Criminales y mentirosos

Jorge Arango Mejía

El Mundo, Medellín

Enero 30 de 2010

En todas partes se habla, con razón, de la postración de la justicia. No son pocos los males que la aquejan. Veamos.

En los últimos años hemos padecido la peste de los magistrados y jueces parlanchines. Sin freno ni medida hablan de los procesos que llevan, defienden sus providencias y atacan a quienes discrepan de ellas. Convierten la noble labor de administrar justicia, en un espectáculo circense.

Olvidan que las providencias judiciales, para serlo, tienen que ser completas, incorporar su motivación: no es necesario agregarles ni quitarles nada. Recuerdo el caso de un magistrado que actuaba como ponente en un proceso de tutela relacionado con la conducta de un estudiante. Redactado su proyecto, pero sin haber sido aprobado por la sala respectiva, lanzó un comunicado de prensa en que informaba sobre la resolución, como si ésta ya hubiera sido adoptada. Cuando uno de los integrantes de la Sala manifestó que no compartía la solución, esgrimió el argumento de que ya su comunicado había circulado, que, como es lógico, le fue rechazado. Después de debatir el asunto, la sala llegó a la decisión contraria a la que él había propuesto.

En síntesis, esto de los magistrados charlatanes es una deformación de un oficio, una verdadera vergüenza. Nadie se imagina a Darío Echandía, José J. Gómez R. o César Gómez Estrada, como propagandistas de las providencias que adoptaban como jueces.

De otra parte, ahora se ha vuelto costumbre aceptar el dicho de los peores criminales como la verdad revelada. Veinte años después de haberse cometido un crimen, el “señor” ‘Popeye’ acusa a Alberto Santofimio Botero de haberlo ordenado. Y con base en esa calumnia infame, reforzada por el dicho de otro criminal convicto, se priva de la libertad a un hombre inocente. Y lo que es más lamentable: la familia de Luis Carlos Galán, cree o finge creer la mentira y la aprovecha para sus fines politiqueros, para pescar votos. Por fortuna el Tribunal Superior de Bogotá ha enmendado el error ostensible en que incurrió el juez, y la víctima de la injusticia ha recobrado la libertad.

En estos días, ‘Rasguño’ ha inventado una historieta sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, a todas luces inverosímil. Decir que el presidente Samper y su ministro Horacio Serpa ordenaron ese asesinato, es una monstruosidad, no cabe en la cabeza de ninguna persona sensata.

Llama la atención que aquellos a quienes el delincuente menciona como participantes en el delito, estén muertos, es decir, no podrán desmentirlo. Hay que recordar, además, que según una de las versiones que había en ese entonces, la negativa de Gómez a acompañar a los que tramaban el golpe, aliados con las Farc y hasta con el diablo, había determinado su muerte, como venganza de aquellos.

En síntesis, nadie que se respete puede hacerse eco de esta infamia atroz. Samper y Serpa son dos colombianos ilustres, que le han servido a la república y cuya vida no la mancha una mentira perversa de un criminal.

Pero, como era de esperarse, algunos seudo periodistas que cultivan sus odios con esmero y tienen la calumnia como su mejor arma, han celebrado la publicación de la noticia. No hay para que nombrarlos porque todo el mundo los conoce.

Es hora de poner freno a las mentiras de los criminales que aspiran a convertirse en acusadores para obtener beneficios de cualquier clase, notoriedad o dinero.

También hay que acabar con el cuento de los magnicidios de lesa humanidad, imprescriptibles.

No hay razón para aplicar normas penales retroactivamente. Todo esto no es sino el manto para tratar de cubrir la ineptitud de fiscales y jueces, y su pereza, causas de la lentitud en el trámite de los procesos. Y sigue siendo válido lo que comenté en esta columna, al respecto: con la misma lógica torcida ¿por qué no reabrir las investigaciones por los asesinatos de Gaitán y Uribe Uribe?

¿Pesimismo? ¡No! Realismo

Jorge Arango Mejía

El Mundo, Medellín

Octubre 10 de 2009

Como si no fuera con ella, la gente vio pasar las consultas sin interesarse en ellas. El porcentaje de quienes participaron estuvo lejos del diez. ¿Qué demostró esta aburrida jornada? Muchas cosas, entre ellas éstas.

La primera, que no hay una oposición fuerte.

¿Por qué? Porque el pueblo, tradicionalmente resignado, no encuentra motivos para desear el cambio de gobierno. Si los hubiera y existiera un sentimiento generalizado, la votación habría sido copiosa. Las grandes razones para el descontento, la pobreza y la desigualdad, han sido una realidad constante, cuya agravación apenas es percibida y no causa reacción.

