Sigue el desastre

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Marzo 19 de 2010

Han pasado cinco días desde la jornada electoral del domingo y los resultados finales de las consultas, en especial la conservadora, siguen sin conocerse de manera definitiva. En lo transcurrido de esta semana, a las enormes dificultades que sobrepasaron al personal y al aparato técnico de la Registraduría el día de las elecciones se añadieron ahora demoras en los escrutinios, acusaciones de fraude y polémicas entre las autoridades electorales y el Gobierno.

Hoy, el desastre organizativo de los comicios no está limitado a la lentitud en la publicación de los datos y a la mala capacitación de los jurados de votación. En la fase de conteo de votos, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), otras fallas protuberantes han surgido. El miércoles pasado, el escrutinio se suspendió en Bogotá y en Arauca con ultimátum a los contratistas incluido. En la capital del país, por la caída del sistema de información y el conato de motín de seguidores de los partidos Polo Democrático y PIN, mientras que en el departamento llanero, desconocidos amenazaron de muerte a funcionarios de la empresa a cargo del software. Las dificultades técnicas fueron de tal gravedad que el CNE le suspendió el contrato al consorcio ID Systems y un nuevo operador tiene la responsabilidad de los conteos.

Es evidente que en cada etapa del complejo proceso electoral, desde la preparación previa y la pedagogía al escrutinio final, se presentaron protuberantes fallas. Las plataformas de sistemas contratadas por la Registraduría para manejar unos comicios de esta magnitud y participación colapsaron de una manera generalizada y permanente. Resta que se produzcan las investigaciones pertinentes desde la Procuraduría y demás organismos de control para identificar a los responsables en el sector privado y en la organización electoral de este severo golpe a la institucionalidad democrática.

Mientras los problemas técnicos se profundizan, las polémicas políticas suben de tono. El presidente Álvaro Uribe ha desplegado esta semana una andanada de críticas contra la Registraduría, que van desde la violación de la ley seca del domingo hasta la afirmación de que el ente electoral "no da confianza para las elecciones presidenciales en Colombia". La pelea del Gobierno con el Registrador no solo genera ruido dentro de dificultades técnicas mucho más graves que hay que resolver, sino debilita a la organización electoral de cara a la primera vuelta de mayo, lo cual es totalmente inconveniente. Cuando los escrutinios finalicen, la Registraduría deberá concentrarse sin distracciones en hacer un buen trabajo y recuperar el terreno perdido en estos días.

Que el propio Primer Mandatario le quite credibilidad a la autoridad electoral para la primera vuelta podría abrir una peligrosa caja de Pandora y enrarecer aún más el ambiente político. En ese mismo orden de ideas, sería conveniente que la candidata Noemí Sanín, protagonista del cabeza a cabeza conservador, rompiese su estratégico silencio y, como lo hizo su contendor, Andrés Felipe Arias, anunciara que reconocerá la decisión final del CNE, sin importar el ganador. Decisión que es necesario que se sepa en el transcurso del día de hoy.

Pero la caída diaria de la plataforma informática y el rifirrafe de acusaciones no deben ocultar la gran lección de esta debacle. La jornada del domingo confirma las falencias sistémicas que aquejan a la organización de las elecciones en Colombia. Al acabar estos comicios, la prioridad está obviamente en darles las debidas garantías a los aspirantes presidenciales y al público en general y así evitar un caos similar en la primera vuelta. Pero esto no borra la urgencia de hacer un examen de fondo y aplicar correctivos en el futuro para que el riesgo de errores sea cercano a cero.

Israel desafía a Obama

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Marzo 17 de 2010

En 1975 ocurrió una de las confrontaciones más delicadas entre Israel y Washington. El entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, exigió al primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, que se retirara parcialmente de la península egipcia del Sinaí. Este último se negó, y el presidente estadounidense Gerald Ford anunció una revisión de su política sobre Oriente Medio. Washington congeló los suministros de armas a Tel Aviv durante seis meses y se aproximó a los rivales de su viejo aliado. Dos años después, Jimmy Carter firmaba los acuerdos de Camp David con el presidente egipcio Anwar el-Sadat. Rabin recordaba esa época como "uno de los peores períodos de las relaciones entre nuestros dos países".

Para entender el crítico nivel que hoy vuelven a tener esas relaciones, es preciso rememorar el enfrentamiento de 1975 y subrayar que la situación actual es comparable a la de entonces. Es decir, que se trata de la más grave tensión surgida entre Washington y Tel Aviv en los últimos 35 años.

El detonante del distanciamiento ha sido el insultante recibimiento que dispensaron las autoridades israelíes la semana pasada a Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos, en su primer viaje oficial a Jerusalén. Biden llegó cantando himnos a la amistad con el pueblo judío y su gobierno: "No es preciso ser judío para ser sionista".

Pero la respuesta de los anfitriones no fue la que se esperaba. La víspera de su arribo, el gobierno ultraconservador de Benjamín Netanyahu tuvo el mal gusto de permitir una nueva colonia en Cisjordania. Y, ya con el ilustre huésped a bordo, el Ministerio del Interior anunció que construiría 1.600 viviendas en la zona este de Jerusalén, donde cada metro cuadrado es capaz de originar una guerra religiosa y política. Más que un desatino, era un desafío, aunque Netanyahu pretendiera luego decir que se trataba de un simple anuncio hecho en mal momento. Estados Unidos había pedido que se congelaran los proyectos de edificación en Jerusalén, y Biden dio toda la trascendencia a la ofensa. En vez de acudir a los remilgos del lenguaje diplomático, emitió un enfático comunicado donde señaló: "Condeno la decisión del gobierno israelí". No había eufemismos ni atenuantes.

Las provocaciones no se quedaron ahí: a piedra, los palestinos recibieron ayer la licitación de otra urbanización de 309 casas israelíes en esa área de la ciudad santa, que estos anhelan erigir como la capital de su futuro Estado, y Tel Aviv declaró dos lugares ubicados en la Franja Occidental ocupada como sitios de patrimonio israelí. La estrategia es clara: sacar el asunto de la división de Jerusalén de la negociación con la Autoridad Palestina y, dado que es punto de honor para estos, boicotear los diálogos de paz.

El guante lanzado produjo consecuencias inmediatas. El viaje de Biden se convirtió en una visita tensa y fría. Sobre las conversaciones que se anunciaban con los palestinos se proyectó una sombra de desconfianza, y la estrategia general para contener a Irán y sus apetitos atómicos sufrió un tropiezo inesperado. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, apoyó la declaración de Biden y este fue un poco más allá: "Debemos construir una atmósfera que favorezca las negociaciones, no que las complique". El Vicepresidente se reunió el miércoles con el presidente palestino Mahmud Abbas, pero el daño ya estaba hecho y ahora canceló su viaje George Mitchell, enviado especial estadounidense para las conversaciones.

El viernes, Clinton discutió durante 43 minutos por teléfono con Netanyahu y le comunicó que la decisión enviaba "una señal hondamente negativa" sobre sus relaciones. El problema es que Netanyahu es un líder agresivo, a quien apoyan grupos religiosos ultraortodoxos. Por eso, el lunes pasado reiteró en la Knesset (Parlamento) que seguirá construyendo edificios en Jerusalén, no importa lo que opine Washington.

Unos pocos avances...

