¿Santos y... ?

Rafael Nieto Loaiza

El Colombiano, Medellin

Marzo 22 de 2010

El partidor de la carrera presidencial está listo. Será una competencia reñida e incierta. Pero no hay duda de que habrá segunda vuelta. Santos inicia con ventaja. La derrota de Arias le despeja el camino simbólico: será el único candidato que la gente identifique sin ambigüedades con Uribe en un país que, quedó probado, tiene una amplia mayoría uribista. En las encuestas dobla a sus inmediatos competidores. Y empieza con una base de tres millones de votos de la U en el Congreso, 28 senadores y 49 representantes. Si no se equivoca en materia grave, Santos tendrá la votación más alta en la primera vuelta.

La incógnita está en quién lo acompaña a la segunda. Las encuestas empataban a Fajardo, Petro y Vargas. Fajardo, que lucía más fuerte entre ellos, está desdibujado. La estruendosa derrota de su movimiento lo deja mal parado. Su discurso de "ni uribista ni antiuribista" no dice nada y no se le conocen planteamientos con los que la ciudadanía pueda identificarse. Y Mockus le hará mella porque ahora se presenta como una alternativa más atractiva para los independientes y porque le puso techo a sus aspiraciones en Bogotá, bastión del voto de opinión. Fajardo está liquidado.

Petro se mostraba como alternativa. Sin embargo, la pérdida de la tercera parte de la representación del Polo en el Congreso le hace una herida difícil de curar en tan poco tiempo. La fórmula de vicepresidencia le da mayor juego dentro del partido, pero no le suma un voto. ¿Le alcanzará la fuerza de su candidatura en la Costa? No creo.

Vargas Lleras era el tercero en el grupo perseguidor. Pero a Cambio Radical no le fue bien en las elecciones de Congreso. Es difícil saber qué tanto lo afectará ese resultado y si su vicepresidente, una extraordinaria economista costeña, le dará un empujón suficiente. Y carga con un problema de ubicación: los uribistas más duros no lo apoyan porque criticó la reelección y los de la oposición tampoco, porque lo perciben muy a la derecha. Vargas, sin embargo, estaba haciendo la mejor campaña. Está golpeado, pero no puede descartarse.

Mockus dará un salto, no sólo por los buenos resultados en las parlamentarias, sino sobre todo por el impulso de la muy favorable cobertura de medios que ha recibido en estos días. Y se alimentará de la debilidad de Fajardo. Con todo, no creo que le alcance.

Pardo ha salido fortalecido. El liberalismo mantuvo su participación en el Congreso y obtuvo 1.750.000 sufragios nada despreciables. La intención de voto por Pardo es mucho menor. ¿Podrá aprovechar el aliento que le dan las parlamentarias? ¿Será capaz de superar su falta de carisma? Si lo consigue, tiene chance de ir a la segunda.

Quien tiene más posibilidades, sin duda, es Noemí. Los conservadores sacaron tres millones de votos en la consulta y dos millones trescientos en el Congreso. Con sesenta parlamentarios, son la segunda fuerza. Si logra mantener la unidad del partido y, sobre todo, da tranquilidad a los conservadores uribistas, será quien compita con Santos. ¡Y puede ganarle!

Las parlamentarias

Rafael Nieto Loaiza

El Colombiano, Medellín

Marzo 14 de 2010

Por cuenta del referendo, estas elecciones son atípicas. Tendremos la campaña presidencial más corta de nuestra historia. El que se resbale difícilmente tendrá tiempo para volver a levantarse. Con el gigante fuera de circulación, la contienda es entre enanos y está abierta. Y las elecciones parlamentarias, usualmente con dinámica propia, han sido opacadas por la polémica sobre el tercer período de Uribe. Con todo, este domingo es vital:

Está en juego el control del Congreso y la gobernabilidad del próximo presidente. Si el Partido de la U y el Conservador obtienen las curules que se esperan, 28 a 31 senadores de la U y 23 a 25 conservadores, tendrán mayoría. En la Cámara, sin embargo, seguramente necesitarán sumar representantes de otro partido. Esa mayoría garantizaría que el nuevo presidente, si viene de la coalición de gobierno, podría impulsar su agenda legislativa sin mayores dificultades. En cambio, un jefe de Estado que venga de otras filas lo tendrá muy difícil.

