Amistades peligrosas

Iván Garzón Vallejo

El Mundo, Medellín

Noviembre 26 de 2009

Irán es el “niño travieso” del mundo actual. La República Islámica, empeñada desde 2002 en un programa nuclear que culminaría (¿o ya lo hizo?) en la fabricación de la bomba atómica es el epicentro de buena parte de los (des)equilibrios del poder mundial. Que utiliza este programa para disuadir a sus enemigos, es decir, Israel, Estados Unidos o el “Gran Satán”, y Reino Unido, es ya un secreto a voces, aunque el régimen de Teherán sostiene que el programa tiene propósitos pacíficos, es decir, producir electricidad. Piadosamente, el presidente Mahmud Ahmadineyad ha explicado que “nuestra religión nos prohíbe tener armas nucleares y nuestro líder religioso las ha prohibido”. Hoy culminan cinco días de ejercicios militares en los cuales la nación teocrática pretende poner a prueba su programa, desdeñando todos los intentos diplomáticos porque éste se realice en un tercer país, o que al menos sea transparente para la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán es un país poderoso, pues como escribe Antonio Navalón, hace parte del que es considerado el nuevo eje del siglo XXI: el corredor chiita Líbano-Siria-Irak, que tiene la posesión de 45% de los hidrocarburos del mundo.

La retórica de sus líderes se aglutina inercialmente con la de Chávez y Gadaffi, en la que sobresale su amenaza de desaparecer a Israel del mapa y en la negación del Holocausto: “es una mentira basada en una afirmación indemostrable y mítica”, ha dicho su presidente.

A las amenazas nucleares y al aislamiento internacional se suma que la capital persa es foco en el Medio Oriente de tensiones entre algunas versiones del Islam. Irán es una república apuntalada sobre el chiismo, una de las vertientes más radicales de la religión musulmana. Y ello explica que las protestas callejeras por el fraude en las elecciones de junio no solo se hayan disuelto por la feroz represión militar, sino por el respaldo que recibió Ahmadineyad del ayatolá Jamenei.

Con todos estos datos, ¿no les parece preocupante que Ahmadineyad esta semana haya visitado a Venezuela, Bolivia y Brasil, donde fue recibido con gran deferencia, entusiasmo y, entre otras cosas, se reconoció su derecho a enriquecer uranio? ¿Será que esta situación no le preocupa a Unasur? ¿A la OEA? ¿Estarán enterados de que un vuelo de Conviasa sale de Caracas dos veces al mes rumbo a Teherán, haciendo escala en Damasco, que los pasajeros no suelen llegar ni a la mitad de la capacidad del avión, y que el costo del mismo son aproximadamente 340.000 euros, lo que evidentemente no se cubre con tal ocupación, y menos con el costo de los tiquetes, tal y como reveló el periódico El País de España? Como el extraño vuelo no lleva carga, se especula con el transporte de ida y vuelta de uranio y componentes militares.

Las irregularidades en la democracia iraní no les suscita ningún reparo a quienes como Lula, Morales y Chávez se indignaron hasta el infinito ante el golpe en Honduras. No les preocupa que Vahidi, el actual Ministro de Defensa, sea requerido por Interpol acusado del atentado a AMIA en Buenos Aires en 1994. La dura represión oficial a las protestas ciudadanas por el resultado de las fraudulentas elecciones tampoco parece conmoverlos: los opositores son golpistas sólo si protestan en las calles de Caracas o Tegucigalpa. Que se estén importando las disputas político-religiosas entre las vertientes radicales y moderadas del islamismo quizás sea visto por estos mandatarios con curiosidad anecdótica, al fin y al cabo el socialismo del siglo XXI ya tiene su propia religión.

Por todo ello, ante la complaciente actitud de la comunidad suramericana ante Irán, dan risa los airados y persistentes reclamos a Colombia por la presencia de contratistas y militares norteamericanos en bases colombianas, establecidos en un acuerdo cuyo contenido es público. A los organismos multilaterales que se preocupan por la paz y la seguridad de la región dan ganas simplemente de “hacerles pistola”.