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Marzo 16 de 2010

Un sabor más agrio que dulce es el que quedó entre los casi 14 millones de personas que salieron a depositar su voto durante la jornada electoral del domingo pasado. La razón monda y lironda es el injustificable retraso de la Registraduría Nacional a la hora de entregar sus resultados, algo que no ocurría desde hace décadas y que puede tener consecuencias muy serias (ver el editorial siguiente).

No obstante, mientras llegan los datos definitivos y las autoridades toman las medidas respectivas para no repetir los equívocos de las últimas horas, es posible hacer un balance de lo bueno, lo malo y lo feo de la cita que tuvo el país con la democracia. En ese orden, hay que comenzar destacando el aumento de la participación de los votantes en todo el territorio nacional. Desde tempranas horas de la mañana, los ciudadanos se acercaron en forma masiva a las urnas, en un ambiente predominantemente tranquilo. Según las autoridades, el número de incidentes relacionados con el orden público fue el más bajo en un cuarto de siglo, gracias a lo cual la población sufragó en calma.

Esa circunstancia, sin embargo, no impidió la aparición de vicios conocidos. Una vez más, la compra de votos, la retención de cédulas y el trasteo de electores volvieron a hacer presencia, a pesar de operativos ocasionales, que desembocaron en la incautación de dinero o la captura de un puñado de personas. Aunque esos problemas son de vieja data, todo indica que la epidemia se ha extendido por todos los rincones del país y que serán necesarios remedios más fuertes para contenerla.

La pregunta, no obstante, es si el nuevo Congreso tendrá la capacidad de acabar con las malas costumbres que van a llevar al Capitolio a más de un dirigente cuestionado. Y es que, a pesar de los vientos de renovación que soplaron en algunas colectividades, son razonables las inquietudes de quienes afirman que hay pocos motivos para el optimismo. Así lo revelaría el hecho de que es alta la proporción de parientes o gentes cercanas a personas condenadas por la 'parapolítica' o a los clanes burocráticos de siempre, como lo demostró el éxito relativo del Partido de Integración Nacional (PIN).

Ese grave lunar no impide reconocer las realidades políticas que habían anunciado las encuestas y que confirmaron los conteos. Así, es claro que los partidos más cercanos a Álvaro Uribe lograron las votaciones más altas, como fue el caso de 'la U' y el conservatismo, que mantienen en general la fortaleza con que cuentan en el Congreso actual. Por su parte, el Partido Liberal tuvo un desempeño honroso al preservar inalterada su cuota en el Senado y conseguir un llamativo crecimiento en el total de sufragios recibidos. Al mismo tiempo, Cambio Radical pudo sobreaguar después de haber sido diezmado hace unos meses, cuando algunos de sus principales alfiles escucharon los llamados del uribismo.

Sin duda alguna, la renovación estuvo a cargo del Partido Verde que, gracias a la inteligente campaña planteada por los tres ex alcaldes de Bogotá que lo impulsaron, conformó un grupo pequeño, pero que seguramente se hará sentir en el Capitolio. En contraste, el Polo Democrático fue castigado por los votantes, como lo muestra la derrota de su presidente, el senador Jaime Dussán, quien ayer presentó su renuncia.

Como es apenas obvio, los resultados mencionados van mucho más allá del nuevo Congreso, pues faltan apenas 11 semanas para las elecciones presidenciales del 30 de mayo. En esa etapa que ahora comienza, las huestes uribistas tienen la primera opción para seguir en la Casa de Nariño, pero todos los candidatos deben tener en cuenta que nada está asegurado y menos en la que será una de las campañas más cortas de la historia reciente, en donde el margen para recuperarse de los errores será mínimo.

Un matrimonio fatal

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Marzo 12 de 2010

"La culebra sigue viva y es el narcotráfico", fueron las palabras escuetas del general Óscar Naranjo, director de la Policía, en amplia entrevista concedida a este diario el pasado domingo. Los hechos registrados esta semana le dan la razón a quien conoce al monstruo.

Una vez más ha vuelto a quedar en evidencia que el comercio ilegal de narcóticos es la fuente fundamental de recursos de los grupos violentos, comenzando por las Farc y el Eln. "Están dedicadas al narcotráfico y cada vez tienen dinámicas más mafiosas", enfatizó Naranjo.

Dicho involucramiento tiene expresiones crecientes. Atrás han quedado los tiempos en los que la guerrilla cobraba una suma por permitir cultivos de coca o amapola en sus zonas de influencia, aparte de garantizarles seguridad a los mafiosos. Ahora, en cambio, las organizaciones subversivas se comportan como un cartel más, en el que abundan los capos.

Así ocurrió con el abatido 'Édgar Tovar', jefe del frente 48 de las Farc. Los archivos del computador que le fue incautado dejan ver el mapa de rutas, negocios y alianzas que incluyen a sus antiguos enemigos a muerte: las autodefensas. Todo vale, al parecer, para incrementar el negocio, que no es solo de tráfico de drogas, sino de siembra, producción, distribución y canje por armas.

Pruebas como esa dejan claro que los guerrilleros no cultivan café o yuca, como quisieron divulgarlo en un video reciente, que más bien producía irónicas sonrisas. Desde hace rato andan de la mano con cabecillas mafiosos como alias 'Chupeta', 'Cuchillo' o Daniel el 'Loco' Barrera, entre otros delincuentes. Demostración de este contubernio criminal es la incautación que hizo la Policía hace ocho días en Cali de 234 fusiles M-16 y AK-47, que al parecer 'Comba' había entrado al país para pagarle una deuda de cocaína al frente 30 de las Farc en el Valle del Cauca.

El matrimonio fatal por conveniencia entre guerrilla y narcos es un hecho y en él, triste y vergonzosamente, a veces participan los militares activos. Ha causado repudio el video que reveló, en exclusiva, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO de la fiesta de bodas del reconocido narco Néstor Ramón Caro, en el 2004, en el que aparecen cuatro oficiales del Ejército, entre ellos el actual agregado militar en Brasil, coronel Juan Carlos Castañeda, junto con el coronel Rodrigo Martínez, jefe del comando operativo número 18, de Arauca, donde el contrayente sentaba sus reales. Como Caro para esa época ya estaba pedido en extradición, la institución ha decidido prescindir de personas que, en el mejor de los casos, mostraron una gran falta de criterio.

En conclusión, a la serpiente hay que quitarle el veneno. Está bien que el Departamento de Estado de Estados Unidos aumente su lista de jefes de las Farc pedidos en extradición, como lo ha anunciado. También, que se siga la lucha que permita dar severos golpes, como el propinado a 'Édgar Tovar' y la incautación de 20 toneladas de marihuana fariana en Guasanó (Cauca). Todo lo anterior se suma a los hechos en los años pasados, que incluyen la destrucción de 203 toneladas de cocaína. Gracias a esa labor, la Junta Internacional de Fiscalización de la ONU (Jife) afirma que los cultivos ilícitos han caído 29 por ciento. Pero se necesitan soluciones más de fondo.

No se puede desechar el camino sugerido por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, reunida en Río de Janeiro en el 2009, en la que participaron los ex presidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo, de México, y Fernando Cardoso, de Brasil. Allí se sugirió, entre otras medidas, despenalizar la marihuana y tratar el consumo como un asunto de salud pública. Esto, además de la participación de E.U. y Europa, en busca de la reducción de la demanda. Porque, a pesar de unos 7.000 millones de dólares gastados en el Plan Colombia, la culebra sigue poniendo huevos malditos. Hay que quitarle el veneno, pero el solo camino de la represión no es suficiente.

