miércoles, 24 de marzo de 2010

San Pedro y San Pablo

Jose Obdulio Gaviria

El Tiempo, Bogotá

Marzo 24 de 2010



Corría el año 2008. Uribe viajaría a El Salvador el viernes antes del puente de San Pedro y San Pablo para participar en una cumbre de Presidentes. El ambiente político interno estaba caldeado; algunos magistrados de la Corte Suprema, en plan de activistas del "Partido Judicial", habían convertido la aprobación del acto legislativo que levantó la prohibición de la reelección en una ordalía. "Judicializaron" el asunto y empapelaron a varios funcionarios del gobierno.


En la mañana de ese viernes, en reunión informal, Luis Carlos Restrepo y el ministro Diego Palacio le anunciaron al Presidente que presentarían denuncia contra magistrados de la Corte por la Comisión de varios delitos. El Ministro, por prevaricato, pues lo prejuzgaron en la sentencia contra Yidis Medina, sin siquiera haberlo oído; y el Alto Comisionado, porque tenía pruebas de actividades irregulares protagonizadas por magistrados con personajes del bajo mundo.


El Presidente quiso informar sobre el asunto, él mismo, a los periodistas que cubrían Casa de Nariño. Al mediodía nos encaminamos por los pasillos del segundo piso de Palacio hacia las escaleras de tapete rojo, esas que los colombianos solemos asociar con los grandes anuncios del gobierno. Yo recorría el camino al lado del Presidente, cuando, de sopetón, nos encontramos con dos personajes bajitos y rechonchos, gafas de marco dorado, vestidos con paño grueso, al estilo bogotano del siglo XIX. Los tipos, sonrientes, se dirigieron al Presidente en plan de saludo y..., cuál no sería mi sorpresa, cuando él, con el dedo índice extendido, mirando a uno de ellos a los ojos y meciendo la mano de arriba a abajo, le dijo en tono enérgico: ¡ustedes han insultado la dignidad de Colombia!, ¡ustedes no son negociadores sino amigos y cómplices de los secuestradores!, ¡cualquier cosa háblenla con el doctor Luis Carlos! ¡No desautorizo su presencia porque yo sí sé valorar lo qué le conviene a la democracia colombiana! Seguimos caminando y me comentó en voz baja, frotándose las manos: no puedo expulsarlos porque se nos daña una cosita que tengo entre manos.


No se habló una palabra más del asunto. En lunes de puente, a las cinco de la tarde, me preguntó un periodista que si era cierto que el francés Noel Saez y el suizo Gontard se habían reunido con 'Alfonso Cano', cabecilla de las Farc. Sé que están en Colombia, le dije; los vi el viernes en Casa de Nariño; pero no tengo idea de cuál sea su misión. En los noticieros de la tarde, César Mauricio Velásquez confirmó la presencia y la autorización de los representantes de los "países amigos" para buscar a 'Cano'.

Nunca lo encontraron, pero César, el secuestrador, sí lo oyó, lo que lo hizo entrar con más confianza en la trampa de la 'Operación Jaque'.


En el libro de Jacques Thomet, Pasos en falso, la liberación de Íngrid, se describen esos hechos desde la perspectiva de un periodista profesional, sin sesgos ideológicos anti-Uribe o pro Farc.

En el capítulo 'Francia sirve de último señuelo' (pág. 238) se muestra cómo el alto gobierno y la cúpula de las Fuerzas Armadas trabajaron con inteligencia y capacidad de maniobra. Utilizaron como "gancho ciego" a todo el que se fuera atravesando, desde Sarkozy hasta este modesto cronista. ¡Qué gran libro! Para dolor de la bigornia, empeñada durante 8 años en dañar la imagen de Uribe y, sobre todo, de nuestras Fuerzas Armadas, Thomet publica el primero de lo que será, estoy seguro, una seguidilla de libros laudatorios, que demostrarán ante el mundo la magnitud de la obra realizada por Colombia en estos dos cuatrienios, para contener el terrorismo mundial y a la droga. Saludo, por lo demás, que Thomet haya desenmascarado el contubernio de las Farc y sus aduladores internacionales (entre ellos, el presidente Sarkozy) para deslegitimar al Estado colombiano. Muchos escritores habrán de seguir ese rumbo.

Las diferencias

Fernando Londoño Hoyos

La Patria, Manizales

Marzo 23 de 2010

Cerrada la Consulta Conservadora con el triunfo ajustado pero indiscutible de Noemí Sanín, queda abierto el debate sobre el futuro del partido y sobre la organización de las fuerzas uribistas para las próximas campañas. La señora Sanín obtuvo muchos votos para una consulta y muy pocos para aspirar con ellos a la Presidencia de la República y ni siquiera suficientes para tomar parte en una segunda vuelta que proceda con ese fin. Dicho con claridad elemental, si no consigue el apoyo de cuantos llegaron con Andrés Felipe Arias a las urnas, no tiene nada que decir en el debate que se viene. Noemí necesita de Arias, o mejor expuesto, necesita convencer para su causa a quienes lo acompañaron. Tratándose de un electorado de opinión, lo que cuenta es la opinión de toda esa gente, hasta ahora bien distante de lo que Noemí Sanín significa y pregona.


No convence la candidata conservadora cuando se dice fervorosa partidaria de la Seguridad Democrática. Porque el asunto es de harta profundidad y alcance, nada bien resuelto cuando se advierte que trabajó y luchó a la sombra del doctor Andrés Pastrana y de su grupo, encabezado por Juan Gabriel Uribe, mucho más cercano a Pastrana que a Noemí. Y Pastrana es la antítesis de la Seguridad Democrática. Pastrana es el Caguán. Es el diálogo con la guerrilla, es la entrega del territorio y de la dignidad del país a cambio de la esperanza fallida de apaciguar la fiera, que no de vencerla.


Ni una palabra ha dicho la señora Sanín de lo que opina sobre la Justicia Penal Militar, ni de la manera como se viene adelantando la guerra política contra nuestros hombres en armas. Aquello de los testigos falsos comprados en la Fiscalía General de la Nación, de las acusaciones infames de la izquierda en los Tribunales Internacionales, del ensañamiento de los medios de comunicación contra nuestros mejores combatientes, no han sido cuestión de su resorte. Nunca la oímos quebrando una lanza por los soldados de la Patria. Y sin claridad en esa materia no habrá segunda palabra por decir.


El modelo de Desarrollo Económico tendrá que ser materia de claridad absoluta. Arias ha demostrado que el Banco de la República se ha equivocado en el manejo monetario, con gravísimo daño para el crecimiento, y que tenemos largo espacio para defender una tasa cambiaria que no quiebre la producción nacional. La señora Sanín no se ha ocupado del tema, que siéndole tan ajeno bien hubiera podido ser expuesto por sus asesores.


