Colombia: extraños comicios y votación muy clara

Por Eduardo Mackenzie

Blog Debate Nacional, París

Marzo 18 de 2010

Al votar como lo hicieron el domingo pasado, en la primera vuelta de las elecciones legislativas, los colombianos hablaron claro. Empero, los súbitos y misteriosos percances “técnicos” del conteo de los votos y de la transmisión de los datos, revés cuya responsabilidad recae sobre Carlos Ariel Sánchez, el Registrador Nacional del Estado Civil, podrían desfigurar la voluntad ciudadana. Es la segunda vez que ocurre en los meses recientes un fenómeno semejante, es decir, una serie de hechos extraños destinados a desviar de alguna manera las aspiraciones de la opinión.

Los colombianos dijeron con su voto que querían, en primer término, agradecer al presidente Álvaro Uribe las realizaciones de sus casi ocho años de gobierno. Las mayorías querían elegirlo por tercera vez. Ante el “niet” dado por la Corte Constitucional a esa iniciativa popular, el electorado reaccionó filosóficamente: creó la posibilidad de que la política uribista continúe y se consolide. Los partidos que más fueron votados el domingo son, en efecto, aquellos que respaldan las políticas del jefe de Estado. Sin embargo, una vez más, una extraña mano se cierne sobre el país para tratar de alterar esos resultados.

El Partido de la Unidad Nacional obtuvo 2,5 millones de votos, es decir el 25% de los votos. El Partido Conservador logró 2,2 millones (un 21,6%). El primero creció más del 70% con respecto a los comicios anteriores. Esta formación y el Partido Conservador sólo necesitarán el apoyo de un pequeño grupo para tener la mayoría calificada del Congreso. Ese grupo podría ser Cambio Radical, formación que fue un día uribista. Por oponerse a la reelección, CR alcanzó esta vez sólo un 8% de los votos. También podría ser el Partido Verde, que obtuvo, por primera vez, cuatro congresistas.

Ello muestra que la inmensa cuestión de la seguridad democrática echó raíces profundas en el país y conocerá probablemente, si no se presenta un nuevo colapso del proceso electoral, desarrollos positivos con el gobierno que saldrá de las urnas el 30 de mayo. Juan Manuel Santos, del Partido de la U, es visto desde ya como el candidato presidencial con más posibilidades de ganar.

Por el contrario, los enemigos de la seguridad democrática fueron sancionados por el electorado. El más vehemente de ellos en el Parlamento, el Polo Democrático (comunista), quien trabajó esa elección como ninguna otra formación política, se desplomó: sólo obtuvo un 7.6 % de los votos. Si los guarismos son confirmados por la segunda vuelta, esa minoría perderá tres o cuatro senadores. Sus ínfulas de ser una opción de gobierno se hunden. Jaime Dussán, presidente de ese partido, y miembro de la fracción más dura del Polo, perdió su curul en el Senado y tuvo que renunciar a la dirección de su movimiento. El electorado no olvidó las visitas de Dussán al presidente Hugo Chávez. Pese a todo, Gustavo Petro, candidato presidencial del Polo, no renuncia. El espera ser elegido gracias a una “coalición antimafia”, es decir contra la nueva mayoría parlamentaria, a la que no vacila en insultar de esa forma. Bello respeto de la ciudadanía. El quiere arrastrar a esa aventura al Partido Liberal y a los Verdes (4,3%). Pero nada asegura que él seducirá a ese electorado.

El Partido Liberal fue durante el siglo pasado una formación mayoritaria, un partido de gobierno importante. Con el Partido Conservador, fue un pilar de la democracia representativa. Empero, ocho años después de la querella con los uribistas, el PL no ha logrado superar esa crisis, ni aumentar su caudal. El PL está hoy dominado por una clique discordante que se dice socialdemócrata pero que no es capaz siquiera de ser coherente con esa doctrina. Corrientes extremistas, como la que dirige la senadora Piedad Córdoba, agente de influencia de las Farc, minan ese partido desde dentro. El 16% obtenido el domingo relega al PL a un tercer lugar y confirma la gravedad de su marasmo.

