La salud en estado de coma

Edgar Polo

El Heraldo, Barranquilla

Marzo 6 de 2010

El tema de las reformas al sistema de Seguridad Social, que el gobierno ha tratado de implementar, generó un tsunami mediático que obligó al Presidente de la República a hacer frente a la situación, tratando de mostrar las bondades de las medidas tomadas. Sin duda que decisiones de este tipo en momentos de campaña electoral, dirán algunos, es alborotar el avispero.

Lo que sucede es que el sistema general de salud en Colombia está a punto de colapsar por mil razones de las que es necesario resaltar que, financieramente es inviable y operativamente incompatible. Su inviabilidad tiene dos razones: una es que la cobertura del Plan Obligatorio de Salud ‘POS’ ha aumentado considerablemente al incrementarse en 21 millones las personas que tienen acceso al sistema, superando en más del doble la cifra que tenían acceso al mismo antes del presente gobierno, lo que exige un esfuerzo fiscal considerable. De otra parte, por vía de tutela los servicios médicos no incluidos en el POS han crecido en forma inconmensurable debido a que los jueces no tienen en cuenta que los recursos económicos son limitados y aún consideran que el Estado es un tío rico al que se le puede colgar toda clase de perendengues olvidando que se subvenciona con los impuestos de todos.

Por su parte, la Corte Constitucional en su afán de generar derecho positivo a contrapelo de su función única de salvaguarda de la Carta Magna, al ordenar la igualación de los regímenes subsidiado y contributivo no tuvo en cuenta que esto generaría inmensos costos imposibles de sostener con los recursos actuales. La conclusión es que se ha generado un enorme déficit que, sumado al hueco fiscal de las finanzas públicas, hace insostenible el sistema y lo tiene al borde de la quiebra.

Veamos en qué consisten las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Social: Conseguir recursos adicionales mediante el incremento a los impuestos a licores, cigarrillos y juegos de azar; Eliminar la intermediación de departamentos y municipios en las remesas para hospitales, fundamental para evitar la corrupción que ello genera; Notificar a los jueces que sus decisiones presupuestalmente inconsultas tienden a quebrar el sistema de salud; Propender por que los médicos se autorregulen y rindan cuentas por sus decisiones ante sus mismos pares y; por último, introducir mecanismos para regular los precios de los medicamentos para que no se vuelvan inalcanzables. Es obvio que las disposiciones adoptadas por el gobierno son buenas, van orientadas en el sentido de atenuar las causas que conducen a la inviabilidad del sistema, pero no son la solución definitiva.

Lo que sí es cierto es que pisan callos y afectan intereses preestablecidos que no es de buen recibo por los afectados y genera el efecto mediático. Por último, una verdadera reforma al sistema de salud debe pasar por su despolitización total. La politiquería es causante en gran medida de la corrupción consentida en un sistema tan sensible a una sociedad aquejada por fenómenos de pobreza y miseria. Permitir que se roben los recursos de salud y educación para los más pobres es cohonestar un delito imperdonable de lesa humanidad.

La huella del agua

Edgar Polo

El Heraldo, Barranquilla

Enero 14 de 2010

El anuncio del “fenómeno del niño” prendió las alarmas respecto de una posible escasez de agua e inmediatamente el gobierno tomó la determinación de expedir una resolución que establece sanciones para los consumos excesivos. En adelante una residencia o unidad de consumo que sobrepase los estándares será sometida al pago oneroso del exceso gastado.

Aunque el gobierno anuncia que la medida es temporal, vale la pena que se revise el criterio de manera que se convierta en el punto de partida para una cultura del agua. Hasta ahora se tiene en concepto equivocado que el agua es un recurso inagotable. Todo lo contrario la situación del abastecimiento de agua en el mundo es tan precaria que algunos, profetas de desastres, anuncian que la próxima guerra mundial no será por fuentes energéticas sino del precioso líquido.

