La encrucijada conservadora

Mario López

El Tiempo, Bogotá

Marzo 11 de 2010

A pocos días de la realización de la consulta interna del Partido Conservador, conviene visualizar cuál será el destino de esta colectividad partidista, que bajo la sombra del gobierno de Uribe cogobernó, disfrutó de la burocracia oficial y mantuvo la hegemonía política sobre el Partido Liberal con excepción de su ala uribista. El futuro del conservatismo, ahora que salta al debate electoral sin la tutela del uribismo, estará condicionado a nuevos hechos y protagonistas que han revivido su espíritu de partido con posibilidades de opción de poder. En primer lugar, antes de definirse si Uribe podría ser candidato presidencial, estaba proyectada una convención del partido después de su consulta interna para determinar un posible apoyo a Uribe como candidato, o por el contrario, la colectividad marcharía en forma independiente hacia la contienda presidencial. Ahora, cuando se conoció el fracaso del referendo reeleccionista, despiertan inusitado interés los resultados electorales de la consulta interna y la situación en la cual quedaría la convención del partido que le daría un giro radical al destino de la colectividad.

La presencia en el escenario político conservador de Noemí Sanín, Andrés Felipe Arias, José Galat, Álvaro Leiva y Marta Lucía Ramírez, seguramente convocará muchos más electores a la consulta del partido, a lo cual se agrega que las elecciones para el Congreso aumentarían el caudal electoral del partido. La inquietud que surge es la de quién será el ganador de la consulta, por cuanto según la última encuesta arroja un empate técnico entre Andrés Felipe Arias y Noemí Sanín, pero lo que debe tenerse en cuenta es que la ex embajadora viene de menos a más aumentando su favorabilidad, frente a la posición estática del ex ministro de Agricultura, lo cual deja entrever que muy posiblemente los antiguos partidarios de Noemí podrían definir a su favor la consulta interna del partido. A lo anterior, se adiciona que la nefasta política agraria de Agro Ingreso Seguro (AIS) podría, por ahora, constituir el declive político de Arias. Lo que debe darse por descontado, según los estatutos de la colectividad, es que quien gane la consulta debe recibir el apoyo incondicional de los demás candidatos en función de la unión y el éxito electoral.

La encrucijada en que se debate el conservatismo es si el resultado de la consulta lo podría proyectar hacia la posibilidad de una segunda vuelta presidencial. A este respecto, podría recurrirse a los antecedentes de las dos administraciones del presidente Uribe, donde de la mano del Gobierno el conservatismo siempre fue la segunda fuerza electoral en las consultas después del partido de 'la U', dejando a su paso al liberalismo oficialista, a Cambio Radical y al Polo Democrático.

A lo anterior se suma que al parecer el fervor del partido estaría creciendo, habida consideración de dos hechos: la ausencia de Uribe como candidato y los destacados precandidatos que participarán y enriquecerán la contienda electoral del próximo domingo. En síntesis, después de varios años de un conservatismo plegado a las directrices y prebendas del gobernante de turno, el partido se presentará a una consulta interna con posibilidades de éxito, y a partir de la cual la lucha electoral por la Presidencia de la República será una de las más agitadas e intensas, tanto por la brevedad del tiempo como por los actores que actuarán libres de la incertidumbre que se creó por el fantasma de la reelección.

El fuero militar

Mario López

El Tiempo, Bogotá

Enero 21 de 2010

Como bien lo conoció la opinión pública, el Consejo de Estado acaba de admitir la demanda de nulidad por la presunta inconstitucionalidad del Acto Administrativo del 14 de junio del 2006, mediante el cual acordaron el Ministro de Defensa y la Fiscalía General de la Nación de la época que las investigaciones contra los uniformados que hayan participado en operaciones militares donde se registren muertes en combate, antes de que las conozca la Justicia Penal Militar deben ser asumidas por la justicia ordinaria, en cabeza de la Fiscalía, aboliendo de hecho el fuero militar. Lo importante de esta situación jurídica es la Suspensión Provisional del acto administrativo decretada por el Alto Tribunal, mientras se surte el proceso bajo su estudio, que culminará con el respectivo fallo. En relación con esto, cuando se produce la suspensión provisional (artículo 152 del Código Contencioso Administrativo) es porque la autoridad administrativa encontró una manifiesta violación de la ley por parte de quienes firmaron el acuerdo o acto administrativo y, en efecto, las posibilidades de un fallo de nulidad son más próximas.

