Cero y van dos

Miguel Yances Peña

El Universal, Cartagena

Marzo 15 de 2010

Este es el segundo referéndum que “tramposea” la clase política colombiana: el primero por cuenta de un censo electoral que incluía personas no habilitadas para votar; y este, de verdad-verdad, porque según la Corte, se alteraría el equilibrio de poderes, lo demás sirvió para adornar el fallo. Cómo si los magistrados fueran títeres de sus nominadores.

En el cambio de la pregunta, por ejemplo, uno de los argumentos de la Corte, nadie puede dudar que la gente firmó un tercer mandato para el 2010, aunque la pregunta se prestara para interpretaciones. Además de la percepción, está refrendado en la fecha (para qué un referéndum que sólo aplicaría 4 años después) y en las encuestas de opinión.

Si el argumento fue la pérdida de pesos y contrapesos, tampoco será posible llegar a un régimen parlamentario, donde no hay límite de tiempo para el primer ministro. Además, quienes hablan de dialogo con la guerrilla, que de antemano sabemos exige cambios constitucionales profundos, ¿cómo los harán? ¿Tendrá que ser por la armas o es que estos principios son coyunturales y cambiarán según la circunstancia?

En todo caso nada es eterno ni inmutable: abortar la consulta fue un golpe a la democracia.
Ahora, quien nomina un dignatario puede contar con su lealtad, si y sólo si pudiera prescindir de él en el momento en que lo desee, y ese no es el caso de ninguno de los poderes y organismos de control que conforman nuestra democracia. Por lo tanto, el control sobre los magistrados por parte del ejecutivo no existe. Se irrespetan a sí mismos quienes así piensan. ¿Por qué no, de haber sido votada afirmativamente la consulta, blindar la remota posibilidad de pérdida de autonomía?

Hay formas más expeditas y solapadas de ganar un voto, que no tienen que ver con la posibilidad de que un presidente reelecto tenga maneras de influir en los fallos de las altas cortes.

Y el mismo fallo demuestra, cómo, a pesar de 8 años de gobierno, la Corte mantuvo su autonomía. Ese fue uno de los aspectos positivos; otro, garantizar la gobernabilidad, que de repetir Uribe quedaba seriamente debilitada (no lo iban a dejar gobernar; y un tercero, permitir que surjan nuevos líderes.

El aspecto negativo fue que sin poder demostrar que las firmas recolectadas fueran falsas, se hundió la posibilidad de realizar un referéndum de iniciativa popular. En resumen, aunque el pueblo quería prorrogar el mandato, no era conveniente permitirlo, y la Corte falló pragmáticamente.

Así, los dos únicos intentos de recurrir al referéndum como instrumento constitucional de participación, fracasaron. Sus enemigos han sido los mimos políticos, demostrando así que esta es una democracia electorera, que dista mucho de ser deliberante. En el primero, muchos puntos se lograron aprobar una vez “negociados” en el Congreso, como el tema pensional y la muerte política. Hundido el segundo, sólo queda esperar, que “el pueblo en su sabiduría” sepa elegir un presidente a la altura de quien termina.
Por lo pronto, todos, con algunos matices, se quieren parecer al líder que no querían por más rato. Puede ser una estrategia para conseguir votos, o la actitud genuina de quien reconoce meritos y desea continuar la obra. Vaya a saber.

*Ing. Electrónico, MBA, pensionado Electricaribe

Año electoral

Miguel Yances Peña

El Universal, Cartagena

Marzo 1 de 2010

Que no nos embargue el pesimismo, pero los años de cambio de gobierno, y el primer año (2011) del que elijamos, suelen ser muy complicados. Los capitales se recogen temerosos y observan, y en consecuencia el empleo y la demanda interna se contraen.

Es el temor a que el nuevo gobierno decida modificar el escenario que les ha permitido actuar con tranquilidad; o a que el Congreso resultara mayoritariamente no gobiernista, y se dedicara al chantaje, o a atravesar palos en la rueda al ejecutivo para deslucir la gestión, y mantener al grupo contradictor con opciones de poder hacia el futuro.