Eso nos lleva a la consulta conservadora más cerrada que lo que esperan los noemicistas. Arias garantiza la continuidad de la coalición actual. Noemí, en cambio, ha sido equívoca. En mi opinión, si la Sanín hubiera manifestado con claridad que le apuesta a la continuidad, barrería. Pero con su ambigüedad ha conseguido que los conservadores uribistas y la gente de la U apoyen a Andrés Felipe. Tampoco la ayudará que la consulta verde se haga el mismo día: perderá parte importante del voto de opinión, que preferirá escoger entre los tres "tenores". Con todo, será una competencia muy reñida y decisiva para las presidenciales.

El Partido Verde no podrá presentar candidato presidencial si no alcanza el umbral. Hace cuatro años ni el movimiento de Peñalosa ni el de Mockus superaron ese umbral. Y en aquella ocasión ellos mismos encabezaban sus listas y ahora no. Es verdad que han aprendido la lección, que ahora Mockus y Peñalosa juegan juntos y que a ellos se suma Lucho Garzón. ¿Pero les alcanzará? La consulta para elegir candidato entre ellos alcanzará muchos más votos que sus listas al Congreso.

Intuyo que la votación por las listas de Compromiso Ciudadano será muy mala. Fajardo se equivocó al meterse en el berenjenal de las parlamentarias sin contar con partido de apoyo. Y volvió a meter la pata cuando vendió la idea de que conformaría una "selección Colombia". Salvo algunas buenas excepciones, sus candidatos más bien harían parte de la suplencia de un equipo de tercera. ¿Cuál será el impacto de una baja votación de sus listas al Congreso en su candidatura?

Muy a mi pesar, el PIN tendrá 7 u 8 senadores, la mayoría de ellos parientes de congresistas con problemas por parapolítica. Es verdad que la responsabilidad penal no se extiende a los familiares, pero es lamentable que aún haya ciudadanos que premien con su voto a quienes los traicionaron con conductas indignas.

En fin, a votar. Es un deber ciudadano. Además, quien no vota después no puede quejarse.

Esta columna se escribe el sábado antes de las elecciones.

¿Poder sin límites?

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Marzo 07 de 2010

Empiezo por recordar que siempre fui de los uribistas no rerreeleccionistas y que, en consecuencia, no esperaba que la Corte Constitucional le diera su bendición a la ley que convocaba el referendo. La segunda reelección consecutiva del Presidente no le convenía ni al país ni a él mismo, por múltiples razones que he expresado en otras ocasiones. En este país de suspicaces, la aclaración es necesaria para que no me sumen a las filas de quienes, muy pocos por cierto, se han ido contra el alto tribunal acusándolo de “hacer política”.

No pienso que la Corte haya hecho “política” con su sentencia. Al menos no en el sentido partidista y antiuribista que los más recalcitrantes le adjudican. Mi crítica a la Constitucional es otra y es indispensable hacerla ahora, cuando la decisión está aún caliente. Tiene que ver con los argumentos de la Corte en virtud de los cuales, “aun sin vicios de trámite, el referendo se habría hundido”, en palabras del propio presidente de la Corporación.

Dice la Corte que “a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación no proceden reformas constitucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos definitorios de la Carta Política de 1991” y agrega que la ley que convoca el referendo “desconoce algunos ejes estructurales de la Constitución Política como el principio de separación de los poderes y el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos preestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes”.

El problema de estas afirmaciones es bifronte. Por un lado, ocurre que nada hay en la Constitución que permita sostener que hay límites para el Congreso de la República y para el mismo pueblo, el constituyente primario, vía referendo, en su capacidad de reformar la Constitución. Afirmar, como hace la Corte, que hay “ejes estructurales” de la Carta que sólo pueden modificarse por vía de una asamblea constituyente que, para rematar, exige la Corte, debe tener como mandato expreso “sustituir” la Constitución actual, es arbitrario. Y lo es porque, insisto, primero, no hay ni una letra en la Carta que establezca esos límites al Congreso y al pueblo y porque, segundo, la Constitución tampoco dice ni una palabra acerca de instituciones o principios “estructurantes” que no puedan ser modificados (las llamadas “cláusulas pétreas”). Por otro lado, no sobra recordar que en un estado de derecho las facultades de los poderes públicos están regladas en la misma Constitución y en la nuestra no hay ninguna que le dé poder a la Constitucional ni para establecer límites al Congreso y al pueblo en su capacidad de reforma, ni para definir qué puede y qué no puede ser reformado o sustituido.