La infracción de la Ley consistió en que el acuerdo transgrede el artículo 221 de la Constitución Política, que textualmente señala: "De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar...". Lo grave de la admisión de la demanda y la suspensión del acto administrativo son las consecuencias transitorias de orden jurídico, político y socioeconómico que surgirían de esta situación, conforme a la siguientes razones: las investigaciones penales que estaba adelantando la Fiscalía contra uniformados, por la presunta comisión de delitos y violación de derechos humanos en operaciones de orden público, deben ser trasladadas a los jueces militares mientras se produzca el fallo definitivo del Consejo de Estado. Por experiencia, esta clase de fallos tomarían un largo tiempo en producirse; en la misma circunstancia quedan las investigaciones por los falsos positivos, que tanto han empañado la imagen del Estado en los conciertos nacional e internacional.

De otra parte, en relación con el inexplicable retardo de la justicia ordinaria (Fiscalía) en la solución de la situación jurídica de los uniformados implicados en los casos de falsos positivos, que dio lugar a la libertad de los procesados por vencimientos de términos, estos conservarían este privilegio jurídico, mientras el Consejo de Estado produzca su fallo y el Consejo Superior de la Judicatura defina la competencia sobre cual debe ser el juez natural que investigue a los miembros de la Fuerza Pública por la comisión de delitos como consecuencia de las operaciones de orden público. Ahora, de rescatarse el fuero militar, no se descartan demandas indemnizatorias hacia el futuro por parte de aquellos uniformados que sienten vulnerado su derecho al debido proceso por no haber sido juzgados por el juez natural, para cuyos casos esa competencia debería corresponderle a un juez militar. De todo lo anterior se deduce que, de ser nulo el acuerdo, les cabría gran responsabilidad a quienes lo suscribieron, y se confirma la ausencia de asesoría jurídica en los altos funcionarios del Estado encargados de las delicadas decisiones jurídicas y políticas en bien de la sociedad.

Diagnóstico del liberalismo

Mario López Castaño

El Tiempo, Bogotá

Enero 2 de 2010

En proximidades de las elecciones para cuerpos colegiados y Presidente de la República, el liberalismo, en sus distintas vertientes ideológicas, como son la oficialista y de oposición al Gobierno; Cambio Radical, uribista pero anti reeleccionista, y la uribista, afecta en su gran mayoría a la reelección, acusa tal vez insalvables dificultades en función de su unión, con proyección a un mejor posicionamiento electoral y, desde luego, como opción de poder. A esta aguda crisis del liberalismo contribuyeron en buena parte, en primer lugar, la disidencia liberal de Uribe para acceder inicialmente al poder; en segundo término, su primera reelección y, finalmente, su indefinición hacia su tercera administración. Es de anotar que ninguna de las tres fracciones del liberalismo sale bien librada de su profunda división.

El liberalismo oficialista quedó huérfano de liderazgo ante la renuncia sorpresiva e inoportuna de su presidente, César Gaviria, en momentos cruciales de la política partidista con miras a los próximos debates electorales. Así las cosas, el oficialismo liberal parte hacia la contienda electoral con un presidente de bajo perfil de liderazgo, y prueba de ello la constituyen sus vacilaciones en el tratamiento que ha sostenido con los líderes de Cambio Radical y del Polo Democrático para eventuales uniones dirigidas a enfrentar al candidato de la coalición de gobierno. Es de destacar que el bajísimo porcentaje del 7 por ciento que alcanzó la izquierda en la encuesta sobre preferencias de ideologías políticas, y que afectó al Polo, desestímulo los futuros consensos con esta corriente política. Como consecuencia de lo anterior, la colectividad de Pardo no logró ningún acuerdo y correrá sola hacia la disputa presidencial.