En ese modelo de desarrollo viene implícita la cuestión agraria. Sobre la materia no ha dicho la señora Sanín cosa distinta a las que sabemos en contra de la honorabilidad de su contendor. Bien poco, para ser francos, porque una descortesía montada en una calumnia no valen como programa de gobierno. Sin que sepamos cómo se va a colonizar la altillanura, espacio para cambiar la historia de Colombia; sin que nos cuente sus remedios para la deforestación y su técnica para multiplicar varias veces la producción de biocombustibles, de caucho, de cacao, de soya y de maíz, no ha empezado el discurso para un país que entendió el campo, por fin, como eje central de su desarrollo; sin que se pronuncie sobre los planes para la Mojana y Urabá y su aproximación a la cuestión cafetera y al desafío ganadero para aprovechar tecnológicamente centenares de miles de hectáreas mal utilizadas, el problema queda intacto.


Nos queda pendiente la cuestión de la infraestructura, sobre lo que todo está por decir desde aquellas triunfadoras toldas. Pero algo mucho más serio y definitivo. El país reclama claridad sobre el equipo de gobierno. La doctora Sanín produjo un resultado sorprendente con los envejecidos gamonales del partido conservador y con alianzas ocasionales con enemigos del Gobierno de Uribe. Hay de ello pruebas matemáticas. Pero sin discutir ese cuestionable éxito, sugiere reflexiones sobre asunto mucho más complejo: si será con aquellos amigos de travesía con los que pretenda gobernar. La doctora Sanín tiene la palabra.

La guerra de escritorio

Luis Ernesto Ruiz Cardoso

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Marzo 24 de 2010

Tanta exposición a organismos internacionales para satanizar la acción de las Fuerzas Armadas a veces genera informes históricos en los que se reconoce abiertamente la persecución misma y el desequilibro en las prácticas de justicia sobre un civil con relación a cómo juzgar a un militar. Les hablo del Informe entregado en este mes de Marzo por la Federación Interamericana de Abogados. Este informe se puede estudiar completo en la página: www.unacolombiaojetiva.com y de éste puedo comentar como uno de los tantos colectivos de abogados de este país pidió a esta organización una visita para evaluar frente a los problemas derivados del conflicto armado cómo se comporta tanto la Justicia Penal Militar como la justicia ordinaria. Sin duda buscaban colocar en la hoguera a las FF.MM, pero abiertamente después de seis días de entrevistarse con muchos sectores del país, sacaron conclusiones que nos deben poner a meditar.


Les transcribo la conclusión tercera de este informe, que dice “En la visita a los militares que se investigan pudo constatar el Comité, que en muchas ocasiones estos han sido víctimas de graves violaciones a sus garantías procesales, no solo las reconocidas en las leyes internas del país, sino también en las recogidas en instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.


Un ejemplo de esta problemática está dado en el desconocimiento del debido proceso judicial a estos militares. Se conocieron casos de sentencias sobre la base de pruebas indirectas, contradictorias entre sí; se evidencia una sobrevaloración de los testimonios de quienes denuncian, así como se evidenciaron casos en los que las decisiones de captura o de detención no cumplen con el estándar mínimo de prueba que la misma ley de Colombia exige para restringir derechos fundamentales.”


Uno de los puntos que ya había tratado en la pasada columna pero es bueno detallarlo es la desproporción en las penas, porque a un desmovilizado por crímenes múltiples se le condenaría a ocho años, mientras a un militar serían cuarenta años. La Justicia debe condenar seriamente a quien cometa crímenes y los miembros de las FF.MM. que estén involucrados deben asumir sus responsabilidades penales cuando corresponda.


Un aparte de señalar dice que la Fiscalía ha podido comprobar que: “descartó que hasta el momento se haya evidenciado que los delitos investigados hagan parte de una conducta criminal sistemática y masiva del gobierno colombiano o de los mandos militares.”


Reiteró el llamado a constituir foros académicos y políticos en los que se dialogue sobre el tema. Tanto de una ideología como otra, los organismos defensores de derechos humanos, miembros del Ejército y columnistas de opinión debemos sentarnos para no ver hundir a este país en una “justicia espectáculo”.


ÑAPA: Felicitaciones a quienes obtuvieron una curul en el Congreso de la Nación en el pasado debate electoral y a aquellos que con entusiasmo participaron. Dieron relevancia al debate democrático.

Lecciones de mandarín: el cambio climático

Daniel Rincón

El Tiempo, Bogotá

Marzo 24 de 2010


Pocas son las noticias internacionales en las que China no tenga injerencia. Si damos una mirada a los recientes eventos mundiales de gran envergadura, China aparece como uno de los actores principales: la puesta en marcha de reactores nucleares en Estados Unidos; el resultado de la 15ª. Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP) en Copenhague 2009; la construcción de ambiciosos proyectos de infraestructura en el sureste asiático; los proyectos de exploración petrolera en el suroeste africano y algunos miles de inmigrantes ilegales chinos en los países andinos. Estos temas no están del todo desligados, y da la impresión de que se articularan bajo la politizada problemática actual: el cambio climático.

No es un secreto que la 15ª. COP, en diciembre del 2009, tenía puestos sus ojos en Brasil, China, India y Estados Unidos. Este último había sido la manzana de la discordia en 1997, cuando prefirió seguirle apostando a su proyecto de energía fósil y se negó a firmar el Protocolo de Kioto, razón por la cual el mundo tomaba -casi- por descontada su férrea voluntad de comprometerse a reducir emisiones de CO2 en Copenhague. Brasil, por su parte, llevaba propuestas interesantes y un catálogo de medidas internas que había puesto en marcha para aportar a la discusión, como su Fondo Nacional para el Cambio Climático (Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC) y el primer reporte de las industrias sobre emisiones de gases de efecto invernadero (Programa Brasileiro Corporativo de Gases de Efeito de Estufa). No obstante, el gran productor internacional de bienes, China, y el gran productor internacional de servicios, India, optaron por vías distintas a los compromisos de emisiones reducidas que demandaba el mundo entero -¿europeo?- y, por lo tanto, Copenhague pasó a ser uno más de los costosos despliegues mediáticos y diplomáticos, que quedaría en la memoria de los entusiastas y en los récords de las Naciones Unidas.


Decir que a China la tiene sin cuidado el cambio climático es una torpeza, casi tan grande como creer que el mundo se acaba en el 2012, cuando lo que se acaba es la vigencia del Protocolo de Kioto. Las medidas adoptadas por China no son tan estrictas como las adoptadas en Bruselas, pero no por ello carecen de validez. El 27 de agosto del 2009 se expidió una resolución para combatir activamente el cambio climático (
关于积极应对气候变化的决议). De igual manera, China ha venido publicando proyectos de mecanismos de desarrollo limpio aprobados y la consolidación de funciones entre entidades públicas, como el Grupo de Coordinación de la Política Nacional de Cambio Climático (国家气候变化对策协调小组).


No obstante, las medidas adoptadas parecieran no ser proporcionales a la magnitud de emisiones de carbono que el apogeo chino trae consigo. Su inminente presencia en Sri Lanka, Bangladesh y Nepal, por no citar Myanmar (antigua Birmania), es una clara demostración de su poder económico y su visión de industrialización a largo plazo. Proyectos de infraestructura como el gigantesco puerto de Hambantota, en Sri Lanka, o la construcción de vías férreas en Nepal son evidencias palpables de consolidar una posición estratégica en el sur asiático, incluyendo Tailandia, Vietnam, Camboya y Laos, lo que traería consigo dos efectos considerables: competencia con o contra India por este mercado, con las consecuencias que ello implica; y el aumento de la huella de carbono global por emisiones antropogénicas.