En otras palabras, la Corte, primero en la sentencia que permitió la primera reelección y después en ésta, que evita una segunda, no sólo se ha atribuido unas funciones que no tiene según la Constitución, sino que ha recortado las competencias de los otros poderes constituidos y del mismo pueblo. Curioso, en especial en un tribunal que sostiene, con razón, que “más que meros ritualismos, las formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia representativa y de participación y son componentes sustanciales del principio democrático”.

Pareciera que las únicas que, según ellas, no están sujetas a respetar las normas y las formas, son las cortes. En sus manos estamos.

La fiesta de los enanos

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Febrero 28 de 2010

Si el presidente Uribe hubiese declinado a tiempo su intención de aspirar a un tercer período, andaría con su popularidad por los cielos y tendría una inmensa capacidad de maniobra política, muchísimo mayor que la que tiene hoy.

Pero le calentaron los oídos y se dejó tentar. Con impredecibles consecuencias, por cierto, para la continuidad de su proyecto político. Si Uribe no hubiera albergado la esperanza de repetir, podría haberse concentrado en construir un movimiento sólido y coherente que aglutinara a todo el uribismo y garantizara la continuidad de sus políticas.

Ahora, en cambio, no hay seguridad de que sea un uribista quien suceda al Presidente. La aspiración presidencial reventó la coalición de gobierno. Vargas Lleras se apartó de ella en búsqueda de su propia candidatura. Y un sector del conservatismo, con Pastrana a la cabeza, decidió enfrentar a Uribe.

Sin el Presidente en la papeleta, el partido quedó abierto y hay oportunidades para casi todos los aspirantes. Y para las coaliciones. Ninguno tiene, ni de lejos, fuerza suficiente para ganar en primera vuelta en mayo, de manera que todos necesitarán alianzas para triunfar en junio.

Será clave verificar si la división política actual es de carácter personal o si es ideológica. Si giraba en torno del Presidente, el retiro de Uribe significaría barajar y repartir de nuevo, con la posibilidad de alianzas entre, por ejemplo, el liberalismo y el partido de la U. Y, si el origen partidista retoma fuerzas, Cambio Radical.

Pero si es ideológica, como creo, habrá una tendencia natural a mantener las líneas divisorias actuales. El liberalismo, que desde Samper ha decidido jugarse a la centro izquierda, encontraría afinidades con Petro, el partido Verde y, sospecho, con Fajardo, quien más temprano que tarde tendrá que empezar a asumir posiciones. Desde el centro a la derecha, el conservatismo y la U jugarían juntos. Y con ellos, Vargas Lleras, si logra superar los celos y antipatías que tiene con Juan Manuel Santos.

En este caso, es definitivo lo que ocurra en la consulta conservadora. Arias ha dicho de manera inequívoca que está dispuesto a jugar con la U. Pero Noemí ha hecho mutis. Por eso es probable que uribistas no conservadores apoyen a Arias en la consulta. Por lo mismo, muchos en la oposición estarán dispuestos a votar por Noemí, en la convicción de que su triunfo en la consulta enreda a la actual coalición de gobierno. Esa estrategia puede serle inicialmente útil a Noemí, en especial porque Arias, que tiene mayor fuerza parlamentaria, ha sufrido un enorme desgaste de opinión por cuenta del escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Pero Noemí se equivocaría de plano si cree que los sufragios de la consulta permanecerán para la primera vuelta. Ahí todos votarán por los candidatos más cercanos a sus afectos y a sus convicciones. Y Noemí necesitará hacer explícita su intención de buscar una alianza con Santos, si quiere que los votos de conservatismo uribista se inclinen por ella y no por Juan Manuel. Peor: si Noemí deja abierta la puerta para una alianza con la oposición, el conservatismo se fracturará. No tengo duda alguna de que un sector mayoritario del conservatismo, el mismo que votó por Uribe en el 2002 y en el 2006, dejaría el partido y terminaría en las huestes juanmanuelistas.

En fin, es un nuevo juego. Ido Gulliver, hacen fiesta los enanos.

Más garrote a la extradición

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Febrero 21 de 2010

La Corte Suprema, otra vez, restringe la extradición, cuya defensa, no sobra recordarlo, le costó la vida a una docena de magistrados y un par de ministros de Justicia. A principios del año pasado había limitado la figura, por vía de interpretaciones contrarias a su jurisprudencia previa. En un caso negó la extradición de un acusado por el secuestro de un norteamericano, sobre la base de que el delito sólo se habría cometido en Colombia. En el otro, porque el narcotraficante solicitado en extradición había sido objeto de una condena previa en nuestro país por otro delito.

