Bogotá, abril de 2009
Señores
Comisión Europea
Unión Europea
Bruselas
Respetados señores y señoras:
En estos momentos se negocia un Acuerdo Comercial entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE), bajo la modalidad de un “acuerdo marco flexible”, en el cual participa Colombia. Distintos sectores de la sociedad civil, entre ellos organizaciones de trabajadores, se vienen pronunciando sobre el tema, y nosotros queremos hacerlo también.
Somos un sector del sindicalismo colombiano que discrepamos del punto de vista radical de la dirección de las centrales obreras, que rechaza tajantemente este y cualquier otro acuerdo comercial. Nosotros tenemos una actitud diferente, abierta a mirar el desarrollo de la negociación y contribuir con nuestras opiniones, y respaldar sus resultados si lo pactado se ajusta a las conveniencias nacionales. Nos parece obtusa e ilógica la actitud de rechazar de antemano el acuerdo sin conocer su desarrollo, y tampoco compartimos la decisión de ese sector del sindicalismo de marginarse de participar en las deliberaciones de las rondas.
Entendemos que una de las críticas que se ha formulado consiste en señalar la inconveniencia del mecanismo adoptado de negociación conjunta pero flexible, que permite avanzar según las necesidades e intereses de cada país de la CAN, sin que las actitudes de alguno puedan entrabar o bloquear el avance de los demás. Esta posición no es excluyente, pues la participación está abierta a todos los miembros de la CAN, pero sí evita que cualquiera de sus miembros tenga la potestad de veto.
Otra de las objeciones que se efectúa sobre el acuerdo es la de sus posibles efectos negativos en la economía colombiana, pues la eliminación de aranceles podría conducir a una competencia ruinosa para varias ramas industriales o agrícolas, afectando a la vez el empleo. Sobre el particular diríamos que nuestras economías son más complementarias que competitivas; más del noventa por ciento de lo que importa Colombia de la UE no lo produce, o lo produce insuficientemente, y a su turno ocurre una cosa similar con las importaciones que efectúa la UE de nuestro país. De suerte que liberar el intercambio de esos bienes solo se traducirá en ampliación del comercio, de la producción y del empleo en ambos.
Pero es evidente que existen sectores pequeños que tendrían riesgos, por lo cual esperamos que en la negociación se tengan en cuenta y se pacten cláusulas equitativas para ambos bloques de países. En especial quisiéramos una solución al efecto contraproducente que los elevados subsidios europeos a la producción agropecuaria tendrían en nuestra región. Nos parece también que existe una discriminación injusta en los gravámenes a la entrada de nuestro banano al Viejo Continente, frente a otros países que gozan de una situación privilegiada. Aspiramos a que se corrijan esas distorsiones que entrañan desventajas para la CAN, y dentro de ella sobre todo para los trabajadores.
Las centrales sindicales de nuestra región señalan de antemano que la negociación en curso será perjudicial para los derechos de los trabajadores. Nuestra experiencia en el caso del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos indica lo contrario, y confiamos que en el Acuerdo con la Unión Europea se contemplarán cláusulas sociales que protejan los derechos laborales, el medio ambiente y la salud de la población. Sabemos que ese es uno de los propósitos de la UE, y sería aventurado de nuestra parte suponer por anticipado –como lo hacen otros- que ocurrirá lo contrario.
Es conveniente señalar, a diferencia de lo que opinan algunos, que aunque en Colombia persisten falencias y vacíos hemos tenido importantes progresos en el terreno de los derechos laborales en los últimos años, tanto por la brega del movimiento sindical como por las recomendaciones de la OIT, por las sugerencias de EEUU y la UE, y también por iniciativa del mismo gobierno colombiano. Empecemos por decir que nuestro país ha aprobado desde hace tiempo todos los Convenios de la OIT, donde se consigan los derechos fundamentales del trabajo. Vale la pena destacar que en los últimos años se han expedido nuevas normas positivas, como la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, la oralidad y celeridad en los juicios laborales, la reglamentación de las empresas de servicios de empleo temporal, la regulación e impulso al contrato sindical como forma de contrarrestar la baja sindicalización, las limitaciones y prohibiciones a las cooperativas de trabajo asociado para competir deslealmente con la intermediación laboral en desmedro del trabajo digno, la reforma al derecho de huelga y al sistema del arbitramento, y la definición para los trabajadores del sector público de claros mecanismos de concertación con su respectivo ente estatal de sus condiciones laborales y salariales. En reconocimiento trascendental a sus avances, Colombia fue excluida desde hace 3 años de la “lista negra” de la OIT, en la cual estuvo por años con otros países, por graves violaciones a los derechos laborales.