Las cosas se ponen menos claras si a esto se le suma el acuerdo de cooperación para tratar el calentamiento global, firmado entre China e India el 21 de octubre del 2009 (
中国政府和印度政府关于应对气候变化合作的协定). Este acuerdo, que moldearía las relaciones comerciales y ambientales entre los dos países, incluyendo transferencia de conocimiento, creación de nuevas entidades, transferencia de tecnología y por supuesto emisiones de CO2, podría estabilizar los nefastos efectos de una malsana competencia y quizá, también, la repercusión de los dos gigantes del planeta en la discusión del cambio climático.


Los frutos de este acuerdo se verán reflejados en la próxima conferencia de las partes para el cambio climático (16ª. COP) en Cancún, México. Mientras tanto, el mundo seguirá presenciando atónito la vertiginosa y orquestada devaluación de las monedas extranjeras y el tránsito de la energía fósil hacia el controvertido mercado nuclear.

Obama sí pudo hacer el cambio

Editorial

El Colombiano, Medellín

Marzo 24 de 2010

El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, logró con la histórica aprobación y sanción de la reforma de salud un hecho sin precedentes, no exento de riesgos y dificultades en lo político, lo económico y lo social. Este nuevo triunfo demócrata, empero, abre una ardua disputa con los republicanos y un amplio sector de estadounidenses que se niegan a compartir privilegios con los más pobres.

El Presidente Barack Obama tendrá que multiplicar por miles el espíritu salvador que invocó ayer del fallecido senador Tedd Kennedy para espantar los fantasmas que la aprobación de la reforma a la salud no logró hacer dentro del propio Congreso y en cientos de miles de estadounidenses que no entienden todavía si es buena o no, para ellos.


El histórico triunfo de Obama sobre los republicanos, considerado por analistas como más importante para su futuro que su propia elección presidencial, no está exento de peligros y dificultades en lo político, lo económico, lo jurídico y lo social.


El Jefe de Estado, como en un salto de pértiga, ha superado el listón más alto de su carrera y, por ende, la caída libre, que ahora comienza, podría resultar catastrófica. Quedó en juego la viabilidad y sostenibilidad del propio sistema sanitario, la supervivencia de las grandes compañías de seguros, de los inmigrantes, y la recuperación de la economía, en la que la inversión en salud alcanza poco más del 18 por ciento del PIB estadounidense. La reforma costará cerca de 937 mil millones de dólares en los próximos 10 años. De ese tamaño es la apuesta del hombre que parece acostumbrado a imponerse retos y a desafiar imposibles. Su llegada a la Casa Blanca como primer Presidente afroamericano sería una anécdota si Obama no tuviera los ímpetus y la decisión para arriesgar todo el capital político que le dieron los propios estadounidenses. O mejor, una parte de ellos, porque ha quedado abierta y de frente una disputa con los republicanos, que sin vacilaciones se han opuesto, se oponen y se opondrán a esta reforma a la salud. También, el control constitucional de 13 fiscales, de igual número de estados, que ya asumieron su revisión.


De hecho, el tema ya hace parte de la campaña electoral de las legislativas previstas para noviembre próximo, bajo un clima de incertidumbre sobre la recuperación económica, de malestar entre los inmigrantes que piden a gritos su legalización y ahora la tienen más difícil con esta ley de salud, y un entorno internacional hostil y desventajoso en Irak, Irán, Afganistán y Oriente Medio.


El ambiente de júbilo que se vive desde el domingo en la Casa Blanca fue aún más evidente ayer, durante la firma de sanción presidencial de la reforma, pero durará lo que un suspiro. Obama lo entiende así y por eso comenzará una agitada gira de socialización, cuya primera escala es Iowa.


La reforma de Obama mezcla lo urgente con lo importante. Y lo prioritario ahora para el mandatario estadounidense es explicar, uno a uno, los beneficios que tendrán no menos de 32 millones de estadounidenses que vivieron por décadas por fuera de los servicios sanitarios en el país más rico del planeta.

Para lo demás tendrá tiempo, pero no espacio para las equivocaciones, pues el grueso de la nueva ley en salud tendrá un período de transición hasta 2014, en la cobertura de los seguros para los niños, los jóvenes y los menores de 65 años, donde está la gran mayoría de desprotegidos y los mayores costos del sistema.

El "Yes, we can " que llevó a Obama a la Presidencia retumbó ayer como nunca en la Casa Blanca. Ahora tendrá que hacerse realidad otro más trascendental e histórico para los estadounidenses: el "I can ", el "Yo puedo". Se necesitará no sólo el espíritu celestial del senador Tedd Kennedy y de tantos otros Presidentes como Franklin D. Roosevelt o Lyndon Johnson, que por más de un siglo lucharon por hacer una reforma con plenas libertades, así no fuera universal, como la que acaba de lograr Obama, el "Hombre del Cambio".

Un personaje gris

Alberto Velásquez M.

El Colombiano, Medellín

Marzo 24 de 2010

Los hombres más representativos de América Latina no tuvieron el más mínimo interés en aspirar a dirigir la OEA.


Un premio Nobel de Paz, porque esta región del tercer mundo no da aún para Nobel de Física, Química o Economía, como Óscar Arias, considera a la OEA como "institución débil".


En los últimos tiempos, la entidad ha sido inferior a los propósitos trazados por su fundador Alberto Lleras, como "los de evitar y dirimir los conflictos entre países del continente".


Es tan irrelevante su gestión, que como lo hemos repetido en algunas ocasiones, el presidente Belisario Betancur la concibió como un entretenido club para almorzar en Washington con buenos amigos.


Por eso hoy, por sustracción de materia, se va a reelegir a José Miguel Insulza, un político chileno de la izquierda, sin mayor concepción de un mundo moderno y pluralista. Ya Estados Unidos en el último minuto y ante la carencia de candidatos de peso, le dio el aval.


Colombia le había dado el apoyo a Insulza, a pesar de éste haber demostrado indiferencia con los intereses del país cuando ha sido zarandeado por diversos actores de la política suramericana.


Posiblemente lo hizo, dado el interés colombiano por acercarse más a Chile, con quien hace tres años suscribió un TLC que le ha servido para tener en aquella nación el tercer socio comercial. Además, Chile podrá ser de mucha utilidad en la pretensión colombiana, no sólo de entrar al Foro Económico de Asia Pacífico -cuya suerte se jugará a finales de este año en la reunión de Apec en los Estados Unidos-, sino de lograr la reelección de Luis Alberto Moreno en el BID.


Si Marx decía, según frase que se le ha atribuido, que detrás de cada conflicto bélico hay una razón económica, sí que es cierto que detrás de toda jugada política hay unos factores económicos -que no ideológicos- que bien orientados y aprovechados, pueden servir al interés del pragmatismo nacional.


El manejo de la OEA por parte de Insulza ha sido más contemporizador que definido. Ha estado más cerca de los gobiernos de izquierda del continente que de los de centro. Su intervención, si fue que la hubo, fue infructuosa para evitar el enfriamiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia a raíz de la muerte de Raúl Reyes. Situación tensa que se redujo, pero aún sin normalizarse, luego de la reunión en México entre Uribe y Correa.