El segundo mensaje del pueblo fue enviado a las Farc. Tremenda bofetada le dieron los electores a la banda genocida de Alfonso Cano: sus asesinatos antes de los comicios, sus amenazas de nuevos atentados y secuestros, no desmovilizaron a nadie. Las elecciones del domingo fueron una de las más pacíficas de la historia de Colombia. Un ejemplo: “En Algeciras (Huila), donde el nivel de participación en elecciones anteriores solo había alcanzado un 20% por causa de la violencia, esta vez fue casi del 40%”, constató un diario bogotano. El trabajo realizado por 250 000 soldados y policías explica esto. El 14 de marzo, a través de su agencia Anncol, las Farc recomendaron votar por algunos personajes del Polo. Exactamente, respaldaron a Gloria Inés Ramírez, Piedad Córdoba, Carlos Lozano, Jorge Enrique Robledo y Fernando Garavito, por ser “candidatos honestos”. El electorado rechazó tal valoración. (Ver : http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102197)

Esa jornada también lanzó una señal hacia el presidente Chávez, quien desde hace meses intenta vetar toda candidatura presidencial uribista. Asegura que un presidente como Juan Manuel Santos arruinaría todo acercamiento entre los dos países. Sus agentes están muy activos en ese terreno. Un candidato del Polo fue filmado cuando mendigaba ante un alcalde venezolano una reunión con colombianos. Gustavo Petro tuvo que reconocer y repudiar el vergonzoso hecho. Más grave aún: un documento secreto de cinco páginas, probablemente de la Inteligencia Militar venezolana, descubierto por los servicios colombianos, le permitió declarar al presidente Álvaro Uribe que “un gobierno extranjero” (no mencionó a Venezuela) busca “hacer de Colombia un rehén (de ese país)”. Según un diario de Medellín, el mandatario colombiano tiene en sus manos ese texto y por eso “decidió denunciar ante la opinión pública internacional para pedir que no se permita que ‘Gobiernos extranjeros veten a nuestros candidatos ni impongan candidatos a la Presidencia de Colombia’” (Ver El Colombiano, Medellín, 10 de marzo de 2010). Tal texto se intitula “Hoja de ruta 2010. Relaciones bilaterales Colombia-Venezuela”.

Nadie ignora que Hugo Chávez intenta hacer en Colombia lo que ya hizo, con éxito, en Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua, y con resultados mediocres en Perú, Panamá y Honduras: impulsar sus peones como candidatos, mediante juegos financieros, propagandísticos y violentos. Por ahora, su plan no le está saliendo bien en Colombia, como se vio el domingo pasado, pero la confabulación no ha terminado. La amenaza contra las elecciones colombianas sigue viva.

Según los autores de la “hoja de ruta”, la operación destinada a “influir en el cambio de Colombia", incluye "abrir o profundizar canales de diálogo" con varios sectores, como partidos, sindicatos, movimientos indígenas y de derechos humanos. A los protervos que se presten a eso, Caracas les ofrecerá “dádivas y expectativas de negocios”, aunque el documento precisa que los anzuelos no se deben “limitar” a eso. Según el diario El Tiempo ese documento dice que “los cónsules venezolanos están jugando un papel clave en la recolección de información para [esa] estrategia”. Esos cónsules deben "estar atentos, escuchar, informar (...) Reducir las actuaciones, con discreción y sin que se den negativas directamente. La idea es que la población colombiana sienta que la decisión sobre las bases estadounidenses tiene consecuencias". (El Tiempo, Bogotá, 14 de marzo de 2010)

¿Tiene algo que ver ese plan subversivo extranjero con el súbito colapso informático, realizado por piratas cibernéticos que colapsó la transmisión de resultados de las elecciones del Congreso a la Registraduría el pasado domingo?

Andrés Guzmán, abogado de la firma contratada por la Registraduría para transmitir esos datos, aseguró que hubo un “ataque planificado y sistematizado porque se hicieron más de 75 mil accesos por segundo, lo que no ocurre ni en las páginas más visitadas del mundo” y que detrás de este ilícito había probablemente “una organización criminal de delincuentes informáticos”.

Otros hechos curiosos perturbaron la jornada electoral. Sin avisar, la Registraduría cambió el lugar de muchas mesas de votación en Bogotá. Ello ocurrió sobre todo en los barrios del Norte donde predomina un electorado uribista. Lo peor fue que el escrutinio de las consultas internas de los partidos Conservador y Verde fue brutalmente interrumpido en todo el país y los desórdenes empezaron a propagarse. Un centenar de seguidores del Polo, y del Partido de Integración Nacional, irrumpieron violentamente en Corferias, de Bogotá, donde se hacían escrutinios, para exigir nuevos datos, porque algunos de sus candidatos, dijeron, estaban perdiendo la curul. La Policía tuvo que intervenir contra un grupo que iba a romper los ventanales. El escrutinio fue suspendido “por falta de garantías”. La Policía evacuó el lugar y los delegados de los partidos se retiraron pero un grupo de 15 personas, del Polo y del Pin, se declararon en “huelga de hambre” y se negaron a salir. Miembros del Partido Conservador advirtieron a las autoridades “que no era conveniente que personas extrañas se quedaran en un recinto donde todavía hay votos por contar”. Sin embargo, los del Polo permanecieron allí varias horas. (Ver El Tiempo, 18 de marzo de 2010).