Apostilla: ¿Será que la Corte Suprema sí votaría una terna para Fiscal integrada por Ramiro Bejarano, Iván Cepeda y Gustavo Gallón?

La Corte envalentonada

Iván Garzón Vallejo

El Mundo, Medellín

Octubre 1 de 2009

Tenía el propósito de escribir esta columna acerca del debate que se viene dando en Medellín en torno a la Clínica abortiva de la Mujer, la importante movilización ciudadana que ha generado, la prudente reculada del Alcalde, y la feroz oposición de los defensores de la iniciativa que hacen pensar que, si se tomara como referencia a algunos periodistas y columnistas, Colombia sería un Estado confesionalmente laicista. Sin embargo, recientes decisiones y declaraciones de la Corte Suprema de Justicia hacen temer que institucionalmente estamos arribando a un atolladero. Así que, con el perdón de los lectores, me ocuparé de este último asunto, pues en la Corte vienen sucediendo cosas que causan enorme preocupación, y ante las cuales, como ciudadano, sólo cabe exigir sindéresis. Aludiré a tres de ellas.

Primera: la elección del Fiscal General. No he tenido problema en cuestionar al Gobierno en aquello que se ha equivocado. La búsqueda de un tercer período del Presidente es la más preponderante. Eso me hace ajeno a cualquier sospecha de “furibismo” o de concederle la razón en todos los debates. Pero en este caso me parece evidente que la Corte está contrariando la Constitución, pues los artículos 232 y 249 no le confieren discrecionalidad en la elección del Fiscal. Es un procedimiento reglado. Sin embargo, están basando su postura en una supuesta discrecionalidad –justificada como responsabilidad– que no es expresa, y por lo tanto, es sospechosa. Tiene tinte político, incluso revanchista. Que la Corte está sustentando la inviabilidad de la terna en un requisito constitucional inexistente lo dejó claro el domingo pasado su presidente en la entrevista de El Tiempo. Allí el magistrado Ibáñez señala que los candidatos deben tener consideraciones en la política criminal. ¡Por supuesto! Es lo ideal. Pero la Constitución no lo dice, y por ello, el requisito es antojadizo y arbitrario.

Segunda: la decisión de los parapolíticos. Se ha conocido que la Corte habría variado su jurisprudencia para considerar que los congresistas con nexos con los paramilitares no sólo son responsables de concierto para delinquir, sino que además serían considerados integrantes de las estructuras paramilitares, y por lo tanto, serían juzgados por crímenes de lesa humanidad, parece un exabrupto jurídico. Hay antecedentes históricos, pero de contextos muy diferentes al nuestro. Salvo que dicha vinculación se pruebe jurídicamente en cada caso, tal tesis implicaría desconocer la distinción entre el autor, el coautor, el determinador, y el cómplice. Como la responsabilidad penal es personal, no parece jurídicamente válido considerar que todos los intervinientes en una empresa criminal tienen la misma culpabilidad. No actuaron del mismo modo.

Y la justicia penal, cuyas conquistas garantistas y liberales sólo ponen en duda las posturas autoritarias, no puede aplicarse “con regadera”.

Tercera: el tono del presidente de la Corte. En la misma entrevista de El Tiempo, Yamid Amat le preguntó a Augusto Ibáñez por la solución para el impasse de la elección del Fiscal y éste respondió: “el diálogo y no hacer de esto una contienda”. Pero a renglón seguido dijo que es irreversible la postura de la Corte de considerar la terna no viable. ¿Se puede dialogar sin estar dispuesto a reconsiderar la propia posición? Pero además, preocupa la alusión que hizo el magistrado a una postura académica según la cual la Corte podría elegir un Fiscal en provisionalidad. Asimismo, la aseveración de que el siglo XXI es el siglo de los jueces y de las víctimas da un motivo más para pensar que la Corte está comprometida con enfoques políticos y cierto activismo. Como si fuera poco, las respuestas al Procurador han sido desatinadas, y una investigación disciplinaria contra él podría interpretarse como un intento de neutralizar sus cuestionamientos. Por ello, cada vez hay menos razones para poner en duda que la Corte está envalentonada y que toma decisiones con un sesgo político. Es muy peligroso lo que estamos viviendo: politización de la justicia y judicialización de la política. ¿Tendrá razón Alfredo Rangel con aquello de que la Corte es un partido de oposición? Me niego a creerlo.

