Editorial
El Tiempo, Bogotá
Noviembre 10 de 2009
La crisis entre Colombia y Venezuela está a punto de ingresar en una nueva etapa: la de su internacionalización. Las duras e insensatas palabras del presidente Hugo Chávez, al indicarles a sus militares que "deben estar preparados para la guerra", son preocupantes y siguen a los graves incidentes de las últimas dos semanas y a la movilización de tropas venezolanas a la frontera, con lo cual han sonado las alarmas en Iberoamérica. Ya dos gobiernos amigos -los de Brasil y España- han expresado su disposición a ayudar a bajar el tono y encontrar salidas. La administración de Álvaro Uribe, por su parte, dijo en un comunicado que buscará la intervención de la ONU y de la OEA.
La vinculación de terceros actores puede ser positiva, pero no se deben sobredimensionar sus posibilidades: ningún mandatario ni jefe de organismo multilateral podrá solucionar un problema de naturaleza binacional que, tarde o temprano, depende del Palacio de Miraflores y de la Casa de Nariño. En el exitoso proceso de normalización de las relaciones con Ecuador, por ejemplo, fueron útiles los buenos oficios del Centro Carter y de la OEA, pero, al final, el impulso verdadero provino de los gobiernos de Bogotá y Quito.
En el caso de la ONU, hay que tener en cuenta que Hugo Chávez, durante una década de diplomacia petrolera, ha ganado amigos extracontinentales que no tiene una Colombia que en los últimos años ha concentrado su política exterior en Estados Unidos y la cooperación que recibe en la lucha contra las drogas y el terrorismo. En el Consejo de Seguridad están actualmente miembros no permanentes como Libia, Burkina Faso, Vietnam y Uganda, entre otros, seguramente más cercanos a la Revolución Bolivariana. Y entre los países con poder de veto, China y Rusia han fortalecido sus lazos con Caracas. Falta ver, además, qué instrucciones le dará Barack Obama a su embajador, pues hasta el momento su gobierno se ha caracterizado por mantener posiciones equilibradas y poco confrontacionales. Tampoco se puede olvidar que algunos países han buscado desde hace tiempo llevar temas colombianos de carácter humanitario al Consejo de Seguridad (el desplazamiento forzado, los derechos humanos, los maltratos infantiles), y la política internacional del país ha buscado -y ha logrado- impedirlo.
En cuanto a la OEA, como bien lo dijo su primer Secretario General, Alberto Lleras Camargo, esta es lo que sus miembros deseen de ella. En otras palabras, José Miguel Insulza sólo podrá actuar dentro de los parámetros que le dé el Consejo Permanente, en el que tienen asiento todos los países, incluidos, por supuesto, Venezuela y los otros miembros del Alba.
Si algo ha demostrado la crisis de Honduras es que una América Latina tan dividida como la actual, difícilmente va a generar un consenso para una intervención decisiva de la Organización. Menos aún en el caso colombo-venezolano, en cuyo conflicto es determinante el acuerdo recientemente firmado con Washington para fortalecer la cooperación militar, el cual, como bien se sabe, goza de pocas simpatías en la región.
Lo anterior no significa que Colombia no pueda encontrar aliados para contener la exaltada y belicosa actitud de Chávez. Pero, a pesar de que debe hacerlo, necesita tener los pies bien puestos en la tierra. Las ofertas informales, como las de Brasil y España, pueden ser más operativas aunque, como recordó el canciller brasileño ayer, suelen necesitar de un acuerdo previo de las partes en disputa. La participación de otros actores, ya sean países u organismos, es positiva en la medida en que les aumenta el costo político a las paranoias y excentricidades de Venezuela. Pero no son una panacea, porque tienen limitaciones.
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