Actitud desconcertante

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Marzo 11 de 2010

Francamente desconcertados se encuentran los funcionarios del gobierno colombiano por las noticias provenientes de Washington, según las cuales la administración de Barack Obama presentaría una nueva lista de requisitos a Bogotá antes de remitir para su ratificación al Congreso norteamericano el Tratado de Libre Comercio, firmado entre ambas capitales y cuyas negociaciones terminaron hace más de cuatro años. Con razón, el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, sostuvo hace un par de días que "es hora de sincerarnos y decir si vamos para adelante o no".

Y no estaría de más que así fuera. La razón es que la Casa Blanca ha enviado señales contradictorias que han hecho más difícil el panorama. De un lado, el propio Obama sostuvo a finales de enero, en su discurso sobre el estado de la Unión, que apoyaba los TLC suscritos por su antecesor y que los tres pendientes -con Panamá, Corea del Sur y Colombia- serían enviados al Capitolio para su consideración. Del otro, el representante comercial de los Estados Unidos, Ron Kirk, reiteró esa voluntad pero habló hace pocos días de una serie de ajustes nuevos, que nadie sabe en qué consisten.

Ese pronunciamiento cayó como un baldado de agua fría en un país que, así haya sido descrito como el aliado más importante de Washington en la región, en estos asuntos recibe un trato de tercera. A pesar de decenas de misiones de parlamentarios y empresarios en uno y otro sentido, de haber acordado unas modificaciones del texto original del TLC, que ya fueron aprobadas por el Congreso colombiano; de avanzar en la promoción de los derechos humanos y de haber introducido cambios en la legislación interna en temas relacionados con el derecho de huelga y la protección de los líderes sindicales, nada parece ser suficiente.

Por tal motivo, sería mejor que el gobierno estadounidense dijera que no tiene el apoyo para impulsar la iniciativa, o que no quiere gastarse su capital político en este tema, en lugar de estar jugando al "sí, pero no". De lo contrario, corre el riesgo de un enfriamiento en las relaciones con un país tan cercano, pues comienza a ser evidente cierto cansancio después de haber hecho todas las tareas exigidas.

Quienes saben de este tema consideran que el problema radica en que la administración Obama le ha apostado todo a la aprobación de la reforma de la salud, la cual se encuentra en manos del Senado. Una votación favorable de la propuesta requiere el apoyo de todos los demócratas y de algún republicano, lo cual no es fácil en medio de la polarización y menos a escasos meses de las elecciones legislativas de noviembre. Ante la necesidad de mantener unida a su bancada, es poco probable que la Casa Blanca decida impulsar el TLC, pues, aunque este tendría votos en ambas colectividades, podría antagonizar con los sindicatos, que se oponen a tales pactos.

Por esa razón, el futuro del acuerdo comercial es poco auspicioso, por lo menos a corto plazo. Más allá de las promesas del presidente de Estados Unidos, la verdad es que este tiene una gran debilidad política, que lo conduce a no tomar riesgos, a pesar de que insiste en que el Tratado le trae beneficios a su sector productivo. Debido a ello, el trabajo sucio les queda a funcionarios grises como Kirk, que tienen que dejar en claro, con excusas veladas, que lo prometido no se puede cumplir.

Ante tal situación, Colombia no debería llamarse a engaños y hacer sentir su molestia, pues el TLC no es un favor unilateral, sino un mecanismo que les dejará ganancias a ambos firmantes. Aunque ya será el próximo inquilino de la Casa de Nariño el que decida si endurece el tono hacia el coloso del norte, va siendo hora de aprender la lección de mantener la boca cerrada y ensayar estrategias diferentes hacia una nación que trata con tanta displicencia a sus amigos.

Desangre vergonzoso

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Marzo 6 de 2010

El país ha venido oyendo, desde hace años, las quejas del Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, sobre el valor de los medicamentos no cubiertos por el POS, que el sistema de salud debe pagar a las EPS: los llamados recobros. Para el funcionario, resultaba inconcebible que mientras al desaparecido Seguro Social se le pagaban 250.000 pesos por un fármaco, otras aseguradoras cobraran por la misma medicina hasta 1,7 millones de pesos.

Los reclamos de Palacio volvieron a oírse en medio de los debates generados por los decretos de la Emergencia Social. El Ministro ha dicho que si se controlan la sobreintermediación y los sobrecostos de los medicamentos, sería posible ahorrarle al sistema de salud más de 400.000 millones de pesos al año. Es decir, casi lo que representan los impuestos generados vía Emergencia.

El tema es tan importante, que una de las razones esgrimidas para justificar la declaratoria del estado de excepción es que los recobros por medicamentos no incluidos en el POS se dispararon a tal grado que, de continuar con esa tendencia, harían inviable el sistema. Sobre eso no hay duda. Desangre vergonzoso. Basta citar un ejemplo: solo en el 2008, el sistema pagó más de 17.000 millones de pesos por 90.885 recobros de Atorvastatina, un medicamento básico para tratar el colesterol alto que, pese a no estar en el POS, debe ser formulado por un médico medianamente actualizado. Hasta aquí sin problema.

Lo inaudito es que hoy se sabe que dicho fármaco fue cobrado por las EPS al sistema al doble, en promedio, del valor al que ellas se lo pagaron a los laboratorios (incluso los genéricos). En la enmarañada base de datos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que responde por esos pagos, reposa abundante evidencia de que a este mecanismo se ha venido recurriendo, con decenas de medicamentos, de manera permanente y dolosa para defraudar al sistema. Es claro que las autoridades de salud saben, desde hace años, que esto ocurre. Por eso cabe preguntar por qué no se han adoptado medidas radicales para cerrarles el paso a quienes se lucran así con miles de millones de pesos que el país destina, con mucho esfuerzo, a financiar los servicios de salud. A lo anterior le cabe otra perla: muchos de esos medicamentos recobrados como si fueran no POS (y con sobrecostos) sí estaban cubiertos por los planes de salud, es decir que las EPS debían entregárselos a sus afiliados sin cobrárselos al sistema.

Vale recordar que la Defensoría del Pueblo encontró que el 54 por ciento corresponde a servicios de salud negados por las EPS, pese a que la gente tenía derecho a ellos. Y ya se sabe que cuando los jueces ordenan su entrega, el Fosyga se ve obligado a pagar. Está bien que se haga eco de la declaración del presidente Uribe según la cual "Colombia tiene los medicamentos más caros del continente", y que hasta el propio cardenal Pedro Rubiano pida que se adopten medidas para que haya precios más razonables.

Hay que decir, sin embargo, que de nada sirve pelear por conseguir que los laboratorios vendan las drogas más baratas si se sigue permitiendo que avivatos las sigan recobrando al sistema infinitamente más caras, amparados en el caos de la base de datos del Fosyga y en la falta de control del Estado. Solo en el 2008 se pagaron recobros por 1,8 billones de pesos. ¿Cuánto de ese valor corresponde a sobrecostos? ¿Quién se quedó con esos dineros? ¿Por qué se les escapó tamaño detalle a los responsables de una Emergencia, que resolvieron cubrir los faltantes del sistema, generados por desangres como este, metiéndoles la mano al bolsillo incluso a los pacientes? Los organismos de control tienen la palabra.

