¿Y la salud pública qué?

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 13 de 2010

Uno de los conceptos contenidos en los decretos de la Emergencia Social, que ha pasado de agache en medio del fuerte debate generado en torno a esas normas, es aquel según el cual el POS dará prevalencia a la atención de las necesidades colectivas de salud sobre las individuales. También quedó sentado allí que este priorizará la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Sería interesante conocer cuáles son los alcances de estas medidas, pues, si algo ha reclamado largamente el sector, es prioridad para la salud pública -uno de los elementos de mayor orfandad dentro del sistema-. Para la muestra están los preocupantes indicadores que el país ha venido mostrando en materia de rabia, malaria, tuberculosis y, últimamente, dengue, que, pese a múltiples advertencias, ya cobró víctimas en áreas urbanas. La reflexión es más que pertinente, pues, según la Organización Mundial de la Salud, por cuenta del calentamiento global serán pocas las zonas del planeta exentas de sufrir el repunte de enfermedades transmitidas por vectores o generadas por la contaminación y la globalización. La pandemia de gripa AH1N1 demostró que la rapidez con la que puede expandirse un virus rebasa de lejos la capacidad de respuesta de cualquier sistema sanitario, por desarrollado que sea.

Para que los planes de salud pública rindan los efectos esperados, es indispensable que haya una simbiosis entre los sectores de salud, educación y ambiente, entre otros, con la comunidad. Por ejemplo, nada saca la secretaría del ramo de un municipio lanzando advertencias sobre el dengue y gastando cuantiosos recursos en prevención, si la gente no pone de su parte para ayudar a controlar, en su propia casa, al mosquito que lo transmite. Esto no se construye de la noche a la mañana y mucho menos con enunciados que no pasan de la norma. En el 2007 se puso en marcha un plan de salud pública "de obligatorio cumplimiento", que redefinió las responsabilidades de la Nación, de los departamentos, de los municipios y de las EPS frente al tema. También hay cuantiosos recursos para financiar las acciones que se desprenden de ese plan. La pregunta que cabe hacer es: ¿qué se hace con esos dineros? ¿Por qué el plan no funciona?

Vale decir que, sin contar con una evaluación seria de la materia, en los decretos de Emergencia se estipuló el retiro de los recursos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a los entes territoriales, para entregárselos a las EPS. Alcaldes y gobernadores protestaron por el hecho, aun cuando poco dicen de los pobres resultados en salud pública; los representantes de los hospitales no entienden por qué no se les encarga esta tarea, con sus correspondientes dineros, y las EPS, que siempre han mostrado un desinterés absoluto en el tema, nada dicen.

Pese a los esfuerzos y a las buenas intenciones del Instituto Nacional de Salud, a este vital asunto le faltan el orden y el liderazgo que no han asumido -dentro de un proceso de descentralización- los gobernadores y los alcaldes. En su sentencia T-760, la Corte Constitucional concluyó que muchos de los problemas de la salud en Colombia se deben a una falta absoluta de rectoría en todos los niveles. Como si fuera poco, en un escenario de este tipo es poco lo que puede esperarse de las comunidades; muchas de ellas están informadas, pero carecen de referentes indispensables para actuar en forma coordinada.

Sería bueno que por una vez los actores involucrados en las agrias discusiones emanadas de la Emergencia, la mayoría motivadas por asuntos económicos, se detuvieran a pensar en lo más importante: la salud de los colombianos y, más aún, la salud pública. No es con discusiones ni con retórica como se enfrentan las epidemias que hoy nos amenazan.