Los delitos contra la pureza del sufragio fueron relativamente pocos. El chileno Enrique Correa, jefe de la Misión de Veeduría Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), dice haber comprobado la “compra de votos en al menos seis de los 32 departamentos del país”. Empero, otra misión de observación, la del Senado español, no constató tales irregularidades, aunque después recomendó que se acataran las conclusiones de la comisión de la OEA. La misión española declaró que “ninguno” de sus miembros “fue testigo de las irregularidades reportadas por otras delegaciones e incluso por ciudadanos durante su estancia en cerca de 40 centros de votación” en Colombia. "Nuestra observación electoral nos ha permitido a lo largo del día 14 de marzo constatar que no ha habido ningún incidente digno de mención durante la jornada", subrayó la misión. (Ver Diario Exterior, Madrid, 16 de marzo de 2010).

Como la Registraduría no explicó en qué consistía la elección del Parlamento Andino, los votos en blanco fueron, en ese rubro, más altos que los otros votos. A los colombianos en Europa no se les permitió participar en la consulta interna de los partidos. En Medellín, 80 escrutadores recibieron atención médica porque presentaron síntomas de intoxicación. Siete fueron hospitalizados. En todo caso, lo decidido por las autoridades frente a las internas del conservatismo y de los verdes dejó en el aire un punto capital: saber quién será el candidato de los conservadores. El Partido de la U quiere aliarse con ese partido desde la primera vuelta de la elección presidencial. Si el candidato conservador es Andrés Felipe Arias ello es posible. Noemí Sanín tendría otra visión. Esos dos partidos perdieron casi una semana de negociaciones por esa razón. ¿Una artimaña más para bloquear al uribismo?

En otras palabras, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral actuaron como enemigos del sufragio universal. Extraño fenómeno que ocurre por primera vez en Colombia y que llama la atención del país entero. ¿Hay manos extrañas en lo que pasó? ¿Se trata de un puro desajuste de un organismo que no ha sido modernizado desde hace años? El presidente Uribe criticó, en todo caso, la actuación del Registrador y dijo que las irregularidades se deben a la “politiquería”. Muchos piden la renuncia del registrador pero éste dice no ser culpable de nada. La disposición constitucional que indica que el CNE puede remover al registrador, había sido derogada. ¿Carlos Ariel Sánchez es intocable?.

La conducta de la Registraduría es anómala. ¿Hay en este asunto una interferencia deliberada interna? Carlos Ariel Sánchez había sido nombrado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, entidades que se oponen, cada vez con mayor virulencia, a las políticas del poder ejecutivo. El poder judicial intenta, por otra parte, poner de rodillas al poder legislativo, mediante una cascada de procesos dudosos contra los senadores y representantes, donde abundan las arbitrariedades. Todo se hace en nombre de la lucha legítima del poder judicial contra la penetración de los grupos violentos en el Parlamento.

Ello permite a pensar que la perturbación “técnica” de la elección del domingo podría ser un coletazo adicional, nuevo y muy grave de esa guerra de guerrillas que la CSJ, sobre todo, ha impuesto al poder ejecutivo y al poder legislativo. Si el gobierno no descubre el origen de lo qué está pasando nuevos disturbios deberían estallar en la segunda vuelta de las legislativas y en las dos vueltas de la elección presidencial, dentro y fuera del sistema electoral.

De Berlín a Madrid, la izquierda arrodillada ante el terrorismo

Eduardo Mackenzie

Colombian News, París

Marzo 10 de 2010

La extrema izquierda europea está tratando de ayudar a los peores movimientos terroristas del mundo, entre esos las FARC, Al Qaida y los talibanes, haciéndolos pasar por movimientos “populares” que no deben ser combatidos. Como esas formaciones europeas hegemonizan prácticamente los partidos y sectas de extrema izquierda de América Latina, en Colombia algunos “colectivos” están hace rato al servicio de esas operaciones globales.

