Andrés Felipe Arias*
El Tiempo, Bogotá
Febrero 13 de 2010
Sin un mayor esfuerzo en infraestructura, jamás lograremos una verdadera competitividad, un mayor crecimiento económico y más y mejores fuentes de empleo para los colombianos. Nuestra visión es ejecutar una apuesta muy ambiciosa en infraestructura, llamada Plan Progreso, como fuente permanente de competitividad y puestos de trabajo dignos para las familias colombianas. He aquí algunas ideas.
Lo primero es planificar la infraestructura aplicando principios de economía del transporte. Por ejemplo, los mayores costos de transporte se dan cuando no hay pendiente constante, y un flujo vehicular entre dos ciudades sigue un modelo gravitacional (mayor flujo a menor distancia entre estas y a mayor tamaño -económico, poblacional- de ambas). Esto quiere decir que, a la hora de planificar las grandes obras, debemos procurar pendientes constantes y que las dobles y triples calzadas las prioricemos para altos flujos vehiculares, especialmente en las aproximaciones a los centros urbanos (70-80 kilómetros antes).
Lo segundo es ejecutar los proyectos con celeridad aplicando reglas de oro de la ejecución. No podemos licitar obras de infraestructura sin la ingeniería de detalle. Esto exige construir un banco de proyectos con estudios de prefactibilidad, factibilidad económica y alcance técnico. Tampoco podemos dar inicio a la obra física sin los permisos ambientales, sin la consulta con las comunidades y sin el espacio fiscal debidamente garantizado y apropiado. De lo contrario, vienen chantajes políticos, obstrucciones de la obra y sobrecostos.
Lo tercero es ejecutar un plan arterial (dobles y triples calzadas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y navegabilidad de ríos), que se financiaría con capital privado y esquemas concesionales para no lesionar la estabilidad fiscal del país o de las ciudades que también quieran apostarle a este modelo.
Los inversionistas naturales en estas concesiones son fondos de inversión y, sobre todo, fondos de pensiones que, por su horizonte de largo plazo y con el esquema multifondos recientemente aprobado, deben comenzar a incursionar en obras de infraestructura de largo aliento. Ahí está la liquidez que hoy escasea en algunos mercados financieros para financiar este tipo de obras. Debemos permitir que las concesiones puedan ser a 50 o más años, siempre y cuando ello sea necesario para su factibilidad económica.
Ahora bien, es preciso enajenar 20 por ciento de Ecopetrol para crear un fondo que garantice el cierre económico de aquellas concesiones en donde el flujo del proyecto no alcance a compensar la inversión. Esta enajenación no debe ser toda al mercado. Una parte puede venderse, por ejemplo, al Fonpet y, así, darles más sostenibilidad a las pensiones territoriales. Y dado que, en promedio, para este tipo de obras el cierre económico del Gobierno exige 30 por ciento del valor de la inversión, con el 20 de Ecopetrol estaríamos apalancando obras de infraestructura para este país por 60 billones.
Por último, no se puede olvidar la infraestructura vial secundaria y terciaria. Es fundamental para la competitividad y la calidad de vida de nuestros campesinos. Se puede impulsar la construcción y rehabilitación de 20.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias con un crédito de la banca multilateral a largo plazo, garantizado por el Gobierno Nacional, pero con fuente de pago en la pignoración a 10 años de un porcentaje del sistema general de participaciones por parte de las entidades territoriales. Dicho porcentaje oscilaría entre el 5 y el 8 por ciento y permitiría financiar una inversión de 20 billones de pesos en vías secundarias y terciarias.
Nuestra meta es construir la infraestructura que Colombia requiere por los próximos 80 años. No estamos hablando únicamente del qué sino también del cómo. No solo vamos a garantizar a las nuevas generaciones de colombianos más competitividad, mayor crecimiento económico y mejor calidad de vida, sino que, además, el Plan Progreso generará 200.000 puestos de trabajo a corto plazo.
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