¿Deberían restituir a Zelaya como presidente?

José René Argueta

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 1 de 2009

El 2 de diciembre próximo, el Congreso Nacional (CN) tomará la decisión final sobre si Zelaya es restituido o no como presidente de Honduras.

Con ese propósito, el Ministerio Publico, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia han enviado sus respectivas opiniones al CN para que este pueda tomar una decisión en concordancia con las leyes y el orden constitucional.

Es ampliamente sabido que dichas instituciones estuvieron directamente involucradas en el proceso que culminó con la decisión de la CSJ de remover a Zelaya de su cargo de Presidente de la República. Consecuentemente, su posición respecto a la restitución de Zelaya es contraria. De hecho, la posición común parece ser la expresada recientemente por la CSJ, la cual es opuesta a la restitución de Zelaya mientras este no sea sometido a juicio y sea exonerado de los delitos que se le han imputado.

Sin embargo, la Constitución de Honduras autoriza al Congreso Nacional a otorgar amnistía mediante el artículo 205, inciso 16. De modo que el CN podría decretar un perdón legislativo (amnistía) a Zelaya y remover así cualquier obstáculo para su restitución.

Hay dos escenarios que el Congreso va a sopesar antes de poder tomar una decisión.

Por un lado, el restablecimiento de Zelaya en el poder sin duda ayudaría a disminuir el descontento de un gran segmento de la población hondureña que apoya a Zelaya, contribuyendo así a reducir las divisiones políticas y a mantener la paz en el país. De igual manera, la restitución de Zelaya también satisfaría los reclamos de una gran cantidad de países que continúan percibiendo la destitución de Zelaya como un golpe de Estado, mejorando así nuestras relaciones internacionales.

Por otra parte, el decretar amnistía política sería un duro revés para la 'nueva' Corte Suprema de Justicia de Honduras. La amnistía política implicaría, ante el mundo entero, que la CSJ estuvo errada en su decisión de destituir a Zelaya, o peor aún, que lo que sucedió fue realmente un golpe de Estado.

Sin embargo, existe un factor común en ambos escenarios que el CN debería también considerar de manera muy seria: el deseo nacional de que imperen la ley y el orden constitucional. La gran animosidad entre ambos lados en este conflicto político ha sido el resultado de la percepción de que se violó la Constitución y el orden democrático de Honduras.

Los que apoyan a Zelaya lo hacen porque perciben su destitución como un golpe militar anti-constitucional. La prueba de su percepción fue la captura y envío al exilio de Zelaya por los militares, lo cual fue inconstitucional.

Los que están en contra de Zelaya lo hacen porque perciben su destitución como el resultado de las violaciones de este al artículo 239 de la Constitución, que prohíbe la promoción de la re-elección presidencial. La prueba de esta percepción son los varios fallos de diferentes cortes, los cuales Zelaya decidió desobedecer por ser contrarios a sus planes de reelección.

De manera que el Congreso Nacional debería tomar su decisión teniendo muy en cuenta que ambos bandos en el conflicto violentaron la Constitución y otras leyes. Si decide aplicar la ley y castigar a Zelaya por sus violaciones, también deberá asegurarse de que los que lo enviaron al exilio y los que inventaron su carta de renuncia sean también castigados.

Pero si no existe la voluntad política de aplicar la ley de manera imparcial, Zelaya debería ser exonerado también. Es preferible que todos queden impunes a que se aplique la ley solo "al árbol caído", reforzando así entre la población hondureña la percepción histórica de tener un sistema judicial parcializado a favor de aquellos en el poder.

Por supuesto, la mejor opción es que todos sean juzgados y respondan por igual ante la ley. La democracia hondureña no puede prosperar sólo por tener elecciones libres y justas. Igualmente importante es el establecimiento del Estado de Derecho en el país. Decretar una amnistía solo contribuiría a prolongar la larga historia de impunidad de políticos y militares en Honduras. ¡Esa es la verdadera crisis!

Obama y Arias continúan sin atinar en la crisis hondureña

José R. Argueta, Ph. D. *

El Tiempo, Bogotá

Ocubre 2 de 2009

Como analista del sistema político hondureño, me ha sorprendido y decepcionado la posición del gobierno de Obama con respecto a la actual crisis política en Honduras. En un intento más por forzar el retorno al poder del derrocado presidente Zelaya, propuesto por el Plan Arias, el gobierno de Obama ha anunciado la suspensión de ayuda económica y ha, incluso, amenazado con no reconocer las próximas elecciones presidenciales en Honduras. Esta es, sin duda, una posición errónea, y me sorprende mucho que los gobiernos estadounidense y costarricense aún no hayan podido descifrar bien la crisis y adoptar una posición acertada.