Debido a que las tarifas de consumo son bajas, el agua potable se utiliza no solo para las necesidades de consumo humano, esto es, preparación de alimentos y aseo corporal, sino para sanitarios, lavar pisos, carros, riego de jardines y calles, etc. Además de quienes les fascina oír el ruido del chorro mientras se afeitan o lavan los dientes. Otra cosa sería si las tarifas fueran verdaderamente costeables. Seguramente llegaríamos a la conclusión de la necesidad de reciclar parte del agua consumida para con un tratamiento mínimo poder atender las necesidades de consumo secundario o que no exigen su potabilidad total.

El tema del agua es bien interesante y vale la pena. Cuanta es la que realmente consumimos? Existe un consumo directo tal como lo señalamos antes y un indirecto, todos los bienes y servicios consumibles exigen de ingentes cantidades de agua para su producción y elaboración. Como el problema es serio, se ha creado el calculador de la huella hídrica de las naciones con el fin de medir cuanto se gasta con los patrones de consumo habituales y su impacto frente a las reservas presentes con el objeto de racionalizar su consumo.

Hace menos de dos décadas el profesor John Anthony Allan del King´s College de Londres desarrolló el concepto de “agua virtual” definido como el volumen de líquido necesario para elaborar un bien. Recientemente Arjen Hoekstra del Departamento de Ingenieria y Gestión Pública de la Universidad de Twente en Holanda fue más allá trabajando en el criterio de “Huella Hídrica” como un indicador que relaciona el agua con el consumo total de bienes y servicios de una población en todos sus niveles: “volumen de agua necesaria para la elaboración de todos los productos y servicios consumidos por los habitantes de una región o país”.

Las cifras de las investigaciones que relacionan el agua con la producción son casi espeluznantes. Un par de zapatos de cuero requiere 8.000 litros de agua, en buen romance 8 toneladas, una camisa de algodón 4.000, un vaso de leche 200 litros, una taza de café 140 y un huevo 135. Con estos valores de referencia, se concluye que los países con mayor huella hídrica son los más desarrollados y con mayor presencia en el comercio internacional: Estados Unidos, Francia, Italia, España, Japón y Canadá.

Visto lo anterior llegamos a dos conclusiones importantes. Una que el tema del agua amerita un desarrollo paralelo al protocolo de Kyoto sobre el tema del Calentamiento Global, de manera que internacionalmente se establezca una estrategia que conduzca a su racionalización dada la magnitud del desastre que ocasionaría su desabastecimiento, lo que va a ser muy difícil y en el plano local la continuación de la tendencia de gravar los consumos excesivos para forzar por esta vía patrones de consumo racionales y consecuentes, lo que no va a ser fácil, pero menos complicado que lo mundial.

Carga de profundidad al Almirante

Edgar Polo

El Heraldo, Barranquilla

Noviembre 19 de 2009

No conozco al almirante Gabriel Arango Bacci. Me llama la atención que a un alto oficial de la Armada Colombiana después de dos años de tortuoso proceso criminal con privación de la libertad (lo que eventualmente constituye crimen) tanto la Fiscalía, entidad acusadora, como la Procuraduría, vigilante del proceso no solo pidan la absolución del incriminado sino que solicitan se investigue el origen y la verdadera razón de las infundadas acusaciones.

La carga de profundidad que le habían mandado al Almirante era suficiente para hundir al acorazado más poderoso. Concierto para delinquir agravado, Revelación de Secreto Militar, Cohecho Propio, Prevaricato por Omisión y Enriquecimiento Ilícito. Fundamentados básicamente en un recibo por valor de 115 mil dólares con huella dactilar de Arango Bacci, la declaración de Jaime Pérez Charry, testigo estelar de la parapolítica, y una declaración del sanandresano Eissyn Mattos.