La estrategia de mostrar a las FARC como un actor “patriótico” y “antiimperialista”, que no debe ser combatido sino que, por el contrario, debe ser invitado a “dialogar” y a aceptar “compromisos” de gobierno, cobra fuerza de nuevo. El impulso viene, una vez más, de las dictaduras de Venezuela y Cuba. Pero no sólo de ellas. Partidos extremistas europeos y partidos comunistas de Latinoamérica, disfrazados ahora en MCB (Movimiento Continental Bolivariano), están totalmente metidos en eso. El documental de propaganda "Las Farc, insurgencia del siglo XXI" fue concebido y realizado por gente del PC argentino. La biblioteca “Manuel Marulanda Vélez” fue montada con patrocinio del Ministerio de la Cultura de Venezuela.

A eso se suman otros signos en Colombia: unos candidatos a la Cámara de Representantes por el Huila piden que se abandone la política de seguridad democrática; un candidato presidencial deja ver que le gustaría dialogar de paz con las FARC; otro se lamenta por la no presentación de disculpas de Bogotá por el bombardeo de un campamento de las Farc en Ecuador. Otros sugieren que Bogotá le entregue los computadores de Raúl Reyes a Rafael Correa.

Esa turbia y bien financiada alianza entre dictaduras abyectas y movimientos políticos que dicen encarnar la “izquierda democrática”, está ya al frente de varias operaciones muy sucias en donde se está mezclando de todo: desde grupos islamistas violentos y activistas del “socialismo del siglo XXI”, hasta traficantes de armas, de heroína y cocaína.

Al mismo tiempo, coaliciones aún más ofensivas y secretas, como la que un juez español acaba de revelar entre ETA y las FARC, quienes estarían preparando desde Venezuela atentados contra personalidades colombianas en España, incluido el presidente Álvaro Uribe, muestra que el “socialismo del siglo XXI” es un animal con decenas de brazos y que está embarcado en una vasta acción internacional, la cual sólo puede ser contrarrestada con acción diplomática, militar, policial y de seguridad de Colombia, en alianza con otros países democráticos.

Veamos lo que ocurrió hace unos días en Alemania y el paralelismo que hay con Colombia.

El 26 de febrero pasado, los 76 diputados de Die Linke, el partido de la extrema izquierda postcomunista, fueron expulsados en bloque de una sesión del Bundestag en la que se discutía el tema de Afganistán. La diputada de Die Linke, Christine Buchholz,quien acababa de llegar de Afganistán, y los miembros de su grupo, alzaron carteles y pancartas y acusaron al ejército alemán de haber matado civiles en un bombardeo de septiembre en Kunduz. En vista de eso, el cristiano-demócrata Norbert Lammert, Presidente del Bundestag, los expulsó (después los invitó a votar la moción que se discutía). Así, por 429 votos a favor y 111 en contra, con 46 abstenciones del Partido Verde, y con el apoyo de la oposición socialdemócrata, fue aprobado el envío de 850 soldados más a Afganistán, lo que eleva el contingente alemán a 5 350 soldados.

Lo interesante es que Die Linke intentó ese día lavarle de nuevo la cara a Al Qaida y a los talibanes. Die Linke declaró allí que la llamada “insurgencia” de Afganistán es “legítima” pues tiene “apoyo popular” y es “parte de la población”. Basados en esa cínica impostura los extremistas alemanes proponen el retiro de Alemana de Afganistán, pues el combate contra Al Qaida y los talibanes, dicen, es “una lucha contra el pueblo”.

Die Linke es de los que quieren retirar a las FARC de la lista europea de organizaciones terroristas y la que pregona que el gobierno de Colombia es una dictadura. Son los mismos que descartan que el régimen de Hugo Chávez tenga lazos con la ETA, las FARC y el terrorismo islámico.

Lo que hace Die Linke respecto del ejército alemán, tiene mucha similitud con lo que hace el Polo Democrático respecto del ejército colombiano. Die Linke acusa a la Bundeswehr de cometer crímenes en Afganistán. Al mismo tiempo, se esfuerza, en Berlín, por amarrarle las manos y dejarlo indefenso ante el fuego de los talibanes. El diario Le Figaro explicó el 1 de marzo pasado que los soldados alemanes en Afganistán sólo “tienen derecho a disparar para defenderse” y no pueden participar en operaciones ofensivas, pues el Bundestag, donde son muy activos los diputados de Die Linke y los Verdes, sólo le “dio al ejército alemán un mandato de ‘estabilización’ y de ‘reconstrucción’ de Afganistán”.