En lo que respecta a Cambio Radical, si bien su líder, Germán Vargas Lleras, no sale favorecido en la reciente encuesta electoral, su firme decisión de no pactar acuerdo alguno con movimientos políticos de izquierda, de darle continuidad a la seguridad democrática y apoyar sin restricciones el acuerdo con los Estados Unidos sobre el empleo de bases militares colombianas, posiblemente le deparará buenos dividendos electorales por parte de los seguidores del actual gobierno. De otra parte, el ala uribista del liberalismo, bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos, se aproxima a un acuerdo con Cambio Radical, del cual se excluye la reelección, pero apuntando a las mayorías parlamentarias que legislarán en favor del pueblo.

De todo lo anterior se desprende que, en el marco del análisis sobre el futuro del liberalismo, visiblemente fragmentado, el sector oficialista y de oposición muestra una tendencia a su progresivo aislamiento como colectividad política partidista, a menos que busque una fusión con las otras alternativas liberales. Otra responsabilidad de la debacle liberal se le atribuye a la ausencia actual de verdaderos líderes que hayan antepuesto sus intereses burocráticos y personales a los del partido, en procura de su mejor destino. Queda, entonces, diagnosticada la situación actual del Partido Liberal, con pocas posibilidades de resurgimiento, por el momento, como ese gran partido tradicional de las mayorías colombianas, que ha hecho historia en las exitosas administraciones del Estado.

¿Policía, a Mininterior?

Mario López Castaño

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 9 de 2009

La opinión pública fue sorprendida recientemente con ese nuevo intento o escaramuza en el sentido de que la fuerza policial sea adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia o, en su defecto, crear otro tipo de ministerio para el control de ese mismo cuerpo armado. Resulta por ahora inconveniente, por no decir descabellado, que en pleno auge de la seguridad brindada al país por el esfuerzo mancomunado de las fuerzas armadas, bajo el control del Ministerio de Defensa, se pretenda sustraer a la Policía de un ministerio que le ha imprimido disciplina, apoyo logístico y administrativo, y sin el cual la Policía posiblemente no tendría el alto índice de crecimiento e imagen nacional e internacional.

Como bien se conoce, por Decreto Ley 2335 de 1971 (artículo 27), el Ministro de Defensa Nacional ejerce, por intermedio del Director General, las funciones de dirección, organización, administración, inspección y vigilancia de la Policía Nacional. Pese a que la naturaleza jurídica de este cuerpo es de carácter civil y no militar, integra las Fuerzas Armadas de la Nación o Fuerza Pública.

Pretender desligar del Ministerio de Defensa a la Policía para adscribirla al ministerio de la política, con el único argumento de ser un ente civil, es correr riesgos innecesarios en la actual y difícil coyuntura interna, como el ocurrido durante la violencia política pasada, cuando la policía, dividida y presa de la política partidista, de su indisciplina y corrupción, tuvo activa participación en esa tragedia nacional con el mote de policía chulavita (conservadora) y policía cachiporra (liberal). Al contrario de aquella época aciaga para la Policía Nacional, hoy, bajo el control jerárquico del Ministerio de Defensa, actúa de la mano de las tres fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) en la lucha contra las diferentes expresiones de violencia, y por ello no es de extrañar que extienda su accionar, no solo en el área urbana, sino en la rural con visibles éxitos operacionales. Otro de los reveses que surgiría del cambio de dirección es el de la dualidad de controles operacionales por parte de dos ministerios, lo cual dificultaría la acción del Presidente de turno como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Mientras subsista la difícil situación de desorden público interno y los problemas con los países vecinos, especialmente con Venezuela, es inexplicable que siempre desde la burocracia de la cartera política salga la inoportuna idea de cambiarle el control a la Policía, la cual viene coadyuvando definitivamente a sortear la situación interna y externa del Estado. A este respecto, hace mas de dos décadas, desde el Ministerio de Gobierno de la época, surgió la iniciativa de que se le adscribiera el control de la Policía a dicha cartera, lo cual produjo el inmediato rechazo de los generales activos y retirados de esa institución, quienes argumentaron que, bajo la sombra del Ministerio de Defensa, la institución armada había encontrado el norte hacia el progreso y la verdadera profesionalización. Por otra parte, las reacciones políticas a la reciente idea de pasar el control de la Policía al Ministerio del Interior fueron coincidentes en que no es conveniente dicho cambio en las actuales circunstancias de orden público.