¿Las Farc ya no son la amenaza?

Por Iván Garzón Vallejo

El Mundo, Medellín

Agosto 20 de 2009

Leídos columnistas como Alejandro Gaviria y Claudia López han escrito recientemente que las Farc ya no son el mayor problema de seguridad del país. “El derrumbe de las Farc es evidente para la razón. Pero el corazón sigue creyendo que la amenaza es tan grande como siempre”, argumentaba Gaviria en El Espectador (“La inercia del corazón”) para destacar que las organizaciones emergentes constituyen la principal amenaza para la seguridad del país. “No hay razón para que las Farc sigan siendo el eje central del debate electoral en Colombia. Estas ya no son el actor o problema más relevante del país, ni siquiera en materia de seguridad”, sentenciaba López en El Tiempo (“El ‘coco’ de las Farc es más electoral que real”) y por ello “están lejos de ser el principal desafío estratégico de Colombia”.

Cuando los medios de comunicación no vienen informando día a día de masacres y tomas guerrilleras como otrora, sino de asesinatos selectivos en las ciudades, que según las autoridades policiales obedecen a venganzas y luchas de los grupos emergentes o Bacrim por territorios en disputa, la discusión pública de la cuestión de la seguridad es de la mayor trascendencia. La violencia de hoy ha ido cambiando de signo, pero ¿de allí se concluye que las Farc ya no son la principal amenaza para la seguridad de los colombianos? Aportaré aquí tres argumentos que pretenden discutir la tesis sostenida por los intelectuales citados.

Primero, aunque quepan en el paraguas de la seguridad, desde el punto de vista del Estado no es equiparable el problema de la delincuencia común y el narcotráfico con la guerrilla. Invoco una justificación filosófico-política: aunque las organizaciones mafiosas o delincuenciales representan un serio y creciente problema de seguridad, no pretenden disputarle la soberanía al Estado. No tienen ni necesitan un proyecto político alternativo. Como ha destacado Jorge Giraldo, a estos los mueve un animus furandi o la codicia, mientras tanto, el partisano (o guerrillero entre nosotros), tiene animus belli. Es propiamente un enemigo del Estado, pues genera un orden jurídico-político paralelo y sustitutivo en el que pretende legitimarse.

Estas consideraciones teórico-políticas no dejarían de ser meras disquisiciones académicas si ‘Alfonso Cano’ no acabara de notificarnos públicamente en la entrevista a Cambio que “la brega por el reconocimiento como organización político-militar, con una propuesta de Estado sostenida en una visión revolucionaria de la sociedad continúa siendo vital para el desarrollo de nuestro proyecto”.

Segundo, no sacar de la agenda nacional el combate contra las Farc supone un desafío histórico: el de empezar a vislumbrar la luz al final del túnel después de medio siglo de conflicto armado. Es decir, el debilitamiento irreversible del principal enemigo del Estado no puede llevarnos a sugerir que se disminuya la ofensiva. Al contrario. Los hechos de los últimos años evidencian que el Estado debe profundizar su combate contra las Farc para acercar el momento de una mesa de negociación, algo que aún con el contexto actual parece estar muy lejos. En este sentido, a pesar de los abusos semánticos y los argumentos quizás simplistas que esgrimen, tienen razón quienes temen por una nueva “caguanización” de la política gubernamental. No hay que olvidar que una de las razones del fracaso de dicho proceso fue la ingenuidad de pensar que las Farc querían y necesitaban negociar en ese momento. Hoy, una nueva forma de ingenuidad podría representar el oxígeno militar que la guerrilla necesita.

Finalmente, el tema de las Farc ha estado y estará politizado. Pero desde la sociedad civil lo que hay que criticar es el oportunismo, el triunfalismo o la ingenuidad en el tratamiento del tema por parte de los líderes políticos. No que hagan de éste objeto del debate político.