El recibo de pago fue aportado a las autoridades por el capitán de Navío Luis Tovar Neira, a la sazón Jefe de Contrainteligencia de la Armada, quien dijo haberlo recibido de una “persona anónima”, con membrete del “señor de la herradura”, aparentemente contenía una huella dactilar del acusado. En octubre de 2007, un dictamen pericial de la Fiscalía determinó que la huella era falsa.

Jaime Pérez Charry, después de caer en una serie de imprecisiones, se retractó de la declaración inicial. Había procedido así porque agentes de la Fiscalía le habían ofrecido protección y dinero.

Con relación a Eissyn Mattos, se pudo establecer en el proceso que había actuado así presionado por dos miembros de Inteligencia de la Armada.

Así las cosas, con cargos sin sustento probatorio, la Corte Suprema de Justicia debería proceder a declarar mediante sentencia la inocencia de Arango Bacci, conforme a la lógica y las conclusiones de los entes investigadores. Salvo que, en el ‘milenio del gobierno de los jueces’, los supremos magistrados salgan con una trastada al inferir la responsabilidad con base en las pruebas desmentidas por aquellos.

Sorprende que una vez conocidas las actuaciones del Fiscal como del agente del Ministerio Público, el almirante Barrera, Comandante de la Armada, y el Embajador de los Estados Unidos salgan a los medios de comunicación, el primero para pedir a la Fiscalía explicaciones por haber concluido en la inocencia del acusado cuando “había 30 folios de pruebas”. Imagino que estaría arrepentido de no haber aportado 30 mil, ignorando que las pruebas son valederas en razón de su aptitud demostrativa y no de su volumen. Como diría Sherlock, elemental, mi querido Almirante.

Por su parte, el Embajador de Estados Unidos, indelicadamente mete baza para indicar que mirará con lupa el proceso, preocupado por las actuaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, cuando lo que le debería interesar es la justicia y la verdad.

Si al final todo sale como debe ser, ¿quién responde por los platos rotos? Será que al almirante Arango Bacci se le restaura su honor militar y personal después de la humillación pública y su descalificación. ¿Qué de los costos familiares y económicos? ¿Quién responde por los ingentes costos para la Nación de semejante proceso urdido por quién y quién sabe con qué intenciones?

Por último, ante el desplome del acervo probatorio en contra del almirante Arango, todo apunta a que, al interior de la misma Armada, se concertó un macabro plan con el fin de impedirle su llegada a la comandancia. Si esto es así, la Armada Nacional sale muy mal librada en su imagen gracias a las actuaciones de algunos en su mando superior. La pregunta del millón: ¿quienes son capaces de conspirar con premeditación y dolo son los responsables de la dignidad de la Patria en los mares

La Presea de la Moción de Censura

Edgar Polo

El Heraldo, Barranquilla

Noviembre 5 de 2009

La discusión en el Congreso de la República sobre la Moción de Censura al Ministro de Agricultura es una muestra más de los desviroles a que nos tiene acostumbrados la oposición. No va a conducir a nada, y en el entretanto de desaprovecha la actividad legislativa que debería tener mejor orden de prioridades.

No va a llegar a nada porque se trata de un debate político a un programa de política económica. El objetivo, tumbar a Ministro de Agricultura y cobrar su cabeza como presea de combate. Por lo que hemos podido apreciar mediante el cubrimiento de los medios de comunicación, la mayoría de las intervenciones de la oposición conducen a que se está dando, a través del programa, dinero a los ricos con la conclusión de un aumento en la brecha social.

Lo equivocado del debate es que no hace claridad sobre las metas de la Ley AIS comprendida en el marco de la Política Económica. Como bien lo explica la norma, el objetivo no es otro que el de generar las condiciones de competitividad al recurso Tierra mediante su adecuación vía riego y drenaje para el apropiado manejo del agua y además, si es necesario, infraestructura para el control de inundaciones. La adecuación de tierras es fundamental para generar competitividad en el sector primario de la economía, ahora cuando apostamos a la integración al mundo global.