Queda, entonces, esperar, que la ambición de poder del Ministro del Interior del momento al querer asumir el liderazgo de la Policía Nacional ceda a las necesidades de seguridad del Estado, por cuanto solo en las democracias más desarrolladas, libres del apremio de la violencia, se justificaría el control de aquella por parte de las carteras políticas.

El muro y el silencio de Cuba

Mario López

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 20 de 2009

Los líderes autoritarios actúan en función del poder y no por sus convicciones políticas, situación que se evidencia con más frecuencia en los regímenes comunistas o totalitarios, donde los partidos únicos detentan el poder para perpetuar a sus líderes y cuya gestión es buscar la igualdad en la repartición de la miseria. A este respecto, le asiste razón a Juanita Castro cuando, en su libro 'Fidel y Raúl, mis hermanos', denuncia que el cambio radical de Fidel al comunismo no fue por convicciones políticas sino simplemente por ambición del poder, y esta misma actitud la ha asumido el peligroso e inescrupuloso Hugo Chávez, quien, siguiendo las instrucciones de su maestro Fidel utiliza el PSUV (Partido Socialista Único Venezolano) para eternizarse en el mando de la nación venezolana. Se confirma así la estrategia maquiavélica de condicionar la ideología política a los fines para alcanzar el poder.

Así, no es de extrañar el silencio del régimen cubano frente a la reciente celebración universal de la caída del muro de Berlín en 1989, que puso fin a la guerra fría y al comunismo como sistema opresor de todas las libertades de los pueblos bajo su órbita; solo hoy justifican el comunismo quienes acceden al mismo como un medio para lograr el poder con fines absolutistas. En torno a la efemérides del derrumbamiento del muro y de la Cortina de Hierro, los medios de comunicación oficiales de Cuba guardaron silencio y solo dieron cuenta del recuerdo de la Revolución Bolchevique de 1917, con la cual se dio apertura a la nefasta ideología comunista. De otra parte, la desaparición de la Unión Soviética a causa de la 'perestroika' (apertura) y el 'glasnost' (transparencia) -de autoría de Mijaíl Gorbachov-, único sostén económico del régimen cubano, colocó a la isla en graves dificultades de supervivencia y, no obstante ello, los hermanos Castro prefieren mantener su régimen de oprobio y cercenador de libertades al levantamiento del embargo económico de los Estados Unidos. Así, pues, que la terquedad y el temor del liderazgo cubano de perder el poder han hecho de la población isleña un escenario de pobreza y miseria.
La prepotencia y el narcisismo de Fidel Castro, a los cuales han contribuido las visitas de adulación de no pocos líderes políticos, especialmente de Latinoamérica, le siguen haciendo daño al pueblo cubano. Es inaudito que en momentos en que la alta tecnología de las comunicaciones es clave para la interacción y desarrollo de los pueblos, los hermanos Castro mantengan aislado a su pueblo de Internet y otros medios de comunicación, para neutralizar cualquier intento de reivindicación social de sus gobernados.

El reciente atropello de que fue víctima la periodista cubana Yoani Sánchez, licenciada en filología, cuando intentaba salir de su país para recibir el reconocimiento internacional por su lucha ideológica en contra del régimen, indica claramente que el liderazgo cubano no permitirá ceder el espacio político que en forma insistente Estados Unidos y la Unión Europea le piden a cambio del desembargo y la ayuda económica que tanto requiere la sociedad cubana.

El futuro del Polo

Mario López Castaño

El Tiempo, Bogotá

Octubre 5 de 2009

En columna anterior se ha señalado que la división ideológica en el interior de una colectividad partidista la conduce al fracaso como proyecto político y, desde luego, como opción de poder. A este respecto, es justamente lo que ocurre en el Polo Democrático Alternativo, donde, a diferencia de los otros partidos, existen dos marcadas vertientes ideológicas: la izquierda radical y la izquierda moderada, causantes del fracaso electoral de su pasada consulta interna, y lo que es más grave, de la derrota y marginación política de su máximo dirigente y mal perdedor, Carlos Gaviria. Pareciera entonces que en términos de exageración, la expresión "Alternativo" correspondiera a dos variables en su ideología y no a una opción distinta a la de los dos partidos tradicionales. El enfrentamiento ideológico en el seno del Polo hizo metástasis al dividirse la opinión del Polo en dos proyecciones presidenciales. De un lado, quienes aspiran, con candidato propio, a la elección hasta que culmine la primera vuelta; y. por el otro, aquellos que propugnan, desde ya, por las alianzas para enfrentar a Uribe como candidato reeleccionista.

