Ley de Justicia y Paz, al tablero

Rodrigo Pombo Cajiao

El Nuevo Siglo, Bogotá

Febrero 14 de 2010

Mano firme y corazón grande fue lo que prometió y nos entregó el presidente Álvaro Uribe. En un país tan violento como el nuestro haber logrado que 52.581 delincuentes de los grupos terroristas, voluntariamente hayan dejado las armas sin que se haya terminado el conflicto ni se hubiesen vencido en el campo de batalla, demuestra el corazón grande de este período presidencial.

El hecho de que todas esas personas hubiesen decidido reintegrarse a nuestra sociedad implica infinidad de cosas. La primera y más evidente, una reducción de combatientes que estaban dispuestos a darlo todo con tal de sembrar el terror a como diera lugar. La segunda, se empieza a volver una realidad el postulado de la verdad, justicia y reparación, principios buscados por el Estado colombiano a través de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975) y, para cerrar con broche de oro, si el proyecto de reintegración es exitoso, como hasta ahora lo ha sido, se le garantiza a la sociedad la no repetición de la violencia por parte de los desmovilizados.

En un país que históricamente le ha dado la espalda al reconocimiento y resarcimiento de las víctimas de nuestra propia tragedia, bajo el amparo de esta ley, se han registrado 280.420 víctimas que se han hecho visibles y, no sólo eso, 34.445 han podido rendir versiones libres en relación con sus padecimientos y en procura de que se imparta justicia.

Las cifras son asombrosas: se han conocido 35.664 hechos delictivos de los cuales 17.262 ya se han confesado y sobre los cuales se empieza a producir una efectiva reparación. Ello ha dado lugar, por ejemplo, a que se hayan encontrado más de 2.900 cadáveres, exhumado 2.388 fosas y entregado 796 cuerpos a las dolidas familias que de no ser por la aplicación de este régimen jurídico, nunca hubieran podido conocer el destino de sus seres queridos víctimas de nuestra violencia.

A pesar de tozudas críticas, lo cierto es que de manera unilateral, la comunidad colombiana, a través del gobierno nacional, ha entregado más de $ 200 mil millones para la reparación integral de las víctimas.
Las bondades de la entrada en vigencia de esta ley son tan numerosas como trascendentales para nuestra nación como para evitar que ellas se diluyan en un abrir y cerrar de ojos porque su vigencia acaeció el 25 de julio de 2005. Urge prorrogarla en pro de la verdad, la justicia y la reparación de nuestras sufridas víctimas.

Injusticias sobre Palacio de Justicia

Rodrigo Pombo Cajiao

El Nuevo Siglo, Bogotá

Noviembre 15 de 2009

Desde hace 24 años cualquier mes de noviembre es propicio para contribuir con la confusión y la desesperanza. Es el mes en el que el terrorismo se pone de moda a costa de toda una nación que tiene que soportar las inclemencias de un periodismo desinformado y muy interesado en las resultas de un juicio histórico sobre el Holocausto del Palacio de Justicia.

Los terroristas ven con jolgorio y alegría cómo se enjuician y torturan las cabezas líderes de unas Fuerzas Militares que, aun cuando inexpertas, cumplieron con su deber patriótico y constitucional de defender las instituciones, restablecer el orden público y velar por la soberanía e integridad territorial allí donde fueren turbadas mientras que ellos ocupan altos puestos oficiales.

Es el mes del sinsentido. Los testigos de excepción como los exmagistrados Tapias y Buitrago no son oídos, los informes técnicos no son tenidos en cuenta, los otrora héroes militares se exhiben en sus cárceles como si se tratase de los más crueles delincuentes y, en la otra mano, tenemos a los terroristas y perpetradores del crimen postulando sus nombres para ocupar la más alta magistratura del ejecutivo; los hijos de las víctimas en inexplicable unión con sus antiguos verdugos para lograr desprestigiar a las fuerzas del orden y los medios masivos de comunicación haciendo inusual resonancia a las mismas acusadoras voces en contra del “establecimiento”.

Nada valen las palabras y los argumentos de defensa de tan ilustres exministros como Jaime Castro y Enrique Parejo pues los gritos de las huestes confundidas opacan notablemente las razones que tienen la justicia y la verdad para mostrar.

El exmagistrado Samuel Buitrago, sobreviviente y testigo magnífico del holocausto, afirma con meridiana claridad que fueron los terroristas del M-19 los que prendieron fuego a los miles de expedientes con antorchas caseras; que sus compañeros Huran y Gaona Cruz no fueron acribillados deliberada y brutalmente por los militares intervinientes sino por el cruce de fuego que jamás se hubiera dado si los criminales no hubiesen emprendido tan descabellada tarea y que, aun cuando soportó máximas inclemencias, fue por la culpa de los guerrilleros mas nunca por la actuación lícita y legítima de las fuerzas castrenses.

Tuve la oportunidad de entrevistar en el programa “Aquí Opinamos” al magistrado Buitrago y desde ese momento se incrementó mi honda creencia de que lo del Holocausto fue bárbaro y que los únicos responsables de cuanto allí pudo suceder fueron los que hoy se alzan con las banderas de la moral pública.

La reculada socialdemócrata

Por Rodrigo Pombo Cajiao

El Nuevo Siglo, Bogotá

Septiembre 20 de 2009

EL jueves de la semana que termina el gobierno socialdemócrata de Evo Morales tomó una decisión trascendental: asumió, como cierto, que sus políticas macroeconómicas son un total fracaso.

Las políticas de nacionalización de empresas, -entre las que se destacan las del sector minero- y el autarquismo económico impuesto por los “Moralistas” son tan anacrónicas como equivocadas. Las circunstancias y vivencias de la modernidad, con la globalización incluida, impiden la aplicación exitosa de tan absurda postura política.

Los efectos, al alcance de la mano: el pueblo boliviano, nuestros compatriotas, se hunden cada vez más en la pobreza, pobreza que es, como lo pregona el mismo Evo, “100% boliviana”.

Pero la decisión de esta semana de abrir las fronteras y permitir el ingreso de capital extranjero, inclusive, para la explotación y exploración de fuentes mineras, constituye un trascendental quiebre en la visión del Estado boliviano así como una confesión tácita pero contundente del rotundo fracaso de las políticas socialdemocráticas.

Más de 1.600 millones de dólares invertirá Repsol en los próximos días en el negocio minero en suelo boliviano. Hago hincapié en que Repsol es, además de una compañía extranjera, española, huelga decir, una multinacional de origen “imperial”. De esa potencia que, en el discurso del presidente Morales, es la causa eficiente de todos nuestros males; los saqueadores y abusivos explotadores; los que ultrajaron a nuestras mujeres y avasallaron a nuestros abuelos. Esos imperialistas despiadados y crueles hasta los tuétanos son los que, de entrada, creyeron en la “mano extendida” de Bolivia y en sus necesidades.

Esos atracadores y criminales del pasado vuelven con las suyas en el presente pero ahora, bajo la expresa solicitud de un indio que no sabe dónde está parado no obstante alzarse con las banderas de mando bolivianas.

Mientras que la República Bolivariana de Venezuela continúa víctima de su enorme riqueza petrolera, la Boliviana, mucho más pobre y maltrecha, recula y decide que los españoles y los extranjeros no son tan malos, perversos, ladrones y criminales como fueron tachados en el pasado.

¿Cuánto tiempo durará la decisión?