Maestros en ascenso

Cecilia María Vélez*

El Tiempo, Bogotá

Febrero 14 de 2010

Hace una semana se produjo un hecho de enorme trascendencia para el sector educativo y para la calidad de la educación en el país: 33.490, incluyendo a directivos docentes -rectores, directores rurales y coordinadores-, inscritos en el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, participaron por primera vez este 24 de enero en el proceso de evaluación de competencias con el objetivo de ascender de grado en el escalafón y conseguir una mejor ubicación de nivel salarial.

Los profesores y directivos, quienes presentaron las pruebas de manera voluntaria, hacen parte de los 53.688 del grupo que entre el 2004 y el 2009 llegó a la nueva carrera docente escogidos mediante concurso de mérito. Estos maestros, adicionalmente, superaron la evaluación del período de prueba, fueron nombrados en propiedad y obtuvieron una evaluación de desempeño efectuada por sus superiores en por lo menos dos años más.

Vale señalar que los docentes que han ingresado a la carrera por Concurso bajo el nuevo Estatuto lo hicieron con salarios de entrada que en los dos últimos años promedian el 8 por ciento de aumento. Con ello, el Ministerio de Educación ha buscado mejorar la asignación básica mensual y simultáneamente equiparar los salarios de los nuevos docentes con los de los profesionales de las ciencias sociales que se desempeñan fuera del servicio oficial educativo.

Este sistema de ingreso garantiza igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, asegurando transparencia y blindando el proceso de las influencias que durante muchos años incidieron en el nombramiento de docentes.

El proceso de evaluación de competencias introduce, además, un cambio fundamental en el sistema de ascensos, incentivos y reconocimientos que rigió en Colombia durante dos décadas, al pasar de un esquema donde, entre otros, se tenían en cuenta requisitos como la antigüedad y los cursos, a otro donde se retribuye el esfuerzo realizado por los maestros que deciden continuar con su formación académica, se estimula su desarrollo y crecimiento profesional y se valoran su saber y competencia.

Las pruebas, preparadas por la Universidad Nacional y aplicadas por el Icfes, sin duda fortalecen a las instituciones educativas al permitir el ingreso y la continuidad de maestros y maestras con las más altas calidades humanas y profesionales en sus aulas y medir de manera objetiva aspectos como logro y acción, ayuda y servicio, influencia, eficacia personal, dirección y liderazgo.

La asistencia masiva y entusiasta de los docentes y directivos inscritos en el nuevo régimen demuestra no sólo su interés por la carrera y las expectativas de progreso y bienestar, sino que se constituye en la expresión de la voluntad de la comunidad educativa y de sus instituciones por conocer las capacidades de su cuerpo docente, identificar sus dificultades, mejorar sus procesos de enseñanza, transformar sus prácticas y ofrecer un servicio eficiente.

El paso dado este mes con la evaluación de competencias es fundamental, ya que no sólo asegura la calidad de la educación en todos sus niveles sino que también garantiza un ciclo continuo de mejoramiento con base en información confiable y verificable.

El mundo contemporáneo no sólo impone una transformación de los procesos educativos sino que exige un perfil distinto para maestros y estudiantes. Estoy segura de que, con la demostración que han dado estas maestras y maestros que presentaron la evaluación de desempeño, se han vencido los temores que existían con las pruebas y que el proceso hacia la calidad de la educación en Colombia no tiene reversa.

* Ministra de Educación Nacional

Un debate necesario

Cecilia María Vélez *

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 7 de 2009

El tema de la financiación de las universidades públicas se ha tomado el debate sobre la educación en Colombia en el último mes. El debate es bienvenido. Es innegable que las universidades públicas han crecido y que gracias a su dinamismo entre el 2003 y el 2008 aumentaron 30 por ciento su matrícula. Tenemos así mismo un número mayor de estudiantes en la educación superior, lo que nos ha permitido alcanzar un 35,5 por ciento de cobertura, tasa que supera el promedio latinoamericano. Las instituciones han hecho una tarea meritoria en términos de calidad e investigación.

El país puede estar orgulloso de estos logros. Y el Gobierno reconoce de manera pública que este resultado ha sido posible gracias al esfuerzo de las instituciones y al liderazgo de sus rectores.

Estas son buenas noticias. Como también lo es el mayor número de bachilleres que se graduarán en los próximos años. En el 2008, el total de bachilleres pasó de 471.254 a 647.997 y probablemente alcanzaremos los 700.000 este año, lo que incrementará la demanda por educación superior.
Por ello, entiendo que el punto de partida de esta reflexión debe ser la manera de garantizar que ese dinamismo de las universidades públicas se sostenga y continué.

Empecemos por el debate coyuntural. Para el 2010, los rectores le solicitaron al Gobierno, mediante carta pública, un crecimiento real de su presupuesto de 4,5 por ciento, equivalente a 90.000 millones de pesos adicionales. Luego elevaron su demanda a 150.000 y, finalmente, el Congreso de la República aprobó 160.000 millones, que representan un crecimiento real del 7,06 por ciento de los recursos del 2009. La discusión que plantean ahora los rectores tiene que ver con la forma como se van a distribuir esos recursos.

Estos recursos son adicionales para los presupuestos de las universidades públicas y se distribuyen así: 70.000 millones para ampliación de cobertura a través de un fondo en el Icetex, que van a las universidades públicas de acuerdo con un plan y se garantizan a largo plazo; 30.000 millones que se adicionan al presupuesto de Colciencias para proyectos de investigación en las universidades públicas; 18.000 para el reconocimiento de los descuentos por votación que vienen efectuando las universidades en sus matrículas a los jóvenes sufragantes. Y los 42.000 millones restantes, que hacían parte del presupuesto del Icfes, van a cubrir los desequilibrios generados por el crecimiento de la matrícula y por cambios normativos asociados a la remuneración de los docentes.