Con esas decisiones la Corte olvidó que la extradición también es posible cuando víctima o victimario tienen la nacionalidad del estado solicitante y abrió las puertas para que los delincuentes busquen que les inicien procesos en Colombia para evitar su envío al exterior.

Pues bien, ahora la Corte ha negado la extradición de un jefe narcoparamilitar cuyo mote es Diego Vecino, con el argumento de que su extradición socava el derecho de las víctimas a la Justicia, la verdad y la reparación.

Por ahí se enfilaron algunos comentaristas para sostener que esos derechos se habían visto conculcados con la extradición de catorce de los más importantes jefes paras. Lo mismo dice la mayoría de magistrados de la Sala Penal de la Corte. Sostiene que esa extradición puso trabas a la colaboración de esos paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz y que, en consecuencia y para evitar esos mismos males, en este caso debe negarse la solicitud.

¡Que corta es la memoria de algunos! ¿De cuál colaboración hablan? Esos jefes paras que hoy ciertos magistrados de la Sala Penal quisieran tener aquí, con Don Berna y Jorge 40 a la cabeza, son los mismos que cuando fueron extraditados no sólo no estaban contando la verdad y nunca repararon, sino que continuaban delinquiendo desde la cárcel de Itaguí.

Ese es el punto: que los criminales estén aquí o en Estados Unidos no hace diferencia ni para la verdad ni para la reparación a la víctimas. En cambio, negar la extradición sí afecta la Justicia.

En efecto, la colaboración de los delincuentes no depende del lugar donde se encuentren detenidos sino de los mecanismos de coacción que se ejerzan sobre ellos y de los correlativos estímulos que se ofrezcan. Por eso el Gobierno había prometido no extraditar a jefes paras si colaboraban con la Justicia. Pero ahora, por cuenta de la Corte, será al revés. No habrá extradición sino hasta que se decidan a hablar. La consecuencia es obvia: no contarán la verdad o la demorarán, porque saben que mientras tanto no serán extraditados.

Reparación tampoco habrá. O, al menos, no en mayor medida de la muy poca que hay hoy. ¿O acaso están reparando los jefes paras que no fueron extraditados? Ernesto Báez, para dar sólo un ejemplo, ni repara ni cuenta la verdad.

Distinto sería si la Justicia cumpliera su tarea y empezara a expulsar de la Ley de Justicia y Paz a los renuentes a colaborar. Pero no, no lo hace. Y nada dice la Corte sobre la conducta de sus jueces subalternos y de la Fiscalía.

En cambio, inventarse otro motivo para negar la extradición sí afecta los mecanismos de cooperación judicial frente al delito y significa un nuevo y aún más peligroso retroceso en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

"La fiesta del Chivo"

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Febrero 14 de 2010

Sus amigos le dicen ‘El Chivo’, como al dictador dominicano que inmortalizó Vargas Llosa. Pero entre los miembros del partido comunista cubano es comparado con Beria, el cruel y eficaz jefe de la Policía y el servicio secreto soviético y quien tuvo a su cargo la etapa final de la Gran Purga de Stalin.

Su verdadero nombre es Ramiro Valdés, y es Vicepresidente y tercero en la línea de mando de la dictadura cubana. Chávez lo invitó a “encabezar” la comisión gubernamental que creó para superar la crisis energética que los azota. Nadie, ni siquiera los chavistas más obtusos, lo ha creído. Porque aunque es verdad que Venezuela va a pasos agigantados hacia el colapso eléctrico (al ritmo actual, la hidroeléctrica de Guri, columna vertebral del sistema, dejaría de operar a principios de abril), el Gobierno cubano ha sido un fracaso en materia de generación eléctrica.

Valdés, pues, no sabe nada de energía. Es, en cambio, un represor experto. Fue varias veces ministro del Interior, creador de G-2 y jefe directo de Barbarroja, el comandante encargado de organizar el apoyo a los movimientos guerrilleros comunistas en América Latina. Como responsable directo de los eficaces servicios de inteligencia cubanos, Valdés carga a sus espaldas con miles de fusilados y de prisioneros políticos de la tiranía.

¿Qué hace entonces el tercero en la jerarquía cubana en Venezuela? Todos coinciden en que su propósito es apuntalar el régimen chavista, acosado desde distintos flancos por los problemas de agua y energía, corrupción, inseguridad y desabastecimiento. Chávez está, además, caído en las encuestas.