La segunda, que la mayoría entiende que la tarea que el presidente Uribe emprendió -acabar con las asociaciones criminales de las Farc y el ELN- no ha terminado, que es necesario acabarla. A cada momento estos delincuentes recuerdan que ahí están, asesinando, secuestrando, extorsionando, y que al menor descuido recobrarán la fuerza que tenían anteriormente, particularmente en los tiempos de la tragicomedia del Caguán. Por eso el ciudadano común y corriente sigue esperando la noticia de la muerte del Mono Jojoy o de cualquier otro de estos empresarios del delito.

No hay que engañarse: la mayor urgencia que tiene Colombia es el pleno restablecimiento del imperio de la ley en todo el territorio nacional, que no se conseguirá sino cuando el Estado sea el único depositario de la fuerza.

Esa es la primera condición de una paz que permita avanzar hacia la igualdad.

La tercera enseñanza es ésta: ninguno de los precandidatos atrajo la atención popular, ni por sus ideas –que prácticamente no se conocieron- ni por su trayectoria. Ninguna de las campañas podría calificarse como la “aventura del espíritu” a que se refiriera Carlos Lleras al aceptar su candidatura en 1965.

Algo ha quedado claro: el presidente Uribe será reelegido. A pesar de su natural desgaste, de la corrupción creciente, de los escándalos frecuentes, el proceso que culminará con su tercera elección consecutiva, está en marcha y nada lo detendrá. Esto no es pesimismo sino realismo: los hechos son tozudos.

¿Piensa alguien, con sus cinco sentidos, que la colcha de retazos formada por los grupos opositores pueda convertirse en un movimiento coherente y avasallador? ¿Cómo conciliar los propósitos de Pardo, con los de Petro, Germán Vargas, Sergio Fajardo, Antanas Mockus, y quienes acompañaban a Carlos Gaviria?

El ministro Valencia, experto en las malas artes de la politiquería y sin escrúpulos, ha presentado nuevamente el proyecto que permitirá la reelección de alcaldes y gobernadores por dos períodos consecutivos. Es la manera de convertir más de un millar de empleados que tienen poder, en promotores del referendo. Ninguno de ellos será tan tonto o tan ingenuo como para oponerse a esa reforma que le permitirá disfrutar los placeres del mando por doce años, en total.

Hay que lamentar, especialmente, la derrota de Carlos Gaviria, una persona respetable, con ideas propias y con una hoja de vida sin la menor tacha. Era el más auténtico de los liberales que estaban en la contienda. Siempre he pensado que su temperamento y su carácter no eran compatibles con el ejercicio de la política, que no es un juego limpio, la mayoría de las veces. Tal vez por eso, su imagen se distorsionó hasta el punto de que él, pacifista por naturaleza y contrario a todas las formas de violencia, aparecía como alguien simpatizante de grupos delictivos o, al menos, que no los condenaba, en tanto que su adversario, antiguo guerrillero, asumía el papel de defensor de la convivencia. Marginado él de la campaña, muchos liberales nos quedamos sin candidato y sin la posibilidad de reemplazarlo. No me cabe la menor duda de que los resultados del domingo 27 marcan el comienzo del fin del Polo. Sumados a la mala gestión del alcalde de Bogotá, desencantarán a los que un día lo vieron como un camino hacia el mejoramiento de nuestra incipiente democracia.

No hubo funeral sino nacimiento

Por Jorge Arango Mejía

El Mundo, Medellìn

Septiembre 12 de 2009

Como estaba previsto, las invitaciones al entierro del proyecto de ley que convoca el referendo para reformar la Constitución y hacer posible la segunda reelección del presidente Uribe, se quedaron impresas porque no hubo funeral sino nacimiento en medio del júbilo de los amigos del gobierno. Ahora han salido otros constitucionalistas de nuevo cuño a predecir que la Corte Constitucional declarará inexequible la ley. Como lo he dicho, no comparto esa opinión: sostengo que declarará su conformidad con la Constitución, a menos que salgan a la luz hechos hasta hoy completamente desconocidos. Veamos.

Como lo he repetido, y como lo ha definido la Corte en varias oportunidades, el Congreso sí podía modificar el texto del proyecto, sin cambiar su sustancia. Lo que hizo, innecesariamente, fue una aclaración. Siempre fue evidente que quienes firmaron querían manifestar su aspiración a que el presidente siguiera en su cargo, que no se retirara al terminar el segundo mandato. Pero un inexplicable temor de los promotores de la iniciativa, los llevó a pensar que la Corte podría desconocer la realidad y fallar en el sentido de que solamente podría ser candidato en 2014.