La protección de los derechos humanos, y en particular de los sindicalistas, se debate con intensidad en el caso de Colombia. Discrepamos radicalmente de quienes presentan una visión distorsionada de nuestra realidad. No es cierto que la grave situación vivida por el país en materia de derechos humanos en las dos últimas décadas del siglo pasado persistan, mucho menos con las dimensiones catastróficas que se anuncian, y que sus causantes sean el gobierno y los empleadores. El país viene superando de manera firme y sostenida la etapa de violencia de varias décadas lo asoló, afectando a todos los estamentos de la sociedad, no sólo a los sindicalistas; la caída de los distintos indicadores de homicidios, secuestros, extorsión, etc. así lo corrobora sin discusión. Los causantes verdaderos, guerrillas y paramilitares, con la perversa financiación del narcotráfico, vienen siendo combatidos, derrotados y sometidos, en una sólida alianza entre gobierno, fuerzas armadas y sociedad civil. Se respira una sustancial mejoría en materia de protección a los derechos humanos, sin que podamos negar lastres que todavía subsisten, pero advirtiendo a la vez una clara determinación por parte del Gobierno de mejorar este aspecto fundamental para la sociedad.
No existe en Colombia una campaña específica de violencia contra el sindicalismo, como se afirma a cada momento. Como muchos otros sectores de la vida nacional, este sector ha sido golpeado por la criminalidad pero, inclusive, en menor grado que muchos otros. La inmensa mayoría de los crímenes contra sindicalistas no lo son en razón de su ejercicio o actividad sino por otros factores. La tasa de homicidios de sindicalistas es de las más bajas del país, y los atentados contra éstos viene descendiendo vertiginosamente. Y los líderes sindicales son, sin discusión, el sector más protegido por el Estado: casi 2.000 de un total de 10.000 personas bajo distintas formas de seguridad. Ningún sindicalista que haya pedido protección del gobierno ha sido asesinado en los últimos ocho años.
Sumado a lo anterior es importante mencionar que bajo el auspicio de la OIT, la dirigencia sindical colombiana, el gobierno y los empleadores, acordaron desde el año 2006 trabajar juntos para enfrentar diversos problemas que afectan al movimiento sindical, particularmente la violencia y la impunidad. Para ello se ha establecido en Bogotá una oficina permanente de la OIT que ayuda a las partes para esos fines. Y en la Fiscalía General de la Nación se ha creado una Unidad Especializada que atiende los casos denunciados ante la OIT por las centrales sindicales. Sus resultados en los dos primeros años de actividad son muy promisorios, al esclarecer casi 200 crímenes, cuando en años anteriores solo se habían resuelto si acaso 40.
Colombia tiene numerosos problemas de orden económico, social y político. De eso somos conscientes. No es nuestro interés ocultarlo ni mucho menos. Pero tanto el gobierno, como la sociedad civil vienen haciendo esfuerzos por superarlos, y el país viene consolidando y mejorando sus instituciones y régimen democrático, venciendo el cáncer de la violencia, recuperando la senda del crecimiento y haciéndole frente a las desigualdades sociales. Continuar por esa vía implica numerosos esfuerzos. Y el apoyo de la comunidad internacional. Los acuerdos comerciales, así como los programas de cooperación, son una importante herramienta que ayuda a superar nuestros problemas. Necesitamos cooperación, respaldo y oportunidades, no bloqueo ni estigmatizaciones. Si bien el acuerdo comercial con la UE no es una panacea, es una importante oportunidad histórica que el país no puede desperdiciar. De nosotros y de nadie más dependerá, ya suscrito, aprovecharlo positivamente.
De los Señores Comisionados, cordialmente,
Gerardo Sánchez Zapata. Presidente de la Subdirectiva en Coltejer del Sindicato de la Confección y los Textiles de Antioquia.(Sintracontexa). Cédula de ciudadanía No. 3.616.117.
Luis Fernando Cadavid Mesa. Presidente Directiva Nacional del Sindicato de la Confección y los Textiles de Antioquia (Sintracontexa). (Contrato Sindical en la empresa Leonisa). Cédula de ciudadanía 70.066.537.