Dineros intocables

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 26 de 2010

Si hay algo que no puede dejar ni una sombra de duda es el manejo que se hace de los recursos de la salud. Por eso sorprende que ahora -cuando el país entero está embarcado en un duro debate por cuenta de una Emergencia Social decretada para ordenar los recursos del sector y buscar otros nuevos- se confirme que la EPS más grande del país utilizó dineros de la atención a sus afiliados en construcción de clínicas, adquisición de inmuebles y equipos y otros negocios.

A esa conclusión llegó la Superintendencia Nacional de Salud tras una investigación de un año. Los técnicos del organismo de control establecieron que Saludcoop incrementó sus activos y llevó a cabo operaciones financiadas con las contribuciones parafiscales (y con endeudamiento que también se pagaba con ellas), por un valor de 627.100 millones de pesos. De acuerdo con la Supersalud, 318.200 millones de pesos de ese total eran "excedentes" que debían darle liquidez a la empresa, necesaria para garantizar la prestación de servicios a los afiliados. El resto de los dineros (es decir 308.900 millones de pesos), que también fueron usados para fines distintos al de la salud, corresponden a un endeudamiento que, al parecer, se paga con contribuciones parafiscales y no con recursos propios de la aseguradora.
En consecuencia, la Superintendencia le ordenó a la empresa devolver a la liquidez lo que gastó indebidamente y pagar las deudas que tiene con sus propios recursos. Saludcoop, que anunció que interpondrá recursos contra la decisión, argumenta que lo que ha hecho, en los últimos años, es reinvertir dineros por cerca de 500.000 millones de pesos, porque en su condición de cooperativa no reparte utilidades. E insiste en que gracias a eso le aportó al sistema de salud 36 clínicas, la mayoría de ellas dotadas de tecnologías avanzadas.

Más allá de las explicaciones de la EPS, que serán evaluadas en las distintas instancias, hay una cosa cierta: los dineros de la salud, bajo ninguna circunstancia, son de libre destinación; los aportan los colombianos para brindar atención. En eso la ley es clara. Que la aseguradora haya podido llevar a cabo estas operaciones indica que el sistema de salud tiene fisuras que se lo permitieron y que urge corregir. No hay que olvidar que esos 627.000 millones de pesos alcanzan hoy para cubrir, durante un año, la afiliación de 1,2 millones de personas al régimen contributivo. Para no ir más lejos, se trata de un monto incluso más alto que el que se pretende recaudar vía impuestos ordenados por la Emergencia (que con no poca dificultad espera conseguir 500.000 millones de pesos).

Nadie se opone a que una aseguradora crezca. Al fin y al cabo, esa es una regla de oro del sistema. Sin embargo, Saludcoop tiene que entender que 5,5 millones de afiliados la convirtieron en un referente del aseguramiento en salud en el país. Hay que respaldar la decisión de la Supersalud en este caso, lo que no excluye exigirle más celeridad en la investigación de otras acciones que van en detrimento del sistema, como la orientación final de dos billones de pesos del régimen subsidiado que se embolatan cada año por cuenta de trámites dolosos, las millonarias dobles afiliaciones que favorecen a algunas EPS y el recobro que se sigue haciendo por personas fallecidas.

Si Saludcoop resultó sancionada por comprometer la liquidez de las platas para atender a la gente, ¿qué puede decir la Supersalud del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga)? A diciembre del 2009, este Fondo, que maneja todos los dineros de la salud, tenía 5,9 billones de pesos invertidos en portafolios financieros, el 75 por ciento representados en títulos de deuda pública (TES). Y eso, no cabe duda, le quita liquidez a un sistema de salud asfixiado por las deudas. La inspección, la vigilancia y el control, hay que recalcarlo, son para todos.

Al calor de Cancún

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 24 de 2010

La vigesimoprimera cumbre del Grupo de Río, que terminó ayer en Cancún (México), fue el escenario de un nuevo y sonado enfrentamiento entre los presidentes de Colombia y Venezuela. Esta vez, la acalorada discusión terminó en un duro intercambio de palabras proferidas en medio de un almuerzo con otros 23 mandatarios de la región.

El choque entre los dos jefes de Estado tuvo lugar después de que el presidente colombiano denunció el injusto tratamiento comercial al que Caracas viene sometiendo a los exportadores nacionales. Hugo Chávez, quien estaba arengando contra el embargo de Estados Unidos contra Cuba, fue interrumpido por Uribe, quien dejó clara la inconsistencia de su postura. En respuesta, el líder venezolano acusó a su homólogo de estar detrás de un atentado contra su vida, después de lo cual, cuando quiso abandonar el recinto, Uribe lo instó a seguir el debate.

Fue en ese momento cuando, frente al llamado de uno de "sea varón", el otro contestó con un "vete al carajo". El episodio, por supuesto, dio para todo tipo de titulares. Pero, más allá del circo mediático, es indudable que la escena es reprochable. Por más diferencias ideológicas y personales que puedan existir, ambos dirigentes representan a sus respectivos ciudadanos en las cumbres internacionales.

Además, gritos e increpaciones no son el mejor camino para restablecer una relación quebrada, y envían equivocados mensajes a dos pueblos que comparten historia, fronteras y economía. Aunque muchos colombianos sientan que la actitud del presidente Uribe es la más adecuada respuesta a las provocaciones chavistas, lo cierto es que, aun para expresar las molestias más graves, la diplomacia cuenta con mecanismos y formas que todos los países deben respetar.

Un enfrentamiento de estas características es un triste y preocupante recordatorio del bajísimo nivel en que se encuentran los vínculos entre Colombia y Venezuela. Así mismo, constituye un duro golpe para quienes, de lado y lado, están silenciosamente intentando que los puentes entre ambas naciones se reconstruyan lo más pronto posible.

Sin embargo, cabe preguntarse qué mejor escenario podría encontrar el país para expresar su posición frente a las injustificables decisiones comerciales venezolanas. Un almuerzo privado entre 25 dirigentes de América Latina y el Caribe es un espacio a todas luces adecuado para que el primer mandatario colombiano manifieste su molestia con una actitud vecina. Observaciones que, por cierto, a veces van en el otro sentido. En cumbres similares, ya se han criticado decisiones como, por ejemplo, el sonado acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos.

En conclusión, el mandatario colombiano no rompió ningún protocolo al exigirle a Chávez respuestas frente a un sistemático maltrato del gobierno bolivariano a las empresas nacionales. Por tal motivo, aunque hay que lamentar las formas, es claro que en el fondo Colombia tiene la razón, al poner de presente no solo un trato injusto sino pernicioso para ambas poblaciones, sobre todo las fronterizas.

De todas maneras, como lo afirma el canciller Jaime Bermúdez, del altercado salió un resultado positivo: la conformación de una instancia de mediación de países del Grupo de Río para resolver las diferencias entre Colombia y Venezuela. Aunque las posibilidades de un arreglo son pocas, lo sucedido con Ecuador es motivo de esperanza. En este caso, la cumbre confirmó que la normalización entre Bogotá y Quito sigue a buen ritmo. Los presidentes Uribe y Correa mostraron que, a pesar de las heridas que abrió el bombardeo de Angostura, es posible dialogar. Eso marca un contraste con lo que pasa con Caracas. Pero, por ahora, en ambos lados de la frontera, lo que es urgente es recuperar los caminos del respeto mutuo y la diplomacia.