Es entendible que la primera impresión de ver a militares, en lugar de policías, capturando a Zelaya fue que un golpe de Estado militar se había producido en Honduras. Sin embargo, las primeras impresiones pueden ser engañosas. La captura de Zelaya no fue una iniciativa de los militares hondureños, sino el enforzamiento de una decisión judicial totalmente legal, basada en los artículos 205, 239 y 313 de la Constitución hondureña.

Aun así, las Fuerzas Armadas sí violaron la Constitución al enviar al capturado presidente Zelaya al exilio a Costa Rica (véase el artículo 102). No obstante, esa decisión no fue parte de la orden del tribunal, sino más bien una decisión tomada por la cúpula militar. Y a pesar de que estos dos eventos -la captura de Zelaya y su exilio- pueden percibirse como un solo evento, estos deben ser considerados separadamente para permitir un mejor análisis y el arribo a una solución adecuada.

A pesar de que Zelaya fue ilegalmente enviado al exilio por el Ejército, su arresto, ordenado por los tribunales, fue completamente legal, así como su reemplazo por Micheletti (véase el artículo 242). Por lo tanto, insistir en el retorno de Zelaya al poder es irrespetuoso con la Constitución hondureña y con el sistema jurídico, y es precisamente la razón por la cual el actual Gobierno, principalmente el poder judicial, no puede aceptarlo. Los presidentes Obama y Arias no deben intentar corregir una presunta violación de la Constitución hondureña obligando al gobierno interino hondureño a ignorar una decisión de las Cortes y, por lo tanto, violar la Constitución misma que ellos pretenden defender.

Es importante aclarar en este momento que los jueces de la Corte Suprema hondureña no se seleccionaron a través de algún procedimiento oscuro o antidemocrático, propenso a la manipulación política. Al contrario. Los quince jueces de la Corte Suprema hondureña fueron seleccionados por el Congreso de una lista de 45 candidatos propuestos por la Sociedad Civil, como resultado de una reciente reforma destinada a hacer el poder judicial más equilibrado ideológicamente y más independiente políticamente. Por consiguiente, no se puede atribuir ningún prejuicio político o ideológico a las decisiones de la Corte Suprema de Honduras.

Teniendo en cuenta este progreso en la administración de justicia, la posición de Estados Unidos y Costa Rica debería ser fortalecer aun más el Estado de derecho en Honduras, no socavarlo.

En mi humilde opinión, los presidentes Obama y Arias deben promover vigorosamente, primero, una aclaración completa de la serie de eventos a la luz de la constitución hondureña y demás leyes. Y en segundo lugar, exigir que los tribunales hondureños castiguen efectivamente a todos aquellos que violaron las leyes.

En consecuencia, Estados Unidos y Costa Rica no deben forzar un regreso incondicional al poder de Zelaya sin antes éste haber encarado un juicio abierto y justo en Honduras; quizás supervisado por la comunidad internacional para garantizar su credibilidad. Sólo entonces, si fuera absuelto, podría y debería Zelaya volver al poder.

De la misma manera, los militares hondureños deben enfrentar un juicio por el envío de Zelaya al exilio, lo cual violó el artículo 102 de la Constitución. Algunos miembros del Congreso Nacional también deben ser investigados y sometidos a juicio por la falsificación de una carta de renuncia supuestamente firmada por el señor Zelaya, la cual fue leída y aceptada por el Congreso inmediatamente después de que Zelaya fuese expulsado.

Lograr que todos los implicados en la crisis sean sometidos a un juicio justo es lo que todos los hondureños ansiamos. Ya hemos tenido demasiada impunidad en Honduras. Fomentar el imperio de la ley no sólo ayudará a resolver la crisis actual, sino que también establecerá un precedente importante: que las élites políticas y militares sí pueden ser juzgadas efectivamente en Honduras... por fin.

Esta es la posición correcta que Estados Unidos y Costa Rica deben adoptar.

* José Rene Argueta es un científico político hondureño que ha realizado numerosos estudios de investigación sobre el sistema político hondureño. Usted puede enviar comentarios directamente a:jrarguetam@yahoo.com