Un Atropello del Gobierno Brasileño a Colombia

Rodrigo Botero Montoya

El Colombiano, Medellín

Marzo 18 de 2010

Un incidente en la silla que comparten Colombia y Brasil en el Directorio del Fondo Monetario Internacional amenaza con deteriorar las relaciones bilaterales, a causa de la aparente aceptación del comportamiento abusivo de su Director Ejecutivo en el FMI, Paulo Nogueira, que han expresado las autoridades brasileñas.

El 18 de febrero, María Inés Agudelo, la Directora Alterna por Colombia, recibió una llamada de Nogueira, quien en forma intempestiva y grosera le ordenó evacuar su oficina en un plazo de 24 horas. Para añadir el insulto a la injuria, Nogueira procedió a notificar al Gerente del Banco de la República, Gobernador por Colombia en el Fondo, de la destitución de Agudelo y a solicitarle el envío de hojas de vida de posibles candidatos a sustituirla, con el fin de que él seleccionara el representante del gobierno colombiano ante el Fondo en Washington.

María Inés Agudelo, una exviceministra de Hacienda, no era una empleada de Nogueira. Su destitución constituye una irregularidad que no corresponde al espíritu del acuerdo constitutivo de la silla, ni al entendido entre los gobiernos de Colombia y Brasil. Según ese entendido, las autoridades colombianas seleccionan al Director Alterno en el FMI conforme a su mejor criterio. Cuando se discuten en el Directorio asuntos relacionados con el interés colombiano, quien interviene es el Director Alterno, no el Director Ejecutivo brasileño.

Ese entendido no puede violarse de buenas a primeras, por un acto de patanería, sin que se rompa la tradicional armonía, basada en el respeto mutuo, que ha caracterizado de tiempo atrás las relaciones entre Colombia y Brasil. También hacen parte de la misma silla la República Dominicana, Ecuador, Guyana, Haití, Panamá, Surinam y Trinidad Tobago. El acuerdo constitutivo de la silla establece que, durante el período 2004 a 2016, el cargo de Director Ejecutivo le corresponde a Brasil, y el de Director Alterno a Colombia. Los demás países nombran asesores que deben llenar determinados requisitos profesionales. En caso contrario, el Director Ejecutivo puede solicitarle al Gobernador del respectivo país que designe un reemplazo. Tal como interpretan el acuerdo las autoridades económicas colombianas, el estatus del Director Alterno es diferente al de los asesores. Su nombramiento y remoción son actos soberanos del gobierno colombiano que no conciernen al Director Ejecutivo brasileño.

Sin embargo, el documento que rige el manejo de la silla no tiene fuerza contractual. No existe un recurso legal válido para corregir un atropello como el que acaba de tener lugar. Por definición, los acuerdos entre caballeros funcionan cuando quienes los ejecutan se comportan como tales. Alexandre Kafka, Murilo Portugal y Eduardo Loyo, los anteriores representantes de Brasil en el FMI, manejaron en forma impecable las relaciones con Colombia. Pero la caballerosidad no es el rasgo que caracteriza a Paulo Nogueira, quien se ha ganado la animadversión de sus colegas en el Directorio del Fondo.

Las autoridades colombianas han reaccionado con firmeza y discreción. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de Brasil, han sido notificadas de la inconformidad colombiana con el comportamiento de su representante en el FMI. Las autoridades económicas colombianas han dejado saber al Director Gerente del Fondo que Nogueira no está autorizado para intervenir en ningún asunto relacionado con Colombia. En esos casos, se desplazaría a Washington un funcionario del Banco de la República para defender el interés colombiano.

El gobierno brasileño debe entender que el atropello de Nogueira conlleva un costo político considerable. Su solidaridad con un comportamiento inaceptable resultaría incompatible con el objetivo de mantener relaciones cordiales con Colombia.

Determinantes Económicos de la Geopilítica

Rodrigo Botero Montoya

El Colombiano, Medellín

Febrero 18 de 2010

El enfoque tradicional de la visión geopolítica ha estado condicionado por la capacidad militar ofensiva y defensiva de la nación en la eventualidad de un conflicto.

La guerra era un recurso a disposición de los monarcas en la edad premoderna. Si determinados objetivos de expansión territorial no se podían lograr por medio de la negociación diplomática, los príncipes podían acudir al argumento de los cañones. El cambio tecnológico ha erosionado la validez de ese concepto.

La guerra dejó de ser un divertimento aristocrático, limitado a los campos de batalla, para involucrar a la población civil. Habida cuenta de la enorme capacidad destructiva del armamento moderno, un eventual conflicto bélico conlleva costos impredecibles para los participantes, cualquiera que sea el resultado de la guerra. Por conveniencia mutua, la competencia entre las grandes potencias se ha trasladado al ámbito económico.