Insulza le ha guardado un excesivo respeto, con signos de temor, a las truculencias de Chávez, autócrata que alguna vez lo llamó "insulso".


El Washington Post calificó su gestión de fracasada y de perder la neutralidad para romperla a favor de los gobiernos de izquierda de la región.


Un secretario descolorido para una entidad marchita, apenas es.


Está bueno para lo que hay que hacer en la OEA.


Una institución sin dientes, sin ganas, sin metas, sin propósitos de enmienda para modernizarse y actualizarse.

Una entidad que ni atrae ni convence. Pocos le creen en América -porque cada vez le sale competencia como el bloque de pobres de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos y Canadá, según propuesta del Grupo de Río en México- ni en Europa, ni en el Asia/Pacífico desarrollada.


Su respetabilidad es muy limitada. Y por ello no despierta entusiasmo, ni conmueve a la audiencia americana. Y al no convencer, se contenta con tener en su dirección a un personaje tan gris como lo fue Chamberlain en los albores de la Segunda Guerra Mundial.

Recuperación industrial en firme

Editorial

El Colombiano, Medellín

Marzo 23 de 2010

Por estos días la Andi, el Dane y Fedesarrollo han dado a conocer los resultados acerca del comportamiento económico de los sectores industrial y comercial del país durante el mes de enero del presente año. Estos resultados confirman los crecimientos positivos registrados en la producción y las ventas de la industria y el comercio, así como la notoria mejoría en las expectativas económicas de los empresarios.

De esta manera se hace evidente el hecho incuestionable de que ambos sectores exhiben una clara recuperación, razón por la cual la Andi se permitió afirmar que, en Colombia, la "recesión industrial llegó a su fin".


En particular, el gremio de los industriales revela que, según su Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, en enero de 2010 la producción industrial creció un 5,1 por ciento y las ventas un 6,2 por ciento. El Dane, por su parte, encuentra que para el mismo mes, la producción industrial tuvo un crecimiento del 1,6 por ciento y las ventas aumentaron un 2,7 por ciento, en tanto que las ventas del comercio minorista aumentaron un 8,8 por ciento. Finalmente, según Fedesarrollo, en enero de este año el Índice de Confianza Industrial, que anticipa correctamente la evolución de la producción industrial, aumentó 9,4 puntos con respecto a diciembre de 2009 y se ubicó en terreno positivo, lo que no ocurría desde febrero de 2008.


Otros indicadores que confirman la recuperación de los sectores industrial y comercial del país son la mayor utilización de la capacidad instalada, el crecimiento del 26,1 por ciento de las exportaciones industriales no tradicionales excluidas las dirigidas a Venezuela y la mejora en 2,8 puntos en el Índice de Confianza Comercial.


Con respecto a las expectativas de crecimiento para este año, la encuesta de Fedesarrollo revela que el 58 por ciento de los empresarios espera, para 2010, un aumento de la inversión. Por su parte, las expectativas de exportación en dólares para el próximo trimestre mejoraron 38 por ciento con respecto al trimestre anterior.


La diversificación de mercados que forzosamente han tenido que hacer los empresarios colombianos, como respuesta al cierre de la frontera con Venezuela, ha comenzado a mostrar sus frutos en materia de crecimiento industrial como lo confirma la encuesta de la Andi. Sin proponérselo, la decisión del gobierno de Chávez obligó a nuestros empresarios a enfrentar, de una vez y sin posibilidad de echar marcha atrás, los mercados internacionales que se muestran amplios y llenos de oportunidades.


La encuesta muestra, asimismo, cómo cada vez más, los empresarios colombianos incorporan en su visión de los negocios el tema comercial y de competitividad como factores determinantes del desempeño de sus actividades productivas y de servicios. Igualmente, las empresas, paso a paso, comienzan a sacarle provecho a la cercanía geográfica de algunos mercados, como ocurre con los de Centroamérica, y a los acuerdos comerciales, como es el caso de los de Chile y Perú.


Sin embargo, frente a la posibilidad de mejorar el desempeño exportador del país y, por ende, el de la industria, el fenómeno de la revaluación genera grandes inquietudes. Igualmente, preocupa el resultado reportado por el Dane de que no hay creación de nuevos puestos de trabajo, ya que en enero del presente año el empleo industrial cayó 5 por ciento. De no adoptarse las medidas pertinentes, estos dos fenómenos pueden debilitar el desempeño de los principales sectores económicos en lo que resta del año.

Los costos de la salud

Hernán González Rodríguez

El Colombiano, Medellín

Marzo 22 de 2010


En alguna publicación reciente afirmé con base en declaraciones a los medios del ex director de Planeación Nacional, señor Juan Carlos Echeverry, que sería necesario elevar próximamente al 50 por ciento de los salarios las contribuciones de la tercera parte de los colombianos que aportan hoy al sistema contributivo de salud para poder subsidiar a los dos tercios restantes.

Algún lector consideró tal porcentaje como demasiado elevado, como exagerado, apreciación que no comparto por las siguientes razones: hoy día, el aporte de un colombiano afiliado al régimen contributivo asciende al 12.5 por ciento de su salario mensual. Como es sabido, una tercera parte de tal aporte lo paga el trabajador y las dos terceras partes su empleador.

En efecto, a la fecha se requiere deducir un 12.5 por ciento de los salarios mensuales para los servicios de salud de uno de cada tres colombianos que figuran en el régimen contributivo de salud.

Para triplicar esto, para poder subsidiar los que faltan, hay que multiplicar por tres el porcentaje aludido, o sea, se requeriría rebajar el 37.5 por ciento los salarios mensuales del tercio de colombianos que aporta hoy, con el fin de subsidiar los servicios de salud de los dos tercios que faltan. Y para rematar la hazaña, todos con los mismos estándares de calidad que establece nuestra politizada Corte Constitucional, para la que es más importante declarar inexequible la emergencia social por no tratarse de un hecho sobreviniente, inesperado, que financiar al país para enmendar algunas de sus absurdas Sentencias.

Si a este porcentaje del 37.5 por ciento les adicionamos las corrupciones del sector, las tutelas injustificadas, para tratamientos estéticos, por ejemplo, y algunas mejoras propuestas para el Plan Obligatorio de Salud -POS- pues no resulta difícil aceptar el 50 por ciento que estima Echeverry.

Lo anterior tiene como fin esbozar la magnitud del problema de la salud generalizada y con estándares elevados. La amarga realidad radica en que nos precipitamos con exceso de buenas intenciones, deficiente administración del sistema y exuberancia tropical, para ofrecer algo que no estábamos en capacidad de financiar sin desquiciar la economía. Parte del endeudamiento en dólares, las monetizaciones y el desempleo que causa la destructora revaluación o apreciación del peso colombiano se origina en el sector de la salud.

Tan grave como lo anterior, considero nuestra institución de la tutela en manos de numerosos jueces ineptos, los cuales, junto con la Corte, han contribuido a prostituir el sector de la salud. Los derechos absolutos no existen. La salud y no pocos otros derechos de los ciudadanos son derechos relativos, que no pasa de ser populismos, cuando no se atan a las realidades económicas.