El turno de Europa

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 22 de 2010

A menos que ocurra algo inesperado, esta semana debería quedar concluida en Bruselas la negociación del acuerdo comercial que involucra a Colombia y Perú, de un lado, y la Unión Europea (UE), del otro. El tratado, que deberá ser ratificado por los respectivos parlamentos para entrar en vigencia, tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios, como con normas relacionadas con las inversiones, un punto clave si se tiene en cuenta que el Viejo Continente es una de las principales fuentes del capital foráneo que llega al territorio nacional.

Si bien en un comienzo el objetivo era la discusión en bloque con los países andinos, es conocido que los gobiernos de Bolivia y Ecuador no creen mucho en este tipo de pactos. Ese factor hizo difícil el inicio del proceso, hasta que los europeos concluyeron que solo en Lima y Bogotá había ánimo de avance. No obstante ese escollo, hay que resaltar que incluyendo la que comienza hoy, fueron necesarias nueve rondas de negociación, un número normal dada la amplitud de temas considerados.

Estos incluyen, entre otros, aspectos como el acceso a los mercados de cada zona, los asuntos aduaneros y las medidas sanitarias y fitosanitarias que regirán en las relaciones comerciales. Si bien Colombia ya tiene acceso preferencial con algunos productos al mercado de los 27 integrantes de la UE -como parte del apoyo que se le da al país por su lucha contra las drogas ilegales- los beneficios que contempla el nuevo acuerdo son más amplios y no están sujetos a revisiones o renovaciones periódicas.

Es por eso que los productores nacionales ven con optimismo sus posibilidades, pues se trata de mejorar las condiciones de acceso de los bienes hechos en el país a un mercado común que cuenta con cerca de 500 millones de personas, que hace importaciones por 1,95 billones de dólares anuales y que tiene un ingreso por habitante de 32.000 dólares. En conjunto, la UE es el segundo destino de las exportaciones colombianas con ventas en el 2009 por 4.698 millones de dólares, según el Dane.

Y la intención es la de aumentar esa cifra. Por eso, es destacable que el 99,9 por ciento de los bienes industriales hechos en Colombia tendrá libre acceso al Viejo Continente tan pronto entre en vigencia el acuerdo, lo cual beneficiaría a sectores como cuero, textiles y confecciones o plásticos. No menos importantes son las posibilidades para el ramo agropecuario, pues habrá contingentes libres de arancel para el azúcar o la carne.

Una mención especial merece el banano, cuyos impuestos para entrar al mercado comunitario fueron reducidos de 176 a 114 euros por tonelada en el marco de una negociación en la Organización Mundial de Comercio, pero que los negociadores colombianos aspiran a llevar a 75 euros. Un campo adicional es el de las ventas de servicios, en donde también hay perspectivas llamativas, sobre todo en servicios de consultoría "call centers", traducciones en línea y actividades relacionadas con la informática.

Todo depende, sin embargo, de que la ratificación de lo pactado en Bruselas tenga lugar con relativa prontitud. Ese camino, lamentablemente, no se ve tan despejado, pues una serie de organizaciones de derechos humanos ya comenzaron su ofensiva mediática, con el fin de convencer a los eurodiputados de que no se puede "premiar" al Gobierno colombiano. En respuesta, representantes del sector privado le dijeron a una delegación europea que vino la semana pasada al país que ese tipo de actitudes golpean a la economía formal e impiden el surgimiento de oportunidades, aparte de desconocer los avances en la materia. Ojalá ese planteamiento triunfe, pues de lo contrario el TLC con el Viejo Continente puede quedar en el limbo, tal como ya les ha sucedido a los pactos firmados con Canadá y Estados Unidos, que siguen a la espera de una votación favorable.

¿Y la salud pública qué?

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 13 de 2010

Uno de los conceptos contenidos en los decretos de la Emergencia Social, que ha pasado de agache en medio del fuerte debate generado en torno a esas normas, es aquel según el cual el POS dará prevalencia a la atención de las necesidades colectivas de salud sobre las individuales. También quedó sentado allí que este priorizará la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Sería interesante conocer cuáles son los alcances de estas medidas, pues, si algo ha reclamado largamente el sector, es prioridad para la salud pública -uno de los elementos de mayor orfandad dentro del sistema-. Para la muestra están los preocupantes indicadores que el país ha venido mostrando en materia de rabia, malaria, tuberculosis y, últimamente, dengue, que, pese a múltiples advertencias, ya cobró víctimas en áreas urbanas. La reflexión es más que pertinente, pues, según la Organización Mundial de la Salud, por cuenta del calentamiento global serán pocas las zonas del planeta exentas de sufrir el repunte de enfermedades transmitidas por vectores o generadas por la contaminación y la globalización. La pandemia de gripa AH1N1 demostró que la rapidez con la que puede expandirse un virus rebasa de lejos la capacidad de respuesta de cualquier sistema sanitario, por desarrollado que sea.

Para que los planes de salud pública rindan los efectos esperados, es indispensable que haya una simbiosis entre los sectores de salud, educación y ambiente, entre otros, con la comunidad. Por ejemplo, nada saca la secretaría del ramo de un municipio lanzando advertencias sobre el dengue y gastando cuantiosos recursos en prevención, si la gente no pone de su parte para ayudar a controlar, en su propia casa, al mosquito que lo transmite. Esto no se construye de la noche a la mañana y mucho menos con enunciados que no pasan de la norma. En el 2007 se puso en marcha un plan de salud pública "de obligatorio cumplimiento", que redefinió las responsabilidades de la Nación, de los departamentos, de los municipios y de las EPS frente al tema. También hay cuantiosos recursos para financiar las acciones que se desprenden de ese plan. La pregunta que cabe hacer es: ¿qué se hace con esos dineros? ¿Por qué el plan no funciona?

Vale decir que, sin contar con una evaluación seria de la materia, en los decretos de Emergencia se estipuló el retiro de los recursos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a los entes territoriales, para entregárselos a las EPS. Alcaldes y gobernadores protestaron por el hecho, aun cuando poco dicen de los pobres resultados en salud pública; los representantes de los hospitales no entienden por qué no se les encarga esta tarea, con sus correspondientes dineros, y las EPS, que siempre han mostrado un desinterés absoluto en el tema, nada dicen.

Pese a los esfuerzos y a las buenas intenciones del Instituto Nacional de Salud, a este vital asunto le faltan el orden y el liderazgo que no han asumido -dentro de un proceso de descentralización- los gobernadores y los alcaldes. En su sentencia T-760, la Corte Constitucional concluyó que muchos de los problemas de la salud en Colombia se deben a una falta absoluta de rectoría en todos los niveles. Como si fuera poco, en un escenario de este tipo es poco lo que puede esperarse de las comunidades; muchas de ellas están informadas, pero carecen de referentes indispensables para actuar en forma coordinada.

Sería bueno que por una vez los actores involucrados en las agrias discusiones emanadas de la Emergencia, la mayoría motivadas por asuntos económicos, se detuvieran a pensar en lo más importante: la salud de los colombianos y, más aún, la salud pública. No es con discusiones ni con retórica como se enfrentan las epidemias que hoy nos amenazan.

