Canadá: confiable aliado

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 16 de 2010

“Ottawa apoya el “lado derechista” de Latinoamérica”, tituló The Globe and Mail de Toronto (Canadá), un completo informe que publicó en su edición del viernes 12 de los corrientes, sobre el alcance de la perspectiva de aprobación en el Parlamento de ese país del TLC entre esa nación y Colombia.
Se subrayó por parte de ese influyente diario que la administración que orienta el primer ministro Stephen Harper está resuelta a brindar su respaldo a países del hemisferio con innegable perfil democrático, orientación favorable al libre comercio y compromiso con los temas de seguridad. Una línea de acción que cuenta con el soporte del Partido Conservador, que es la agrupación política que tiene la responsabilidad actual del gobierno canadiense. Frente a la aventura izquierdista del presidente Chávez y sus corifeos en algunas naciones de nuestra región, Canadá asume un vigoroso liderazgo en favor de la institucionalidad democrática.

Visitar al Canadá, como tuve ocasión de hacerlo la semana anterior, es siempre una gratificante experiencia personal. Al igual que en años anteriores, mi visita a Toronto tuvo como propósito fundamental la participación en el gran evento minero que periódicamente lleva a cabo la PDAC, entidad que agrupa a quienes profesionalmente impulsan la exploración y el desarrollo de proyectos de la industria extractiva, tanto en la escena canadiense como en otros lugares del universo. Durante 4 días, los veintidós mil inscritos en este certamen conocimos de cerca los avances que se vienen dando en la minería, tanto en los contenidos científicos y tecnológicos como en el movimiento de los flujos de capital, requeridos para ampliar las reservas de sustancias que siguen siendo demandadas, tanto por las naciones desarrolladas como por las que con enorme vitalidad continúan emergiendo en el mundo de los negocios internacionales.

Definitivamente, ningún asociado y amigo mejor puede tener Colombia que el Canadá. Sociedad de gran pujanza económica, de notoria inclusión social por la multiplicidad de corrientes de inmigrantes con que cuenta y de elevado nivel educativo y cultural, Canadá cada día se afianza en su papel protagónico en nuestro continente y otras latitudes. En el terreno puramente económico y comercial, la próxima entrada en vigencia del TLC entre nuestros dos países abrirá un anchuroso horizonte especialmente en materia de inversiones. De ahí que todo cuanto contribuya a fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre nuestros dos gobiernos y pueblos, merece destacarse como algo de especial significación en nuestro acontecer nacional. Así lo quiero resaltar en esta fecha.

Retorno a la legalidad

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 9 de 2010

Recientemente, y durante una entrevista radial, escuché de Antanas Mockus una aseveración digna de cavilaciones. Interrogado sobre la dificultad que consideraba mayor en la vida nacional contestó, palabras más, palabras menos: “La vigencia de la legalidad es el más grande desafío para la sociedad colombiana”. Y si nos detenemos a examinar las crisis que diariamente aparecen en la escena nacional, la raíz común es la ausencia de la ley. La experiencia más reciente se ha tenido con la suspensión del transporte público en Bogotá, durante cuatro días.

¿Cuál fue el origen del conflicto? El rechazo que hicieron los transportadores particulares de las disposiciones distritales promulgadas con miras a racionalizar los sistemas de transporte colectivo, tanto los existentes como los que se pongan en marcha en un futuro. Como los propietarios de determinados autobuses consideraron que el nuevo sistema integrado podría lesionar sus personales intereses, la organización que los agrupa decidió la paralización del servicio. Se pasó a las vías de hecho y a la parálisis se sumaron las empresas grandes de transporte urbano, temerosas de los actos de vandalismo, que efectivamente se registraron a lo largo y ancho de la capital de la República. Se desconocieron, con actitud desafiante por parte de los organizadores del paro, las normas que regulan el servicio de transporte, que es de carácter público. Es decir, donde no es aceptable suspensión alguna.

Fueron incontables los desmanes cometidos en las calles bogotanas, con saldo de vehículos destrozados, establecimientos comerciales destruidos y ciudadanos lesionados por actos de auténtico terrorismo. Las autoridades capitalinas se han sentido finalmente satisfechas, por la mayor o menor aceptación del nuevo esquema de integración del transporte público. Pero, cabe preguntarse: ¿se impondrán las sanciones anunciadas a las empresas que retiraron del servicio sus autobuses? ¿Serán penalizados los dirigentes que ordenaron el cese de las actividades y que, por acción u omisión, promovieron los desórdenes públicos? Me temo que una vez más el desconocimiento de la legalidad quedará patente.

De suerte que la reflexión del exalcalde Mockus es totalmente válida. El país entero, la sociedad colombiana en su conjunto, están requiriendo a gritos una verdadera cruzada de regreso a la legalidad. Hay que poner en cintura legal a los vendedores que ocupan los espacios públicos, a quienes ilícitamente explotan minas, a quienes mediante fraude copian libros y producciones fonográficas. En fin, a los miles de colombianos que han convertido el desconocimiento de la ley, en la forma cotidiana de vida.

Un perdurable legado

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 1 de 2010

En una acertada decisión personal, formé parte del grupo de conservadores que, bajo la orientación del senador Enrique Gómez Hurtado, manifestó su apoyo al entonces precandidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, con un favoritismo de opinión pública de sólo 4%. El programa de acción política que planteaba se ajustaba en un alto porcentaje al ideario conservador. El talante de la futura tarea gubernamental mostraba un innegable acento de centro derecha. Y, en efecto, tal como lo puntualiza Semana en la edición que está circulando: “Uribe asumió posiciones doctrinarias conservadoras en el manejo de la autoridad y el orden, en pro empresarial de la economía”.

