Editorial
El Nuevo Siglo, Bogotá
Noviembre 12 de 2009
Difícilmente podía ser más crítico el panorama para la libertad de prensa en el continente, según se desprende del diagnóstico hecho por los editores de medios de comunicación noticiosos que se reunieron en Argentina en el marco de la 65ª asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El informe final del cónclave al que asisten directores, editores y periodistas de todos los países miembros advierte que la posibilidad de informar libremente está fuertemente amenazada por las medidas de algunos gobiernos para controlar los contenidos noticiosos así como por un rebrote de la violencia contra los comunicadores, que en el último semestre cobró la vida de 16 de ellos, la mayoría en México, en donde las mafias que protagonizan una escalada violenta contra el Estado intentan acallar a la prensa.
La advertencia contenida en el documento de conclusión de la Asamblea es contundente en torno de que existe una “acción coordinada de gobiernos por controlar el papel de la prensa y el desprestigio al que los más altos funcionarios de gobierno someten a los medios de comunicación”. De suma gravedad esta denuncia, pues evidencia que las restricciones a la libertad de informar y ser informado verazmente ya superaron el ámbito nacional y se están convirtiendo en una especie de ‘hoja de ruta’ para bloques de países. Es apenas obvio que el señalamiento se dirige principalmente -aunque también ocurre en otras naciones- a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, en donde los gobiernos de corte ‘chavista’, ‘bolivariano’ o del ‘socialismo del siglo XXI’ parecieran que aplican una misma cartilla en lo que hace a la represión contra los medios de prensa y conglomerados mediáticos que critican a los gobiernos Chávez, Correa, Morales, Castro y Ortega.
Un análisis comparativo de lo que ha ocurrido en la mayoría de esos países, evidencia cómo a medida que sus respectivos presidentes se han afincado en el poder proyectan leyes restrictivas de la libertad de información, fortalecen a los medios oficialistas en detrimento de aquellos críticos, propician revisiones extraordinarias de concesiones mediáticas y hasta llegan al punto de concretar o amenazar con expropiaciones y cierres de periódicos, revistas y canales de televisión, o incluso la judicialización y encarcelamiento de sus dueños y trabajadores, muchos de los cuales no tienen salida distinta al exilio.
Todo ello, enmarcado dentro de una ola de progresivo estatismo en todos los sectores y en los que la noción democrática pierde cada día más terreno frente a mandatos populistas que quitan espacio a los derechos fundamentales y entran en los terrenos del autoritarismo.
Se equivocan, por tanto, quienes advierten que el informe final de la SIP se extralimitó por entrar a tocar temas políticos. Todo lo contrario, analizar y alertar sobre estos aspectos es urgente, dado que hay un sistema político que se quiere internacionalizar y tiene entre sus columnas vertebrales el control de los medios de comunicación y la oficialización de la información.
Sin embargo, la anterior no es la única amenaza que se cierne sobre el ejercicio de la libertad de prensa en el continente, ni todos los riesgos y peligros están concentrados en los países del bloque chavista. En otras naciones, los gobiernos siguen utilizando la pauta oficial para premiar o castigar fidelidades políticas, han terminado por plantear legislaciones más drásticas contra los periodistas u optan por encasillarlos como ‘la oposición’, lanzándoles graves y peligrosas descalificaciones, cuando no presionándolos con pleitos por injuria y calumnia.
Por igual, hay casos como el argentino, en donde una nueva ley de medios golpea duramente al consorcio mediático más fuerte y crítico del Ejecutivo. Amén de todo ello, la crisis económica global ha forzado el cierre de no pocos periódicos, emisoras y redes de televisión, al tiempo que los nuevos desarrollos tecnológicos obligan a los medios a adaptarse rápidamente a esos modos y rutas de información, so pena de perder vigencia, impacto y rentabilidad.
Sombrío panorama pues el de la libertad de prensa en el continente americano. Cada día son más las restricciones, amenazas y retos. La SIP, como la entidad regional de mayor legitimidad, no puede bajar la guardia. De resaltar el papel cumplido por el colombiano Enrique Santos Calderón al frente de la sociedad. No cejó un momento en defender el derecho fundamental a informar y ser informado, y denunciar con nombre propio y detalle los atropellos a los comunicadores y las distintas presiones a los medios en todo el continente.
Hoy más que nunca está visto que la libertad de prensa es columna vertebral de los regímenes democráticos y que aquellos países donde la primera no se respeta y garantiza, mal pueden reputarse de tales, sea cual sea el gobierno de turno y su ideología.
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