La consulta Caribe

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 9 de 2010

Para hoy está previsto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina el futuro de una interesante propuesta respaldada por los ocho gobernadores de los departamentos de la Costa Atlántica. Se trata de la "consulta Caribe", según la cual el electorado costeño tendría la posibilidad de depositar un voto adicional en las próximas elecciones del 14 de marzo para apoyar la creación de la región del mismo nombre. De encontrar eco en los magistrados, la Registraduría suministraría el respaldo logístico y la contabilización institucional de los sufragios.

La iniciativa -liderada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano- busca que una copiosa votación genere el necesario impulso político para que el Congreso discuta y apruebe una ley orgánica de ordenamiento territorial. En más de 18 años, igual número de intentos por reglamentar esta vital materia constitucional en el Legislativo ha fracasado. Dada la relación íntima entre territorio, manejo de los recursos públicos y distribución del poder político, los congresistas han preferido por casi dos décadas mantener el statu quo y evitar que la ley les abra la puerta a nuevas opciones de organización del país, como serían las regiones autónomas.

Al respecto, hay que decir que la diversidad geográfica, cultural y económica de Colombia es una realidad inocultable. La riqueza natural, los capitales humanos y sociales, así como el grado de fortaleza de las instituciones, varían de una región a otra del territorio nacional. En el caso de la Costa Atlántica, el 45 por ciento de sus habitantes vive en situación de pobreza. Por más esfuerzos que se hayan desplegado en los últimos 25 años en favor de la descentralización, las regiones siguen luchando contra un marcado centralismo en varios aspectos de la estructura estatal. Sin embargo, lo que los constituyentes de 1991 pretendían era precisamente que el territorio colombiano pudiera ordenarse de maneras más flexibles y gobernarse con un mayor grado de autonomía local.

Ante el flagrante vacío de reglamentación de este articulado de la Carta Política, la papeleta Caribe sería el mecanismo de participación adecuado para expresar el apoyo popular a esta nueva forma de organización. No obstante, las perspectivas en el CNE no son halagüeñas. Según declaraciones de algunos magistrados, la consulta de los costeños no cumple con los requisitos legales porque la ley de ordenamiento territorial no ha sido expedida. Por ende, el camino hacia la regionalización por medio del voto popular no sería el más adecuado.

Cabría, entonces, preguntarles a las autoridades electorales qué camino les queda a los dirigentes costeños. ¿Esperar a que por arte de birlibirloque el Congreso apruebe una ley orgánica de ordenamiento territorial que no le ha importado en 18 años? La consulta Caribe no tiene consencuencias jurídicas vinculantes ni constituye un llamado a la secesión; es un ejercicio pedagógico y de participación popular en el que los habitantes de una región del país expresan su deseo de organizarse mejor bajo las normas de la Constitución.

Más allá de si hoy los magistrados del CNE entierran la papeleta Caribe, la iniciativa costeña tiene dos grandes méritos. El primero es el de reactivar la imperiosa necesidad de que el Congreso debata y apruebe lo más pronto posible una ley de ordenamiento territorial que incorpore las nuevas realidades nacionales y modernice las normas vigentes. Así, su reglamentación podría abrirles la puerta a modelos alternativos de desarrollo para las regiones más pobres. El segundo aspecto positivo es el llamado a la voluntad popular para legitimar estas medidas. Negar la consulta es darles un portazo en la cara a los millones de habitantes de una zona del país que sólo quieren empujar a los congresistas a que cumplan con su deber.

No más interinidad

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 8 de 2010

Cumple ya más de seis meses en interinidad el cargo de Fiscal General de la Nación y, por extensión, la propia Fiscalía. No se trata de que la persona encargada, Guillermo Mendoza, carezca de las debidas competencias. Pero el hecho de que ni siquiera él sepa cuántos días le quedan en el puesto, le impide desarrollar políticas de mediano y, mucho menos, de largo plazo en una entidad que, además de requerir con urgencia cambios profundos en su accionar, tiene como misión combatir judicialmente a poderosas organizaciones criminales, así como la creciente actividad de los delincuentes comunes y de los corruptos.

Lo sucedido ha sido el resultado de una prolongada disputa entre el Presidente de la República, que presenta la terna de candidatos al cargo, y los magistrados de la Corte Suprema, que deben escoger un nombre del abanico. En el pulso entre esos dos poderes, la Casa de Nariño llegó a cambiar a dos de los ternados, ante la actitud del tribunal que se negaba a elegir entre los nombres originales con el argumento de que la baraja era "inviable" porque los postulados no cumplían con las calidades requeridas, no por la ley, sino por la propia exigencia de los magistrados.

El tema se destrabó por fin a finales del año pasado, y en cierta medida gracias a la intervención del procurador general, Alejandro Ordóñez, tras un editorial en estas páginas que pedía sus buenos oficios. Con el último cambio que se dio en la terna, y la llegada de la reconocida jurista Margarita Cabello, la Corte Suprema declaró por fin que dicha terna ya era "viable" y que elegiría entre sus integrantes al nuevo Fiscal.

Causó cierta sorpresa que no lo hiciera pronto, en una sala extraordinaria antes de las vacaciones judiciales de fin de año, para cerrar definitivamente este triste capítulo de choque de trenes con el Ejecutivo. Pero no sólo no lo hizo entonces, sino que tampoco lo hizo en enero, una vez terminado el receso.

En las dos semanas recientes se realizó por fin una serie de votaciones, que tras varias rondas no le otorgaron a ternado alguno los 16 votos de mayoría calificada, necesarios para salir elegido. En la más reciente, la doctora Cabello volvió a sacar la votación más alta: nueve votos. En las anteriores rondas hubo sorpresas: en una de ellas, el candidato más votado fue Camilo Ospina, ex secretario jurídico de la Presidencia y ex embajador en la OEA, y cuya candidatura estaba planteada desde la primera terna que el Presidente presentó. Si Ospina era un candidato viable, ¿por qué no salió elegido entonces? El argumento de algunos magistrados es que los tres candidatos debían pasar el filtro y eso sólo habría ocurrido hasta hace poco.

Más allá de lo discutible que resulte ese argumento, la realidad es que la Corte sigue sin elegir Fiscal. Esta semana podría darse una nueva votación que resuelva de una buena vez este enredo y dotara de una cabeza en propiedad a la Fiscalía, por el período fijo de cuatro años, que le daría el margen de maniobra necesario para introducir en la entidad los urgentes ajustes que requiere y para atender, con la legitimidad debida, el complejo frente de la lucha judicial contra la delincuencia.

El país no entendería que la decisión siguiera siendo demorada por los magistrados de la Corte Suprema, y menos que esto ocurriera en un ambiente salpicado de rumores en el sentido de que un grupo de magistrados de la llamada línea dura quiere esperar a conocer el fallo de la Corte Constitucional sobre la reelección para saber si Álvaro Uribe puede o no aspirar a un tercer mandato. Y así mismo, el país recibiría como un alivio que por fin el alto tribunal eligiera al Fiscal, resolviera la interinidad en el cargo y diera santa sepultura a la larga disputa que mantuvo con el Presidente de la República.