Cerrada la posibilidad de una segunda reelección presidencial, puede ya comenzar a examinarse lo que ha sido la tarea del primer mandatario de la nación, en estos dos períodos. Aunque algunos aspectos de la gestión cumplida requerirán que transcurra mayor tiempo, hay aspectos sobresalientes de la labor ejecutada que merecen desde ahora destacarse.

La recuperación del imperio de la ley, haciendo posible el retorno de la seguridad para los ciudadanos, es el mayor logro que presenta el balance de ejecutorias del jefe de gobierno saliente. Con la seguridad, especialmente en el ámbito rural, resurgió la confianza, concepto básico para activar la inversión económica y así estimular el avance en el terreno de la cohesión social. El frente de las relaciones internacionales ha sido objeto de un positivo manejo, al igual que la conducción económica se ha llevado a cabo con prudencia y responsabilidad. Hasta el punto que la crisis financiera mundial del 2008, no tuvo repercusiones graves en la escena colombiana. Queda sí el lunar del déficit fiscal y el alto endeudamiento público, que requerirán un tratamiento cuidadoso por parte del próximo gobierno.

¿Qué debe seguir ahora? La siguiente preocupación ciudadana girará en forma inmediata sobre las elecciones para corporaciones públicas del domingo 14 de los corrientes. Partiendo de la generalizada convicción de ser conveniente conservar las orientaciones fundamentales de las administraciones Uribe Vélez, en materia de la seguridad democrática, del buen clima de inversión económica y del interés por la integración social, será de innegable trascendencia que al Congreso de la República lleguen dirigentes sintonizados con tales conceptos.

El legado que al país le deja Álvaro Uribe Vélez es por demás valioso. Se le fijaron directrices a la nación en asuntos vitales, que deberán continuarse. Esta reflexión deberá ser prioritaria, cuando en la jornada electoral de mayo se elija al sucesor de Uribe Vélez en el solio de Bolívar.

¿Bendición o maldición?

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Febrero 16 de 2010

Con el rótulo utilizado en su presentación por Guillermo Perry, he titulado esta columna. La intervención del exministro de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público tuvo lugar en el Seminario “Repercusiones que en la economía colombiana tiene la inversión extranjera en el sector minero-energético”, realizado la semana anterior en Bogotá, por iniciativa del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, la Asociación Colombiana del Petróleo y el Organismo Latinoamericano de Minería. El foro contó igualmente con la participación de Carlos Caballero Argáez y de Juan Camilo Restrepo, ambos titulares que fueron de la cartera de Minas y Energía y el último también del despacho de Hacienda y Crédito Público.

Las cifras que se vienen registrando, sobre el flujo de capitales foráneos destinados a la exploración y a desarrollos en minería y la industria de hidrocarburos, motivó la convocatoria del evento. Los números hablan por si solos: en el 2008, de un total de inversión extranjera en cuantía de USD$10.583 millones, el sector minero-energético recibió USD$5.330 millones, y en los primeros 9 meses del 2009, según datos del Banco de la República, USD$4.816 millones tuvieron similar destino, con una equivalencia de 74% frente al monto global captado.

Confirmándose el sesgo cultural que nos previene ante la prosperidad, no han faltado quienes han visto en este fenómeno económico una especie de maldición gitana. Se nos habla de una posible “enfermedad holandesa”, que ocasionaría una espiral inflacionaria, y se llama la atención sobre alguna volatilidad que se presenta en las cotizaciones de estos “commodities”. Por el contrario, el exministro Restrepo se refirió al “saludable auge” de las actividades minero-energéticas, criterio compartido por sus colegas Caballero Argáez y Perry. Otra cosa es la forma como maneje el Estado colombiano esta favorable coyuntura.

Las positivas experiencias de Noruega, Chile e Indonesia, así como de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, son aleccionadoras. Se requiere sí una responsable política fiscal. Y es aquí donde pueden surgir las verdaderas preocupaciones. Con un desequilibrio fiscal que entre el 2009 y el 2015 podría representar el 0,7% del PIB, se impone disciplinar las finanzas públicas. Es inaplazable darle vigencia a una auténtica “regla fiscal”, como lo ha planteado en buena hora el ministro Óscar Iván Zuluaga, que corte de raíz el desfase entre los recaudos y las expensas del fisco. Un primer paso sería la rigurosa aplicación de la Ley 819 de 2009, que prohíbe expedir, en nivel nacional y territorial, presupuestos deficitarios.

Integración caribeña

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Febrero 9 de 2010

EL tema se vuelve recurrente. La importancia del asunto justifica que se vuelva a examinarlo. Se trata, nada menos, de darle estructura jurídica a la Costa Caribe colombiana como una región territorial. Se volvería realidad una aspiración que de tiempo atrás se ha tenido en estas comarcas, de disponer de cierta autonomía administrativa. Esto sin atentar contra la unidad de la nación colombiana. Simplemente se ha pretendido reducir, en un grado conveniente, la dependencia de esta extensa provincia del manejo centralista.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, ha sido adalid de esta iniciativa. Miembro que fue de la Asamblea Constituyente, que le dio vida a la actual Carta Política, el mandatario seccional le ha planteado al Consejo Nacional Electoral, llevando la vocería de los jefes de las administraciones de los siete departamentos caribeños, que en las elecciones para corporaciones públicas del 14 de marzo, las gentes de la región manifiesten su voluntad expresa de integración institucional.

Entre los avances normativos de importancia, que quedaron consagrados en la Constitución del 91, hay que destacar las disposiciones incorporadas en el Título XI “De la Organización Territorial”, que autorizan a los departamentos y municipios localizados en zonas fronterizas para que, mediante ley que se expida, puedan “adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente”. No es necesario resaltar la trascendencia de esta previsión constitucional.

