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jueves, 17 de diciembre de 2009

El debate anual del mínimo

Álvaro Montenegro

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 17 de 2009

El salario mínimo existe hace más de un siglo en el mundo. La mayoría de los países lo tienen, incluidos los desarrollados; Inglaterra, por ejemplo, desde 1909, y Estados Unidos, desde 1912. En Estados Unidos, inicialmente regía solo para mujeres y niños, hasta 1938, cuando se volvió federal y cobijó a toda la fuerza laboral.

Pocos colombianos recuerdan cómo eran las cosas antes de que existiera el salario mínimo, pues fue en 1950 cuando entró en vigencia, en cuantía de dos pesos diarios. Al comienzo se ajustaba en cualquier mes y aun varias veces al año; por un tiempo hubo diversos mínimos: para el campo, para la ciudad, para empresas grandes, para empresas pequeñas y por zonas geográficas y sectores económicos. Desde 1979 se estableció la costumbre de fijarlo una vez al año, el primero de enero, y en 1984 se unificaron todos los salarios mínimos en el que conocemos hoy.

Cada fin de año revive el debate en torno al salario mínimo. Sus detractores dicen que produce desempleo. Sus defensores que no y que, incluso, puede generar empleo. Otros maldicientes son más específicos y afirman que produce desempleo, pero solamente entre los trabajadores menos hábiles. A lo que ripostan sus partidarios que, si así fuera, para eso está el Gobierno, para contratar a los menos hábiles, en aras de su función social y redistributiva del ingreso.

En últimas, los economistas, que estudian el tema, no tienen ni idea de si el salario mínimo genera empleo o desempleo, o si mejora la distribución del ingreso, o si causa inflación. Según la teoría, decretar el salario por arriba del que debería ocurrir naturalmente en el mercado aumenta el desempleo. Pero la evidencia empírica no es concluyente. Hay cientos de estudios que dan para todos los gustos, desde el pionero de Card y Krueger, de 1995, hasta el de Neumark y Wascher, del año pasado. Quizá lo único que se atreven a decir los economistas, a manera de consenso, es que movimientos moderados en el salario mínimo no afectan mayormente el empleo. O sea nada.

Movimientos moderados quiere decir que el ajuste en el mínimo cubra la inflación causada más algún punto porcentual por aumento en productividad (si lo hay). Con el paso del tiempo, un trabajador típico tiende a producir más a medida que va acumulando experiencia y aprendizaje, y sería extraño que a largo plazo el producto per cápita de un país crezca y los trabajadores permanezcan con el mismo poder adquisitivo.

En el fondo, la encrucijada del alma de los economistas es si es ético tratar el trabajo humano como cualquier mercancía, cuyo precio, el salario, debe ser fijado por el libre mercado y la ley de la oferta y la demanda -de manera que, por ejemplo, si el mercado fija el salario por debajo del mínimo necesario para sobrevivir, de malas-.

La mayoría de los economistas prefiere mantenerse al margen del debate sobre el salario mínimo porque es un tema subjetivo y cargado de emociones, y ellos se entrenan para ser objetivos y fríos. Aquellos contados que toman partido generalmente lo hacen por razones ideológicas; esto es, de propaganda.
Las decisiones sobre el ajuste en el salario mínimo no son económicas, sino políticas. Son el resultado de intereses en contienda entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Los trabajadores quieren que el salario mínimo suba más que la inflación, los empresarios que se estanque o desaparezca, y el Gobierno, que tiene la última palabra, debe sopesar el progreso social, el crecimiento económico y lo que le convenga electoralmente.


Cada año es la misma historia, tanto que hoy en día se ha perdido el encanto de las negociaciones. A nadie le importa lo que pase con el salario mínimo mientras el ajuste sea moderado.

jueves, 5 de noviembre de 2009

Educación para todos

Por Alvaro Montenegro

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 4 de 2009

En Colombia, como en otros países, es común que los costos de la educación y la salud tiendan a subir más que la inflación. Por esta, y otras razones que discutimos a continuación, el Gobierno y el Congreso siempre deberían asignar presupuestos crecientes y adecuados a estos sectores.

La explicación de tal tendencia es que hay gran demanda y poca oferta. Todo el mundo quiere más educación y salud pero no hay suficientes profesores ni médicos. Estos son servicios que dependen fuertemente del capital humano, profesionales cada vez más capacitados y entrenados, con mayores títulos, como el Ph. D. o el doctorado, que tardan años en formarse, posiblemente en el exterior. Dependen, también, de la permanente y onerosa actualización de instalaciones, laboratorios y demás infraestructura necesaria para la actividad académica.

Todo esto ha generado un desfase en las finanzas del sistema educativo, como lo dice un reciente editorial de EL TIEMPO, en especial para las universidades públicas, que deben competir con las privadas sin la facilidad de elevar matrículas a la par, por su misión de atender a estudiantes de los estratos socioeconómicos menos favorecidos.

Según estadísticas norteamericanas, en los últimos 30 años los costos de la educación han superado en promedio el crecimiento del índice de precios, incluso más que los costos de la salud. En Colombia sucede algo similar: en lo corrido de este año, los rubros de educación y salud ya superan al índice de precios.

La actividad económica de un país y, en particular, la transferencia tecnológica dependen del nivel de educación. Sin ella, los trabajadores ni siquiera podrán entender las instrucciones de los manuales de operación y mantenimiento que vienen con las máquinas, ni los administradores, completar los trámites de exportación.

Por otro lado, la educación mejora la salud. Se ha encontrado que una de las armas más efectivas en la disminución de la mortalidad infantil y en el control de enfermedades como la malaria es educar a las madres, porque así pueden leer y comprender los mensajes de prevención y poner en práctica sus recomendaciones en el hogar; esto ha resultado más efectivo que educar a los maridos de las zonas tropicales, quienes, según las investigadoras, tienden a ser más disolutos y borrachos.

Tan importante es la educación en el desarrollo de un país, que fue escogida por Naciones Unidas como una de las tres únicas variables que entran con igual ponderación en su Índice de Desarrollo Humano (las otras dos son la longevidad y el ingreso per cápita).

Cuanto más educado un pueblo, mejores son los indicadores de distribución del ingreso. Infortunadamente, según los indicadores, Colombia tiene una de las peores distribuciones de ingreso del mundo, así que, bienvenido lo que hagamos para mejorarla. Un mayor nivel de educación produce una fuerza laboral más flexible y le brinda a la gente la oportunidad de hacer trabajos mejor remunerados. Pero, para lograr esto, la educación no puede ser privilegio de unos pocos porque el efecto sería al contrario: el de concentrar la distribución del ingreso.

Por lo tanto, el Estado debería garantizar a toda la población el acceso a la educación de calidad, lo que implica impulsar y financiar con entusiasmo la educación pública, ya que el sector privado, aunque tenga buena voluntad, carece de incentivos para ofrecerla universalmente.

Ahora falta que más políticos tomen conciencia de que el subsidio no es un regalo ni desperdicio, sino una obligación del Estado, de manera que, hacia el futuro, podamos esperar que el Congreso y el Gobierno sean siempre generosos con el presupuesto para la educación pública.