Luis Germán Restrepo Maldonado, Presidente. Sindicato Compañía de Empaques. Cédula de ciudadanía 70.036.524.
Walter David Navarro Giraldo- Presidente del Sindicato de Profesionales de Empresas Públicas de Medellín. Cédula de ciudadanía 71.658.127
Fernando Bayona Rincón, Fiscal del Sindicato de Acerías Paz del Río (Boyacá). Cédula de ciudadanía 9.519.084.
Eufrasio Emilio Ruiz Santiago. Presidente. Sindicato del Ingenio San Carlos (Valle del Cauca). Cédula de ciudadanía 16.626.726.
Albeiro Enrique Franco Valderrama. Presidente de la Subdirectiva de Antioquia (Urabá) de la Unión Nacional de Trabajadores del Sector Agroindustrial y Pecuario (Unaltrasap). - Cédula de ciudadanía 70.036.467.
Javier Ramírez Córdoba. Presidente. Sindicato de Imusa (sector Metalmecánico). Cédula de ciudadanía 15.500.538.
Jorge Iván Díez Vélez. Secretario General. Unión de Trabajadores Textiles y la Confección de Colombia (Utatexcoc). Cédula de ciudadanía 98.658.352.
Camilo Torres. Presidente Nacional de Sintrainduplascol. Cédula de ciudadanía 2,529,023.
Oscar Jiménez Quiceno. Presidente. Sindicato Nacional de Coats-Cadena (Pereira). Cédula de ciudadanía 4.587.566.
John Cano Restrepo. Presidente. Sindicato Gremial de Equipajeros de Antioquia. Cédula de ciudadanía 8.300.527.
Mario Efrén Isaacs. Presidente Subdirectiva Tulúa (Valle). Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Fruticultora (Sinaltraifru). Cédula de ciudadanía 80.504.771.
César Velazco. Fiscal de la Unión de Trabajadores de Cundinamarca (Utracun). Bogotá.
Manuel Sánchez Casallas, Presidente, Federación de Trabajadores de Bebidas, Alimentos, Turismo y afines, y del Sindicato Nacional de Gaseosas Lux. Bogotá. Cédula de ciudadanía 17.121.058.
Ana Lucía Rojas Alaguna, Fiscal del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Flores (Sinaltraflor). Cédula de ciudadanía 39.699.556.
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Bogotá, April 2009
The Members of the European Commission
European Union
Brussels
Ladies and Gentlemen:
A Trade Agreement is currently being negotiated between the Andean Community of Nations (CAN) and the European Union (EU), in the form of a “flexible framework agreement”, in which Colombia is a participant. Various sectors of civil society, including worker organisations, are expressing their views on the matter, and we should like to take this opportunity to do the same.
We represent a sector of Colombian trade unionism with a radically different point of view from that of the worker centres leadership, which is strongly opposed to this and any other trade agreement. We take a different approach, prepared to observe the progress of the negotiations and offer opinions, ready to lend our support to the outcome if it matches our national aspirations. Our position is that an out-of-hand rejection of the agreement in advance with no knowledge of how it develops is foolish and senseless; neither do we share the decision taken by this branch of the trade union movement to take no part in the talks.
Our understanding is that one point of criticism is the inconvenience of the joint but flexible negotiation system, whereby each CAN country is free to express its needs and concerns without being permitted to adopt a position which can hinder or prevent other members from assuming their own. This is a non-exclusive position, since it means that participation is open to all CAN members, yet none has the power of veto.
A further objection is that it may negatively affect the Colombian economy, since the elimination of customs duties might lead to disastrous competition for some branches of industry or agriculture, with knock-on outcomes for employment. In this regards, our perception is that our economies tend more towards the complementary than the competitive; over ninety per cent of Colombian imports from the EU are products regarding which Colombian production is either non-existent or insufficient, and the same applies to goods imported by the EU from Colombia. Freeing up trade in these goods could only result in its growth, and an increase in the production and employment involved.
Of course, it goes without saying that there will be some small sectors which will find themselves at risk, and we trust that the talks will factor this in and fairness clauses will be agreed to for both nation groups. Most of all we would like to see a solution to the counter-productive effect which the high European subsidies on agricultural produce have on our region. We also feel that unfair discrimination exists as regards the duties on our banana production for importation into Europe, when other countries enjoy a privileged situation. We look forward to the correction of these inequalities, damaging for CAN and in particular for our workers.