El legislador tuvo la precaución en el diseño ley de AIS de enfocar los recursos con la condición única de la existencia de un proyecto de adecuación viable asociado a la legalidad del uso del suelo. Seguramente que pensando en los pequeños y medianos productores que solo tienen posesión de la tierra o que mediante instrumentos como el contrato de arrendamiento aspiran a convertirse en empresarios del campo.

Las bondades de la norma solo pueden establecerse a través de la medición de sus resultados. ¿En cuánto se amplió la frontera agrícola tecnificada?, ¿cuántos puestos de trabajo genera?, ¿en qué proporciones de cantidad y calidad va a aumentar la producción de bienes y servicios exportables? Cual será la proyección del Ingreso Nacional después de la puesta en producción de los nuevos proyectos financiados por el programa?

Con seguridad de las respuestas a los anteriores interrogantes nos darán verdadera luz, diferente a la que depara el debate mediático. El tema de dar plata a los ricos, en el que sorprendentemente cabalgan algunos académicos en trance de políticos, es la base del debate contra el Gobierno por medio del Ministro. Es un argumento deleznable que a más de estigmatizar la riqueza desvía peligrosamente la acción hacia la trasnochada lucha de clases de que hablaba Carlos Marx en Das Capital hace dos siglos y del que dio buena cuenta la Perestroika rusa y la exitosa revolución capitalista de la China actual.

El problema social que acusa nuestra patria no es culpa de los ricos. Obedece a otras causas de las que debemos tomar especial atención integralmente todos, dejando a un lado la politiquería que da al traste con programas generadores de Crecimiento Económico. Con incentivos para que los grandes productores se estimulen a generar empleo productivo y con Políticas de Inversión en Capital Humano efectivas para garantizar que en el mediano plazo vamos a tener una sociedad más justa y más igualitaria.

Pobres ricos, pobres pobres

Edgar Polo

El Heraldo, Barranquilla

Octubre 22 de 2009

Un ejercicio interesante es el análisis ex post de los acontecimientos porque nos permite conclusiones que no se ven al calor del debate.

El caso de AIS, que tanto despliegue ha tenido, es patético. Su presentación general en los medios, “el gobierno regala plata a los ricos que financian sus campañas políticas”, es vendedora y genera escándalo, que para ellos redunda en beneficios comerciales, aunque afecte su credibilidad. Por esta razón sin rigor profesional se aventuran en pos del rating.

Simultáneamente, otros personajes que debieran estar mejor informados, en razón a su actividad permanente en el Congreso de la República, salen con unas respuestas que lo dejan a uno anonadado. El presidente del Congreso, senador Javier Cáceres, ante la pregunta de una reportera que lo inquiría sobre la suerte del Ministro de Agricultura ante el debate de censura en su contra, contestó que veía complicada la situación del Ministro porque “no se entendía que se estuviera regalando plata al capital”. La pregunta obvia: La aprobación de la Ley Agro Ingreso Seguro, AIS, contó con su voto. Entonces, ¿no sabe realmente de qué se trata la ley y en consecuencia votó irresponsablemente o, lo sabe y en este caso su respuesta es populista y farisea.

Otras opiniones de personas autorizadas tanto por su formación académica como por su experiencia en el alto ejecutivo nacional, caso de ex ministros, llaman la atención porque sin ningún reato se trepan en la cresta del tsunami mediático para ganar dividendos con respuestas populistas: “no tiene presentación favorecer a los ricos”.

Para entender mejor el asunto es menester ahondar en los objetivos de Política Fiscal, necesarios en un modelo de Estado como el nuestro. El uso de los instrumentos de ingreso y de gasto del Gobierno debe propender por dos objetivos claros y no excluyentes: romper los desequilibrios sociales, ejemplo, lucha contra la pobreza y Crecimiento Económico. El primero no admite discusión, es una necesidad perentoria de la sociedad y de su gobierno eliminar la miseria y acabar la pobreza, que no es negocio para nadie. Con seguridad los ricos van a ser más ricos en la medida en que no haya pobreza. De otra parte, no es posible para el Estado acabar la pobreza si no existen los recursos necesarios para el efecto, y estos solo se obtienen con Crecimiento Económico, he aquí la validez del otro objetivo de la Política Fiscal.