Eso es legítimo, y en esta hora de nuestra historia, absolutamente pertinente y necesario.

Si las Farc estuvieran sentadas en una mesa de negociación y desmovilizándose, los argumentos de Gaviria y López serían incuestionables. Pero ese no es el caso.

Apostilla: Educación pública ideológica, expropiación de campos de golf y más medios censurados son los recientes pasos hacia la “cubanización” de Venezuela. Y la ONU, la OEA, y Unasur, en silencio.

¿Profesor o activista?

Por Iván Garzón Vallejo

El Mundo, Medellín

Mayo 29 de 2009 

Fue deportado desde México Miguel Ángel Beltrán, alias “Jaime Cienfuegos”, quien según las autoridades policiales hace parte del ala intelectual de las Farc, se dedicaba al reclutamiento de estudiantes, y es mencionado prolijamente en el computador de Raúl Reyes, de quien recibía instrucciones.

Profesor de la Universidad Nacional, Cienfuegos estaba realizando estudios posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estaba contratado. Más allá de señalar que este caso ratifica la existencia del PC3 y la eficacia de la propaganda internacional fariana, quiero llamar la atención sobre el hecho de que un guerrillero sea profesor universitario. 

Profesor es quien profesa públicamente –de ahí el nombre– un conocimiento y lo comparte con sus estudiantes, incentivándolos a que busquen por sí mismos dicho saber. También se llama docente porque muestra (docere) realidades que conoce previamente. Esta actividad es libre por definición: obedece únicamente a la búsqueda de la verdad que el profesor lleva a cabo esforzada y desinteresadamente. Del saber nace la autoridad sobre sus alumnos, la cual es ajena a la coerción o a la intimidación, y es reconocida por quien se pone voluntariamente en disposición de aprender, y en el mejor de los casos, ser formado. 

Pero ¿qué pasa cuando quien enseña defiende intereses ajenos a la vida académica?, ¿qué pasa cuando las clases y las investigaciones solo son fachadas de propaganda y férreas ideologías?, ¿qué pasa cuando el profesor en vez de promover el espíritu crítico, la discusión razonada y la capacidad de rebatir con argumentos posturas contrarias, promueve un espíritu sectario, un pensamiento único, e incluso hace apología de delitos? Más aún, ¿qué pasa cuando el profesor puede imponer sus ideas violentamente? La vida académica se desnaturaliza, y aquel traiciona el ideal universitario que dice profesar, y también la confianza de los estudiantes, y de quienes leen sus publicaciones, de sus colegas, y de todos aquellos que creían que su labor era realizada por amor al saber. El supuesto profesor es en realidad un activista que sirve a una causa. Las ideas son instrumentales a ésta. 

Lamentablemente las universidades están llenas de académicos de fachada, de activistas y de militantes.

Las librerías están atiborradas de textos que no son sino documentados panfletos. 

No me refiero únicamente a los que sirven a la propaganda política de derecha o de izquierda, sino también a intereses económicos, étnicos o grupales, y a ideologías políticamente correctas. No es un asunto exclusivo de las ciencias humanas. 

La posibilidad de que las ciencias sociales sean instrumentalizadas por propósitos políticos ha sido preocupación de varios intelectuales. Max Weber creyó encontrar la fórmula de la pureza metodológica al separar tajantemente los hechos empíricos de los valores. Si la ciencia hacía valoraciones perdía objetividad. Pero este modelo es insuficiente: la reflexión de ciertas cuestiones ponen de presente la imposibilidad de excluir elementos valorativos y las preguntas por el bien y la verdad. Leo Strauss, profesor de la Universidad de Chicago, señalaba que el científico social no es un árbitro externo imperturbable que en su perspectiva meramente empírica le da lo mismo observar triángulos, peces o seres humanos. Strauss reivindicaba el civismo como base desde la cual el científico social debía estudiar la realidad. Precisamente todo lo contrario de lo que hacen profesores como Cienfuegos. 