De igual manera, los artículos 306 y 307, del Capítulo 2 del Título antes citado, dejaron prevista la posibilidad de integrarse dos o más departamentos en “regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio”. Lo que ahora aparece en la palestra es la utilización de estas herramientas constitucionales, para lograr cristalizar una aspiración de quienes habitan territorios ubicados en la costa o en cercanías del Mar Caribe.

La conveniencia de esta figura de ordenamiento territorial se tiene ya experimentada en distintas latitudes. El ejemplo español es elocuente. La autonomía de que disponen las distintas regiones hispánicas ha facilitado el desarrollo de las mismas, dentro de un marco de sana emulación. Al no contarse con un esquema federal, como es también el caso de Colombia, la estructuración de regiones hace posible que, con sentido de pertenencia, los dirigentes y pobladores de cada ente seccional se esfuercen por sacar adelante las perspectivas de progreso económico y social.

Una estrategia de disuasión

Aurelio Martínez Canabal

El Universal, Cartagena

Enero 27 de 2010

Nadie duda de los resultados exitosos de la política de seguridad democrática, eje de la administración Uribe Vélez en sus dos mandatos presidenciales. El regreso del imperio de la ley, especialmente en el sector rural, ha permitido la recuperación de la confianza pública en la institucionalidad gubernamental. El incremento de la inversión privada y con ella el avance de nuestra economía, ha tenido como cimiento innegable la recuperación del ejercicio de la autoridad.

La preocupación nacional gira ahora en torno a la criminalidad desbordada en las ciudades. Deja mucho que pensar la coincidente acción delictiva en las principales capitales departamentales.

Estas sufren el flagelo de toda suerte de organizaciones dedicadas a las tareas ilícitas. No obstante el incremento de la fuerza pública, el hampa aparece enseñoreada en los centros urbanos. Definitivamente más que el aumento del pie de fuerza, hay que mejorar los servicios de inteligencia y la colaboración estrecha de fiscales y jueces.

A la par con la colocación del pie en el acelerador en esta batalla contra el crimen urbano, hay que encender la luz en la seguridad referida a la soberanía nacional y la integridad territorial. Un dilecto amigo me facilitó copia de algunos de los artículos que en “Cromos” le fueron publicados al general Alberto Ruíz Novoa, fallecido hace varios años. El oficial calificado, quien fuera Ministro de Defensa y Contralor General de la República, dedicó horas largas a examinar la seguridad en materia de relaciones externas de nuestra nación, especialmente frente a Venezuela. Las palabras que escribió en los años setenta del siglo pasado cobran actualidad: "En el vecino país obra un régimen agresivo desde el punto de vista internacional, que busca compensar su impopularidad interna distrayendo la atención hacia un diferendo con Colombia”.
Apoyándose en conceptos de expertos como Leo Hamon, catedrático francés, el general Ruiz Novoa precisó la necesidad de disponer nuestro país de una política de seguridad en las relaciones con otras naciones. Llamó la atención sobre el descuido que para ese entonces ya se tenía sobre los peligros externos. Planteó la necesidad de diseñar una estrategia que llevara a Venezuela, ayer como hoy, a disuadirla de su actitud agresiva. La utilización de una “Estrategia contra la guerra”, implica que ante el posible adversario se debe emplear una disuasión defensiva, basada en la capacidad para infligir un daño considerable, volver verosímil esa capacidad y lograr que parezca duradera esa capacidad y esa verosimilitud.

La estrategia disuasiva es, finalmente, una estrategia para obtener la paz. Debe, sí, ser lo suficientemente efectiva para lograr el propósito que se persigue. Demanda acciones coordinadas en los aspectos diplomático, social y político. Lo primero implica una gestión eficaz para lograr aliados, acercándose también a los países neutrales, lo segundo persigue penetrar en los segmentos de la población del adversario, divulgando los desatinos de su gobierno en el manejo internacional y lo tercero apunta a establecer vínculos con organizaciones ciudadanas de la otra nación, que simpaticen con la causa colombiana.

*Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos.

Una verdad incompleta

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Diciembre 22 de 2009

La imagen ha permanecido fiel en mi memoria. Es el recuerdo del instante en que un tanque del Ejército derribaba la bella portada del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia. Un registro fotográfico transmitido por televisión al mundo y que le permitió al expresidente López Michelsen, con rostro demudado, darnos la infausta noticia a quienes como él asistíamos a una recepción en la residencia del Embajador colombiano en París. Producido el asalto a las dependencias del alto tribunal, por los terroristas del M-19, las fuerzas del orden hacían presencia para restablecer el imperio de la ley. Un doloroso episodio de nuestra historia que ahora, casi 25 años después, vuelve a cobrar vigencia, conocido el informe rendido por una Comisión de la Verdad.

“Nunca antes en toda su historia republicana nuestra nación había visto tan comprometidos su estabilidad y su ordenamiento político-institucional”, es la acertada afirmación del expresidente Belisario Betancur, primer mandatario en aquellos aciagos días, en el prólogo del libro “Palacio de Justicia, ni golpe de Estado ni vacío de poder”, recientemente publicado por Jaime Castro, ministro de Gobierno en ese entonces. No se trataba de una nueva actuación propagandística, como la toma de la Embajada de la República Dominicana, el robo de cinco mil fusiles en el Cantón Norte en Usaquén o la sustracción de la espada del Libertador. Se trataba de una acción de guerra, que requería una respuesta de similar dimensión por parte de las autoridades legítimamente constituidas. Algo que nuevamente se desconoce. Esta vez por los juristas que conformaron esta Comisión de la Verdad.