El reñido resultado de la consulta, en la cual fueron protagonistas Petro y Gaviria, como líderes de las dos tendencias ideológicas y proyecciones presidenciales, es fiel reflejo del profundo y tal vez irreconciliable enfrentamiento que se registra en el Polo. Ahora, es coincidente que a la crítica reiterada sobre la actitud pasiva de Carlos Gaviria frente al presidente Chávez y a las Farc, este grupo armado, a través de Noticias Anncol, haya calificado el triunfo del senador Petro como una manifestación derechista en favor del gobierno de Uribe.

En el entretanto de la polarización y disputa por el poder en el Polo surge quizás el más grave problema de dirimir, como lo es la elección del presidente de la colectividad. La lógica política indica que quien sea el candidato presidencial debe asumir la jefatura del partido, en función del control y la unión hacia un mismo propósito; pero ello no ocurre así, puesto que los líderes más caracterizados del ala radical del Polo, Dussán, actual presidente hasta el 15 de octubre; Robledo y los hermanos Samuel e Iván Moreno rechazan de plano una eventual presidencia de Gustavo Petro, bajo el argumento de que los estatutos del partido no dicen nada al respecto; por lo pronto, el Comité directivo del Polo se limitó a darle a Petro una fría felicitación por su triunfo en la consulta. De esta actitud se desprende la gravedad de una polarización.

Para buscarle una salida a la crisis de la presidencia del Polo fue nombrada una comisión de compromisarios con un perentorio plazo para que resuelvan o propongan lo pertinente, además de las reglas y estrategias para la campaña presidencial del 2010, dependiendo, lógicamente, de las facultades que les hayan sido otorgadas. Por el bien de la colectividad partidista, se espera que de la conformación paritaria de la comisión salga una decisión que distensione el agudo enfrentamiento que acusa el Polo. En cuanto a su futuro como opción de poder, se presagia su rotundo fracaso electoral en la próxima contienda presidencial mientras subsista la desnaturalización de su ideología, que la ha llevado a ser cuestionada por los vicios más perniciosos de la política partidista, como son el clientelismo y la corrupción. De otra parte, si al Senador Petro se le obstaculiza su labor de acercamiento con la disidencia radical de su movimiento, el Polo progresivamente se alejará del escenario político como alternativa de poder.

Las afugias del Polo

Por Mario López Castaño

El Tiempo, Bogotá

Agosto 17 de 2009

La desnaturalización en la ideología de una colectividad partidista la conduce inexorablemente al fracaso como proyecto político y, a tal punto se aproxima el Polo Democrático como alternativa de poder, ya que acusa una grave crisis ideológica, que se ha traducido últimamente en los serios cuestionamientos que, desde sus mismas filas, se le vienen haciendo a la administración de la Alcaldía de Bogotá, la cual constituye su principal baluarte político. De allí que las afugias o afanes de sus principales líderes están encauzados, mediante un protagonismo mediático, a neutralizar la campaña de desprestigio que, según Carlos Gaviria, se viene adelantando contra su partido en una coyuntura electoral dentro de la cual la incertidumbre por la indefinición del referendo afecta más, por razones ideológicas, al Polo que a las otras organizaciones políticas. Lo que no es de buen recibo es que la premura con la cual quieren reivindicarse ante la opinión pública los lleve a adelantar una diplomacia internacional paralela en contra de Colombia y en favor de Venezuela y Ecuador, en el caso del empleo de las bases militares de Colombia por Estados Unidos.