El crecimiento económico depende en el corto y mediano plazo de dos variables económicas consustanciales, la inversión y el sector externo de la economía. Todos los gobiernos en todos los momentos de la historia han tenido incentivos para el uno y la otra. Llámense subsidios, privilegios tributarios, CAT, Cert, incentivos fiscales que hacen al país atractivo para la inversión y para la producción de bienes y servicios de exportación. Tanto lo uno como lo otro traen tecnología, generan empleo, crean el ingreso nacional y la riqueza necesaria para el desarrollo económico. Sería necio desconocer que la infraestructura básica para todo ello pertenece a los dueños del capital, y que ellos deben obtener beneficio de empresa. La ley de Agro Ingreso Seguro es una ley de incentivos al agro. Entonces, ¿dónde está el pecado?, ¿a dónde conduce la estigmatización de la riqueza? Sin capital no hay crecimiento económico, sin este no hay desarrollo, y sin este va a haber pobreza por sécula seculórum.

Desconocer o ignorar deliberadamente las funciones esenciales del Estado con este peligroso estandarte, orientando un debate oportunista y maniqueo, es irresponsable y fariseo. Pobres ricos, pobres pobres.

El escándalo AIS y la Danza del Gallinazo

Edgar Polo*

El Heraldo, Barranquilla

Octubre 12 de 2009

Edgar Polo*

El Heraldo, Barranquilla

Octubre 12 de 2009

Pocas veces en la historia nacional se observa un escándalo como el de Agro Ingreso Seguro, AIS en el que la generalidad, aupada por los medios que fusilan antes de que llegue la orden, se precipita a la condena sin fórmula de juicio. Sorprende que en esta danza de descalificaciones participen haciendo gala de buenos danzarines personas que hasta ahora se habían caracterizado por el análisis serio y mesurado en tópicos económicos como Juan Camilo Restrepo y Rudolph Hommes.

El escándalo parte de su presentación: “El gobierno paga favores políticos dando dineros a manos llenas a los ricos y hasta una reina de belleza, en desarrollo del programa AIS”. En la danza que se presenta suculenta dan picotazos a diestra y siniestra con el único fin de desprestigiar al gobierno y capitalizar dividendos políticos en momento preelectoral.

¿Que hay en el fondo del programa de subsidios e incentivos al agro, que tomó cuerpo en el Gobierno de César Gaviria, justamente cuando Restrepo y Hommes eran ministros con ocasión de “compensar los estragos” generados por la apertura económica? No es fácil de entender si no se tienen conocimientos mínimos de Política Fiscal.

El modelo de gobierno exige que los gobiernos propendan por romper los desequilibrios sociales, como la pobreza, y para el efecto gastan importantes recursos en subsidios para salud y educación de los estratos más pobres e Inversión en Capital Humano, por lo demás la más rentable para la sociedad en el largo plazo. Otro aspecto importante es el de los incentivos a la actividad productiva caso Cert para las exportaciones no tradicionales y recursos para mantener, tecnificar y extender la frontera agrícola necesaria para la producción de alimentos y la generación de excedentes de exportación, todo dentro del objetivo del crecimiento y desarrollo económico.

Agro Ingreso Seguro, era necesario para recuperar el campo diezmado por todas las formas de violencia, que había causado el desplazamiento de propietarios y campesinos, y hacerlo eficiente y productivo con programas de riego y drenaje con un doble fin tecnificar y expandir la frontera agrícola y manejar el recurso agua por defecto o exceso, según el caso.