Cumplida su tarea, el actual presidente da la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, y sus compañeros de trabajo, los exmagistrados Jorge Aníbal Gómez y Roberto Herrera, si bien confirman la responsabilidad del Eme en el cruento episodio y la vinculación de los subversivos con los narcotraficantes, formulan una insólita petición al expresidente Belisario Betancur, y a los funcionarios de alto rango de su gobierno, para que asuman una responsabilidad política por sus actuaciones en el infausto suceso.

He calificado de insólita la solicitud de los integrantes de esta Comisión de la Verdad, porque si de algo son merecedores el expresidente Betancur y su equipo ministerial, así como la alta oficialidad de las fuerzas militares y policivas, al mando del general Rafael Samudio, titular que era de la cartera de Defensa, es del reconocimiento ciudadano por haber salvado la institucionalidad del país.

Expectativas de una cita

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Diciembre 8 de 2009

Pocos encuentros internacionales han suscitado tanto suspenso, como la Conferencia de las Naciones sobre Cambio Climático, que se realiza esta semana en Copenhague. Ciento noventa países y más de 20 mil participantes, son las cifras que dan idea de la magnitud del evento. Es resultado de los augurios, ciertamente tremendistas, que de unos años a esta parte han venido haciendo los más acérrimos defensores de la causa verde. Y es que si la primavera llega más pronto en Europa o si reaparecen los huracanes en el Caribe, el diagnóstico de estos altibajos en el entorno de la naturaleza hace referencia al aumento de la temperatura planetaria como la única causa de tales fenómenos. La colectiva preocupación, que aproxima a ecologistas y políticos en trance de popularidad, requiere en su análisis más racionalidad y menos emoción.

Son innegables las alteraciones en los casquetes de hielo en los polos y en muchas cadenas montañosas el mundo, así como los cambios en las mareas y otras situaciones que afectan el entorno natural. Pero, de ahí a presagiar toda suerte de futuros apocalípticos acontecimientos, hay bastante distancia. Y no es la apreciación de alguien que no presume de ser experto en estas materias. Sí son consideraciones de analistas tan calificados como Bjorn Lomborg, quien en su conocida obra El Ecologista Escéptico, expresa: “El calentamiento global se ha convertido en la gran preocupación medioambiental de nuestros días. Nadie duda de que la humanidad haya influido en ese fenómeno y sigue aumentando las concentraciones atmosféricas de CO2, lo que influirá en la temperatura. No obstante, debemos separar las exageraciones de la realidad, si es queremos elegir el mejor futuro posible”.

Unas estadísticas citadas por Lomborg ilustran la situación examinada. Durante el pasado siglo las temperaturas aumentaron 0,6°C y en los últimos 25 años la sensibilidad climática central de 1,5-4,5°C no ha variado. Esto no significa que la luz de alerta sea inoportuna. Sólo que hay que frenar el histerismo informativo y definir responsabilidades frente al calentamiento global.

Los países desarrollados ocasionan un 65% del fenómeno meteorológico. Es de esperar que económicamente les proporcionen a las naciones menos desarrolladas los recursos que permitan, como en el caso de Colombia, evitar la tala de bosques y la adecuada conservación de la biodiversidad. Ojalá en las deliberaciones de Copenhague, las naciones con altas emisiones de CO2, como Estados Unidos, China, India y Brasil, acepten ir reduciendo dichas emisiones, y acuerden una repartición equitativa de contribuciones entre los Estados participantes en el encuentro.

Dos jornadas memorables

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Diciembre 1 de 2009

EL domingo 29 de noviembre del 2009 habrá de recordarse como una fecha de innegable significación, para la vida democrática latinoamericana.

Los comicios celebrados en Uruguay y Honduras han arrojado un positivo balance de civilidad, que habla muy bien de la madurez cívica de estas dos naciones. En contravía de las expresiones detonantes que con preocupante frecuencia se escuchan, de labios de gobernantes y líderes de opinión en esta parte de nuestro hemisferio, llama la atención el discurso político de los principales actores de los episodios electorales recientemente cumplidos.

La experiencia uruguaya es ejemplarizante. Tan pronto se cerraron las urnas y conocidos los primeros resultados de la votación presidencial, el candidato de la agrupación opositora, expresidente Luis Alberto Lacalle, reconoció con gallardía el fracaso de su propuesta partidista y el triunfo de su contradictor. Vencedor en este proceso electoral, el candidato oficialista José Mujica arengó a sus seguidores con un llamamiento a la unidad nacional, subrayando que no se debía hacer mención de vencedores y vencidos. De suerte que, aunque las tesis izquierdistas propugnadas desde el gobierno por el presidente saliente Tabaré Vásquez merecieron el mayoritario respaldo de la opinión ciudadana, no puede concluirse que el planteamiento del “socialismo del siglo XXI” constituya un paradigma de manejo del Estado uruguayo.

En otra latitud de nuestro continente, y después de seis meses largos de crisis institucional, la ciudadanía hondureña se volcó a las calles para expresar con su voto el respaldo a una salida adecuadamente democrática. El llamamiento a la abstención del depuesto mandatario Manuel Zelaya no tuvo mayor eco, a juzgar por el volumen de votantes que participó en el certamen electoral. Ha quedado claro que el pueblo de ese país centroamericano, que le ha tocado sufrir los efectos de una prolongada incertidumbre en el manejo de los asuntos públicos, ha encontrado un camino de sensatez, contrario a la aventura desestabilizadora que se empeñaba en sacar adelante el gobernante separado de sus funciones por un golpe de Estado.

El presidente electo hondureño, Porfirio Lobo Sosa, enfrenta desde ya un inmenso reto. Cual es el de lograr, en el ámbito interno, la reconciliación de los distintos sectores ciudadanos y, en la escena internacional, obtener el reconocimiento del gobierno que dirigirá a partir de enero del próximo año. Un camino difícil de recorrer, siendo de esperar que en la comunidad internacional no sigan primando ciertos sesgos de sectarismo ideológico. Será la oportunidad para que el centro derecha hondureño confirme sus capacidades administrativas y de respeto a los valores democráticos.