Y Cuba no se puede dar el lujo de perder a Chávez. Es cuestión de supervivencia. Sin los dólares que le deja al régimen castrista el petróleo venezolano que Chávez envía como regalo y como contraprestación de los 65.000 cubanos que están cumpliendo “tareas sociales” en Venezuela, la tiranía isleña se hubiera derrumbado hace años. Cuba vende en el exterior buena parte del petróleo venezolano que recibe, que en todo caso es mucho más que el que necesita. Gana con la diferencia entre el precio subsidiado y el precio internacional y gana con los miles de barriles de exceso que recibe. Para decirlo con todas la letras, sin la plata del petróleo venezolano, en Cuba, cuyo sistema productivo está colapsado, habría hambruna. De manera que no pueden darse el lujo de perder el control en Venezuela. Y se la juegan toda por mantener a Chávez en el poder.

Chávez, a su vez, necesita a los cubanos. No sólo como referente ideológico y político, sino para afinar los mecanismos de represión interna indispensables para la supervivencia de cualquier dictadura. Chávez, además, no confía en sus Fuerzas Armadas ni siquiera después de la purga hecha tras el fracasado intento del 2002 de desalojarlo del poder. De ahí la propuesta de Chávez de poner fuerzas militares venezolanas bajo control cubano, intento que, según parece, obligó a la renuncia de Ramón Carrizales, Vicepresidente y Ministro de Defensa.

Apuntalar el régimen chavista y preparar la represión son los objetivos de ‘El Chivo’. Malas, muy malas noticias para los venezolanos. Y de paso, para nosotros. No en vano Douglas Bravo, el legendario guerrillero venezolano, sostuvo hace pocos días que no podía descartarse que Chávez, ante la crisis, decidiera “escenificar un conflicto ficticio con Colombia” que, de paso, le permitiera “suspender las elecciones”.

El referendo ha muerto

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Febrero 07 de 2010

El referendo rerreleccionista murió. En Anif le dan 30% de posibilidades. Son optimistas. Sólo lo salva un milagro. La ponencia negativa del magistrado Sierra Porto cambia no solamente la dinámica política, como lo prueban los acuerdos entre Santos y Arias, sino que impacta del tal manera el cronograma que hace complicadísimo realizar el referendo.

Si se acoge la ponencia de Sierra, el asunto está zanjado. No habrá referendo. Pero si la mayoría se inclina por negarla y declara la constitucionalidad del referendo, la Corte debe escoger otro magistrado para que redacte una nueva ponencia. Entre la discusión sobre la ponencia original, la escogencia del nuevo ponente en caso de que la mayoría no la acoja, la preparación de la ponencia alternativa, y la discusión y afinación del texto definitivo de la sentencia, será casi imposible tener decisión final antes de la segunda semana de marzo.

En otras palabras, el referendo no podrá celebrarse el 13 de ese mes, el día antes a las elecciones parlamentarias del domingo 14. Que el referendo se hubiera realizado ese sábado permitía que la Registraduría extendiera 24 horas la logística de las elecciones parlamentarias. Eso ya no es posible. El Registrador necesitaría, ahora sí, un par de meses para hacer el referendo. No habría referendo antes de mediados de mayo.

Ahora, si el referendo se adelanta en mayo, ¿qué ocurriría con la obligación de inscribir las candidaturas presidenciales a más tardar el 12 de marzo? La única posibilidad de saltarse el límite sería que la Corte, en su sentencia, lo permitiera. Pero aun en ese caso y dado que la primera vuelta de las elecciones se realizará el 30 de mayo, ¿el Presidente no haría campaña sino 15 días? O, peor, ¿sí la haría, pero sin haberse inscrito y sin garantías para los competidores? O, aún más grave, ¿permitiría la Corte alterar el calendario electoral para facilitar la participación del candidato Presidente y en teoría dar reglas iguales para todos? La modificación del cronograma electoral sería un nefasto antecedente. Además, el mismo José Obdulio Gaviria ha sostenido que él no ve al Presidente “haciendo maromas para inscribirse extemporáneamente”. Conociendo su talante, tampoco lo veo yo.

Pero si el desafío del tiempo no fuera suficiente, el referendo tendría un reto adicional: los siete millones cuatrocientos mil votos que necesita para salir adelante. Hace un mes, las encuestas mostraban que los obtendría. Pero el Gobierno ha venido metiendo las de andar en estos días. Proponer informantes pagados entre los universitarios fue un error, no porque no sea indispensable la cooperación ciudadana en la lucha contra los violentos y la delincuencia común, sino porque el mensaje de que se pagará por ello rompe el principio de solidaridad sobre el cual debe construirse esa colaboración. Salvo alguna excepción, las recompensas deben restringirse a desvertebrar estructuras de grupos armados violentos. Después, porque la socialización de la respuesta gubernamental a la emergencia social ha sido un desastre. ¿Cuántos miles de votos perdió el Presidente en estas últimas semanas?