En consecuencia, los recursos destinados son para los proyectos viabilizados para el efecto y no para las personas. Cada hectárea recuperada genera por lo menos un empleo directo y producción eficiente y competitiva. Sucede que los términos de referencia para riego y drenaje establecen un monto por persona y predio donde ha de desarrollarse el proyecto que por la cuantía da para cien hectáreas aproximadamente. En consecuencia en un mismo globo de terreno puede haber varios proyectos simultáneamente sin que a esto se le pueda aplicar la figura del fraccionamiento, puesto que este ocurre solo en contratos administrativos según el Código de lo Contencioso Administrativo y no es el caso. El espíritu de la norma es que el dinero se convierta en nueva tierra tecnificada apta para la producción alimentaria. La norma establece que los recursos nunca los recibe el propietario del proyecto sino un contrato de Fiducia que es el que administra los recursos en la medida del desarrollo del proyecto.

Los subsidios para el Agro existen en todas partes del mundo. Una de las razones por las que no se haya celebrado un acuerdo general para el Comercio Internacional en el marco de la OIC es precisamente los inmensos subsidios que recibe el agro en los países desarrollados para la producción tecnificada de alimentos. Seguro que quienes reciben estos subsidios no son precisamente los más pobres de la población sino quienes han desarrollado la infraestructura necesaria.

La clave está en que los proyectos realmente existan y esto lo deben verificar los organismos de vigilancia y control. Nunca es saludable satanizar con el dogma de la moral revelada porque irreflexivamente se cae en la injusticia.

*www.edgarpolo.blogspot.com

Los magistrados supremos

Por Édgar Polo*

El Heraldo, Barranquilla

Septiembre 24 de 2009

Hay dos hechos en la historia reciente que marcan el sino de la administración de justicia. La declaración de inexequibilidad del Tratado de Extradición suscrito con los Estados Unidos hace poco más de un cuarto de siglo y, posteriormente el Holocausto del Palacio de Justicia ocasionado por el M-19 en connivencia con el narcotráfico. Dicen los que saben de Historia y de Derecho que a partir de entonces declinó la calidad integral de los máximos jerarcas de la Administración de Justicia.

La Corte Suprema tumbó el Tratado de Extradición por un vicio de forma, había sido suscrito por el Ministro Delegatario con funciones presidenciales. Ante las limitadas posibilidades del Estado para combatir un delito que había desbordado las fronteras, era imperativo un instrumento de persecución del delito con eficiencia y castigo que pudiera disuadir al delincuente.

Una de las razones que explica, pero no justifica la actuación de la Corte, fue el amedrentamiento que sufrían los integrantes de la Sala Constitucional por parte del narcotráfico. Hubiera sido más digno para ellos mismos haber renunciado en masa ante la indefensión en que se encontraban dada la debilidad del Estado. Posteriormente, el Holocausto del Palacio de Justicia, hecho que aún arde y lastima en la memoria colectiva.

Ha pasado mucha agua bajo del puente. La Constituyente del 91 creó la Corte Constitucional y la antigua Corte Suprema quedó limitada a ser Corte de Casación en materia civil, laboral y penal. Sus sentencias pueden ser revisadas vía acción de tutela en lo que tiene que ver con la preservación de los derechos fundamentales, situación que no han asimilado sus ‘magistrados supremos’.

Es posible que consecuencia de esta situación sean las acciones frente al Ejecutivo y la clase política. El más protuberante, negarse a elegir Fiscal General de la terna elaborada por la Presidencia de la República, tal como lo ordena la Constitución, alegando que los ternados no pasan la prueba de “calidades y destrezas”, artilugio sacado del cubilete de su mente prevenida. Si ese exótico examen se les hubiera practicado para acceder a la magistratura, seguramente no estaría sucediendo esto.