De otra parte, nada impide que el trámite en la Corte se acelere. El procurador puede emitir su concepto en pocos días, porque nada lo obliga a tomarse todo el término. Y el sustanciador puede presentar su ponencia también con anticipación.

Con todo respeto por las opiniones contrarias, pienso que esto sería lo que debería hacerse, para disipar las dudas que entorpecen la campaña, que no permiten que comience en serio.

Por ejemplo, no es políticamente aceptable la conducta de los que dicen que serán candidatos solamente si Uribe no lo es. No, si alguien aspira a gobernar a Colombia, hay que presumir que tiene un programa propio para someterlo al examen de los ciudadanos. Y que es autónomo, que no depende de lo que otro diga o haga.

Tampoco hay que esperar que la investigación ilícita, contraria al artículo 185 de la Constitución, que adelanta la Corte Suprema de Justicia en virtud de la denuncia presentada por un representante a la Cámara contra 86 colegas suyos, prospere. Tarde o temprano la Corte Constitucional ratificará la inviolabilidad parlamentaria, elemento esencial del régimen democrático. Ese proceso absurdo está, por fortuna, condenado al fracaso.

Se ha empezado a hablar de la modificación del censo electoral. Por necesaria que sea, ésta sería inoportuna, contraria a la limpieza de la controversia política. Además, es inaceptable tomar como base el número de quienes votaron en las últimas elecciones y sumarle el de las nuevas cédulas expedidas desde entonces. ¿Por qué eliminar a quienes se abstuvieron? ¿Por qué el no haber votado los privaría, en la práctica, de la ciudadanía? Conseguir que en el referendo participen más de siete millones de electores, no es tarea imposible, sobre todo si se tiene en cuenta que gobernadores y alcaldes serán jefes de debate.

Todo este episodio no favorece los intereses de la nación. Hemos retrocedido porque con el pretexto de recurrir al “constituyente primario” se ha vuelto una costumbre mala y perjudicial reformar la Constitución para satisfacer las ambiciones o los caprichos del gobernante. Es cierto que en l957, para restablecer el Estado de Derecho que había desaparecido durante las dictaduras, se dio al pueblo la oportunidad de reformar la Constitución. Pero Alberto Lleras y los demás inspiradores de esas normas, tuvieron cuidado al disponer que en adelante las reformas solamente se harían en la forma prevista en el artículo 218, vale decir, por el Congreso. Así se impedía la manipulación del pueblo, maleable por naturaleza. Lamentablemente, los reformadores de 1991 no aprendieron esa sabia lección.

La comedia interminable

Por Jorge Arango Mejía

El Mundo, Medellín

Agosto 29 de 2009

Como si los fiscales no tuvieran trabajo, como si los procesos penales no anduvieran a paso de tortuga, como si los delincuentes no gozaran de la impunidad generalizada, ha resuelto el Fiscal General dedicarse a investigar la muerte de Luis Carlos Galán. Para ello ha recurrido a diversas maniobras.

La primera, echar mano de una insólita teoría que ya había esbozado su antecesor: que fue un crimen de lesa humanidad, un genocidio, por lo cual la acción penal jamás prescribirá. Esto no resiste un análisis serio, como se verá.

Lemkin, un judío polaco, creó la palabra en 1944. Él se refería a matanzas por motivos raciales, nacionales o religiosos. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió el crimen de genocidio como “una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros”, entre ellos los “raciales, religiosos o políticos.” El Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, en su artículo 6 lo define así:

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

El genocidio supone el propósito de destruir total o parcialmente a un “grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.” Nada de esto aconteció en este caso. Ni siquiera es posible probar que la muerte de Rodrigo Lara, ocurrida más de cinco años antes, tuviera relación con la de Galán.

Y tan cierta es la inexistencia de la intención de aniquilar el Nuevo Liberalismo, que, sólo unos meses después de morir Galán, sus seguidores eligieron Presidente de la república a César Gaviria. ¿Se habría dado ese resultado si hubiera una persecución desatada?

Con la misma lógica contrahecha debería reabrirse la investigación por el crimen de Gaitán, respecto al cual sí era evidente que se perseguía destruir el partido Liberal.

De otra parte, ¿quién ha dicho que las normas penales pueden aplicarse retroactivamente? ¿Cómo juzgar de conformidad con el Estatuto de Roma de 1998 y el Código Penal que entró en vigencia en 2001, hechos sucedidos en 1989 y 1984? ¿Han olvidado estos “juristas” que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, según lo dispone el artículo 29 de la Constitución?

