competencia externa en tanto que los productos de origen campesino deben enfrentar, diariamente, los rigores del libre juego del mercado. Todo esto ha sido el reflejo de una política que sobreestima el aporte empresarial y poco valora la contribución de los pequeños productores al crecimiento de la agricultura.

En este orden de ideas, no es de extrañar que el Programa Agro, Ingreso Seguro no viera en los pequeños productores agropecuarios un grupo social que debiera recibir el apoyo decidido del Estado.

Frente a la magnitud de los recursos del AIS, 500.000 millones de pesos anuales, y a las imperiosas necesidades de los productores y habitantes del campo, no sería justo que, por un diseño equivocado y un mal manejo, éstos perdieran la oportunidad de recibir un volumen de recursos que en muy pocas oportunidades ha llegado al sector y que necesitan imperiosamente.

El reto es cómo redefinir las reglas de juego de tal forma que se eliminen los incentivos perversos, se asegure el beneficio social incremental, se promueva la creación de bienes públicos y se apoye la capitalización y la competitividad del sector, en un marco de equidad en el acceso a los recursos.