Recordemos que no vivimos propiamente en la Suiza de las Américas. Estados Unidos, país infinitamente más rico que Colombia, no ha logrado aún legislar para establecer un plan de salud subsidiado para la quinta parte de sus habitantes.

La hora del TLC

Editorial

El Mundo, Medellín

Marzo 23 de 2010

El país espera que ahora sí se dé impulso al Tratado en el que Estados Unidos tiene intereses económicos y políticos, en tanto confirmará su alianza más firme en Sudamérica.

Para conseguir los 219 votos de representantes a la Cámara que aprobaron el proyecto de reforma al sistema de salud estadounidense, el presidente Barack Obama combinó una campaña tan activa como la que lo llevó a la Presidencia, con insistentes negociaciones con los voceros de distintos intereses, aun dentro de su propio partido. Hoy puede sentirse contento con la estrecha victoria que lo refresca frente a los estadounidenses, impacientes por resultados concretos de su gobierno.

Esta reforma es la primera al sistema de salud estadounidense desde 1965, cuando fue creado el sistema de aseguramiento que hoy tiene a 32 millones de personas sin cobertura sanitaria. La iniciativa impone grandes costos al fisco, además de la eliminación de restricciones por dolencias preexistentes y la vinculación, con subsidios federales, de los trabajadores más pobres, muchos de ellos migrantes latinoamericanos, entre ellos los colombianos. Con esta nueva ley, Estados Unidos se pone en el nivel de la mayoría de países en cuanto a la cobertura de seguridad social en salud y elimina un gran factor de inequidad con los trabajadores.

Mientras el presidente Obama se consagró a impulsar la reforma al sistema sanitario, otros problemas de primer orden para Estados Unidos fueron postergados o apenas enunciados en los discursos del Mandatario. Entre esos asuntos de agenda interna con conexión a las relaciones exteriores que pasarán a primer plano a partir de la sanción de la ley se encuentran temas en los que Colombia tiene abierto interés, como son la reforma migratoria y el trámite legislativo al TLC.

Ante unas doscientas mil personas apostadas en el Mall Nacional de Washington D.C. en manifestación para reclamar al Presidente el pronto trámite a la reforma migratoria que propende por eliminar barreras para la legalización de los indocumentados que hacen parte de los doce millones de inmigrantes que han llegado en los últimos años a Estados Unidos, el propio Obama anunció su decisión de cumplir la promesa que data del año 2008 y dar prioridad a esta iniciativa, que tiene el respaldo de congresistas hispanos y algunas iglesias y sindicatos. Valga la ocasión para reiterar nuestro llamado a los compatriotas en Estados Unidos a que se vinculen a la política partidista en su país de residencia, pues sólo así podrán cumplir un rol importante en la legalización del trabajo de sus compatriotas en ese país o en iniciativas en curso, como la ratificación del TLC bilateral y otras decisiones que interesan a su país de origen.

Durante este año hemos recibido claras manifestaciones del gobierno del presidente Obama de su interés en la legalización del TLC con Colombia. La primera, que comentamos a espacio, fue del propio mandatario en su discurso anual “El estado de la Nación”, pronunciado el pasado 20 de enero. Luego llegaron las declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el 26 de febrero ante el Comité de Relaciones Exteriores, en el sentido de que “estamos comprometidos con esos Tratados (con Colombia y Corea del Sur) y esperamos poder empezar un proceso de consultas y de creación de consensos en el Congreso (...) vamos a trabajar en ello”. Con esos anuncios y teniendo en cuenta que la aprobación de la reforma sanitaria despeja la agenda legislativa, el país espera que ahora sí se dé impulso al Tratado en el que Estados Unidos tiene intereses económicos y políticos, en tanto confirmará su alianza más firme en Sudamérica y para el que cuenta de antemano con el voto de los congresistas republicanos, que vienen respaldando el proyecto desde el gobierno de Bush, y de importantes sectores demócratas, así entre ellos no sume la señora Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

Con la manifiesta voluntad del Presidente y la Secretaria de Estado por la ratificación del Tratado se han ido diluyendo las declaraciones del representante comercial, Ron Kirk, en las que vagamente anunció que presentaría al Congreso unas nuevas demandas que Colombia tendría que atender para que el Tratado fuese aprobado. Por estas fechas, el Gobierno Nacional ha reiterado el cumplimento de exigencias extra-comerciales en las que los congresistas demócratas han sido especialmente insistentes, como la demostración de la vigencia del respeto a los Derechos Humanos y de la protección a la vida de los trabajadores, gracias a los esfuerzos directos del Gobierno. Con esas pruebas se atienden los reclamos de las voces más intervencionistas del Congreso estadounidense.

El pasado 27 de febrero se cumplieron cuatro años de la firma del TLC colombo-estadounidense por delegados de ambos gobiernos. Los empresarios de ambos países han esperado durante cuatro años por un trámite legislativo que ha sido afectado por la politiquería de algunos sindicatos en ambos países, así como por el afán intervencionista de algunos miembros del Partido Demócrata, que pretenden cobrar a su propio gobierno el apoyo a sus compromisos internacionales. Con los nuevos aires que soplan en Washington, guardamos la esperanza de que ese TLC salga por fin de penas en este penoso y fatigante trámite por los vericuetos de la política partidista en Estados Unidos.

Seguridad en las urnas

Rafael Guarín*

El Espectador, Bogotá

Marzo 15 de 2010


A pesar de los pronósticos de que las elecciones de Congreso iban a estar gravemente perturbadas por la violencia, especialmente de las Farc, la realidad fue muy distinta. La Misión de Observación Electoral MOE, en un reciente informe, dijo identificar “420 municipios en riesgo por factores de violencia para las próximas elecciones de Congreso”. Además, que un 55% de estos estaban en “riesgo extremo”, lo que sugeriría, para cualquier persona, un probable colapso de las votaciones.


Los planteamientos de la MOE en este tema, aunque desacertados, son una preocupación legítima. En Colombia los comicios habían estado marcados por una fuerte violencia, no sólo del narcotráfico y del paramilitarismo, sino por la injerencia que las guerrillas adelantaban con el objeto de impedir el ejercicio del derecho al sufragio, demostrar la imposibilidad del Estado de controlar la totalidad del territorio nacional y acreditar capacidad militar.


Las perturbaciones de orden público fueron muy escasas, la de mayor importancia se presentó con un hostigamiento en Corinto, Cauca. Las Farc habían diseñado un plan para afectar el proceso electoral. No obstante que medios de comunicación en el exterior registraron esa noticia, un análisis objetivo permite concluir que se frustró su esfuerzo de aprovechar una coyuntura, en la que los ojos del mundo están pendientes del país, para desplegar múltiples y contundentes acciones terroristas y emplearlas como propaganda. Su fallido objetivo era enviar un mensaje de fortaleza y de fracaso de la Política de Seguridad Democrática. Consiguieron todo lo contrario.


La fuerza pública neutralizó diversas iniciativas criminales, como la intención de atentar en el departamento del Huila contra Orlando Beltrán Cuellar, uno de los dirigentes políticos secuestrado durante casi siete años por esa organización. La eficacia de las labores de inteligencia y el despliegue de un gigantesco operativo, que incluyó el diseño de mapas de orden público y atención electoral, repercutieron favorablemente en garantizar la seguridad en la jornada.