The trade union cadres in our region have already claimed that the negotiations in progress will damage workers' rights. Our experience in the case of the Free Trade Agreement with the USA suggests the opposite, and we are confident that the Agreement with the European Union will contain social clauses protecting the rights of workers, the environment, and the health and safety of the population. We know that such matters lie at the heart of the concerns of the EU, and that it would be absurd for us to assume, as the union leaderships have done, the opposite.
Despite the claims of some sectors, we should point out that, although bankruptcies and job losses have occurred in Colombia, significant progress has been made in the area of workers' rights in recent years, thanks to the work done by the union movement, to ILO advice, to the suggestions made by the USA and the EU and the initiatives of the Colombian Government itself. We should state at the outset that our country has approved all ILO Agreements establishing the fundamental rights of labour. Worthy of note is the fact that in recent years new positive standards have been established, such as bans on the worst forms of child labour, on oral proceedings and deadline guillotines in labour courts, the regulation of temporary employment agencies, regulating and encouraging the use of trade union agreements as a move to counteract low union membership, restricting and prohibiting associated labour cooperatives from unfairly competing as labour intermediaries resulting in the decline in decent work, reform of the right to strike and the arbitration system, and the establishment for public sector workers of clear guidelines for discussions with their respective State body and their work and payment conditions. In momentous recognition of its advances, Colombia has for the last 3 years been absent from the ILO blacklist where it had figured for years in company with a number of other countries because of its serious breaches of workers' rights.
The protection of human rights, and particularly those of trade unionists, is the focus of serious debate as regards Colombia. We strongly disagree with those who present a distorted picture of reality. It is simply not true that the terrible human rights situation which characterised the country in the last two decades of the last century has persisted, and even further from the truth that it matches the catastrophic dimensions described, nor that the government and employers are to blame. The country is firmly and steadily climbing out of the period of violence which laid waste to it for years, affecting all sectors of society, not just the trade unions; the drop in the figures for murder, kidnapping, extortion, etc. stand as incontrovertible evidence. The real perpetrators, the guerrillas and paramilitaries, with the destructive finance of the drug trade, are under siege and are steadily being brought to book by a strong alliance of government, the armed forces and civil society. We are enjoying a substantial improvement in human rights protection, and while making no bones about the work that remains to be done, we are witnesses of the fixed determination on the part of the Government to improve this fundamental aspect of society.
No specific campaign of violence against trade unionism exists in Colombia, as we are endlessly being told. This sector has been infiltrated by the criminal element like others, but in actual fact to a much lesser degree than many others. The large majority of crimes against unionists are not perpetrated because of the unionists' work or activities but for other reasons. The murder rate as regards trade unionists is one of the lowest in the country, and attempts on their lives are dropping sharply. The fact is that union leaders are incontrovertibly the best protected group in the State: almost 2,000 of a total of 10,000 are covered by various forms of security. Not a single trade unionist who has requested governmental protection has been murdered in the past eight years.
In addition to the above it is important to mention the fact that, under the auspices of the ILO, since 2006 the Colombian Trade Union Leadership, the Government and the employers have been in agreement that they should work together to tackle the various problems affecting the union movement, particularly violence and impunity. In order to achieve this goal the ILO has opened a permanent office in Bogota to help the parties work towards these ends. Furthermore, a Special Unit has been set up within the office of National Public Prosecutor to deal with cases reported to the ILO by trade union offices. The results of the first two years of activity have been very promising, with almost 200 crimes solved, as against barely 40 for the years before.
Colombia suffers from many problems of an economic, social and political nature. We know this, and it is not our intention to conceal the fact in any way whatsoever. But the fact is that the Government and civil society are striving to overcome them, and the country is beginning to come together, its institutions and democratic system are improving, and the cancer of violence is being beaten, so that we are finding our way back onto the path to growth and the elimination of social inequality. For us to proceed along this route huge efforts will be required, together with the support of the international community. Trade agreements, along with cooperation programmes, are an important tool in helping us overcome our problems. We need cooperation, support and a chance, not stonewalling or stigmatisation. Naturally, the trade agreement with EU cannot be a panacea, but it is an important historical opportunity which we cannot afford to let slip. It is we, the undersigned, and nobody else, who can take positive advantage of it.