Fernando Londoño Hoyos
El Tiempoo, Bogotá
Febrero 11 de 2010
La mala administración de una excelente noticia puede convertirla en la peor. La más recta intención puede interpretarse como una felonía. El mejor proyecto puede verse como si lo inspirara Satanás. Más o menos eso le ha pasado al Gobierno con su proyecto estrella, la más ambiciosa empresa de justicia social jamás acometida.
El Gobierno empezó por mostrar el hecho incontrovertible de que había llegado ya a cubrir, con programas reales de salud, a más de cuarenta y un millones de compatriotas. Había partido hacia esa meta de un poco más de veinte millones, por donde advierte, hasta el más enconado opositor, que en ocho años llegó atención médica a veinte millones de personas. Nadie podrá quejarse, suponemos. A esa realidad espléndida se suma una meta trazada y a corto plazo realizable: la cobertura total, lo que implica el nuevo esfuerzo de entregar servicios de salud a los cuatro millones que todavía quedan por fuera del sistema.
Pero todavía hay más. La salud de los más pobres tiene una calidad inferior a la de los pudientes que aparecen en el sistema contributivo. Pues se mejorará el servicio para los de abajo, con la ilusión de igualar la atención para todos. Eso reclama mejorar el POS, que así se dice dentro de los jeroglíficos en uso. ¿Habrá academia de medicina que se oponga?
El esfuerzo presupuestal que semejante revolución social implica será gigantesco. Por ello son indispensables nuevos impuestos, que pagarán los que tomen cerveza y quieran jugar al chance o apostar en los casinos. Esos nuevos recursos permitirán cerrar la brecha ya abierta entre ingresos y egresos y no habrá quién llore la suerte de los adicionales contribuyentes.
Pero si a esta increíble realización se siguen sumando tutelas que desordenen la administración de la salud; que la obliguen a asumir costos extravagantes; que la fuercen a prestar el tipo de medicina que ni el país más rico puede garantizarle a la gente, el resultado será la quiebra de la Nación y el fin del sueño de una justicia distributiva.
Pero como nadie tiene el coraje de apagar el foco infeccioso de las tutelas. Y como al parecer no se puede pedir a los médicos que sean razonables en el manejo de su bella ciencia, que por alta y noble no puede desprenderse de las humanas limitaciones, los feroces críticos se olvidaron del cuadro maravilloso de conquistas implícito en la emergencia social, y se han dedicado a acumular improperios y denuestos contra el Gobierno que les da a los colombianos, y sobre todo a los pobres, la mejor noticia que les dieron en 200 años de vida independiente.
Así somos. Porque nadie recuerda que la salud costó el año pasado cerca de 25 billones de pesos al limitado fisco. Si se le suma otro tanto de pensiones, estamos listos. Antes de pagar el primer policía, el primer maestro y de construir el primer metro de carretera, ya nos gastamos todos los ingresos tributarios de Colombia. Los honorables médicos, los directores de ciertos hospitales y algunas academias en busca de celebridad ¿no alcanzarán a comprenderlo?
A propósito del tema de las pensiones de jubilación, arduo y complejo si hay alguno, no tengo inconveniente en aclarar, rotundamente, que el doctor CARLOS GAVIRIA DÍAZ no tiene privilegio ni preferencia de ningún género con respecto a las personas que comparten con él el mismo régimen, que son las que como parlamentarios y magistrados obtuvieron su pensión. Tampoco ha sido mi intención sugerir que el derecho pensional que se le ha reconocido al Doctor Gaviria tenga origen en fraude o trampa de cualquier naturaleza. Si antiguos escritos de mi autoría llevaron a alguien a esas apreciaciones, lo lamento. En lo que resulte necesario, sirvan estas líneas de rectificación y satisfacción moral para quien por aquellas notas ha manifestado legítima molestia.
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