El historiador Tony Judt hace un magistral análisis de la experiencia europea después de la Segunda Guerra Mundial en Postwar: A History of Europe Since 1945 . Al concluir las hostilidades con la rendición de Alemania y su ocupación militar por los aliados, la Unión Soviética quedó en control de las naciones de Europa del Este y de la parte oriental de Alemania. Su superioridad militar sobre el resto del continente era indiscutible. Se decía que si el Ejército Rojo decidía marchar contra Europa occidental, lo único que requeriría sería botas.

El compromiso norteamericano con la defensa de Europa occidental, formalizado por medio de la OTAN, y la capacidad de disuasión recíproca de adversarios nucleares, mantuvieron al continente europeo dividido, pero en paz. La coexistencia pacífica de dos regímenes políticos y sociales antagónicos permitió restringir la competencia al terreno de los derechos humanos, el progreso económico, y el bienestar social. Esa competencia concluyó en 1989 con la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento del imperio soviético.

Una versión de esa competencia se observa en América Latina con el intento de establecer en Venezuela el anacrónico sistema soviético que sobrevive en Cuba como una aberración histórica. Si bien Hugo Chávez concibe el triunfo de la Revolución Bolivariana y su proyección continental en términos militares, la realidad es que la mayor o menor viabilidad de su proyecto estratégico depende de factores económicos y comerciales.

Y el régimen bolivariano ha demostrado carecer de ventajas comparativas en ese terreno. La puesta en práctica del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela se traduce en imitar la trayectoria inicial de la Revolución Cubana: proliferación de empresas estatales, hegemonía comunicacional, lucha de clases, hostigamiento a la empresa privada, represión policial.

Tal como ocurrió en Cuba, la hostilidad a la clase media y a la sociedad civil ha provocado la emigración de científicos, profesionales y empresarios.

Al tiempo que ha crecido la participación del sector público en la economía, la capacidad técnica y gerencial del Estado venezolano se ha reducido.

A diferencia de lo que sucede en Cuba, el régimen bolivariano no ha logrado establecer el mismo grado de control social y de desinformación acerca del mundo exterior.

La crisis internacional ha puesto de presente las deficiencias de un manejo gubernamental autoritario, centralizado e incoherente.

La economía venezolana ha demostrado ser menos flexible y más vulnerable a choques externos que la de naciones vecinas.

Después de once años de gobierno revolucionario, el sistema de generación y distribución de electricidad está al borde del colapso.

Un régimen que le ofrece a la población escasez de productos básicos y la inflación más alta de América Latina, está teniendo que competir con naciones donde hay estabilidad de precios y abastecimiento normal de alimentos.

El empleo como objetivo prioritario

Rodrigo Botero Montoya

El Colombiano, Medellín

Febrero 4 de 2010

El año 2010 se inicia con una tasa de desempleo de dos dígitos y altas tasas de subempleo e informalidad, las cuales afectan en forma desproporcionada a los jóvenes y a la población con bajos niveles de educación. Modificar esta situación requiere privilegiar la generación de empleo formal dentro de las políticas públicas. La búsqueda de fórmulas para mejorar el sistema laboral debería hacer parte esencial de las campañas presidenciales que se inician.

En 1934, durante la Gran Depresión, Franklin Roosevelt afirmaba: 'Por rico que sea, ningún país puede darse el lujo de desperdiciar sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia.'

Este enfoque tiene particular relevancia para un país como Colombia.

Un poeta tiene licencia literaria para exclamar 'Salvo mi corazón, todo está bien.' Una nación semi-industrializada no dispone de licencia poética para considerar que la economía marcha bien, si el mercado laboral está funcionando en forma defectuosa.

Durante un encuentro con dirigentes empresariales en Medellín a finales del año pasado, el exministro de Economía de la Argentina, Domingo Cavallo, hizo referencia al problema del desempleo y la informalidad en Colombia. Recomendó mantener las contribuciones a las entidades que se benefician de los recargos parafiscales a la nómina, financiando esas transferencias con los recursos fiscales que ahora se destinan a promover la inversión. Habida cuenta de la acogida favorable que tuvo esa sugerencia, surgió la idea de formalizar la recomendación y hacer un estimativo de su eventual incidencia fiscal. Ése es el origen de la iniciativa que se describe a continuación.

