El limbo hondureño

Editorial

El Mundo, Medellín

Noviembre 11 de 2009

El retorno de la embajadora es una manera de ir rectificando la posición a que nos arrojó la ola de respaldo incondicional a Zelaya.

Como un actor de buena fe en la tragicomedia hondureña, Colombia tomó la iniciativa de ordenar el regreso de su embajadora en Tegucigalpa, Sonia Pereira, quien había sido llamada a consultas el primero de julio pasado tras la crisis desatada en ese país. Es un gesto que interpretamos como una manera de ir rectificando la posición a que nos arrojó la ola, encabezada en mala hora por la OEA, de respaldo incondicional al depuesto gobernante Manuel Zelaya, quien, pese a haber sido elegido legítimamente, decidió traicionar al partido y al electorado que lo llevó al poder para matricular al país en el lunático proyecto del “socialismo del siglo XXI”.

En nuestro editorial del 23 de septiembre decíamos que la encrucijada del imprevisto regreso de Zelaya podía favorecer el diálogo entre las partes, siempre que no se repitiera la comedia de equivocaciones que ha caracterizado ese conflicto. Lamentablemente, esa sigue siendo la pauta, como lo demuestra la suerte que hasta ahora ha corrido ese último y esperanzador acuerdo, de cuyo fracaso se acusan mutuamente Micheletti y Zelaya. El “Acuerdo Tegucigalpa/San José Diálogo Guaymuras”, como se le conoce, contiene 12 puntos, el primero de los cuales establece “el nombramiento de un nuevo Gobierno de Unidad y Reconciliación, con representación de los diversos partidos políticos del país”, el cual debía estar conformado a más tardar el 5 de noviembre.

Micheletti cumplió su parte, convocando a los partidos, a los candidatos presidenciales, a miembros de la Sociedad Civil y al señor Zelaya, a que pasaran una lista de candidatos a ocupar cargos en el nuevo gabinete, convocatoria que todos acataron, menos Zelaya, alegando que tenía que ser él quien presidiera el nuevo Gobierno. “¿Cómo es que una persona que no es reconocida en el mundo va a liderar este proceso y las próximas elecciones, que no vamos a reconocer?”. En esa declaración queda al desnudo que el señor Zelaya nunca tuvo la intención de respetar la decisión del Congreso sobre su restitución si ésta le resultara desfavorable. Su exigencia era a todas luces absurda y contraria a lo que había firmado, pues el acuerdo es muy claro, cuando deja en manos del Congreso la decisión de “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010”. El problema es que el acuerdo no establece una fecha límite para que el Congreso, que está en receso, convoque a sus miembros a sesión extraordinaria para resolver el dilema de la restitución o no de Zelaya en el poder. En el acuerdo, Micheletti renunció a su posición de que la decisión de restitución la tomara la Corte Suprema de Justicia, habida cuenta de que contra Zelaya hay cargos por diversos delitos, pero quedó consignado que, previa a la votación, el Congreso debe tener en cuenta el concepto – no vinculante – de la Corte, y también consultar la opinión de la Procuraduría General y de la Defensoría de los Derechos Humanos.

Ayer se reunió en forma extraordinaria el Consejo Permanente de la OEA y en su informe el Secretario Insulza estuvo muy pesimista sobre el futuro del acuerdo y sugirió que la solución para el actual impasse “sólo podría provenir de decisiones unilaterales" del gobierno de facto, entre ellas el llamado al Congreso para que finalmente decida sobre la reinstalación de Zelaya y “poner sobre la mesa" la renuncia de Micheletti. Y ayer mismo, demostrando su voluntad de retomar el cauce de lo acordado, el gobierno de facto emitió un comunicado demandando del Congreso “una decisión pronta, aún cuando sabemos que no hay una fecha calendarizada de la restitución o no del ex presidente Zelaya”.

Estados Unidos, en cuya mediación confiamos más que en la del señor Insulza, quien, como sabemos, tomó partido desde un principio y con ello perdió autoridad como mediador, envió al subsecretario adjunto principal para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly, quien es portador del siguiente mensaje del Departamento de Estado: “Nos sentimos particularmente desalentados por las declaraciones unilaterales realizadas anoche por ambos lados, porque no encajan con el espíritu del Acuerdo de Tegucigalpa-San José. Instamos a ambos lados a actuar en el mejor interés del pueblo hondureño y a regresar inmediatamente a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la formación del gobierno de unidad”.

El ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, decía que Micheletti había incumplido el pacto y que había hecho algunas cosas que no estaban en el acuerdo con Zelaya, pero al final reconoció que la última palabra sobre el tema la dirían las elecciones. A nosotros nos parece que ese es el camino: unas elecciones monitoreadas y, consecuentemente, su resultado avalado por instituciones internacionales, liquidaría el pleito, pues ya con presidente electo perdería peso el tema de la restitución de Zelaya, aun cuando es posible que, precisamente por estar resuelto el tema de la sucesión, los golpistas terminen aceptando esa restitución, que sería prácticamente simbólica, con la garantía de que no se intentará ninguna retaliación contra los participantes en el golpe. Esperemos que no sea mucho pensar en un final feliz.