Justicia, ¿cojea y no llega?

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Noviembre 10 de 2009

Reitero mi acatamiento pleno a la institucionalidad de nuestra nación. No es un sesgo intelectual por ser profesional del Derecho. Es la convicción absoluta de la significación que reviste la vigencia de nuestras instituciones, a cuya cabeza hay que situar a la justicia. Es el pivote sobre el cual gira el andamiaje democrático, soporte de las garantías ciudadanas.

Dicho lo anterior se vuelven explicables las preocupaciones que aparecen, cuando las cosas no marchan bien en el aparato jurisdiccional. Es lugar común la apreciación del hombre de la calle, en cuanto a que la justicia no sólo cojea sino que no llega. Porque es imposible desconocer las turbulencias que golpean al noble compromiso de impartir justicia. Al azar selecciono unos cuantos botones de muestra.

El calvario del contralmirante Gabriel Arango Bacci, privado de la libertad desde hace más de un año y medio, confirma las fallas notables tanto en la parte de instrucción criminal como en lo que sigue. A partir de un recibo de dinero, con huella dactilar que ahora se comprueba fue falsificada, se montó un tinglado para enlodar el buen nombre de quien había sobresalido en el desempeño esmerado de sus funciones oficiales.

¿Qué hay detrás de este sainete, que es de esperar la Corte Suprema de Justicia devele en la mejor forma, conocidos los pronunciamientos de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación? ¿Rivalidades de compañeros de armas, dado el previsible futuro de Arango Bacci? ¿Venganza mafiosa? ¿Líos de faldas, como maliciosamente se murmura en los mentideros? El alto tribunal tiene una oportunidad única, para demostrar que la justicia sí puede brillar aunque tarde tanto, perjudicándose tan injustificadamente el patrimonio moral de ciudadanos como el contralmirante Arango Bacci.

La parsimonia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre el referendo reeleccionista, no reafirma su eficacia y eficiencia. Aunque es tema complejo se debería tener en cuenta que es un asunto que afecta nuestra vida institucional. Igualmente es inexplicable la renuencia de la Corte Suprema de Justicia para definir la elección del Fiscal General de la Nación. El alto tribunal ha manifestado que considera “inviable” la terna. Al repasar el Capitulo 6, del Título VIII, de nuestra Carta Política y, específicamente, su Artículo 249, aparece claro que no es responsabilidad ni atribución de la Corte, calificar la idoneidad y, en general, el perfil de los candidatos seleccionados por el Jefe de Estado.

Botones de muestra que afectan el respeto ciudadano, por los más altos estrados judiciales.

Una recomendable diversificación

Aurelio Martínez Caníbal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Octubre 27 de 2009

La rotunda declaración del presidente Lula da Silva produjo en los círculos económicos del país reacciones diversas. Poco acostumbrados los colombianos, a pensar en grande, la propuesta del mandatario brasileño, durante la visita del presidente Uribe a Sao Paulo, de duplicar el intercambio comercial en los meses faltantes de los respectivos períodos presidenciales, generó desconcierto y, por qué no decirlo, perplejidad.

El asunto se vuelve muy interesante, dada la coyuntura que el sector empresarial colombiano ha vendo encarando, por las difíciles relaciones políticas con nuestros vecinos, especialmente con el gobierno venezolano. El marchitamiento de los mercados más cercanos provocó preocupación y casi angustia por tratarse de los destinos comerciales más apetecidos. Pero, de la coyuntura de crisis se ha ido pasando a una etapa de reflexión, que puede imprimirle un vuelco interesante a gran parte de nuestro comercio exterior.

La primera puntualización, ajustada a los mejores intereses nacionales, la hizo el presidente de la Junta Directiva de Analdex, Ronald Bakalarz, en el reciente Congreso de Exportadores. Los empresarios colombianos mantienen su interés por el mercado venezolano, sin que ello signifique que se supedite el decoro y la dignidad nacional a tal consideración. De igual manera, merece destacarse la propuesta que planteó el mencionado dirigente gremial, de considerar seriamente la diversificación de nuestra clientela en el exterior.

Lo de Brasil puede estimarse como un botón de muestra. El pujante país importará este año alrededor de USD $125 billones, alcanzando nuestras exportaciones a ese gigantesco mercado apenas los USD$ 600 millones. Y, como el Brasil, podría hacerse referencia al Perú, México, las Antillas y la región centroamericana. Mercados con alta potencialidad de compra, con cuyos gobiernos tenemos buenas relaciones. Lo importante es identificar el camino de penetración, para ir canalizando nuestra oferta de bienes y servicios.

Amigos empresarios, con largo kilometraje en la conquista de nuevos mercados, me han subrayado que la forma más eficiente de promover nuestro portafolio exportador, tendría que girar en torno del establecimiento de compañías comercializadoras en el respectivo destino comercial, con aportes significativos de capital aportados por Proexport y mediante la vinculación accionaria, en menor escala, de inversionistas colombianos. Siguiendo el ejemplo de Pro Chile, en los lugares seleccionados para adelantar la promoción comercial, se dispondría de bodegas de almacenamiento y, bajo la batuta de gerentes calificados, de los apoyos logísticos complementarios para el mercadeo. Un mecanismo de conquista de mercados, exitosamente ya ensayado por diferentes países del mundo y que valdría la pena replicar.

¿Integración o expansionismo?