El Presidente del Polo, senador Jaime Dussán, a quién se le critica su disposición clientelista y burocrática, que ha incidido en la sensible disminución de favorabilidad del Alcalde de Bogotá, según reciente encuesta de percepción ciudadana de Bogotá cómo vamos, sin autorización del Gobierno, la cual requería, en su condición de servidor público de elección popular por ser Senador, se trasladó a Venezuela y Ecuador bajo el argumento de ayudarle a Colombia a mejorar las relaciones con los países vecinos. A este respecto, la realidad es que ese pedido de ayuda estuvo hipotecado por la declaración del senador Dussán a Chávez y Correa, en el sentido de que en Colombia no hay consenso mayoritario a favor del supuesto convenio sobre el empleo de las bases militares y de que el Gobierno aún no ha recibido la aprobación del Congreso para tal efecto. De otra parte, el ex presidente del Polo, Carlos Gaviria, en su escrito en el periódico EL TIEMPO, 'Uribe y la Boétie', se lamenta de que en Colombia haya quienes aplauden la decisión de nuestro Presidente de ceder bases militares en territorio colombiano al ejército de los Estados Unidos.

En referencia al artículo de Carlos Gaviria, existe suficiente ilustración sobre el empleo de bases, y no la cesión de las mismas a Estados Unidos ; por otra parte, en términos de soberanía, lejos de hablar de una servidumbre voluntaria, lo que hay con el país del Norte es una alianza de cooperación, como la que existe entre Venezuela y Rusia. Ahora, dependiendo de si es un nuevo convenio o una extensión del acuerdo del Plan Colombia, en este último caso, no se requiere de ningún trámite o autorización de las otras altas instituciones del Estado. En relación con el consenso sobre el empleo de las bases militares, con excepción de la radicalización del Polo Democrático, el presidente Uribe ha recibido el respaldo de todos los estamentos de la sociedad colombiana, incluso de la oposición, representada en el liberalismo oficialista.

Lo que se concluye es que la actitud del Polo en el caso de las bases militares, de hacer oposición por capricho, sin reconocer las reglas de la democracia, refleja claramente su afugia o desespero por recuperarse de los errores de la burocracia y el clientelismo, producto de la desnaturalización de su ideología, que tanto perjuicio le ha ocasionado a la administración de su principal bastión político: la alcaldía de Bogotá. Señores del Polo, están a tiempo de corregir el rumbo, por el bien de la democracia.

De la magistratura a la política

Por Mario López Castaño

El Tiempo, Medellín

Junio 13 de 2009

El ejercicio de la política partidista es exclusivo de quienes deliberadamente se preparan para incursionar en ella con proyección protagónica en la vida pública. Esta razón nos mueve a pensar que los poderes públicos legislativo y ejecutivo, dentro del juego democrático, son los llamados a copar los espacios que brinda la lucha partidista para acceder al poder. No ocurre así con el poder judicial, cuyos funcionarios, en el marco de la imparcialidad constitucional, deben garantizar la vigencia institucional, y no sería de buen recibo que quienes, en el ejercicio del cargo judicial, se sirvan del mismo, como plataforma política para utilizarla en el ocaso de su carrera, con fines electorales. Y lo mas grave sería que su cosecha de fallos, sentencias y demás actuaciones jurídicas la empleen como capital político en sus campañas proselitistas.

La anterior reflexión es consecuente con la visible participación en política partidista que se ha observado y se viene observando en varios ex magistrados de la rama judicial, entre los cuales se destacan: Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático; Luis Eduardo Cifuentes, candidato a esa misma presidencia; José Gregorio Hernández, candidato a la Vicepresidencia de la República por el Partido Conservador; Alejandro Martínez, ex concejal del Distrito Capital, y Jaime Araújo, con serias aspiraciones presidenciales.

Lo más notorio es que todos los nombrados pertenecieron a la Corte Constitucional, y sus actuaciones políticas se han dirigido a hacerle oposición al Gobierno. Ahora, no han sido pocos los cuestionamientos que se le han hecho al máximo Tribunal de lo Constitucional, en el sentido de que sus sentencias y jurisprudencias han estado revestidas de contenido político y, además, que en muchos casos sus fallos han suplantado la actividad legislativa propia del Congreso, al punto de haberse hablado de la supuesta dictadura de la Corte Constitucional.

