Tienen razón los rectores

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Octubre 18 de 2009

El actual modelo financiero de la universidad pública ha mostrado sus falencias hace ya algún tiempo, pero ahora presenta, de manera abrupta, todas sus dificultades y limitaciones.

Y no es que el modelo no haya sido útil. De hecho, la ley 30, que obliga a otorgar recursos a las universidades, con un incremento al menos igual al de la inflación, fue entendida por las autoridades nacionales de educación y hacienda en los últimos seis años, como un aumento igual a ésta (incluso inferior, si se tiene en cuenta el cálculo que hizo el señor Contralor General), con el argumento de que había una gran ineficiencia y despilfarro en el conjunto de las universidades públicas.

Y de hecho, se pasó de un millón a un millón y medio de estudiantes –un aumento significativo del 50% de cobertura en pregrado- se cambió la tendencia de composición de la matrícula, pues ahora el 53% de los estudiantes pertenecen a universidades públicas, con lo que ello significa en oportunidades para estudiantes de estratos bajos. Y el aumento de cobertura en pregrado se hizo, en general, en las universidades públicas, mejorando los indicadores de calidad, mediante un sistema de acreditación exigente, de manera que ahora en ellas no sólo estudian más jóvenes sino con mayores estándares cualitativos.

Pero también hubo exigencias en maestrías, doctorados, investigación y extensión, además de aumentar ostensiblemente el número de profesores con doctorado o al menos maestría, que arrojan en las estadísticas del país, un aumento muy importantes en esas actividades, que significan tanto para Colombia, porque son condición necesaria, sobre todo la investigación y la formación al más alto nivel, para crear la masa crítica de conocimiento que necesitamos para convertir nuestra economía en una basada en el conocimiento, que es el camino actual para crecer y desarrollarse con equidad.

El punto es que este último esfuerzo, que requiere de ingentes recursos económicos en formación, laboratorios, bibliotecas, bases de datos, infraestructura, etc, se ha hecho en las universidades con los mismos pesos (indexados) del 93. El gobierno nacional no puede reclamar como suyos los logros en posgrados e investigación (la nueva ley de ciencia y tecnología y los posibles aumentos significativos de dineros para investigación, apenas están por venir, si es que llegan). El esfuerzo en formación en maestrías y doctorados, apenas parcialmente obedece a financiación central, pues las universidades deben poner contrapartidas costosísimas para financiar este tipo de estudiantes.

Y este trabajo gigantesco se hace llevando al extremo la eficiencia de los recursos recibidos por el gobierno nacional, y saliendo a buscar recursos propios (algo que debe hacerse, por supuesto, pero de manera planificada y sujeta a prioridades) en un porcentaje cada vez mayor, pues los dineros que asigna el Estado central en su casi totalidad, están destinados a la cobertura en pregrado.

El problema es que el apremio conduce a realizar de manera creciente actividades de extensión que difícilmente están dentro del campo misional de las universidades públicas. No se trata de que no se realicen, por supuesto, estas actividades, que vinculan de manera directa a las universidades con la sociedad, sino de que desplacen, en la lógica de conseguir recursos a toda costa, las de investigación y docencia. Y mucho menos de que no se haga investigación (en las universidades que tienen condiciones para ello), función misional por excelencia, que en Colombia recae, precisamente sobre éstas universidades, sino de que se equilibren las funciones misionales para que puedan armonizarse y priorizarse. Todo esto con el problema adicional de que al tener, básicamente, la planta profesoral congelada, este conjunto de actividades pueden terminar por hacer retroceder en los estándares de calidad de los pregrados.