Editorial
El País, Cali
Noviembre 19 de 2009
Ayer fue radicado en el Congreso el proyecto de ley que pretende prolongar el impuesto al patrimonio, mecanismo necesario para financiar los gastos en seguridad para los próximos cuatro años. Siendo evidente la urgencia de garantizar esos recursos, también es importante pedir a los congresistas que se le dé trámite rápido, sin que se le cuelguen temas que pueden agravar la de por sí delicada situación de las finanzas públicas.
Pagar por la seguridad es un principio casi elemental en cualquier Estado. Y más aún en Colombia, donde la debilidad ha sido tradición en las recursos oficiales, siendo la violencia crónica el mejor ejemplo de los errores que se han cometido en esa materia. Por eso, aunque con las naturales protestas de los sectores que resultaron gravados por el impuesto del seis por mil al patrimonio, fue de buen recibo su creación. Y ello se ha traducido en el fortalecimiento de las herramientas legítimas para garantizar la prevalencia de la ley y la democracia frente a los intentos por destruirlas, lo que se ha plasmado en la Política de Seguridad Democrática y sus bondades para todos los colombianos.
Pero la tarea no ha terminado. Y, sobre todo, la experiencia indica que fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública ya no puede tener reversa, si se quiere mantener la seguridad como base para la actividad privada. Es por eso que se requiere tomar medidas para financiar el esfuerzo. Más aún cuando los cambios generados por la recesión mundial y el descenso en la actividad económica están golpeando de manera clara los ingresos del Estado colombiano. Así lo demuestra la caída de los recaudos fiscales, de $1,8 billones en el primer semestre del 2009.
Son razones más que suficientes para pedir a los congresistas que tramiten la iniciativa de manera rápida. Que además de estudiarla con detenimiento y evitar los pupitrazos de última hora, se abstengan de colgarle ‘micos’ como aumentar el impuesto para financiar la atención de la primera infancia o la exención del cuatro por mil a las cuentas corrientes que abran las cárceles. Y que no traten de aprovechar la oportunidad para plantear una reforma tributaria estructural, algo que no es el origen de la iniciativa y más parece un recurso utilizado por legisladores pertenecientes al Polo Democrático Alternativo para dilatar la aprobación de la prórroga propuesta.
Ello no implica desconocer que el país está en mora de ordenar su sistema tributario, realizando cambios que racionalicen el uso de los recursos públicos, siempre escasos ante las dificultades que deben ser atendidas por el Estado. Una reforma que atienda las realidades de la Colombia actual, necesitada de descentralizar la inversión y de dar tranquilidad a la Nación en el manejo de las finanzas oficiales. La ausencia de esas decisiones ha generado una inconveniente concentración del poder en el Gobierno central, además de producir inequidades y vacíos, de los cuales la violencia que obliga a mantener el impuesto del seis por mil a los patrimonios grandes es uno de sus efectos.
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