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Octubre 20 de 2009

No es posible desconocer algunos de los atributos que humanamente caracterizan al teniente coronel Hugo Chávez. En la escena internacional se mueve con talento creativo, buen olfato y demostrando capacidad para liderar. Naturalmente que todo esto de la mano de los “petrodólares”. La VI Cumbre de la ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas) ha confirmado el rol que el Jefe de Estado venezolano se empeña en seguir atendiendo. Emulando con su arquetipo político, el Comandante Castro, a quien aventaja por la disponibilidad de una chequera relativamente bien nutrida, pretende cada día consolidar el perfil de un nuevo promotor de las doctrinas marxistas-leninistas en la región latina de este continente.

La ALBA está conformada por un dispar conjunto de países. Desde aquellos que tienen algún peso en lo económico y político, como Ecuador, Bolivia y Nicaragua, hasta diminutas naciones caribeñas como Dominica, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas. Aunque aparece como factor aglutinante la concepción ideológica de izquierda, el suministro de crudo venezolano a precio subsidiado es indudablemente el mayor catalizador. La pregunta que puede hacerse es: ¿se trata de un proceso de auténtica integración regional? Los hechos están demostrando que nada hay en tal sentido. Porque la creación del Sucre (Sistema Unificado de Compensación de Pagos Recíprocos), convenida en la cita de Cochabamba, no pasa de ser una entelequia. Estaríamos frente a una versión caricaturesca del euro, que demandó tantos esfuerzos y años para cobrar vida en el Viejo Continente.

La razón final de todo este movimiento, con más connotaciones expansionistas que de integración, es el afianzamiento de regímenes abiertamente totalitarios. Que van cercenando las libertades ciudadanas y eliminando conceptos básicos, como son la propiedad privada y la libertad de expresión. Un propósito que se va abriendo camino a una inquietante velocidad y que debería llamar a la reflexión en naciones como Colombia, Perú, México, Brasil y Chile, institucionalmente comprometidos con el sistema democrático y de representación ciudadana.

Infortunadamente la visión geopolítica de dirigentes y analistas del hemisferio, encabezados por los norteamericanos, con vocación de democracia, no aparece sintonizada con la trascendencia de esta ebullición de corte revolucionario. Los medios de comunicación destacan la actitud de rechazo a la Unión Americana o la insolente llamada de atención a Colombia, por el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos de América, pero no se escuchan voces de denuncia ante el fenómeno político que sigue cuajándose. Se trata de afrontar una acción desestabilizadora, que no admite aplazamientos temporales.

Playas concesionadas: primer paso

Aurelio Martínez Caníbal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Octubre 13 de 2009

EL asunto parecería ser de poca monta. Pero resulta que no es así. Se trata de algo que tendrá significación, tanto para quienes visitan como turistas nuestras playas como, en general, para quienes tienen la fortuna de habitar en cercanías de nuestros mares. Y se trata del anuncio hecho por el presidente Uribe Vélez, durante la asamblea de los hoteleros, sobre el próximo establecimiento de concesiones para el manejo de nuestras playas.

La iniciativa no es innovadora. Son incontables las naciones, especialmente aquellas con vocación turística, que tienen vigente el sistema de contratos de concesión para la administración de las playas.

Aunque se trata de bienes de propiedad estatal y de uso público, al responsabilizar a particulares de la atención de las áreas de playas, se facilita obtener diversos objetivos, a cual más importantes cada uno de ellos.

Los concesionarios de playas, que básicamente serán las empresas hoteleras, contraerán, y así es de esperar, obligaciones claras en cuanto a la limpieza de las zonas barridas por el mar, con las consecuencias de carácter ambiental, la seguridad de los bañistas y la administración racional de los vendedores ambulantes. Hoy día el desaseo es situación común en nuestras playas, la deficiente protección de las pertenencias de los visitantes y del indispensable servicio de salvavidas, afectan el placer de disfrutar de un día de playa. Esto sin contar la pesadilla de los vendedores, que incesantemente asedian a quienes aspiran a disponer de unas horas de descanso.

El tema de los vendedores de cuantas baratijas pueden existir, merece un capítulo aparte. Lejos de mi mente proponer la eliminación de quienes, en una clara expresión del rebusque, ofrecen en venta desde gafas y sombreros para la protección solar hasta productos estimulantes de la libido sexual. Lo que se requiere es darle una adecuada organización al proceso comercial. En localidades vecinas, como son Aruba o las Antillas Franceses, hay vendedores, pero no existe el acoso contra los bañistas. Unas casetas bien diseñadas y el empleo de indumentarias típicas, especialmente para las mujeres vendedoras, son elementos para proporcionar un agradable entorno.

El proyecto piloto se adelantará en Cartagena de Indias, cuyas playas sufren todas las calamidades.

Mediante un trabajo conjunto de entidades del orden nacional y las autoridades locales, es de esperar que la situación existente cambie ciento ochenta grados.

La eliminación de basuras, la eficaz vigilancia y, prioritariamente, la racionalización de las ventas en las playas, afianzarán los atractivos del Corralito de Piedra.

Armamentismo vs. Integración

Aurelio Martínez Caníbal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Septiembre 22 de 2009

Durante largas décadas, las naciones de Latinoamérica y el Caribe se esforzaron en promover la integración económica regional. La Comunidad Andina de Naciones -CAN, el Mercosur, el Caricom y la conformación del bloque centroamericano, han sido algunos de los proyectos encaminados a lograr la complementación de las economías de esta parte de nuestro hemisferio. Y bien que mal la aproximación de nuestros países, aunque con niveles de desarrollo no homogéneos, permitió que el comercio intrarregional se incrementara y se ampliaron los flujos de capital, para la ejecución de proyectos productivos con inversiones compartidas.