El "policía del barrio"

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 2 de 2010

A partir de la próxima semana la Policía Nacional estrenará una nueva estrategia para combatir la inseguridad en las principales ciudades del país. El "Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes" asignará 36.000 uniformados a las zonas más críticas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para que trabajen más cerca de la ciudadanía.

El objetivo, según el general Óscar Naranjo, director de la institución, es desarrollar arraigo y pertenencia de los policías a los barrios de los que son responsables. Dado que no hay recursos ni personal suficientes para cubrir la totalidad de cada urbe, los cuadrantes serán escogidos de acuerdo con su aporte al comportamiento criminal de la ciudad en homicidio, lesiones personales y hurto de vehículos. El lanzamiento de la iniciativa es bienvenido, pues recoge el clamor de millones de habitantes de estas capitales que se sienten hoy azotados por la violencia y la delincuencia. Es una respuesta tangible que busca ajustar esta pata rota de la mesa de la política de seguridad democrática.

La cercanía del agente a la comunidad es una necesidad sentida. Es difícil construir lazos entre la ciudadanía y sus policías si estos no conocen las dinámicas barriales; ignoran el perfil criminalístico del área y son rotados con frecuencia. Además, la sola presencia policial ayuda a mejorar la percepción de seguridad. La inclusión de actividades de prevención y de comunicación en el plan constituye un paso en la dirección correcta. Con el tiempo suficiente, estos lazos podrán transformarse en confianza mutua, tan vital en la lucha contra las bandas delincuenciales en las áreas más peligrosas. Un concepto radicalmente opuesto al de la red de informantes estudiantiles a 100.000 pesos.

Otro aporte para destacar en la nueva estrategia es el de la responsabilidad geográfica. La georreferenciación de los delitos en cuadrantes y la asignación de responsables permitirá hacer un seguimiento mucho más claro de la eficiencia de las unidades policiales y de sus comandantes. En vez de diluirse en grandes estructuras jerárquicas, los buenos resultados serán más fáciles de identificar y, por ende, de premiar. Si en un área determinada los delitos disminuyen notablemente, los otros policías podrán aprender de las buenas prácticas de sus compañeros. La iniciativa del general Naranjo resalta un interesante elemento de evaluación del servicio policial que le dará a la institución rendición de cuentas interna y transparencia externa.

Sin embargo, desde ya se perfilan algunos potenciales inconvenientes que sería prudente no perder de vista. El primero es el del escaso pie de fuerza. Como sólo habrá personal para unas zonas críticas específicas, se corre el riesgo de bajar la guardia en otras áreas de las ciudades. Los primeros meses serán claves en determinar el éxito de la medida y así poder asignar más personal en el futuro a más cuadrantes. Un segundo aspecto es el eventual desplazamiento de los delincuentes hacia cuadrantes no vigilados para aliviar la presión de las autoridades.

Un tercer punto es más conceptual que operativo. No todos los delitos tienen dinámicas susceptibles a este tipo de vigilancia comunitaria -por ejemplo, los de la criminalidad organizada-. Por lo tanto, sería injusto esperar que la estrategia produzca una baja generalizada en la actividad criminal. Además, en el criterio para definir los cuadrantes no están incluidas problemáticas típicamente barriales como el microtráfico de drogas, las pandillas y los asaltos sexuales a mujeres en parques y baldíos que impactan al ciudadano de a pie. Estos son aspectos que ameritarían ser incorporados de alguna manera en esta estrategia. Lo importante es que el Gobierno y la Policía están reaccionando puntualmente y con estrategias bien diseñadas a la generalizada alarma sobre los niveles de seguridad en las ciudades.

Alianza siniestra

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Enero 26 de 2010

En días pasados se han conocido más detalles del pacto político-militar entre las Farc y el Eln, al parecer suscrito en noviembre pasado. En un comunicado conjunto, las cúpulas de ambas guerrillas -el Secretariado de las primeras y el Comando Central (Coce) de los segundos- anuncian la unión de sus fuerzas para enfrentar al gobierno de Álvaro Uribe, "el más perverso títere de los planes del imperio".

A lo largo de cuatro puntos, los firmantes acuerdan el fin de los enfrentamientos entre las dos organizaciones y el rompimiento de cualquier contacto con el Gobierno. Además, identifican a Estados Unidos y las bases militares que estos usarán en Colombia como su "enemigo común". Aunque al salir a la luz pública esta alianza fue desestimada por el Ministerio de Defensa y por la comandancia de las Fuerzas Militares, sería aconsejable no perder de vista los eventuales movimientos estratégicos que provengan de tal unión, así como tener en cuenta el entorno internacional en que se está dando.

Tanto las Farc como el Eln han sido golpeados en los siete años de la política de seguridad democrática. A esto se suma el alto costo de la confrontación entre ambas guerrillas en las zonas fronterizas de Arauca y Nariño. La nueva estrategia de combinación de fuerzas podría provenir de su relativa debilidad actual y de la imposibilidad de seguir manteniendo el propósito de hacerse daño militar mutuamente. Ello implicaría un potencial fortalecimiento de la capacidad de los frentes subversivos en dichas regiones.

La posibilidad de que esta alianza siniestra se traslade de las palabras de los comandantes a una fuerza conjunta Farc-Eln en el campo de batalla es considerada lejana por analistas del conflicto. Las heridas de años de confrontación mutua no son tan fáciles de borrar y los tamaños y despliegues operativos de ambas guerrillas son diversos. Además, el acuerdo no contempla la fusión de las estructuras delincuenciales, por lo que, en materia financiera, cada uno seguirá secuestrando, traficando y extorsionando en las zonas geográficas compartidas. Por último, hay experiencias previas de unión, como la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que hace 20 años no mostró resultados inquietantes.

Sin embargo, un poderoso pegante para cimentar la improbable coalición podría surgir de los realineamientos internacionales. De acuerdo con las denuncias de las autoridades colombianas, Venezuela se ha convertido en la sede de la retaguardia de los jefes guerrilleros de ambos grupos. Más aún, en territorio vecino se llevaron a cabo los encuentros entre el Secretariado y el Coce para sellar la alianza. Asimismo, el acceso a ese país no es la única ventaja para los 'elenos'. Por todo el territorio bolivariano está desplegado personal cubano que podría hacer fácil contacto con una comandancia guerrillera como la del Coce, cuyos orígenes históricos, inspiración ideológica, estrategia diplomática y entrenamiento militar han estado íntimamente ligados al régimen de los Castro.

Por otro lado, el acuerdo de cooperación militar entre Bogotá y Washington ha servido de fermento para el renacimiento continental de la retórica "antiimperialista". Ya sin "guerra fría" ni "liberación nacionalista" que las sostengan, las Farc y el Eln pueden encontrar en las polémicas bases el discurso internacional propicio para proyectarse como "defensores" de la soberanía y "víctimas" del intervencionismo estadounidense.

En resumen, se entiende que el Gobierno se haya apresurado a minimizar el alcance de esta estrategia subversiva. Su puesta en marcha es complicada y su potencial de desequilibrio en el campo de batalla está por verse. Pero eso no significa que se pueda ignorar o que no se deban analizar sus repercusiones en todos los campos.