Apostilla: La sanción de la Secretaría Distrital de Bogotá al Hospital San Ignacio es una arbitrariedad. Se quiere obligar a practicar abortos al personal de instituciones cuyos principios misionales son constitucionalmente legítimos. Tengo mucha esperanza en la labor que viene realizando Ilva Miryam Hoyos, Procuradora delegada para los derechos de la infancia, la vida y la familia. Los médicos y el personal administrativo “pro-vida” harían bien en informarse acerca de la desobediencia civil y la objeción de conciencia, herramientas legítimas de los ciudadanos ante injusticias como éstas. Claro, en un régimen democrático.

 

Otro paradigma contra las drogas

Por Iván Garzón Vallejo 

El Colombiano, Medellín

Marzo 5 de 2009

En los medios de comunicación del país fue recibido con bastante favorabilidad el documento de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia "Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma", difundido por los ex presidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso. Arguyendo su ineficacia práctica, el documento cuestiona duramente el paradigma prohibicionista promovido desde Estados Unidos y sugiere imitar las políticas de despenalización de algunos países europeos cuyo tratamiento del consumo de drogas es como una cuestión de salud pública y no como un asunto policial.

Sugiere el documento de los ex presidentes reducir el consumo mediante acciones de información y prevención, y focalizar la represión sobre el crimen organizado.

Más específicamente propone la despenalización del consumo personal de marihuana, arguyendo que no solo las políticas de erradicación han mostrado ser ineficaces, sino que los daños causados por aquella son semejantes a los del alcohol y el tabaco.

Escrito a medio camino entre un texto académico y un ensayo divulgativo, hay que celebrar la aparición del documento puesto que promueve un debate público sobre un asunto de fuerte impacto social y que involucra políticas públicas.

Sin embargo, una lectura crítica del informe presentado en Río, no puede dejar de resaltar los siguientes interrogantes: Si se despenaliza el consumo de marihuana, ¿ello no incentivará proporcionalmente su producción, tráfico y comercialización?

Es decir, si parte del eslabón es el tráfico, cuyas dramáticas consecuencias sociales son mencionadas en el texto, ¿de dónde se infiere que una política de tolerancia con el consumo de la dosis personal (como la que se impuso en Colombia desde la sentencia de la Corte) no incrementará las otras partes de la cadena?

¿Es absolutamente cierto y verídico que los daños causados por la marihuana son semejantes a los del alcohol y el tabaco? Si es así, ¿por qué no se citaron los estudios científicos que así lo demuestran?

¿Los Estados latinoamericanos estarían preparados para tratar a los consumidores de droga como pacientes, teniendo en cuenta que estos están afiliados mayoritariamente a un sistema congestionado, lento e ineficaz como el de la salud pública?

¿No es incoherente que como política pública el Estado exhiba 'ex viciosos' para desincentivar el consumo, pero al mismo tiempo no reproche institucionalmente el consumo de algunas de estas sustancias?

¿Dicha política sería coherente con un Estado Social de Derecho, que tiene dentro de sus propósitos el cuidado y el respeto de la vida y la dignidad de todo ser humano? Por ello, ¿las políticas públicas deben establecerse únicamente con base en argumentos pragmáticos? ¿En este debate hay lugar para razones éticas y antropológicas?

Parte del diagnóstico del documento de la guerra contra las drogas es interesante, y parece evidente que se impone una revisión del prohibicionismo en los términos como se ha venido aplicando. Pero no se puede desconocer que en países en los que se ha liberalizado el consumo de estupefacientes, al incrementarse éste se han creado más incentivos para su producción y comercialización (más clientes), y con ello el número de adictos.

Pero además, no se puede dar por cierto un sofisma, y es que el objetivo de la lucha contra las drogas es 'un mundo sin drogas'. Ello es ingenuo conceptualmente y políticamente imposible.

El propósito es un eficaz desincentivo y una sólida contención de un mal social que promueve un negocio macabro que corrompe funcionarios estatales, enriquece ilegítimamente a unos pocos, y promueve una cultura mafiosa y homicida. Pero sobre todo, corrompe a nuestros niños y jóvenes. En ellos también habría que pensar.