Las acciones de los ‘magistrados supremos’ contra el Presidente de la República y la clase política han sido manifiestas. Condenaron a Yidis Medina solo con su autoincriminación sin práctica de pruebas y sin proceso elemental para establecer el delito de cohecho, que para su realización exige el concurso de dos, por lo menos. Inmediatamente instaron a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre la legalidad del acto de reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe generando una situación institucionalmente peligrosa que oportunamente salvó la Corte Constitucional al refrendar la legitimidad.

En decisión insólita cambió la jurisprudencia respecto de los procesos que tienen que ver con investigaciones contra parlamentarios acusados de tener nexos con paramilitares, ordenando que los procesos que adelantaba la Fiscalía General volvieran a la Corte Suprema, posiblemente para ahí sí proceder a condenarlos sin fórmula de juicio, lo que originó reacción inmediata del Procurador, quien se opone por considerar que habría violación al debido proceso.

¿Será posible hacer entender a los ‘magistrados supremos’ que la seguridad integral necesaria para cimentar la estructura social tiene un altísimo componente de seguridad jurídica que depende en gran medida de sus decisiones, y que su responsabilidad ante la Patria es bastante mayor que la dimensión de sus egos?

Grameen, desarrollo económico desde abajo

Por Edgar Polo

El Heraldo, Barranquilla

Junio 18 de 2009

Muhammad Yunus, galardonado con el premio Nobel de Paz “por sus esfuerzos para incentivar el Desarrollo Económico y Social desde abajo” es el ejecutor del concepto de microcréditos para los pobres, modelo con el que ha probado que es posible acabar con la pobreza sin apelar a la manida Redistribución del Ingreso que tanto escozor causa en los círculos de poder económico y político.

El secreto del sistema de Yunus es abrir las puertas del sistema financiero a los más pobres de la sociedad, que de otra manera no tendrían jamás posibilidades de hacerlo. La cosa es simple, como el principal obstáculo para el crédito son las garantías para obtenerlo hasta el extremo que los bancos prestan plata a quien demuestra que no la necesita, Yunus ideó la garantía solidaria que consiste en que el microcrédito se concede a un grupo de hasta cinco personas, cada uno con su actividad productiva independiente. La clave está en la autoselección del grupo ya que todos responden por todos y cada uno.

Este sistema lo pusimos en práctica hace algunos años en la Cámara de Comercio de Santa Marta, cuando advertimos que en el comercio local existe un sistema diario de créditos que consiste en que, por ejemplo, a las 5 de la mañana le prestan 50 mil pesos a un vivandero del mercado, que revende la mano de plátanos, la totuma de tomates o el cucurucho de corozos, normalmente a precios bajos dado que su negocio es la rotación de inventario, a las tres de la tarde debe cancelar al prestamista 60 mil pesos. El costo del crédito es del 20% diario o del 7300% anual. ¿Habrase visto semejante grado de explotación? Pues bien, el sistema funcionó, no solo con grupos de economía de rebusque sino con Madres Cabeza de Familia que en Santa Marta comprende un 73% de los hogares del estrato uno y a quienes, adicionalmente, se le brindaba capacitación laboral. El resultado, recuperación total de los créditos y un efecto social importante, el grado de autoestima y respetabilidad logrado por los usuarios del sistema.

Muhammad Yunus, en su visita a Colombia, anunció el diseño de un plan de salud integral para los pobres fundamentado en el Grameen Bank o banco de los pobres que es la estructura base de su fantástico programa. El 96% de los clientes del banco son mujeres, a diferencia del resto del sistema financiero, la recuperación de cartera es del orden del 98.85% índice envidiable para cualquier operador del sector y la propiedad del banco es un 96% de los usuarios del sistema y un 4% restante del Estado. Es un banco de los pobres para los pobres. Tiene adicionalmente inversiones en sectores industriales y manufactureros que fortalecen en mayor medida la actividad microempresarial de los usuarios del crédito.