El encarcelamiento del general Maza Márquez no es sino otra injusticia que se suma a las que el país conoce y de las cuales han sido víctimas el señor Alberto Hubiz Hazbun y el doctor Alberto Santofimio Botero. Y no le queda bien al ex presidente Gaviria acusar a Maza 20 años después, mostrando una flaca memoria o falta del valor que se requiere para denunciar a quienes quebrantan la ley. En relación con Santofimio su conducta es inexplicable, como lo muestran estos hechos.

Ante el fiscal, Gaviria manifestó que nada le constaba personalmente sobre la participación de Santofimio en la muerte de Galán, pero que éste, días antes de morir, le había comentado que tenía la sospecha de que algunos políticos estaban confabulados con quienes querían matarlo. Sin embargo, el 17 de diciembre de 1993 le envió a Santofimio una carta de felicitación por su elección como presidente de la Comisión Primera del Senado, en la cual le manifestaba “la confianza que inspira al Presidente de la República el tener en la Presidencia de la Comisión I del Senado a un compatriota de tus condiciones personales y profesionales.” ¿Le inspiraría confianza a usted alguien sospechoso de asesinato? ¿Cuándo creerle al señor Gaviria: cuando felicita o cuando condena?.

Dedíquense jueces, fiscales y policías a perseguir a los verdaderos delincuentes que se pasean como amos y señores por las ciudades, y hagan a un lado actuaciones teatrales. Ya es tiempo de terminar esta comedia que en la medida en que se repite se torna más aburrida.

Errores injustificables

Por Jorge Arango Mejía

El Mundo, Medellín

Junio 20 de 2009

Hay quienes piensan que en la controversia política todo se vale, que se puede echar mano de cualquier arma para combatir al adversario. Ésta es una creencia errónea. En una democracia existen unas reglas que limitan y encauzan los debates. La primera de ellas es el respeto a la Constitución.

Uno de las instituciones fundamentales del sistema representativo es la inviolabilidad parlamentaria, que tiene cuatro características: es una irresponsabilidad jurídica, es perpetua, es absoluta y es exclusiva. La irresponsabilidad es jurídica, y solamente jurídica, porque los congresistas incurren en responsabilidad política que el pueblo determina. Es perpetua porque el congresista no esta sujeto a investigación o juicio por sus votos en el ejercicio del cargo, aun después de terminado su mandato. Es absoluta porque no admite excepciones y se extiende a todas las materias: civiles, penales, administrativas. Y es exclusiva porque ampara solamente los actos de parlamentarios en ejercicio de sus funciones. El maestro Leon Duguit afirma que “todo tribunal ante el cual se ejercitare una acción pública o civil, dirigida contra un diputado o senador con motivo de actos realizados por él en ejercicio de sus funciones, debe declararse incompetente, incluso de oficio y en cualquier estado de la causa o en cualquier momento de la instancia.”

La Constitución la consagra en el artículo 185, según el cual “Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en ejercicio de su cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo.” La Corte Constitucional, en la sentencia SU-047 de 1999, al revisar la acción de tutela propuesta por la senadora Vivianne Morales contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aplicó esta norma y ordenó archivar la investigación ilícita que se adelantaba contra 109 congresistas. Después, en la sentencia SU-062 de 2001, al decidir la revisión de la tutela demandada por el representante Pablo Ardila Sierra contra la misma sala, ratificó su jurisprudencia y ordenó terminar inmediatamente otra investigación ilícita que se adelantaba contra él.

Lo anterior viene a cuento porque un representante a la Cámara ha denunciado a los congresistas por sus votos y opiniones al aprobar el proyecto de ley sobre el referendo que permitiría la segunda reelección del presidente Uribe. Su error es injustificable, porque su condición le impone conocer la Constitución, acatarla y ceñir a ella su conducta. No puede alegar una supuesta buena fe, pues no obra conforme a ella quien desconoce el texto de la ley, quien la quebranta ostensiblemente. Que un congresista denuncie a sus colegas por sus votos y opiniones, implica que él, como el payaso, es el que menos cree en las pruebas.

Peor todavía es la actuación de la Sala Penal de la Corte al abrir investigación contra los congresistas indebidamente denunciados. Ha debido declararse incompetente. Al no hacerlo ha demostrado que, como se decía de los Borbones, ni aprende ni olvida. La Corte está obligada a enmendar esta equivocación porque de lo contrario no tendría excusa el quebranto de la Constitución en que ha incurrido. Sería increíble que diez años después se repitiera un capítulo de la historia que jamás ha debido escribirse. En asuntos de tanta importancia no hay derecho a equivocarse y por eso no hay pretexto que valga.