A causa de eso, la seguridad del norte de Afganistán, donde patrullan los alemanes, se degradó. “Lo que necesitamos aquí son soldados que emprendan ofensivas para eliminar a los talibanes, cosa que los alemanes no quieren hacer. Ellos están siempre a la defensiva. Sus réplicas no son fuertes y eso redobla la moral de los insurgentes”, se quejó Mohammad Omar, gobernador de Kunduz, ante el matutino francés. El nuevo ministro alemán de Defensa, Karl Guttemberg, trata de esquivar esas críticas. El quiere crear en Afganistán una generación de oficiales con experiencia de combate capaz de cumplir la misión confiada a la Bundeswehr. Sin embargo, los politiqueros en Berlín se oponen. “Ello se niegan a admitir que aquí hay una guerra y eso desmoraliza a mis hombres”, declaró un joven capitán alemán a Le Figaro. Jan F, un teniente alemán de 26 años, agregó: “Puedo afirmarle que aquí hay una guerra, un conflicto sin líneas de frente claramente definidas, una verdadera porquería”.

¿Qué diferencia hay entre eso y lo que ocurre en Colombia con los llamados “falsos positivos”, diseñados para minar la moral de las tropas que le hacen frente a las FARC? Ninguna. ¿Qué diferencia con los infames procesos sobre el papel del Ejército en el rescate de los rehenes del Palacio de Justicia en 1985? Ninguna. Los jefes del Polo, como sus émulos de Die Linke, tratan de amarrar las manos de los militares que están bajo el fuego de los terroristas. Obsesionadas por la lucha anticapitalista, las dos corrientes quieren destruir la capacidad de combate de quienes están en primera línea de fuego en defensa de la democracia. La cobardía que mostró el gobierno de Zapatero ante las revelaciones del juez Eloy Velasco muestra que la izquierda española no puede hacer cosa distinta, como Die Linke y sus émulos latinoamericanos, a la de arrodillarse ante el terrorismo.

Lo que está en juego tras el fallo de la CC

Eduardo Mackenzie

Colombian News, París

27 de febrero de 2010

Mi admiración por el presidente Álvaro Uribe es más grande que nunca. Su declaración de ayer pasará a la historia como un modelo luminoso de respeto del Estado de Derecho, de las instituciones legalmente constituidas y de la democracia. Y como una declaración de amor a Colombia.

Álvaro Uribe reaccionó con altura, inteligencia y generosidad ante el veredicto de la Corte Constitucional sobre la ley del referendo. Cuánto deben lamentar en estos momentos los demagogos que llegaron un día a equiparar al presidente Uribe con el jefe de la revolución bolivariana quien pasó, no lo olvidemos, por encima de su propia Constitución y de su pueblo, pues éste se atrevió a decirle no en un referendo memorable.

Lo de ayer no es sólo un triunfo del Estado de Derecho. Es también el triunfo de un gobierno de Derecho y de un pueblo de Derecho. Los colombianos han acatado y cumplido, como su Presidente, la decisión de la Corte Constitucional, a pesar de que aquella no refleja la desiderata de las amplias mayorías. Con tal ejemplo de disciplina y serenidad, Colombia se distingue así, de manera inequívoca, del aventurerismo político e institucional que avanza, de manera desigual, en otros países del continente latinoamericano. Hay en esto como un ejemplo para todo el mundo, quien ve con estupor cómo el llamado “nuevo constitucionalismo”, engendro antiliberal, trata de dar coherencia al desmonte brutal de la democracia en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

Siete de los nueve magistrados de la CC, tras dos semanas de deliberaciones, declararon inexequible la ley del referendo reeleccionista. Sin cuestionar esa sentencia, pues lo que ésta decidió debe ser y fue, en buena hora, respetado, es necesario decir esto: es innegable que ese fallo, al lado de las necesarias consideraciones jurídicas, porta una dosis de cálculo político. Un veredicto de tal trascendencia no podía estar exento de eso. La primera pregunta es: ¿cuál fue la proporción entre lo uno y lo otro? La segunda es: ¿la construcción del referendo fue ilegal? A pesar del fallo respetable de la CC, la unanimidad frente a esto último es ahora imposible. La Procuraduria General de la Nación, al examinar el trámite de esa ley, distinguió sabiamente entre lo accesorio y lo fundamental, entre lo técnico y lo substancial, y emitió un concepto favorable al referendo. La CC se apartó de ello. Era ese su derecho y su voz es concluyente. Empero, la lectura de la sentencia final y completa de la CC será indispensable y el debate que ella suscitará será legítimo y apasionante. La historia dirá un día si el fallo del 26 de febrero de 2010 fue verdaderamente protector de la sociedad abierta que hemos construido los colombianos.

