Una juiciosa decisión

Sergio Muñoz Bata

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 17 de 2009

Quienes creemos que en una sociedad civilizada se respeta el Estado de derecho y que no hay nada ni nadie que esté por encima de la ley; quienes pensamos que la ley debe aplicarse a todos por igual y que la culpabilidad de un acusado sólo puede establecerse mediante un juicio abierto, realizado con estricto apego al Estado de derecho, aplaudimos la decisión del Procurador de Justicia Eric Holder de atraer a una corte civil de la ciudad de Nueva York el caso de Khalid Sheikh Mohammed y cuatro de sus cómplices, presuntamente implicados en los atentados del 11 de septiembre del 2001.

Con esta decisión, Holder reivindica valores fundamentales de la civilización de occidente, consagrados en los escritos de Platón y Aristóteles; en el Códice Justiniano, la Carta Magna y la Defensa del Espíritu de las Leyes de Montesquieu. Textos fundamentales que dan base y forma a la Constitución estadounidense. En 1776, por ejemplo, Thomas Paine establece que "en América, la ley es el Rey". Cuatro años más tarde, al escribir la Constitución de Massachusetts, John Adams fija el principio de la primacía del "gobierno de leyes, no de hombres".

En el 2001, sin embargo, George W. Bush rompe con tan honorable tradición e ignorando el Estado de derecho emite una orden que permite la detención indefinida de cualquier persona (no estadounidense) sospechosa de ser terrorista en la Base Naval de Guantánamo (Cuba). Con esta decisión, Bush colocó en un limbo legal a los detenidos al mantenerlos fuera del sistema legal estadounidense y al mismo tiempo negándoles la protección de las convenciones de Ginebra que rigen para los prisioneros de guerra.

Como era de esperarse, la decisión de Holder ha provocado intensas reacciones de quienes temen que el juicio a estos fanáticos (Mohammed ha "confesado" ser uno de los autores intelectuales del atentado) ponga en riesgo la seguridad de la ciudad.

Los más cínicos, véase por ejemplo el editorial de The Wall Street Journal, aducen que un juicio abierto les permitiría a los terroristas obtener valiosa información sobre las operaciones y los métodos que emplean las agencias de inteligencia americanas para cazarlos. Y haciendo a un lado las lecciones de los espíritus ilustrados que construyeron este país bajo el principio de que la tolerancia es la mejor arma para combatir la intolerancia, terminan argumentando que a los acusados de terrorismo no hay por qué darles la oportunidad de ser juzgados en una corte en la que rigen valores en los que los acusados no creen.

También hay quienes piensan que los presuntos culpables podrían quedar libres al desecharse la evidencia de su culpabilidad por estar viciada. Admito que ese es un riesgo real, sobre todo porque todos hemos oído testimonios escalofriantes y todos hemos visto fotografías espeluznantes que documentan la práctica de la tortura en la era de Bush.

Confío, sin embargo, que la Fiscalía cuenta con suficientes pruebas no contaminadas como para demostrar la culpabilidad de los acusados y lograr que se les castigue de manera ejemplar.

La reacción de los familiares de las víctimas ha sido mixta. Para algunos, es una nueva afrenta que los "confesos" autores del crimen pisen suelo neoyorkino; para otros, es justo y necesario que el juicio sea en la ciudad que sufrió los cobardes atentados.

Desafortunadamente, Holder simultáneamente anunció que los prisioneros acusados del atentado al Cole serán juzgados en un tribunal militar porque su crimen no fue cometido en suelo norteamericano. Aunque yo hubiera preferido la transparencia de un juicio civil, comprendo que una agresión militar contra un navío militar estadounidense fuera del territorio nacional merezca un juicio militar.

Con esta decisión, sin embargo, Holder ha dado un gran paso adelante para finalmente desmantelar la vergonzosa prisión en Guantánamo, ha reivindicado la vigencia del Estado de derecho en E.U. y avanza en la recuperación del prestigio del país que tan vapuleado quedó durante la nefasta presidencia de Bush.