Infortunadamente, los virajes políticos que se han venido registrado en la mayoría de las naciones de nuestra región se ven marcados por un sesgo ideológico, que sustituye la primacía de la integración de nuestras economías por la imposición de un modelo partidista inspirado en teorías totalitarias, que hicieron crisis con la caída del Muro de Berlín. Pero, en una clara expresión de desfase cultural, ahora se pregona el “Socialismo del Siglo XXI”, como la panacea para salir nuestros pueblos del atraso social y económico.

El viraje hacia la izquierda, en algunos casos extrema, aparece ahora acompañado por una desbocada carrera armamentista. Con la excusa de la lucha contra el llamado “imperialismo yanqui”, recientemente denunciado al conocerse la ampliación del acuerdo militar entre los Estados Unidos de América y Colombia, la compra de equipos bélicos y armamento dispara la alarma en la geografía latinoamericana y caribeña. Las cifras son impactantes. De una inversión en armas que en el 2003 totalizó 24.700 millones de dólares se pasó en el 2008 a 47.200 millones de dólares. Y de acuerdo con las adquisiciones anunciadas por los gobiernos de Venezuela, Brasil, Ecuador y Chile, el monto de las erogaciones destinadas a la negociación de equipos y elementos destinados a la guerra llegará a niveles nunca antes imaginados.

El empeño belicista no tiene justificación alguna. ¿Es que algunos de estos gobiernos piensan agredir a sus vecinos? Para la adecuada salvaguarda de la soberanía nacional no se requieren aviones caza Sukhoi, helicópteros de combate, misiles antiaéreos y tanques de asalto, en volúmenes que generan explicables preocupaciones. Y resulta frustrante que los ingentes recursos económicos destinados al armamentismo, no se apliquen a aliviar la situación de pobreza, a veces infrahumana, que golpea a grandes sectores de la población latinoamericana. Ojalá no salte en cualquier momento la chispa de un enfrentamiento armado entre países que, en esta cada vez más incomprensible Iberoamérica, deberían luchar armónicamente para superar el subdesarrollo.

Una conveniente movilización

Por Aurelio Martinez Canabal

El Universal, Cartagena

Septiembre 2 de 2009

Los augurios tremendistas no se cumplieron. Algunos medios de comunicación presagiaron que el Presidente Uribe Vélez sería sentado en el banquillo en Bariloche.

Y que habría una censura colectiva al gobierno colombiano por los integrantes de Unasur. Ni lo uno ni lo otro ocurrió en el encuentro presidencial reciente, que arrojó un buen balance para Colombia y nuestro gobierno.

Se debe destacar el buen suceso de la diplomacia utilizada por el presidente Uribe Vélez, al entrevistarse previamente con varios de los jefes de gobierno de la región. Esas gestiones se complementaron con la cuidadosa preparación de las intervenciones del Primer Mandatario en la importante cita. ¿Cuáles fueron los logros obtenidos en esta oportunidad? Objetivamente hay que relacionar los objetivos alcanzados. En primer lugar, no hubo condena al acuerdo de cooperación militar entre los Estados Unidos de América y Colombia. Utilizando las mejores herramientas diplomáticas, quedó en manos de los Ministros de Relaciones y Defensa de los miembros de Unasur la revisión del alcance de lo acordado entre nuestro gobierno y las autoridades norteamericanas.

El repudio de Unasur al terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas y a la acción de los grupos armados al margen de la ley, consignado en la declaración final de esta cumbre, son puntos a favor del país. Como lo es la débil mención incluida sobre los acuerdos de colaboración militar, al quedar referidos a los marcos generales de Naciones Unidas y Unasur. Como acertadamente lo definiera el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, un clásico “saludo a la bandera”. El recuento que hizo el jefe del gobierno colombiano, de muchas de las atrocidades cometidas por los terroristas de todas las pelambres en nuestro país, y la denuncia del apoyo de gobiernos vecinos a tales agrupaciones armadas, contribuyeron al clima de manejo respetuoso por los mandatarios que sistemáticamente intervienen con vehemente locuacidad contra los intereses colombianos.

La lección que sí se desprende de todo lo anterior es la soledad de Colombia en estas batallas. No se cuenta con el compromiso solidario de los vecinos de esta parte del hemisferio. De ahí que quiera resaltar la oportunidad y conveniencia de una expresión pública ciudadana, similar a las que ya se han dado contra el secuestro y el terrorismo, como me lo sugiriera una persona cercana a mis afectos. Al salir a calles y plazas, le estaríamos demostrando a la comunidad internacional la unidad del pueblo colombiano, en la defensa de la soberanía y el pundonor nacionales.

Ahora procede una diplomacia eficaz y oportuna. Recientes señales del ejecutivo ecuatoriano permiten ser razonablemente optimistas en cuanto a la regularización de las relaciones políticas y comerciales entre nuestras dos naciones. Situación diferente la de Venezuela. Al respecto se requerirán dos cosas: que por lo menos el empresariado colombiano manifieste que el chantaje de la amenaza del cierre del mercado venezolano no va a continuar, lo que estará acompañado por una diligente promoción de venta de productos colombianos a países amigos como México y Perú, sumada a la exploración de los mercados insulares del Caribe.

*Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos.

El vecindario hostil

Por Aurelio Martínez Canabal

El Universal, Cartagena

Julio 29 de 2009

La animosidad salta a la vista. Aunque los vínculos de amistad entre los pueblos venezolano y ecuatoriano con el colombiano se mantienen, los gobiernos de las dos naciones fronterizas no cejan en su empeño de sostener un clima de pugnacidad con la administración Uribe Vélez.

Ante la imposibilidad de exportarnos el trasnochado modelo del “socialismo del siglo XXI”, no son pocas las ocasiones en que se producen declaraciones ofensivas contra las autoridades colombianas y raro es el mes, y a veces la semana, en que no aparecen comprobaciones de la injerencia indebida de los gobiernos vecinos en asuntos internos de nuestra nación, incluida la seguridad pública.