Lo que cuenta ahora es preservar un legado, una filosofía política, un cuerpo específico de doctrina que le permitió al país, en estos últimos ocho años, preservar las libertades, avanzar considerablemente, por primera vez en muchas décadas, en materia de seguridad, de prosperidad y de paz.

El pueblo uribista sabrá encontrar el candidato presidencial más apto para encarar con éxito los candentes desafíos de la Colombia de hoy. Ese candidato es, en mi opinión, Juan Manuel Santos. El ex ministro de Defensa sabe, verdaderamente, qué son las Farc, cómo proseguir y culminar su desmantelamiento definitivo y cómo desbaratar la telaraña de siniestros apoyos que se activan en el hemisferio. Pues con las Farc en el horizonte, aunque estén debilitadas, Colombia no tendrá paz, ni prosperidad, ni independencia. Con las Farc habrá siempre narcotráfico y bandas armadas, anti Farc y de todo tipo, y violenta propaganda anticolombiana en el exterior. En la corta campaña que se abre, los electores, sin duda, dejarán a un lado a aquellos candidatos que todavía no saben, ni quieren saber, qué son las Farc, qué le han hecho éstas al país, y qué están preparando con sus invitaciones hipócritas a que el poder regrese a la utopía caguanera que hizo de Colombia un país fallido entre 1998 y 2002.

El nuevo presidente deberá culminar el programa de seguridad democrática del presidente Uribe, con los métodos del presidente Uribe, gústele o no a las minorías violentas y al despótico régimen de Caracas. Pero eso no será todo. Deberá revigorizar el cansino aparato diplomático, para lograr unos pactos multilaterales que protejan nuestros intereses económicos, políticos y culturales no sólo a nivel hemisférico sino mundial.

La formidable dinámica creada por los dos gobiernos de Álvaro Uribe no puede ser entrabada. Nuestras libertades y todo lo que nos es precioso, están en juego.

El regreso de la censura en Colombia

Eduardo Mackenzie

Colombian News, París

Febrero 20 de 2010

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó sacar del aire un audiovisual de la campaña del candidato conservador Andrés Felipe Arias, con el argumento de que ese video causaría un “daño” a algunos políticos de la oposición. Ese video denuncia en realidad la nefasta influencia de las Farc y de Hugo Chávez en la campaña electoral colombiana. Ese acto del CNE es una medida liberticida que muestra que los censores están agazapados y dispuestos a ponerle a la sociedad colombiana, al menor descuido, una mordaza. El acto del CNE debe ser denunciado como un atentado contra la libertad de expresión y de información. Lo que pretenden Gustavo Petro y Carlos Gaviria, quienes saludaron la medida del CNE, es quitarle la palabra a quienes están dispuestos a denunciar la subversión armada y sus aliados políticos, tanto los más visibles, como los más disimulados.

Días antes, politiqueros del Polo habían intentado otro tipo de censura: acallar la voz de los hijos del presidente Álvaro Uribe. Según ellos, Tomás y Jerónimo Uribe no podían mostrar sus simpatías por una u otra candidatura. ¡Qué muestra de sectarismo y de miedo ante los hombres libres! Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior, tuvo que intervenir para deshacer la sucia maniobra. Dijo que Tomás y Jerónimo no eran funcionarios públicos y que tal petición equivalía a decretar la “muerte política” de dos ciudadanos. No fue nadie del CNE quien defendió esa tesis. Fue una ex magistrada de esa entidad, Nidia Restrepo, quien dictaminó que no había “ninguna ilegalidad en que los hijos del Presidente respalden candidatos”.

Es evidente que lo sufrido por Andrés Felipe Arias y por los hijos del presidente Uribe hace parte de un mismo esfuerzo: impedir que los partidos mayoritarios se expresen libremente en la campaña electoral. Se trata de una primera maniobra antidemocrática de los sectores minoritarios que piensan que podrán avanzar obligando a los colombianos a escuchar una sola cosa: las versiones de la oposición. Si no se hace nada contra esa tendencia, muy pronto los censores inventarán otros pretextos para silenciar a otros candidatos.

Marco Emilio Hincapié, presidente del CNE, trató de justificar su chocante iniciativa aduciendo que se trataba de “evitar que haya malestar en la actual contienda electoral”. ¿Malestar? ¿En qué país vive ese funcionario? El verdadero peligro contra la paz social no son los candidatos, son quienes asesinan a los candidatos. Las Farc tratan de instaurar un clima de terror en la campaña electoral. ¿No sabe Hincapié lo que las Farc acaban de hacer en el Guaviare? ¿El sangriento atentado contra el candidato conservador José Pérez Restrepo, donde seis personas perdieron la vida, no le preocupa al CNE?