Este comportamiento típico de un proceso electoral en cualquier país subdesarrollado del mundo, se acentúa en Colombia por los tentáculos del chavismo que quiere poner presidente también aquí; el nuevo camuflaje de la izquierda; y la posible división de los partidos continuistas, que ponen en peligro una transición de mando sin traumatismos.

Excluyendo a los minoritarios, que sólo quieren pescar unos reembolsos por votos obtenidos, o negociar su adhesión a alguno de estos (para todo da el circo) en el panorama político colombiano se distinguen tres grandes grupos políticos: los continuistas, entre los que hay quienes querían la reelección, y quienes no. El partido liberal, que en el fondo también es continuista, pero quieren en la presidencia a alguien del partido que distribuya entre ellos la burocracia y los contratos: sienten que Uribe les hizo conejo, porque se rodeó de antioqueños y costéenos, y no de cachacos. Y la izquierda en todos sus matices (tan unida y desunida a la vez), que también se está volviendo uribista (quien pudiera creerlo), pero que mantiene una posición firme y retrograda en contra de los acuerdos comerciales con los países desarrollados; disienten en la forma de lograr la paz, que para ellos no pasa por la seguridad, si no tal vez, por el utópico camino de tener a todos contentos; son antiyanquis y muestran cierta simpatías por las ideas socialistas del llamado Movimiento Bolivariano, que lidera Hugo Chávez en el subcontinente.

Enumeré los tres grupos en el orden ascendente de intranquilidad (o descendente de tranquilidad, que es lo mismo) que su posible ascenso al poder genera en la economía del país, que afortunadamente también es el orden descendente de las posibilidades reales que tiene cada uno de llegar al poder.

Aunque esas sean peleas de políticos, como dicen por acá en la costa, y en últimas nada cambiará, logran afectar la tranquilidad que tanto valoran quienes deciden invertir en el país, y el bolsillo de todos los colombianos.

No obstante creo, que el temor a que salga elegido un gobierno, que bajo el supuesto de que todo lo anterior fue malo gire 180 grados en estas políticas públicas, será determinante del voto para elegir parlamentarios primero, y luego presidente de la República: la gente no querrá arriesgar lo conseguido.
Esa percepción, y la entrada en vigencia de varios tratados comerciales (imán para la inversión nacional y extranjera) nos permiten seguir siendo optimistas a pesar de ser el 2010 un año electoral y no repetir Uribe.

No dudo que la misma percepción tendrán los inversionistas. Para hacerla realidad, los continuistas deberán ir unidos a la primera vuelta.

*Ing. Electrónico, MBA, pensionado Electricaribe

Los decretos de la emergencia

Miguel Yances Peña*

El Universal, Cartagena

Febrero 8 de 2010

En un nuevo intento por reducir los costos de la salud pública en Colombia, hacerla sostenible cerrándole espacios a la corrupción, e ir eliminando la brecha entre el régimen subsidiado y el contributivo, el gobierno nacional ha declarado la emergencia social y expedido una serie de Decretos con fuerza de Ley, que sistematizan el sector reduciendo la discrecionalidad individual del médico (detectada junto a las tutelas, como un importante foco de corrupción) que pasa ahora a una junta de funcionarios médicos pagados por el Estado.

El equivalente –digo yo- a las comisiones de regulación que existen en otros renglones de una economía de mercado.

Sistematizar y centralizar, no hay duda, mejora la eficiencia: permite hacer análisis científicos y de costos, y planear, pero deshumaniza el servicio produciendo casos, puntuales sí, pero aberrantes. Un ejemplo -tan sensible como el de la salud- se puede observar en el sector financiero, donde ya “nadie” decide nada, todo está en manos de las computadoras y los cerebros –administradores, economista e ingenieros- que las programan.

No obstante, leyendo los decretos y conociendo la realidad de primera mano, no se le puede negar al Gobierno la buena intención, el deseo de acertar y de colocar un buen arquero que evite los goles de la corrupción, al tiempo que busca nuevos recursos para financiar la salud, mejorarla y hacerla universal.