El resultado en esta materia demuestra una vez más que las Farc han perdido sustancialmente capacidad operativa, aún en zonas en las que su influencia sigue siendo significativa. En municipios como Algeciras, Huila, en permanente estado de amenaza, noticias informaron que los ciudadanos pudieron acudir a las urnas y escoger libremente sus representantes.


El avance es significativo respecto a la elección de 2007 y refleja la consolidación de una tendencia iniciada en 2006. Según un estudio de la Fundación Seguridad y Democracia, las votaciones de ese año fueron las menos violentas en dos décadas, las de ayer fueron las más tranquilas desde que se tienen datos.

También, es claro que este tipo de análisis, para ser acertados, requieren no solo de observar las actividades y presencia de grupos armados ilegales en porciones del territorio, sino, conocer y entender el mapa de acción de la fuerza pública. A diferencia del pasado, en el cual militares y policías estaban anclados a sus bases y a los cascos urbanos, hoy cuentan con una formidable capacidad de respuesta y de acción ofensiva, que niega a la guerrilla el desarrollo de sus planes.


Por supuesto, lo anterior no obsta para reconocer el hecho de que en zonas de alto riesgo de alteración del orden público se dispusiera emplear plataformas aéreas electrónicas y un aumento importante de miembros de policía y de las fuerzas militares, lo cual nos dice que, si bien se ha avanzado en garantizar los derechos ciudadanos y en reducir la capacidad de daño de las organizaciones terroristas, es indispensable aceptar que aún falto mucho, que las Farc no están acabadas, que no se debe bajar la guardia y que la tarea debe continuarse.


*Analista político y de seguridad. Profesor de la Universidad del Rosario.

lunes, 22 de marzo de 2010

Noemí, en aguas turbulentas

Editorial

El Colombiano, Medellín

Marzo 21 de 2010

Es un hecho que por 37 mil 777 votos sobre Andrés Felipe Arias, de un total de 2 millones 979 mil 619 depositados en la Consulta del Partido Conservador, Noemí Sanín es la candidata de este partido a la Presidencia de la República. La suya no fue una victoria contundente que garantice la unidad del partido y su llegada a la Casa de Nariño. Al reconocer su victoria perdió la oportunidad de llamar a la unidad total y reconocer los valores de su mayor contrincante.


En su tercer intento por llegar a la Presidencia, Noemí Sanín tendrá que demostrar varias cosas, para seguridad y tranquilidad de sus posibles electores el 30 de mayo.


Primero que todo habrá de marcar diferencias fundamentales con el ex presidente, Andrés Pastrana, quien ha estado apoyándola desde que renunció a la embajada en Gran Bretaña y regresó al país con el ánimo de ser candidata, esta vez sí con mayor énfasis, por el Partido Conservador.


La razón fundamental es obvia: los votantes de mayo próximo no querrán que se reedite la experiencia fallida de El Caguán, cuyas consecuencias todavía se sienten, entre otros, con los secuestrados que mantienen las Farc en condiciones inhumanas, muriendo en vida en el corazón de la selva.


También tendrá que demostrar un nivel tranquilizador de coherencia. ¿Garantizará, sí o no, la continuidad de las políticas de Álvaro Uribe en los temas esenciales?


El país sabe que la Seguridad Democrática está en un punto de quiebre: o se consolida o se viene abajo y, en tal caso, se pierde todo lo ganado en los últimos ocho años por un equipo humano y un hombre que no ha descansado un segundo para crear las condiciones que posibiliten el desarrollo digno de todos los colombianos, la inserción del país en un mundo globalizado y una apertura de doble vía, no en sentido único, como en los 80 y 90 del siglo pasado.


Cada ciudadano tiene que preguntarse, en el momento en que está Colombia, cuál es el candidato que es capaz de seguir el rumbo trazado por el Presidente Uribe.


Porque Álvaro Uribe se ha ganado el reconocimiento nacional e internacional y es considerado como uno de los mejores líderes a nivel no sólo continental sino mundial. ¿Será Noemí capaz de mantener ese rumbo y de ganarse un liderazgo equivalente?


Otra pregunta vital es definir el grado de identidad de la señora Sanín con los postulados, ideales y sueños del Partido Conservador. Su trayectoria a partir de 1982 deja varias inquietudes.


El que Noemí Sanín haya ganado la consulta no significa que los votos no depositados por ella le lleguen el 30 de mayo. Está más que comprobado que los votos no son endosables. No es un hecho que Noemí recoja a los seguidores de Marta Lucía Ramírez y Andrés Felipe Arias. Muchos se irán a quien dé más garantías de continuidad.


En el caso de Arias, quien ganó en Medellín y Bogotá, se podría concluir que los votos depositados por él no son producto de ninguna maquinaria sino votos de opinión, libres por naturaleza.


Creemos que el Partido Conservador cometió un error al cambiar la fecha de consulta. Debilitó la unidad, se montó una evidente campaña negra que en nada es constructiva ni positiva. Hay quienes la consideran maquiavélica y de consecuencias impredecibles para el partido y para Colombia.


En esta semana que termina, Andrés Felipe Arias demostró de nuevo su talante noble y de estadista. Fue el único de los precandidatos conservadores que dijo que aceptaría el triunfo de su contrincante, así fuera por un voto. Y el viernes, sin renunciar a sus programas y sueños, fue magnánimo. Sin embargo no encontró la reciprocidad debida. Y Colombia se quedó esperando palabras conciliadoras, aglutinantes y concretas por parte de Noemí Sanín.


Por el bien de Colombia, le deseamos suerte en su campaña, la fortaleza debida y la sabiduría para convencer a los ciudadanos de que es la persona idónea para seguir el rumbo comenzado por Álvaro Uribe, de modo que el país llegue a buen puerto en medio de las aguas turbulentas.

Los lodos del Registrador

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Marzo 23 de 2010

Es cierto que en todas las elecciones hay casos de corrupción, como la compra y venta de votos, la suplantación de electores, la ‘participación’ de personas ya fallecidas, la adulteración de los escrutinios en algunas mesas, etcétera. Pero nada de eso pone en duda la validez de los comicios, por tratarse de alteraciones menores. Esto porque comprar o coaccionar a miles (o millones) de personas es virtualmente imposible, eso se logra en pueblos o en pequeñas regiones pero nada más; de manera que su incidencia no es altamente determinante pues, mal que bien, la gran mayoría de personas ejercemos el voto a entera voluntad, así las razones para escoger un candidato sean caprichosas.

Sin embargo, unos comicios como los del pasado domingo pueden quedar en duda cuando se cometen tantas y tan protuberantes fallas por parte del ente electoral, retrocediendo a épocas y a situaciones que creíamos ya superadas. Muchos predecesores del actual registrador, como Iván Duque Escobar y Almabeatriz Rengifo, mandaban a dormir al país con los resultados consolidados, aún en esos tiempos en los que había que capotear problemas de orden público en medio país para desarrollar las elecciones.