Luego de la marejada de frases asesinas contra el presidente Uribe, del baile escabroso de “testimonios” falsos contra Colombia, como país que no debe ser “premiado” con un tratado de comercio con la Unión Europea, como hicieron en Bruselas los agitadores de la CUT, sin que los señores del CNE hayan creído necesario intervenir, pues para ese instituto nada de esa agitación tiene que ver con las elecciones, el súbito acceso de pudor mediático del doctor Hincapié aparece como algo extravagante y parcializado.

Si fuera cierto que se trata de “evitar que haya malestar en la actual contienda electoral”, Hincapié debería sancionar lo que distribuye en esos momentos, en todo el país, y en el extranjero, sin ninguna justificación, el semanario comunista Voz: “Uribe es el responsable de las acciones criminales del DAS”; “El Ejército asesinó tres campesinos”; “Este gobierno es despreciable y plutocrático”. ¿Tales frases no causan un “daño”, ni crean “malestar” en la campaña electoral? Tales declaraciones afectan y causan obviamente un daño evidente al honor y al buen nombre del presidente de la Republica, del Ejército colombiano y del gobierno en general. El CNE, empero, no toma medidas. Su arbitraje es, en consecuencia, selectivo.

¿Qué diferencia hay entre el clip de Andrés Felipe Arias y la campaña difamatoria de Voz? Arias no inventa nada, no llama a nadie criminal. Lo que dice su clip es lo que los políticos dijeron ellos mismos. Voz, en cambio, vehiculiza mentiras y amalgamas, hace pasar rumores como verdades, etc. Hincapié, sin embargo, se abstiene de criticar la violenta propaganda de Voz. Curiosa manera de ejercer las funciones que le fija la ley y de ser imparcial.

La verdad es que hay una tremenda confusión en el CNE sobre la correcta aplicación de conceptos como “publicidad electoral ofensiva”, “publicidad negativa”, “difamación agresiva” y “prácticas ofensivas”, que ese organismo parece querer utilizar. El CNE no puede ir más lejos de lo que dice el derecho positivo colombiano sobre la injuria, la calumnia, la difamación y la apología del delito. Inventar otros “delitos” como “publicidad ofensiva” o “propaganda radicalizada”, o “improperios o desafueros”, es totalmente ilegal. Si ello se olvida, en las próximas semanas sabremos, por ejemplo, que una foto de Piedad Córdoba con dos jefes de las Farc en Venezuela fue censurada pues constituía una “publicidad negativa”, lo mismo que una foto de Gustavo Petro con su admirado Hugo Chávez. En otros términos: la decisión citada viola, en mi opinión, la ley 130 de 1994, en especial su título VI (artículos 22 a 30), así como la resolución 65 de 1996 y el decreto 2241 de 1986.

Si la operación del CNE pasa bajo silencio, mañana los censores irán más lejos. Con sólo calificar de “propaganda radicalizada y ofensiva”, o de “difamación agresiva”, podrán demoler toda crítica del terrorismo, y los esfuerzos de comunicación de los candidatos y de los partidos que no sean de su gusto. Carlos Gaviria quiere aprovechar este incidente para ilegalizar la candidatura de Andrés Felipe Arias al pedirle al CNE que tome “medidas drásticas”. Así Colombia, quien es uno de los países más libres en materia de libertad de expresión, se desliza hacia la pérdida de una nueva parcela de su democracia.

El paradigma de Piedad Córdoba

Eduardo Mackenzie

Colombian News, París

Febrero 17 de 2010

Piedad Córdoba está en campaña para obtener su reelección: ella ofrece dos militares rehenes, y los restos del mayor Julián Ernesto Guevara, un rehén muerto en cautividad. Ella está en campaña y no pide a las Farc la liberación de todos los rehenes y secuestrados. Sólo tramita la liberación de dos, Pablo Emilio Moncayo y Josué Daniel Calvo, cautivos desde hace 13 años. Ella adopta el esquema que las Farc le han dado: tratar ese problema con cuenta-gotas para mantener la tensión y el dolor de los colombianos. Ella no le exige nada a los secuestradores. Por el contrario, ella promociona a las Farc y, a su vez, las Farc la promocionan a ella. Ella acepta ese papel repugnante. Parece estar orgullosa de ello. Ella se construye como la única artífice de la entrega de rehenes.