Casos específicos que se oyen en la calle cuentan de “comisiones” pagadas por los laboratorios de medicamentos, y los receptores de casos de salud (IPS y especialistas), quienes tienen y abusan de la discrecionalidad en el manejo de pacientes, originando costos innecesarios que tienen en crisis al sector.
Es de no creer; la salud pública manejada por los agentes, como si fuera un mercado de bienes materiales (carros o apartamentos), en el que quien más casos remite, más dinero gana. A eso hay que ponerle freno, y confiamos en que las recientes medidas del gobierno lo logren, sin afectar la oferta de servicios de salud, ni la remuneración de quienes laboran en el sector.

Muchos se habrán sorprendido, por ejemplo, al conocer –porque el gobierno lo elevó al 14%- que el IVA a la cerveza estuviera en el 3%. Se necesitó –al igual que en la industria del tabaco- que fuera vendida a inversionistas extranjeros, y que el Estado le metiera la mano a la financiación de las campañas políticas, para que el tributo fuera ajustado. Como también molesta saber que en los juegos de azar, otro de los que aportan recursos a la salud, hubiera tanta corrupción.

Tales decretos, han sido no obstante, fuertemente criticados por los gremios de la salud. Vaya a saber si pensando “genuinamente” en la población objetivo, o en sus intereses gremiales.

Paralelo a la higiene, tan necesaria en el sector, y a la búsqueda de nuevos recursos, el Estado tiene que diseñar políticas públicas de salud: buena alimentación, medio ambiente sano, prevención, inmunización, promoción de la capacidad auto curativa del cuerpo, desestímulos de acceso al sistema con campañas educativas y cuotas de acceso. Y buscar por todos los medios, abaratar los procedimientos, especialmente incrementando la oferta de servicios y de personal especializado.

*Ing. Electrónico, MBA, pensionado Electricaribe.

Cuál dictadura

Por Miguel Yances Peña

El Universal, Cartagena

Mayo 18 de 2009

Hace 15 días expresaba que, a menos que asumiéramos que los más altos dignatarios del Estado fueran títeres que se entregaran a quien los postula, no podríamos concluir que un tercer periodo presidencial consecutivo acabaría con la democracia y se conformaría una dictadura como lo afirma la oposición. Y en tal caso, sería una dictadura popular, porque el mecanismo recurre al referéndum y a un proceso electoral.

No consideré en esa oportunidad que podría haber sesgo en la función pública por amiguismo, filiación política, o simpatía de estos dignatarios con el gobernante, porque si fuera eso lo que permitiera al ejecutivo controlar todas las ramas del poder público, tendríamos que aceptar con más razón, que cuando un partido permanece en el poder más de cuatro u ocho años, (el liberal estuvo doce) se configura una dictadura de partido como el PRI en México, o el Bolchevique en la Rusia Comunista.

 

La falacia está en que tienen más posibilidades de controlar las instituciones los partidos políticos (más disciplinados y mejor organizados) contra los que no dice nada la Constitución en relación con su permanencia en el poder, que los independientes.

 

El que la Constitución no le haya puesto límite al tiempo que permanece un partido en el poder, podría obedece a dos razones: la primera, la confianza en que la libertad debería producir que el partido en el poder terminara desgastándose ante la imposibilidad de resolver los graves problemas que padece la nación, y el pueblo buscando alternativas en las urnas. En otras palabras, que el ejercicio del poder sin límites, en una democracia, lleva implícita la alternancia de los partidos (así pasó con el liberal después de Samper, y con el conservador cuando Pastrana). Igual debería suceder con las personas.

 

Y la segunda, que veníamos de un esquema antidemocrático y desgastado –el Frente Nacional- que limitaba a cuatro años la permanencia de un partido en el poder, e impedía el ingreso de nuevos en la política.

 

Sin embargo, por alguna razón no suficientemente explicada por los constituyentes del 91, el periodo presidencial (y el de los gobiernos territoriales) se limitó a cuatro años y se excluyó la reelección; soslayando que los países más desarrollados –y en parte por eso lo son- tienen más estabilidad política y en consecuencia mayor bienestar económico. De no haber sido por el tan criticado Acto Legislativo que modificó el artículo, hoy seriamos con cuatro años y sin reelección, un caso único en América, y minoritario en el mundo. ¡Las ideas retrogradas que defiende la oposición!