Al momento de escribir estas líneas han transcurrido 120 horas (cinco días completos) desde que se cerraron los comicios a las 4 de la tarde del 14 de marzo, y aún no se sabe quién es el ganador de la consulta conservadora ni se tiene la conformación definitiva del Congreso de la República, lo que ha fomentado un preocupante clima de fanatismo, desinformación e incertidumbre que ya está siendo aprovechado electoralmente con cinismo y bellaquería por parte de candidatos perdedores como Gustavo Petro y Sergio Fajardo, que ponen en duda la voluntad de las mayorías para explicar sus justificadas derrotas.


Por su parte, el registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez, ha sido insolente y se ha negado a reconocer sus errores y su ineptitud parapetándose, con el fin disimular su incompetencia, en argumentos baladíes y legalistas, como aquello de que el gobierno le está pasando una cuenta de cobro por ser enemigo declarado del referendo, que unos hackers atacaron los sistemas informáticos o que él no podía contratar una empresa externa para hacer el escrutinio de los partidos porque estos son entes particulares.

Al obtuso registrador Sánchez le quedará muy difícil explicar por qué canceló el contrato con la empresa Sigma, que venía desempeñando esta tarea de forma exitosa por más de 20 años, para dárselo a dedo a Une con un sobrecosto de 52.000 millones e indicándole, además, a quién debía subcontratar. Incluso, no se ha mencionado que Une es una empresa controlada por el grupo político del candidato presidencial Sergio Fajardo. Su presidente, Horacio Vélez, fue secretario de Hacienda de Medellín en la administración de Fajardo, con quien lo unen lazos de amistad desde la más tierna infancia.

¡Qué se estaría diciendo si la empresa que suministra la plataforma tecnológica fuera controlada por Juan Manuel Santos o Andrés Felipe Arias!

Pero los problemas no paran ahí: los tarjetones fueron los más confusos de la historia, los jurados no fueron convenientemente capacitados, no hubo cuadernillos de Parlamento Andino, se presentó un retraso inaudito en la entrega de la información, los sistemas informáticos no funcionaron, se menospreció la importancia de las consultas, se cambiaron técnicas tradicionales por otras improvisadas… Tal vez tienen razón quienes dicen que lo del whisky no tiene importancia, aunque es bastante representativo del desastre ocurrido el domingo por cuenta de la Registraduría Nacional y, más concretamente, de su cabeza visible, el registrador Sánchez.

Conviene recordar que el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Aponte, advirtió que Carlos Ariel Sánchez estaba “inhabilitado para ocupar el cargo de nuevo registrador, porque hay en su contra una demanda por no haber pagado una condena impuesta por presuntas actuaciones irregulares cuando se desempeñó como contralor de Bogotá” (Caracol Radio, 29/11/2007). Para el magistrado Aponte, la condena emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hacía inconveniente la designación de Sánchez Torres como registrador nacional. Además, contra este se adelantaban otros procesos, entre ellos uno presentado por la propia Registraduría Nacional del Estado Civil. Es decir, de aquellos polvos, estos lodos.

Las pasadas elecciones

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Marzo 21 de 2010

Las pasadas elecciones parlamentarias en su aspecto organizativo fueron un desastre que echa por la borda años de trabajo para hacer un sistema electoral eficiente que entregaba resultados en tiempos más que razonables y había mejorado en el diseño de los tarjetones para evitar sus manipulación y fraude.

Los resultados definitivos aun no se conocen. La Consulta conservadora sólo pudo dirimirse el viernes al comenzar la noche, lo que produjo tensiones innecesarias en esa colectividad y el país. Los tarjetones se prestaban para que inescrupulosos los alteraran, y sobre todo, eran tan enredados que el porcentaje de votos nulos creció como la espuma, enterrando con ello, posiblemente, las pretensiones de algunos los candidatos que buscaban el voto de opinión, aquel al que no le hacen los gamonales electorales un cursillo para llenar dichos papeles.

El señor Registrador de la República tiene una inmensa responsabilidad política y técnica en este fiasco, que no puede tratar de ocultar diciendo que el Presidente le está pasando una cuenta de cobro por su actitud frente al Referendo. Eso es querer tapar el sol con las manos, porque si hubiese hecho bien su tarea, nadie le hubiese podido recriminar nada. El desastre organizacional fue un factor de deslegitimación de nuestro sistema electoral, que ya hace a nuestra democracia objeto de burlas en el Exterior y que pone en duda la capacidad de la Registraduría para enfrentar las elecciones presidenciales. Ojalá la investigación iniciada por la Procuraduría General de la Nación arroje resultados.

Esto en cuanto a la organización. Respecto al resultado mismo, habría varias cosas que señalar. Creció el número de votantes, lo cual sería un buen indicio de fortalecimiento del sistema democrático, si no fuese porque existen dudas sobre la forma como se consiguieron muchos de esos votos. Aunque el voto de opinión funcionó parcialmente, con el Partido Verde, por ejemplo, o el caso del exministro Juan Lozano, en el Partido de la U, en términos generales, las maquinarias tradicionales y otras de nuevo ropaje pero de viejo cuño mandaron la parada, ahogando dentro de los partidos a aquellos que no hicieron uso de recursos excesivos y de vicios abominables como la compra de votos.

Sería buena idea que la Autoridad Electoral, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía estudiaran los dineros invertidos en muchas campañas de candidatos, que por los despliegues realizados gastaron varios miles de millones de pesos, cuando lo que se ganará un parlamentario en los cuatro años de ejercicio no supera los mil millones.

Y aunque nadie es judicialmente responsable por los delitos de sus familiares, es un hecho que llama la atención los abultados dineros que circularon y las participaciones políticas indebidas, que condujeron a votaciones caudalosas para formaciones políticas constituidas por parientes de parlamentarios condenados por parapolítica. Los ojos del país, de los jueces y de la comunidad internacional están puestos en estas personas y con seguridad, serán investigados.

Ante estas circunstancias, hombres y mujeres decentes de distintas colectividades, quedaron por fuera. Gente como Jaime Restrepo Cuartas y Darío Acevedo, del Partido de la U y Oscar Darío Pérez, del Partido Conservador, o Jorge Mejía, del Partido Liberal, por sólo citar algunos, no alcanzaron su objetivo de llegar al Congreso.

Pienso que le harán falta al Parlamento y al país. Especialmente, el doctor Retrepo Cuartas, a quien conozco de cerca y sé de sus brillantes capacidades, vocación de servicio y transparencia. Que un país se dé el lujo de darle la espalda a un hombre como éste produce tristeza y desazón. Llegó el momento de acabar con las microempresas electorales agrupadas en un Partido y dar el paso a las listas cerradas.

A nivel nacional, ganaron la coalición uribista, y, guardadas las proporciones, el Partido Verde; y les fue mal al Polo y al doctor Fajardo; el Partido Liberal apenas pudo mantener su presencia. El doctor Juan Manuel Santos triunfó, pero queda por aclarar que se sigue luego de que Noemí Sanín triunfara en la consulta conservadora. Casi con seguridad habrá segunda vuelta y el reacomodo del uribismo, que incluye al Partido Conservador, será posible, lo que le despejaría el camino a la presidencia. Pero nada está escrito.

Hay que defender la democracia

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Marzo 22 de 2010

EN 1989, el filósoro norteamericano Francis Fukuyama escribió uno de los ensayos más influyentes en décadas, argumentando que, al caer el Muro de Berlín, la humanidad alcanzó el final de su evolución sociocultural y logró su forma definitiva de gobierno con la universalización de la democracia liberal occidental: era el fin de la historia.