Así las cosas, ¿no será mejor que el Presidente se dedique desde ya a ordenar las huestes uribistas para asegurar la continuidad de sus doctrinas y programas? Como vamos corremos el riesgo de quedarnos sin el pan y sin el queso.

Los caprichos de la Suprema

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Enero 31 de 2010

Por fin el jueves pasado la Corte Suprema entró a votar para escoger al nuevo Fiscal General de la Nación. De ese hecho se desprenden varias consecuencias.

La primera, que no tendremos Fiscal penalista. En contra de lo que sostuvieron los actuales Presidente y Vicepresidente de la Corte en diversas entrevistas, la mayoría del alto tribunal cree que la de ser experto en derecho penal no es una condición necesaria para desempeñar el cargo de Fiscal General. Era lo que habíamos dicho algunos, basados en que ese requisito no estaba en la Constitución o en las leyes, y en que en ocasión anterior, aun después de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, la Corte había elegido fiscal lego en la materia. Mario Iguarán nunca fue abogado experto en derecho criminal.

La segunda, que se puede haber sido funcionario del gobierno que postula sin que ello signifique quedar vetado para ser elegido Fiscal. Camilo Ospina fue secretario jurídico de Palacio, ministro de Defensa y embajador en la OEA. La Corte parece haber reconocido que la independencia y autonomía del Fiscal, entonces, depende del carácter del nominado y no de que el candidato haya sido o no empleado del alto gobierno.

Tercera, que los llamados “estándares internacionales” que se alegaron para no elegir Fiscal no eran tales. Para empezar, porque lo que se arguyó como fundamento de tales “estándares” no eran tratados internacionales obligatorios para Colombia. De hecho, no eran siquiera normas de derecho internacional de otro tipo. Eran apenas algunas sugerencias de expertos de distintos países. Para peor, ni siquiera establecían que los fiscales tuviesen que ser penalistas o que no pudieran haber sido funcionarios de gobierno.

Cuarta, que la terna sí era “viable”, a pesar de las declaraciones en contrario de algunos magistrados. En distintos momentos, tras las renuncias de dos de los nominados, insistieron en que toda la terna debía retirarse. Pues bien, ahí sigue como candidato Ospina, el único de los tres postulados originales que sobrevivió la feroz embestida de los magistrados radicales y de sus acólitos en los medios de comunicación.

Como resultado, es posible sostener que exigir las condiciones de experto penalista y no haber sido funcionario de gobierno y declarar la “inviabilidad” de la terna fueron decisiones que no tenían fundamento internacional, constitucional o legal. No sobra recordar que el ámbito de libertad de los funcionarios públicos es reglado y limitado. Es decir, los funcionarios públicos, cuando actúan como tales, sólo pueden hacer lo que la Constitución y las leyes les ordenan. Ni más ni menos. De manera que pedir requisitos adicionales a los que establece la Constitución para los candidatos a Fiscal General y declarar la “inviabilidad” de una terna que reunía las características exigidas en la Carta Política fueron decisiones calificables de arbitrarias y caprichosas.

Eso, en mi opinión, es lo más desafortunado de este episodio, por cierto no resuelto del todo hasta que se elija Fiscal en propiedad. A mí tampoco, lo dije en su momento, me gustaban algunos de los candidatos originales. Y los nuevos me parecen mucho mejores. Pero los órganos públicos no pueden actuar de acuerdo con sus gustos sino con lo que el orden jurídico ordena. Más grave aún si quien actúa por capricho (esperemos que no por política) es la más alta instancia de la justicia civil.

Magnicidio de Álvaro Gómez

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Enero 24 de 2010

El Proceso 8.000 renace cada cierto tiempo. Ahora lo hace de manos de las declaraciones de ‘Rasguño’, un capo del narcotráfico que fue tanto o más poderoso que los Rodríguez Orejuela.

‘Rasguño’ prometió ampliar desde Estados Unidos unas declaraciones sobre la información que tenía acerca del magnicidio de Álvaro Gómez. Cumplió y desató una polvareda al afirmar que el crimen de Gómez había sido instigado desde la Presidencia de Samper.