 

Algo que deberían entender los partidos políticos democráticos, es que la amenaza real de una dictadura está en el monte, y con sus infiltrados en las ciudades. Y que mientras esté en peligro la democracia, habrá que limitar algunas libertades y derechos. No obstante están garantizados más de las que la situación amerita.

 

En lo de las chuzadas –por ejemplo- ni se sabe si es la demanda de quienes compran escándalos lo que las estimula, o la necesidad de ir cerrando el círculo a los infiltrados de la guerrilla en las instituciones del Estado. Ahí se aplicaría que el que no la debe no la teme; y por supuesto que los que la temen buscarán otros medios de planear fechorías.

 

Mercancia humana

Por Miguel Yances Peña

El Universal, Caragena

Mayo 4 de 2009

Uno de los argumentos más repetidos por quienes no están de acuerdo con una tercera aspiración del Presidente es el de la excesiva acumulación de poder que quedaría en sus manos por el hecho de haber incidido en el nombramiento de los miembros de otros órganos de poder.

 

Dicho temor presupone que los individuos no son éticos e independientes en el ejercicio de sus funciones, sino que por voluntad propia han vendido su conciencia a quien le facilitó la elección o el nombramiento.

Se puede entender que quien asume un cargo de libre nombramiento y remoción se subordina a un jefe que responde por la unidad en la que trabaja; y que si no lo hace puede ser despedido. También que a veces ejecute u omita actos que van contra sus principios o contra la ley, so riesgo de ser declarado insubsistente. Pero no que un alto dignatario con estudios, solvencia económica y prestancia social, nombrado o elegido para un periodo fijo; que no tiene jefe distinto que la nación, la constitución y las leyes, se venda por el cargo.

 

No creo que los más altos dignatarios del Estado sean mercancías humanas que vendan su conciencia, pero si realmente lo fueran ¿quién puede decir que no lo hagan por algo más lucrativo que el cargo; o que vendan cada decisión importante que deban tomar? ¿Qué diferencia habría entre los dos negocios de compra venta? ¡Ninguna! Por lo tanto la preocupación es infundada. Otra cosa es que no fueran capaces de formarse un criterio propio -o que no fueran objetivos, sino emocionales- en cuyo caso no serían aptos para el cargo

 

Es una suposición perversa que sólo sirve a los propósitos de la oposición, pensar que los hombres, libres y autónomos como son -condición que aprecian y valoran- se entreguen a la voluntad de otro. Tampoco es entendible, que la división de poderes que tanto se defiende, propicie un campo de batalla en el que sus fines son antagónicos. La nación es una sola, y si se está de acuerdo en el fin -el buen gobierno y el bienestar de los gobernados- y en la ruta que indica el pragmatismo, no la ideología, los poderes no tienen porqué confrontarse, ni perseguirse, sino colaborarse.

 

Modernamente la doctrina política denomina a esta división, en sentido estricto, separación de funciones o de facultades, al considerar al poder, como único e indivisible, y perteneciente original y esencialmente al titular de la soberanía (nación o pueblo).

 

La independencia de los órganos del Estado está garantizada antes que todo por las cualidades humanas de sus miembros (lo más importante) y adicionalmente quedaría blindada si se les prohibiera aspirar a cargos públicos y a contratar con el Estado, de por vida, desde el momento en que son nombrados. Si se requiere, alargándoles la edad y el periodo (a 12 años por ejemplo) para que puedan recibir la pensión al terminarlo.

 

La condición de polarización y confrontación actual, que tendería a agravarse haciendo ingobernable el país, es mejor argumento para oponerse al tercer periodo que la cacareada independencia. No obstante, por esas rarezas de la vida, mientras más aumenta la polarización, más crece el deseo popular de un tercer periodo.

 

Lo mejor de todo es que quien quiera que sea el próximo presidente hará lo mismo (dudo en el caso de Piedad o el Polo) aunque no necesariamente lo hará mejor.