El origen de la tendencia política y protagónica de esta alta Corte está en la Constitución Política de 1991, pues como bien se conoce, antes de esta carta fundamental, en la Corte Suprema de Justicia funcionaba una Sala Constitucional encargada de salvaguardar la integridad de la Constitución, pero con la reforma constitucional de 1991 se le suprimió a la Corte Suprema de Justicia la Sala Constitucional, y se creó la Corte Constitucional para asumir las mismas funciones que cumplía la mencionada Sala. Pero, en mi modesto sentir, el error que llevó a la Corte a una aproximación política está en que sus miembros son elegidos por el Senado de la República, a voces del artículo 239 de la Constitución Política de Colombia.

Es justo reconocer que el protagonismo político de la Corte se inició con la primera generación de magistrados que la fundaron y consolidaron, y que en la actualidad están en su condición de retiro, dedicados algunos de ellos a la actividad política partidista, pero de un tiempo acá, ese protagonismo de la Corte ha venido cediendo en bien de la imparcialidad jurídica, fundamental en un Estado de Derecho.

Se concluye, entonces, que una enmienda constitucional que cambie el nominador de los magistrados de la

Corte Constitucional por otro ente ajeno a las influencias políticas contribuiría a erradicar la tendencia protagónica de esta alta Corporación, que ha generado dificultades en la recta administración de justicia y, de paso, rescatar la imparcialidad como sostén de la seguridad y certeza jurídicas de que tanto requiere la sociedad en un Estado de Derecho.

Corte y "Farcpolítica"

Por Mario López

El Tiempo, Bogotá

Mayo 23 de 2009-05-23

 

No es la primera vez que a la Corte Suprema de Justicia se le han hecho reparos por su dilación en la apertura de investigaciones de congresistas a quienes las informaciones extraídas de los computadores de alias 'Raúl Reyes' los vinculan con las Farc. En este sentido, causa curiosidad, por decir lo menos, que los parlamentarios comprometidos con la delincuencia paramilitar sí han sido objeto de una acción judicial eficaz y oportuna por parte del mismo Alto Tribunal. No es conveniente, entonces, que  la Corte, en términos de imparcialidad jurídica, demore la iniciación de las indagaciones preliminares sobre la 'farcpolítica', por cuanto ya se comenta que a la Corte solo le interesa, con fines oposicionistas al Gobierno, agilizar las investigaciones sobre la 'parapolítica'  contra los congresistas de la coalición de gobierno, ahora, cuando, contra viento y marea, se progresa en el trámite de la segunda reelección del presidente Uribe.

 

El argumento fáctico que esgrimió el magistrado Julio Socha Salamanca, del Supremo Tribunal, cuando se le requirió por dicha demora, es la complejidad que representa consultar y estudiar el sinnúmero de informaciones contenidas en los computadores, lo cual se desvirtúa de plano, por el simple hecho de que la Fiscalía General de la Nación ha superado esa dificultad al haber iniciado  la investigación por la 'farcpolítica' al periodista Carlos  Lozano, director del semanario 'Voz'. Como bien se sabe, están vinculados por las informaciones de los computadores, entre otros, los parlamentarios Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja, Jaime Dussán y Piedad Córdoba, que, por su fuero, deben ser investigados por la Corte; y los periodistas William Parra y Carlos Lozano, a quienes debe investigar la Fiscalía.

 

La marcada tendencia de la Corte de darles prioridad a las investigaciones de la 'parapolítica', con propósitos oposicionistas al presidente Uribe, en perjuicio de la 'farcpolítica', que ameritan similar tratamiento, queda al descubierto por dos recientes hechos: de una parte, en sorpresiva decisión, según la edición del periódico 'El Espectador', de fecha 15 de mayo pasado, el magistrado auxiliar de la 'parapolítica' Fabio Ortega fue retirado del equipo que investigaba las actuaciones de los congresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Alonso Ramírez, por haber conceptuado que en sus indagaciones no había logrado establecer vínculos entre ellos y las autodefensas; además, que el magistrado Ortega fue objeto de presión por parte de la Corte cuando se le ordenó resolver la situación jurídica del congresista Ramírez mediante medida de aseguramiento. De otro lado, según la misma edición de 'El Espectador', en forma por demás diligente, la Sala Penal de la Corte Suprema  adoptó su nuevo sistema de juzgamiento para los 86 representantes a la Cámara denunciados por el representante Germán Navas Talero por el presunto delito de prevaricato, al haber votado a favor la  segunda reelección del actual mandatario. Es de destacar que el nuevo sistema se estructura con   tres magistrados que asumirán la investigación y los nueve restantes se encargarán de la etapa del juicio.

