Ningún harakiri en Medellín

Editorial

El Colombiano, Medellín

Noviembre 15 de 2009

El problema de la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá tiene que abordarse de forma integral, pero, como toda ecuación compleja, tiene que resolverse por partes. Debido a la multiplicidad de factores que han hecho que los homicidios superen la cifra de los dos mil muertos en lo corrido del año, en todo el área, conviene identificar razones puntuales y procurar su solución.

Para quien aborde el problema con seriedad, resulta claro que el mayor combustible para este conflicto que estamos viviendo es el tráfico de drogas. No la disputa por producción y rutas sino por su distribución local, pues ya somos también, lamentablemente, un país consumidor. Hoy por hoy, la lucha por el control de las plazas de vicio genera el mayor número de muertes, pues en torno a los expendios se crea toda una dinámica criminal.

Un activo negocio del microtráfico, que se suma a las extorsiones al comercio y a los ciudadanos, genera recursos cuantiosos para el sostenimiento de las bandas y combos que operan en la ciudad. La Policía tiene identificados unos 380 sitios donde expenden drogas, ya varias veces allanados, y con unas 3.600 personas vinculadas en forma directa a esta actividad ilícita.

Además del narcotráfico, como actividad exportadora que se mantiene en varias regiones, en la ciudad padecemos ahora también las consecuencias del microtráfico, o sea la venta al detal para el consumo local. Un cambio importante en el mundo del crimen que tiene que ser abordado con mayor celeridad en los procesos judiciales como el de extinción de dominio y la judicialización por tráfico de estupefacientes de los responsables de su manejo, que evite la burla que representa la denominada dosis mínima. La solución en este campo tiene que ver con una mayor eficacia de la justicia, de modo que le cierre el espacio a la impunidad.

A la inseguridad rampante en la ciudad, con un incremento del 106 por ciento en el número de homicidios en este año, hay que quitarle el combustible que le aportan estas rentas ilícitas y eso requiere una acción más decidida y valiente de jueces y fiscales.

Así como hay que quitarles sus fuentes de ingresos, hay que cerrarles las puertas del crimen a los jóvenes. Es lamentable lo que está ocurriendo en algunos barrios con la incorporación de muchachos, desde edades muy tempranas, a la delincuencia para ejercer controles territoriales y, por ende, de los expendios de droga y de las vacunas, y las retaliaciones que se originan entre las llamadas oficinas de cobro. Tan perverso es el proceso de reclutamiento forzado de jóvenes por las bandas delincuenciales, como el efecto de imitación que se produce cuando los menores tienen, como su principal aspiración, llegar a ser como "el duro" del combo.

Este es un problema de educación, ante la inversión de los valores, donde padres, educadores y medios de comunicación tenemos una enorme tarea por hacer. Y se requiere también del apoyo del Gobierno y del sector privado para abrir muchas más oportunidades de formación y empleo para los jóvenes del Valle de Aburrá.

Ese ya no es un problema que se resuelva con más policías, pese a la buena voluntad que alienta a esta institución en la ciudad, sino que tiene que ver con cómo perciben los jóvenes en los barrios su futuro. Es el verdadero "deber ser y deber hacer", para restarles (jóvenes, armas, plata) a los combos y bandas, mediante un fuerte componente social -incluyendo la formación en valores- combinado con la lucha frontal contra el narcotráfico y las rentas que éste genera, de modo que tras ese desmonte podamos ver la luz al final del túnel.