Pocos días después de haberse conocido el video del “Mono” Jojoy, que compromete al Presidente Correa, “Semana” ha divulgado la intervención de los generales venezolanos Cliver Alcalá y Hugo Carvajal, haciendo posible que las Farc recibieran lanzacohetes de fabricación sueca. Se trata de armas de propiedad de las fuerzas militares de Venezuela, de alto poder destructivo. Las pruebas reveladas no permiten duda alguna sobre la veracidad de la denuncia. Esta se suma a la presencia pública en territorio venezolano de cabecillas de la agrupación terrorista aludida.

Ahora el coronel y presidente Chávez se viene lanza en ristre contra Colombia, por haberse ampliado la asistencia militar norteamericana a nuestro país, en la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo. Y, naturalmente, las expresiones difamatorias del caudillo venezolano encuentran las cajas de resonancia de los jefes de gobierno de Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Y se utiliza de nuevo el estribillo del intervencionismo yanqui y otras tantas manidas expresiones de rechazo al Tío Sam. Son unas especies de muletillas que sirven de cortina de humo, frente a dificultades internas en materia económica y de carácter social.

En todo esto preocupan las repercusiones que el enfrentamiento político genera en el ámbito comercial.

Es un talón de Aquiles, que aprovechan los gobernantes de los patios vecinos. ¿Cuáles deberían ser las acciones que pudiera desarrollar Colombia? Aquí es donde se requiere una política exterior bien estructurada. No basta la actitud prudente frente a las agresiones verbales. Se impone una gestión diplomática, donde nada se improvise, en lo cual la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores está llamada a cumplir un papel sobresaliente. El apoyo de México, Perú y Brasil, por citar sólo países con los cuales nuestras relaciones diplomáticas son satisfactorias, habría que complementarlo con otras iniciativas, que eviten el aislamiento y que proporcionen escenarios adecuados para contrarrestar las actitudes inamistosas de los vecinos.

La defensa por Colombia de las instituciones democráticas, talanquera para el sarampión izquierdizante, ocasiona las continuas turbulencias en las relaciones con el vecindario. La vacunación contra la contagiosa “revolución bolivariana” es trasfondo del choque político, con los nocivos efectos en el intercambio económico y comercial. Aspecto este último que amerita explorar nuevos destinos comerciales para las exportaciones colombianas. Pero, la seguridad y la dignidad nacionales no pueden condicionarse por preocupaciones mercantilistas.

*Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos.

Canadá: horizonte contrastado

Por Aurelio Martínez Canabal

El Universal, Cartagena

Marzo 11 de 2009

La realización anual en Toronto de la convención del PDAC (por la sigla en inglés de la “Prospectors & Developers Association of Canada”), me ha permitido en tiempos recientes concurrir al mayor evento de la minería mundial y percibir la vida en una de las naciones más prósperas de nuestro hemisferio. El certamen de la semana anterior generaba una expectativa doble: conocer de cerca la coyuntura minera internacional y verificar la eventual disminución de asistentes y expositores comerciales al encuentro.

En esta ocasión estuvimos inscritos 19.000 personas, 15% menos que en 2008. En cuanto a expositores, no hubo disminución drástica, posiblemente porque los “stands” se contrataron con un año de anticipación, cuando el negocio minero estaba en pleno auge. ¿Qué se diagnostica en la actividad de exploración y explotación mineras en el mundo? Sin duda la crisis económica y financiera internacional ha golpeado a esta industria extractiva. El ciclo cumplido entre los años 2004 y 2008 ha entrado en una etapa de recesión, especialmente en las tareas exploratorias. La caída en los precios del níquel, cobre y zinc, afecta los presupuestos para exploración. A lo cual se agrega la sequía de recursos en las instituciones financieras y en las bolsas.

 

La reducción en las tareas mineras y en petróleo y gas, ha repercutido en la contracción económica canadiense. En el último trimestre del 2008, el PIB fue del 3,4%, el porcentaje más bajo desde 1991. Afortunadamente las medidas gubernamentales se vienen dando oportunamente. Es así como el Banco Central acaba de reducir al 0,5% la tasa de interés y en la provincia de Alberta, para contrarrestar la caída en las faenas minero-energéticas, el gobierno provincial pone en marcha un programa en un año de rebaja de regalías y financiación del pago de las mismas, por 15.000 millones de dólares canadienses.

 

Mientras tanto, en Toronto el progreso no muestra decaimiento sensible. Y la cultura conserva su protagonismo magnífico. Así lo confirma la afluencia de público a la “Art Galery of Ontario”, con las hermosas esculturas de Henry Moore, o al “Royal Ontario Museum”, que ahora exhibe su formidable colección de piezas de historia y arte de Egipto y alberga una presentación del grupo minero De Beers sobre el diamante. A esto se suma el montaje teatral de “The Sound of Music”, que hace algunos años interpretó magistralmente en el cine Julie Cristie como “La monja Voladora”.

 

La próxima entrada en vigencia plena del TLC entre Canadá y Colombia permite presagiar mejores días, tanto para el intercambio comercial como para el incremento de las inversiones canadienses en nuestro país. Una perspectiva que debería ser tenida en cuenta en nuestra Costa Norte, por instituciones como el Observatorio del Caribe, que comienza a contar con la asesoría profesional de Antonio Hernández Gamarra. Es indudable que la localización estratégica de la región caribeña y la disponibilidad de recursos energéticos abundantes le confieren una vocación prioritaria como destino para inversiones potenciales del Canadá, que se acrecentarán a medida en que la recuperación económica en esa nación se consolide.