 

De lo anterior se desprende la recomendación a la Corte Suprema de Justicia para que, haciendo honor a su nombre, se aleje de la tentación de mezclar la política en sus actuaciones jurídicas, y que la diligencia oportuna en las investigaciones de la 'farcpolítica' sean consecuentes con la que han observado en relación con la 'parapolítica'.

 

Venezuela, ¿hacia el totalitarismo?

Por Mario López Castaño

El Tiempo, Bogotá

Mayo 2 de 2009

 

En el marco de los sistemas que han regido las sociedades, tres  grandes bloques  aglutinan las diferentes expresiones ideológicas. Ellos son: la democracia, la dictadura de derecha y la dictadura de izquierda o totalitaria. Es hacia esta última hacia la cual  se aproxima Venezuela con el sofisma del socialismo del siglo XXI y al  que, al decir del  presidente Chávez, se llegará como culminación de su revolución en marcha. Lo que debe entenderse es que, en el fondo, el régimen totalitario o dictadura de izquierda que se vive en Cuba es el paradigma sobre el cual Chávez transita, fiel a la orientación de su maestro, Fidel Castro.

 

El totalitarismo crea un partido único y hace de su líder un mito, con el cual un reducido grupo se adueña del poder y proscribe todas las libertades individuales y somete a la sociedad a través del espionaje de Estado. Este régimen es originario de las sociedades comunistas y es el que se está gestando en Venezuela, lo cual tiene sustento en diferentes hechos.

 

Después de los fracasos electorales del referendo y de las elecciones de gobernadores y alcaldes, el 7 de diciembre del 2007 y 23 de noviembre del 2008, Chávez forzó un nuevo referendo y, mediante una estrategia maquiavélica, logró el pasado 15 de febrero, a través del PSUV (Partido Socialista Único Venezolano), recuperarse de las derrotas electorales y retomar el rumbo de la revolución, basado en su certeza de una reelección indefinida y en función de su proyecto totalitario.

 

Consciente de su frágil liderazgo frente a una sociedad polarizada,  inició una campaña política contra la oposición sin precedentes en la historia venezolana. En primer lugar, los más visibles opositores, Raúl Baduel y Manuel Rosales, fueron objeto de una persecución política hasta alejarlos  de la escena política. En  segundo término, para iniciar la recuperación de las más importantes gobernaciones y alcaldías perdidas en la justa electoral del 23 de noviembre pasado, le asestó un golpe mortal a la descentralización, característica especial del Estado Federal, para lo cual, mediante una ley amañada, despojó de su autonomía administrativa en aspectos fundamentales a los gobernadores y alcaldes opositores.

 

Consecuente con otro de los métodos totalitarios, el presidente Chávez le cambió el nombre a la organización civil Milicia Nacional de la Reserva, por el de Milicia Nacional Bolivariana, encargada de la arrolladora ofensiva contra quienes se oponen a la revolución, según pronunciamiento del mismo mandatario. Por otra parte, la libertad de prensa acusa graves restricciones y hay amenazas de cerrar el Canal Globovisión por sus críticas al Gobierno. Ahora, gran desconcierto causó Chávez  en la opinión pública por su falso acercamiento al presidente Obama en la reciente Cumbre de las Américas, con lo cual logró cerrar los probables obstáculos de Estados Unidos a su aventura totalitaria, ya que la secretaria de Estado Hillary Clinton se acaba de manifestar públicamente en contra de una intervención de su país en los asuntos internos de Venezuela.

 

Surgen entonces las expectativas en torno al progresivo e indetenible, por ahora,  proceso hacia el totalitarismo de la sociedad venezolana, a no ser que la oposición, caracterizada por su tradición democrática y el nivel cultural de quienes la conforman, neutralice, más temprano que tarde, a través de un único líder, las aspiraciones reeleccionistas de Chávez a partir de las elecciones del 2012, porque, de lo contrario, el camino hacia el totalitarismo o dictadura de izquierda estará plenamente despejado en el hermano país.