Se ha empezado a distribuir a centros de investigación, entidades gremiales y personas interesadas en las políticas públicas, el documento titulado Incentivos al Empleo Formal: Una Propuesta, por Rodrigo Botero y Domingo Cavallo. El texto respectivo puede consultarse en los siguientes sitios de Internet: www.fedesarrollo.org.co, http://economia.uniandes.edu.co/facultad/eventos_y_noticias/destacados

El documento parte de la base que la creación de empleo formal es el principal desafío de la política económica en Colombia. Partiendo de esa premisa, se propone convertir la generación masiva de empleo formal en el objetivo central de la política económica, más bien que en el sub-producto de otro objetivo. Ello implica reorientar los incentivos al sector empresarial de tal manera que los beneficios se destinen en forma más que proporcional a la creación de empleo formal.

La combinación de gravámenes que encarecen el trabajo y exenciones tributarias que abaratan el uso de capital crea una estructura de incentivos que distorsiona el costo relativo de los factores. Los agentes económicos responden a los incentivos que se les brindan.

Como afirma Douglass North: 'Si las instituciones premian la piratería, se invierte en piratería; si premian la productividad, se invierte en productividad.'

El planteamiento que se presenta es compatible con la recomendación formulada por la Comisión Independiente de Gasto Público de eliminar los impuestos al trabajo, pero con una variante que la haría más aceptable para las partes interesadas. Por lo tanto, se enmarca dentro de lo que podría denominarse la economía política de las reformas.

El propósito de la propuesta es contribuir a crear conciencia acerca de la necesidad imperiosa de modificar unas políticas públicas que tienden a estimular el uso intensivo de capital, al tiempo que se encarece la generación de empleo formal. En las circunstancias presentes, ésa no parece ser una estructura óptima de incentivos para la economía colombiana. La reducción de los actuales niveles de desempleo, subempleo e informalidad debe convertirse en un propósito nacional. El logro de ese objetivo constituiría un valioso aporte al bienestar social y a la legitimidad del sistema democrático.

La propuesta de fijar la tasa de cambio

Rodrigo Botero Montoya

El Colombiano, Medellín

Octubre 15 de 2009

El presidente Uribe ha hecho un llamado público al Ministerio de Hacienda y al Banco de la República para enfrentar, en forma conjunta, la revaluación del peso con medidas radicales encaminadas a establecer una 'tasa de cambio estable y competitiva.' Esta propuesta, al parecer sencilla, tiene implicaciones técnicas, institucionales y sociales que conviene hacer explícitas. Además, parte de la premisa que la pericia macroeconómica gubernamental se encuentra en la Casa de Nariño. Una vez identificada desde allí la solución correcta al problema, solo faltaría su pronta implementación por parte de las entidades mencionadas. La validez de esa premisa está por comprobarse.

Para llamar las cosas por su nombre, sin eufemismos, lo que se ha propuesto es una devaluación del peso. Lo que desean los floricultores y otros sectores exportadores es un aumento significativo de la cotización del dólar del nivel actual a un nivel entre 2.300 y 2.400 pesos. Ahora bien, el gobierno colombiano no determina el valor del dólar norteamericano. Al cambiar la cotización del dólar por medio de un decreto de 1.800 a 2.350 pesos, por ejemplo, el gobierno estaría reduciendo el valor del peso en el mercado internacional de cambio. Esa figura tiene el nombre técnico de devaluación del peso. En lenguaje corriente, eso significa envilecimiento de la moneda nacional. En este caso hipotético, se trataría de una devaluación considerable, del orden de 30%.

A primera vista, la devaluación sugerida transformaría la preocupación de los exportadores en felicidad y prosperidad. La reticencia de los técnicos a aplicar tan benemérita iniciativa sólo podría interpretarse como un síntoma de incompetencia, cuando no como un indicio de perversidad. Sin embargo, la animadversión de la tecnocracia colombiana a medidas que conlleven inducir choques deliberados a la economía se basa en argumentos conceptuales y en consideraciones históricas.

El planteamiento teórico puede resumirse de la siguiente forma. El manejo macroeconómico colombiano incluye tres elementos centrales: Una política monetaria de inflación objetivo a cargo de un banco central independiente; una tasa de cambio fluctuante; y libertad para el ingreso y la salida de capitales, es decir, una cuenta de capital abierta. Los tres elementos constituyen un conjunto coherente. Los agentes económicos lo entienden. Los inversionistas valoran su funcionamiento por su semejanza con el de las naciones desarrolladas, por ser predecible, y por ser compatible con la inserción del país en la economía internacional.

Si se decide fijar la tasa de cambio, sería necesario cerrar la cuenta de capitales o dejar de tener una política monetaria independiente. Dicho de otra manera, para fijar la tasa de cambio habría que aceptar uno de estos dos costos: el control de cambios o la inflación. El primero requeriría echar por la borda la política gubernamental de atraer la inversión extranjera. El segundo requeriría eliminar la independencia del banco central. Costos de semejante magnitud no deben incurrirse a la ligera.