Coincide ‘Rasguño’ con lo que Fernando Botero, jefe de campaña de Samper y luego ministro de Defensa, ha afirmado a la Fiscalía en dos ocasiones, el 12 de junio del 2007 y el 09 de junio del 2009: que el asesinato fue un “crimen de Estado”, que Gómez era una “amenaza para la estabilidad del gobierno” y que su muerte violenta “se convirtió en un hecho profundamente intimidante para la oposición” de entonces.

De acuerdo con Botero, en el “alto gobierno”, del que él mismo hacía parte, creían que Gómez era “la única figura capaz de crear en la oposición una sola voz y una sola orientación”, el “único capaz de transformar una oposición fragmentada en una oposición unificada, sólida, coherente” y “una amenaza muy grande para el Gobierno”.

Asesinar a Gómez suponía eliminar la cabeza de la oposición y conjuraba el riesgo de que cuajara un golpe de Estado, percibido como real por parte de Samper. Y configuraba un elemento de distracción que convenía a la “estrategia de encubrimiento” del Gobierno, empeñado en sacar el asunto de la financiación de la campaña por los narcos del centro de la atención pública. Un hecho, dice Botero, ”lo suficientemente trascendental como para que el Proceso 8.000 dejara de tener el impacto que estaba teniendo en la situación política del Gobierno”.

A los narcos que, habían financiado la campaña para neutralizar los esfuerzos de restablecer la extradición, también les era útil la desaparición del dirigente político de mayor estatura moral, prestigio y autoridad de entonces y quien, como Galán o Lara Bonilla, estaba jugado a riesgo de su propia vida en contra del narcotráfico y sus ramificaciones políticas.

Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, después de un par de meses negros para el Gobierno. El 16 de septiembre de ese mismo año, y después de insistir en la necesidad de cambiar el “Régimen”, había solicitado públicamente la renuncia del Presidente. Unas semanas después, su hermano Enrique había impulsado entre los parlamentarios limpios un “pacto por la decencia”. Al mismo tiempo, y por primera vez desde la crisis, los gremios pedían una salida para la crisis política.

He dicho que las declaraciones de los bandidos hay que tomarlas con pinzas. No es distinto ahora. Pero no hallo razón para creer que, como ha dicho Samper, ‘Rasguño’ quiera “desviar y politizar” la investigación. ¿Para qué lo haría?

Si la Justicia dio carácter de plena prueba a testimonios con menos fuerza, lo único que hay que esperar es que se investigue a fondo lo dicho por el narco extraditado, que Botero encuentre los papeles que tiene sobre el asunto y que se establezca la responsabilidad plena de los autores intelectuales del magnicidio.

Al menos en este caso, todavía hay tiempo para que no prescriba. ¿Será capaz la Fiscalía?

En defensa del Procurador

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Enero 17 de 2010

¿Por qué los mismos medios y los mismos políticos que ensalzaron al Procurador General por el concepto que llevó a la Comisión Nacional de Televisión a suspender el proceso del tercer canal ahora lo acusan de uribista recalcitrante y de estar vendido al Gobierno? ¿Por qué sostenían que su posición en relación con el proceso del tercer canal era obligatoria y vinculante y ahora sostienen que, en relación con el referendo, es apenas opinión deleznable y no tiene valor jurídico alguno? ¿Por qué asumen que si la Corte Constitucional hunde el referendo es salvadora de la democracia, pero si le da su visto bueno es porque estaba comprada por el Ejecutivo?

Advierto que no estuve de acuerdo con el concepto del Procurador en relación con el tercer canal (no creo que haya fundamento jurídico para sostener que una licitación en la que se presenta un único proponente sea contraria al orden constitucional y legal). Tampoco lo estoy con su opinión en relación con el referendo (por un lado, incluso el pueblo y las asambleas constituyentes tienen límites para sus decisiones. La soberanía popular encuentra su frontera en los derechos y libertades humanas. Por el otro, la violación de los mecanismos de financiación de campañas debe tener sanciones que trasciendan las responsabilidades individuales). Pero indigna ver el descarado doble estándar con que se le juzga y se evalúan sus actuaciones. Si convienen a los intereses de los opinadores, las posiciones de la Procuraduría son dignas de elogio y obligatorias y el Procurador casi un héroe nacional. Pero si no les gustan, el Procurador es un “godo reaccionario y camandulero” y sus opiniones son una “vergüenza”.