En este último punto, en el cual han hecho el mayor énfasis los rectores, necesitamos clarificar las cuentas con las universidades, por cuanto aún no se han allegado cifras consistentes y confiables, y se deben descontar los crecimientos reales que han tenido los recursos en los últimos años. Si contamos desde la aprobación de la Ley 30 en el 92, los aportes del Gobierno Central se han incrementado en 47 por ciento en términos reales.

Pasemos ahora a la discusión estructural y de largo plazo. Como país, para el 2019 nos propusimos el gran reto de alcanzar una cobertura del 50 por ciento y metas exigentes en calidad.

Debemos garantizar el acceso de por lo menos 500.000 nuevos estudiantes y fortalecer el trabajo en investigación e innovación. Debemos pensar en el desarrollo de un sistema público armónico, con presencia de universidades de investigación y de docencia. Se debe reconocer en la financiación el desarrollo en investigación de algunas universidades líderes, pero garantizar que esta actividad llegue a todas las instituciones y a los estudiantes de las regiones a través de la articulación del sistema público. Con tal fin, hay que aumentar los recursos y encontrar formas de distribuirlos con los incentivos correctos, lo que nos lleva a la reforma del artículo 86 de la Ley 30.

Para empezar esta discusión, proponemos preservar el espíritu de la ley en el sentido de garantizar la autonomía y los recursos a las universidades en pesos constantes, pero abrir nuevas fuentes para el sector, con indicadores que permitan la asignación de los recursos de una forma eficiente, eficaz y equitativa. Se oyen propuestas.

* Ministra de Educación Nacional

Evaluación y calidad

Por Cecilia Maria Vélez*

El Tiempo, Bogotá

Abril 18 de 2009

La amplia discusión planteada en el marco de la construcción del Plan Decenal de Educación 2006-2016 puso en evidencia el interés de los colombianos en la forma como se evalúa el aprendizaje y como se realiza la promoción de los estudiantes. Fue este el tema más discutido por padres de familia, estudiantes, docentes y directivos. Ante las reacciones frente al sistema de evaluación reglamentado en el Decreto 230 del 2002, convocamos un debate nacional en el 2008. Talleres, foros regionales, el Foro Nacional, la participación virtual en el portal Colombia Aprende y la consulta en la página del Plan Decenal brindaron el escenario para la participación de 48.968 personas.

Escuchamos las opiniones de todos: de los padres que, en muchos casos, no entienden o no comparten la evaluación; de los estudiantes, que no sienten bien valorados sus esfuerzos o debilidades; de los educadores, para quienes la evaluación está íntimamente ligada a su propuesta pedagógica. Quedó claro que la comunidad educativa reconoce una relación estrecha entre calidad de la educación y evaluación y que esta última debe responder al proyecto pedagógico.

 

La apreciación que se expresó con fuerza en la discusión sobre el "impacto negativo" de la aplicación del Decreto 230 en la calidad de la educación no está comprobada. Por el contrario, los indicadores muestran que, paralelamente a un aumento significativo de cobertura en la última década, hay evidencias, en pruebas internacionales, de un mejoramiento de la calidad de la educación colombiana en términos relativos. Entre 1997 y el 2006, Colombia mejoró su posición entre los países latinoamericanos al ubicarse por encima del promedio regional en lectura y matemáticas. En TIMSS, prueba en la que participan los países desarrollados, entre 1995 y el 2007, los promedios de los estudiantes colombianos mejoraron en 20 puntos en matemáticas y ciencias, el segundo avance más significativo entre los países que presentaron la prueba. Sin embargo, para ser competitivos todavía estamos muy lejos de los que obtienen los mejores resultados y representa un reto enorme el mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y la competitividad del país.

 

Mejorar la calidad y recoger las posiciones del debate es lo que buscamos con el nuevo decreto. Teniendo en cuenta que la Ley 115 estableció la autonomía de las instituciones para determinar sus proyectos educativos y que la posición mayoritaria del debate expresó la necesidad de que la evaluación responda al enfoque pedagógico, extendimos la autonomía a la evaluación. En la nueva reglamentación se establecen los elementos que constituyen el sistema en cada institución: objetivos, escala de valoración, criterios de promoción e instancias de resolución de diferencias.

 

Como estos elementos se definen para cada institución, en el caso de las escalas se determina la obligatoriedad de establecer equivalencias con una nacional para facilitar la movilidad de los estudiantes.

También se regula la forma en que el Estado ejerce su responsabilidad de fijar estándares comunes y evaluar la calidad de la enseñanza. Este ha sido un propósito central de la Revolución Educativa. Hemos definido los estándares de competencias básicas y ciudadanas para todos los niveles educativos y, a través de pruebas periódicas, medimos los desempeños de los estudiantes. Por esto, el Icfes desarrolla pruebas para los estudiantes al final de las etapas, y desde el 2006 evalúa, cada tres años, el desempeño de los alumnos de 5o. y 9o. grados, y su examen proporciona información sobre la calidad de los alumnos que terminan el bachillerato.

 

Aunque no está exento de controversias, estamos seguros de estar entregando al país un decreto maduro, producto del aprendizaje y la reflexión, consecuente con la convicción de que las decisiones pedagógicas son del ámbito de las instituciones educativas y están en cabeza de los docentes, con participación de los padres y los estudiantes.

* Ministra de Educación