Por representar una rebaja del salario real, la devaluación fracasa si los trabajadores rechazan una caída en su ingreso por decisión gubernamental. Eso fue lo que sucedió a principios de la administración Valencia, cuando una devaluación de 34% y la subsiguiente alza de salarios por decreto produjeron un traumatismo económico.

La innovación cambiaria propuesta conduciría a un retroceso de medio siglo en el manejo de la política económica. Si se desea observar el funcionamiento de ese esquema, basta con estudiar el caso de la Argentina. El modelo de desarrollo en base a una moneda devaluada que han impuesto Néstor y Cristina Kirchner ha producido fuga de capitales, deterioro industrial, estancamiento económico, inflación y aumento de la pobreza.

La Cumbre de las Américas

Por Rodrigo Botero Montoya

El Colombiano, Medellín

Abril 16 de 2009

La proliferación de reuniones internacionales de Jefes de Estado puede estar registrando síntomas de fatiga y de rendimientos decrecientes. En determinadas circunstancias es útil recurrir a las gestiones diplomáticas al más alto nivel. Pero si estas reuniones tienden a convertirse en la norma, pueden resultar inocuas en el mejor de los casos. Estos eventos requieren una preparación cuidadosa por parte de los expertos de los respectivos gobiernos y un acuerdo previo respecto al texto del documento que se someterá a la consideración de los mandatarios.

La inadecuada preparación de la anterior Cumbre de la Américas, celebrada en Mar del Plata en el año 2005, explica, en buena parte, su final lamentable. La controversia suscitada por el tema del libre comercio y la falta de profesionalismo del gobierno anfitrión dejaron un legado de discordia y de frustración en las relaciones interamericanas.

Hay razones para esperar que la reunión que tendrá lugar en Trinidad y Tobago a partir del 17 de abril transcurra en forma menos decepcionante que la anterior. La crisis económica mundial pone de presente la necesidad de una respuesta internacional coordinada. El tema controversial del ALCA ha dejado de ser parte de la agenda hemisférica. Ha habido un proceso previo de preparación de la reunión. Y el cambio de gobierno en Estados Unidos le concede al presidente Obama el beneficio de la simpatía y la buena imagen.

Del lado latinoamericano también ha habido cambios que hacen menos probable la repetición del motín anti-americano promovido por Hugo Chávez con la complicidad de Néstor Kirchner en Mar del Plata. El entorno internacional ha causado una reducción significativa en el monto de recursos a disposición del gobierno venezolano. Néstor y Cristina Kirchner están afrontando las consecuencias de un manejo económico inepto. La crisis mundial encuentra al gobierno argentino sin acceso al crédito externo, abocado a un conflicto interno con las organizaciones del sector agropecuario, e incurriendo el costo político de la mezcla nociva de estancamiento con inflación. El riesgo de una eventual cesación de pagos hace recomendable tratar de mejorar las relaciones de Buenos Aires con Washington. Mientras tanto, el presidente Lula está ejerciendo un liderazgo regional con prudencia y sentido de responsabilidad.

Si bien la situación internacional reduce las posibilidades de una reunión conflictiva, también ofrece razones para moderar las expectativas. Las relaciones con América Latina no son un tema prioritario para el gobierno norteamericano. La crisis económica y las exigencias de las guerras en Irak y Afganistán limitan el tiempo y los recursos que se pueden asignar a otros fines. Modificaciones de cierta envergadura en temas como la inmigración o la liberalización comercial tendrían que ser aprobadas por el Congreso.

Hugo Chávez y algunos de los dirigentes del ALBA se proponen llevar a la cumbre el tema del embargo norteamericano a Cuba. La administración Obama ha dado un primer paso al facilitarles a los integrantes de la comunidad cubana en Estados Unidos las visitas y el envío de dinero a sus familiares en la isla. El próximo paso sería eliminar las restricciones a todos los ciudadanos americanos para viajar a Cuba, iniciativa que tiene respaldo en el Congreso. Todavía no existe suficiente apoyo político para la propuesta de levantar el embargo.

La contribución inicial que podría hacer Barack Obama a las relaciones interamericanas es crear un ambiente de cordialidad y estar dispuesto a escuchar. Si todos los gobiernos participantes actúan con espíritu constructivo y buena voluntad, la Cumbre de las Américas de Trinidad Tobago podría sentar las bases para una nueva etapa de cooperación y confianza mutua en las relaciones hemisféricas.