En sociedades y países que estaban lejos de reducir problemas fundamentales de pobreza, desigualdad o seguridad social, como nosotros, este debate difícilmente salió de unas cuantas universidades y de unas pocas columnas de opinión. Más bien, se ha argumentado algo igualmente erróneo: no el fin de la historia, sino su comienzo, y la pregunta ha sido: ¿cuándo comenzó la historia?, o su variante: ¿cuándo comenzó la democracia?

Y la respuesta a estas preguntas ha dependido, entre otras cosas, de si el interlocutor ha estado o no ha estado en el poder. La extrema izquierda y la guerrilla siempre han dicho que no ha habido democracia —la historia no ha comenzado— y que lo que hay no es más que el formalismo de la llamada democracia burguesa. Según ellos, la verdadera democracia sólo llegará cuando las Farc nos liberen de la miseria, la oligarquía y el imperialismo. En el otro lado de la ecuación, los viejos conservadores han dicho que la historia comenzó con la Constitución de 1886, que liberó a Colombia de la anarquía y el caos de los gobiernos liberales radicales. Para los viejos liberales, por su parte, la moderna historia de Colombia sólo comenzó cuando cayó el régimen conservador en 1930, terminando 45 años de oscurantismo, represión e injerencia de la Iglesia en el Estado. Hasta una persona ponderada y equilibrada en sus juicios, como Alberto Lleras, dijo que sólo los gobiernos liberales de los años treinta acabaron con “el penumbroso recinto donde la Colonia exhalaba sus letales aromas”. Más recientemente, un amplio grupo de analistas, palabra más, palabra menos, ha planteado que la democracia sólo empezó con la Constitución de 1991, cuando se introdujo el Estado Social de Derecho, la tutela o los nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Ante todos estos argumentos hay que decir que la democracia no es algo binario, que es o no es, que es blanco o es negro, que ha existido o existirá a partir de una fecha. Más bien, la democracia es un conjunto de instituciones que se construyen poco a poco en un tortuoso camino de ensayo y error. Siempre habrá elementos por mejorar, por enmendar. Siempre estaremos insatisfechos con sus prácticas, con su aplicación concreta. Siempre se colarán tramposos, corruptos, clientelistas, como en las pasadas elecciones. Pero, ante esos hechos, la solución no es deslegitimarla o desconocerla. Lo que hay que hacer es aprender de sus errores, para no repetirlos. Y, si no se puede una vez, perseverar hasta corregirlos. Pero la situación es aún más delicada. Porque en tanto la democracia se va construyendo poco a poco y no es algo que queda perfecto en algún momento, sí puede desaparecer en un momento. Por eso, todos debemos estar alertas para defenderla. El mejor consejo que podemos darles a los vencedores de las elecciones pasadas y de las que vienen es que administren bien sus victorias, sintiéndose herederos del trabajo y los esfuerzos de quienes los antecedieron. Que la democracia no comienza —ni termina— con ellos o con ellas. En otras palabras, que sean buenos ganadores. Y a quienes fueron derrotados o se sienten perdedores, tenemos que decirles que no la deslegitimen, que habrá otras oportunidades. Y que sean buenos perdedores.

El Cuee

Ricardo Mejía Cano

El Colombiano, Medellín

Marzo 22 de 2010

El Comité Universidad-Empresa-Estado de Medellín ha empezado a plantearse interrogantes de gran importancia. El Comité además de interesarse por aprovechar mejor el valor económico del contenido intelectual de la academia, quiere buscar una mayor competitividad de la región e impactar positivamente el crecimiento económico y nuestra calidad de vida. Para ello tendrá que definir en cuales variables, de las muchas que determinan la competitividad del país, puede influir el Comité.


Mayor competitividad debe conducir a mayor prosperidad de todos los habitantes de un país. No se refiere exclusivamente a crecimiento económico, también a aspectos como acceso al agua potable, educación, salud, justicia e infraestructura. No se puede descartar la importancia de reducir los índices de natalidad en los estratos más pobres de la población. Esto crea dilemas al Estado y a la sociedad: ¿Disponiendo de recursos limitados, a qué debemos darle prioridad?


Según el Reporte de Competitividad del Foro Económico (FEM) del año pasado, Colombia está en la posición 43 entre 134 países en cuanto a gasto en educación. Sin embargo en calidad del sistema educacional estamos en la posición 73. Aparentemente hay una ineficiencia en el gasto. El Ministerio de Educación ha hecho avances importantes al lograr que los profesores oficiales empiecen a participar en sistemas modernos de evaluación. Necesariamente significará una mejora en la educación pública.


En cuanto a cobertura de la educación secundaria estamos en la posición 77 y en cobertura de educación terciaria posición 68. Estos resultados confirman un desbalance: lo consecuente sería tener mejor cobertura en secundaria. No desglosa el Reporte la cobertura de la educación en carreras técnicas y tecnológicas Vs. las carreras universitarias. Si lo desglosara, constataríamos aun mayor desbalance. Las exigencias de la Ley 30 y la presión de las universidades estatales por más dinero han impedido que del presupuesto nacional se destine una buena parte para fortalecer la formación tecnológica. La mayoría de los institutos tecnológicos se quieren convertir en universidades para recibir ayuda del presupuesto nacional. Así las cosas, en el futuro la única institución de formación tecnológica sería el SENA. Invertimos cinco años de formación profesional para que los jóvenes realicen oficios que podrían desempeñar tecnólogos con tres años de formación. Nuestras deficiencias en formación tecnológica y en entrenamiento práctico saltan a la luz en la medición del "Nivel de Entrenamiento del Staff": posición 105. Para mayor INRI, la presión social obliga a los bachilleres a estudiar carreras universitarias, cuando una tecnología podría ser suficiente. Se requiere una campaña para acreditar la importancia y valor de las tecnologías para el desarrollo de nuestra sociedad.


Según el Reporte del FEM, en acceso a Internet en los colegios somos el país 81. Con colegios "desconectados" será difícil lograr una mejora en la calidad de la educación. Los gobiernos departamentales están haciendo grandes esfuerzos por mejorar la cobertura. Sin embargo el 25% de la población rural no tiene aún acceso a agua potable. ¿A cuál inversión le damos prioridad?


El Comité, con los tres estamentos que lo integran, es el foro más indicado para dar respuesta a estos interrogantes.

El CUEE de Medellín ha delegado la promoción de los proyectos Universidad-Empresa en Tecnnova. Ésta se ha dotado con la estructura necesaria para promover dicha colaboración.


Ahora el CUEE puede fijarse metas más ambiciosas, que impacten positivamente el progreso de la sociedad. Si lográsemos un consenso, a nivel regional y nacional, en cuanto a los indicadores que debemos mejorar de manera prioritaria para dar saltos importantes en competitividad, aceleraríamos la integración de la población marginada, con mejoras sustanciales en la calidad de vida de los colombianos.


El reto es difícil y el sólo planteamiento genera riesgos e incertidumbre. El riesgo mayor es no aprovechar el trabajo conjunto de los tres estamentos para promover los cambios que nuestra sociedad con urgencia necesita.