Un sistema de salud fundamentado en el modelo Grameen Bank debe ser absolutamente exitoso. Si el Gobierno aporta el capital semilla que debe ser su cuota parte accionaria y la nueva Grameen EPS maneja el situado fiscal correspondiente al Sisbén seguramente que los beneficios en materia de eficiencia y calidad en el servicio redundarán con creces a favor de los más necesitados. Habrá que estar pendiente para evitar que los intermediarios perniciosos, los politiqueros y quienes en la actualidad usufructúan fraudulentamente esos recursos se opongan al éxito de tan importante iniciativa.

Curada de espantos

Por Edgar Polo 

El Heraldo, Barranquilla

Junio 4 de 2009

El gran debate en el país es el futuro político. La incógnita, qué va a pasar en agosto del 2010 cuando culmine el período de Uribe. Quién estará al frente de los destinos nacionales y qué va a pasar con la seguridad democrática y con todo en general.

La mayoría le apuesta a la continuidad política como factor de seguridad y estabilidad. No de otra manera se puede interpretar el resultado de las encuestas de opinión que en gran mayoría concluyen que si las elecciones fueran hoy Uribe ganaría sobrado en la primera vuelta.

Entonces, ¿donde está el conflicto? ¿Por qué el debate que tiene al Presidente en la encrucijada y al país en la incertidumbre? Para entenderlo es necesario establecer las causas, los actores y sus intereses. Ante la posibilidad de una nueva reelección de Uribe, el interrogante con fuerza argumental es la reelección como factor de desestabilización política debido al cambio en las reglas de juego. Este es el estandarte de la oposición, encabezada por el Partido Liberal a cuya cabeza está el ex presidente César Gaviria. 

Vale la pena efectuar un breve análisis sobre este tópico. ¿Tenemos una democracia que pueda resistir el ajuste? La respuesta es que sí. Hace 19 años el país se debatía en una profunda crisis cuyo principal factor de desestabilización era el narcotráfico, que a más de socavar las instituciones cometió el crimen de Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como seguro Presidente de la República. César Gaviria es elegido, al mejor estilo guaquero se encuentra la Presidencia en un entierro. Inmediatamente inicia, sin fórmula de juicio, un “revolcón” en las instituciones. Y a fe que lo hizo. Mediante un decreto de estado de sitio, convoca una Asamblea Constituyente tomando como base la ‘séptima papeleta’ de las elecciones de marzo de 1990. La famosa papeleta no tenía soporte legal de ninguna clase, ni podía ser escrutada. El Estado de Derecho vuela en pedazos cuando mediante un plebiscito inexistente se deroga la Constitución. El país siguió y, hoy, podemos concluir que nuestra democracia ha logrado un grado de madurez tal, que garantiza que está curada de espantos.

Los opositores de Uribe, aunque reconocen su obra de gobierno, sin programa alternativo apelan al ataque personal o familiar. El Presidente, en la medida en que es atacado por la oposición e importantes medios, crece su simpatía y aceptación popular. Así lo que indican los distintos sondeos de opinión, su obra goza de un 76% de aceptación después de seis años de gobierno.

El problema, entonces, no es la reelección per se, que no es ni buena ni mala. Sus efectos dependen del grado de madurez de la democracia y de la naturaleza y condición de quien ejerce el poder. El complemento de la reelección es el rediseño de la norma para garantizar el sistema de frenos y contrapesos en el ejercicio del poder. En la medida en que las democracias se consolidan, se hace necesaria la solución de continuidad en las políticas de gobierno, lo que se traduce en estabilidad y desarrollo. En América Latina, 14 de 18 naciones contemplan la reelección en sus sistemas políticos. 

Torcerle el pescuezo a la voluntad popular, más de cuatro millones y medio de firmas, mediante el recurso santanderista del inciso, la estratagema del trastocamiento semántico del texto de la convocatoria y, lo que es más grave, la amenaza de un juicio político con consecuencias penales por parte de la Corte Suprema constituyen un crimen de lesa democracia.