Piedad Córdoba nunca pidió la liberación inmediata de todos los secuestrados y rehenes. Ella funge como “mediadora” en las “liberaciones” que las Farc programan, según una siniestra agenda. Hay que recordar como ella frenaba, en la sombra, con Raúl Reyes, en diciembre de 2007, la liberación de Ingrid Betancourt. Su fondo de comercio se agotaría si todos los rehenes fueran liberados. Ella calificó de “fascistas” las manifestaciones de millones de colombianos contra las Farc del 4 de febrero de 2008, las cuales exigieron eso: la liberación inmediata de todos los secuestrados.

Patético es el destino de Piedad Córdoba. Su visibilidad política depende cada vez más de la tragedia de los rehenes. Empero, su reelección como senadora está en entredicho: su propio partido la relegó a una posición humillante en sus listas. Ella relanza, entonces, su discurso sobre “la paz” y la promesa de la liberación de rehenes. Piedad Córdoba existe pues los rehenes de las Farc existen. “Sin mí no hay liberaciones”, es el mensaje extra verbal que le hace llegar todos los días, con la complicidad de cierta prensa, a los colombianos. Un mensaje terrible.

Sin ese crimen detestable, atroz y permanente, que ha destruido y que sigue destruyendo la vida de miles de familias colombianas, la controvertida senadora no podría buscar un lugar bajo el sol.

Sin eso Piedad Córdoba no podría tratar de escapar al cerco de aislamiento y olvido que muchos colombianos, con mucha razón, van a tenderle. Sin la banda de Alfonso Cano y Jojoy la senadora liberal no sabría cómo hacer sus cuentas y quedaría en el limbo. Ella existe pues los secuestrados siguen en manos de sus verdugos, enterrados en alguna selva. Esa es la realidad de ese personaje.

Los colombianos mal haríamos en olvidar lo que Piedad Córdoba dijo al semanario comunista Voz, en octubre de 1998: que su encuentro con Tirofijo, durante la época de la zona del Caguán, había sido el momento más sublime de su vida, y que Jojoy, Romaña y los otros eran hombres “de diálogo”, dotados de sanos “principios” que ella “comparte plenamente”. (Voz, 24-27 de octubre de 1998).

Son criterios que ella no ha abandonado. ¿Qué dijo Piedad Córdoba acerca de la sangrienta emboscada contra el candidato conservador a la gobernación del Guaviare, José Pérez Restrepo, en la que las Farc mataron a seis personas y donde Pérez fue gravemente herido? Nada. ¿Qué ha dicho sobre la nueva directiva de Cano de secuestrar candidatos para forzar el canje humanitario? Nada. La candidata de “la paz” no ha repudiado nada de eso.

Eso lo deben recordar sobre todos aquellos que piensan votar en marzo por el Partido Liberal, formación que no repudió las declaraciones de 1998, ni expulsó a la autora de las mismas, como un verdadero partido liberal habría hecho.

Piedad está pues en campaña. Dice que un “protocolo” de entrega ya existe. Que todo está listo. Ella pone, sin embargo, condiciones: que no haya sobrevuelos militares, que el helicóptero de apoyo sea brasileño. Y da permisos: la Cruz Roja internacional y la Iglesia Católica podrán intervenir. No ha dicho si está exigiendo también, como la vez pasada, que tal individuo filme la operación, que otro dialogue con un matón de las Farc, que otro entreviste a los cautivos bajo los fusiles de las Farc, antes de ser liberados, como hizo Hollman Morris, vergüenza del periodismo, en febrero de 2009. Los cuatro rehenes de ese día estaban amenazados de muerte si no decían lo que las Farc querían que dijeran. Morris fue cómplice de eso y trató, después, de vender esas imágenes a Aljazzira, lo que esa agencia repudió.

Esa es la campaña: los rehenes al servicio de la visibilidad de las Farc. La Córdoba podría tener un cronograma para prolongar ese efecto. En marzo, otra propuesta de liberación de rehenes, y otra antes de la elección presidencial, para acusar de todo al candidato Álvaro Uribe, o al candidato del uribismo. Todo eso debe estar ya preparado, con sus amigos del Polo, de Colombianos por la paz, y con los topos de las Farc.

La actividad de esa senadora no es humanitaria. Es lo opuesto de eso. Ella explota el dolor humano para forjarse un destino político al lado de la peor banda criminal de la historia de Colombia. Su sistema apunta a la abolición completa de la libertad humana.