Un experimento fallido

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Enero 15 de 2010

El más reciente choque de trenes entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, originado en la decisión del primero de darle vía libre a una acción de tutela que en la práctica eximía de pena a uno de los detenidos por el escándalo de la 'Yidispolítica', ha vuelto a poner sobre el tapete la utilidad de un órgano cuya efectividad deja mucho que desear. Creado por la Constitución de 1991 y con la función básica de administrar la Rama Judicial y ejercer la función disciplinaria de la misma, el Consejo muestra un balance muy pobre. Tanto, que las pocas esperanzas que había sobre su buen funcionamiento han sido remplazadas por la certeza de que este debería desaparecer, si el Congreso es capaz de tomar cartas en el asunto y aprueba el acto legislativo correspondiente.

Las razones son varias. Por un lado, la falta de probidad de ciertas actuaciones ha creado un manto de duda sobre la capacidad gerencial de una entidad que maneja cerca de 1,5 billones de pesos al año y tiene a su cargo 22.748 servidores judiciales, incluyendo 4.306 jueces y magistrados. Denuncias como la hecha por el zar anticorrupción en este diario, según la cual el Consejo obligó al Gobierno a firmar un cuestionado contrato por 53.500 millones de pesos para la seguridad tecnológica en las cárceles, son francamente preocupantes.

También lo es la presencia de la más ramplona politiquería, resultado del método de selección de los magistrados de las diferentes salas, cuyas postulaciones por parte del Ejecutivo han entrado a formar parte de la vara de premios de la administración pública. Como si lo anterior no fuera suficiente, el organismo pretende ahora convertirse en una nueva instancia judicial, a la que acuden cuestionados personajes con el fin de desmontar fallos de las altas cortes.

Ese preocupante diagnóstico es todavía más grave a la luz de los desafíos que enfrenta Colombia. Sin desconocer la puesta en marcha con relativo éxito del sistema penal acusatorio, el atraso acumulado en otros campos sigue, como ocurre en el ramo contencioso. Quienes conocen estos temas insisten en que la situación de la justicia es insostenible, lo cual se traduce en impunidad y en exageradísimas demoras, que serían injustificables en cualquier democracia moderna. Casos como el de la liberación de quienes habían sido detenidos preventivamente por el escándalo de los 'falsos positivos' desnudan la inoperancia de un esquema que necesita cambios de raíz.

El problema, según los entendidos, no es de recursos, sino de gerencia. Haber dejado en manos de un cuerpo colegiado la administración de la Rama Judicial fue un error garrafal de la Constitución, que merece ser corregido. Tal como el manejo de los hospitales no se deja necesariamente a los médicos, tampoco las preocupaciones sobre la adecuada dotación de los juzgados o las políticas de personal deberían corresponderle a un puñado de magistrados. No estaría de más, entonces, volver a la propuesta original hecha por el gobierno de la época, durante el nacimiento de la Carta Política, que consistía en la creación de la figura del Administrador de la Justicia, que seguiría las pautas de un consejo concurrente, compuesto por las cabezas de las principales instituciones del sector.

Hacer borrón y cuenta nueva en esta materia debería ser una de las prioridades nacionales en los meses que vienen. Todos los candidatos presidenciales, sin distingo de barreras ideológicas, podrían compartir el propósito de hacerle una verdadera reforma a la justicia, para que las sombras que hoy circundan a uno de los tres poderes públicos se disipen. Y eso incluye concluir con el experimento del Consejo Superior de la Judicatura, una entidad que, cuando llegue al fin de sus días, lo hará con más pena que gloria.

Una caída inevitable

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Enero 13 de 2010

La fuerte devaluación del bolívar estaba prevista. Lo que está por verse es el efecto que la medida tenga sobre el gobierno de Chávez.

Para quien no haya estado al tanto de las noticias, las largas filas que se han visto durante los últimos días en los almacenes de electrodomésticos y en los supermercados de las principales ciudades venezolanas podrían dar una falsa ilusión de prosperidad. Pero la ola consumista en el país vecino tiene otra explicación. Todo se relaciona con el desespero de la gente por adquirir artículos varios, antes de que los precios reflejen la devaluación que sufrió el bolívar en la noche del llamado 'viernes rojo'.

Como se recordará, fue el 8 de enero cuando Hugo Chávez anunció la adopción de dos tipos de cambio, frente al de 2,15 por dólar que estaba vigente desde febrero del 2005: uno de 2,6 por dólar, que se aplicará a las importaciones de bienes básicos, como alimentos, medicinas y maquinaria, que tienen un peso de 30 por ciento en las adquisiciones de Venezuela; y otro de 4,3 por dólar, con el que se liquidarán las compras externas de los demás artículos, incluyendo automóviles, textiles y telecomunicaciones, entre otros.

Tales variaciones tendrán impacto en Colombia, aunque limitado, por cuenta de la decisión unilateral ya adoptada por Venezuela de tratar de llevar el comercio binacional a cero. En cambio, pueden afectar más a aquellos países que aspiraban, en forma oportunista, a llenar el vacío.

Aparte de ese cálculo, la verdad es que los analistas económicos esperaban una decisión desde hace meses. La razón es que la inflación acumulada en los últimos cinco años llegó a 162 por ciento, una de las más altas del mundo. Esa situación condujo a una sobrevaluación de la moneda que, en términos prácticos, hizo mucho más baratos los productos traídos de afuera que los hechos internamente. Ahora la lógica indicaría que las medidas deberían estimular a la industria y a la agricultura local, que serían más competitivas.

El problema es que nada de eso está asegurado. Es conocida la hostilidad del gobierno bolivariano hacia el sector privado, lo que asegura que las inversiones en nueva capacidad productiva brillen por su ausencia. Eso para no hablar de un clima interno cada vez más difícil, en un escenario de polarización política, de creciente inseguridad ciudadana, de escándalos de corrupción y de racionamientos de agua y luz. Ayer, para no ir más lejos, se anunció que los cortes de electricidad en Caracas llegarán a cuatro horas cada dos días, por lo menos hasta mayo.

Debido a esa situación, los expertos predicen que la descolgada del bolívar tendrá un impacto directo en los precios. Firmas como Moody's, por ejemplo, pronostican un alza de la inflación hasta del 60 por ciento este año, con lo cual la caída en el ingreso real de los venezolanos será inevitable. Ante lo sucedido, las voces de protesta han aumentado y la oposición ha convocado a una manifestación de rechazo a las medidas el próximo 23 de enero.

En respuesta, la administración chavista ha enfocado sus baterías en contra de los comerciantes, como lo pudo comprobar la cadena Éxito, cuyos almacenes fueron cerrados durante 24 horas por mandato oficial. Esas medidas, sin embargo, tendrán un efecto limitado y pueden ocasionar problemas de abastecimiento si se mantienen, pues nadie querrá vender a pérdida si sus costos suben.

Para el Palacio de Miraflores, no obstante, el tema principal es otro. Gracias al nuevo tipo de cambio, los ingresos petroleros de Venezuela se liquidarán a 4,3 bolívares por dólar, lo que, en la práctica, duplica la que es su principal fuente de recursos fiscales. Dicha circunstancia permitirá aumentar el gasto público, con lo cual las fuerzas gobiernistas aspiran a mantener sus mayorías en las elecciones legislativas de finales de septiembre. Eso, por supuesto, si los venezolanos, cansados del mal manejo y el despilfarro, no deciden darle la espalda a una revolución que vocifera mucho y hace poco por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.