Lo cierto es que el Procurador fue elegido por votación abrumadora de congresistas no sólo uribistas sino de todos los partidos (Liberal y Polo incluidos) y sus posiciones ideológicas eran entonces ampliamente conocidas. El Procurador sólo ha sido consecuente con su trayectoria previa, algo que, de entrada, merece respeto y reconocimiento en un país lleno de insulsos, saltimbanquis y tránsfugas. Y aunque en ocasiones no se esté de acuerdo con él (he dicho ya que no lo estoy en dos temas de fundamental importancia), hay que admitir que sus opiniones son razonables y jurídicamente sustentadas. No es posible decir, además, que el Procurador le hace el juego al Presidente. Unas veces, como en el asunto del referendo, lo benefician. Pero en otras, como en el ejemplo del tercer canal, va en contravía de lo que el Gobierno quisiera.

De manera que lo que debe hacerse frente al Procurador es debatir sus argumentos y sus posiciones, incluso con vehemencia, pero no descalificarlo a él como persona o como jurista. El debate de ideas es lo propio de las democracias. No lo son el insulto y la descalificación personal y a priori.

Lo mismo, por cierto, es necesario con la Corte Constitucional. Con el añadido de que debería haber un consenso mínimo, social y político, en aceptar lo que la Corte tenga para decir sobre el referendo, sea cual sea su posición final y sea cual sea el margen de los ganadores. Preservar la legitimidad de la Corte es tan importante, en mi opinión, como su opinión sobre el referendo y sus resultados políticos. Sería fatal en términos de la institucionalidad democrática si como resultado de la búsqueda de la segunda reelección, además, nos llevamos entre las patas al árbitro constitucional.

Reforma inaplazable

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Enero 10 de 2010

La existencia de los estados se justifica por la necesidad que tienen los individuos que viven en sociedad de contar con un ente que asegure el respeto de los derechos de cada uno y de todos, que tenga la fuerza para hacer cumplir las normas de convivencia que les son comunes, y que dirima las controversias entre sus miembros. Seguridad y justicia son, pues, las razones primarias y finales de los estados.

Cuando no hay seguridad ni justicia, los estados son ‘fallidos’. Primero el Estado debe asegurar la vida, integridad física, libertad y bienes de todos sus habitantes. Después, garantizar que quienes vulneran esos derechos fundamentales sean capturados, procesados y condenados. Lo demás, todo lo demás, viene detrás.

En esas andábamos hace no muchos años, en el estado cuasi fallido, cuando el país iba a pasos agigantados hacia el colapso. Aunque aún falta largo trecho para llegar a las condiciones ideales de seguridad, mucho se ha avanzado en estos siete años. Es por corregir el rumbo y proporcionar la seguridad anhelada que la amplia mayoría de los ciudadanos está enamorada del presidente Uribe.

Pero en Justicia, en cambio, el panorama es desolador. ¿Habrá que recordar que un país sin Justicia es un país destinado al caos y, de nuevo, a la violencia? Si el sistema de administración de Justicia no funciona de manera pronta y cumplida se invita a los ciudadanos a tomarla por la propia mano. Si el sistema de administración de Justicia no retira a los delincuentes de las calles y los campos el ciudadano buscará los mecanismos individuales y colectivos que le permitan defenderse. Y tomará venganza contra quienes cree responsables de haberlo agredido.

Alguien dirá, con razón, que algo funciona bien cuando la Corte Suprema puede perseguir y poner en prisión a aquellos congresistas que terminaron vinculados a los paramilitares. Al fin de cuentas son muy pocos los estados en los cuales el aparato judicial se atreve a juzgar a los parlamentarios. Olvidan que, sin embargo, ya antes se había juzgado y condenado a los congresistas, procuradores y contralores que no habían tenido empacho para recibir plata de los narcos. Que al 8.000 le haya faltado la joya de la corona -todo a sus espaldas-, no desdice del esfuerzo.

De manera que no hay que hacer de los procesos de la parapolítica una excusa en virtud de la cual se justifican las falencias del sistema judicial. Que son muchas, como lo prueba la lista larga de casos aberrantes de estos días, desde la libertad inverosímil de un asesino confeso hasta la de los siete guerrilleros atrapados en flagrancia en una operación en el Sumapaz cundinamarqués.

Admito que el tema, como todo por estos días electorales, está altamente politizado. La eventual rerreelección, además, no ayuda al análisis objetivo de la situación. Como tampoco aportan la actitud defensiva del Fiscal y de la Suprema, que cuando se habla de reforma a la Justicia se erizan.

Pues bien, la verdad es que más allá de sensibilidades, y tomando las precauciones para preservar la competencia de la Corte en el juzgamiento de congresistas, aunque siguiendo las instrucciones de la Constitucional de diseñar una segunda instancia, la reforma a la Justicia es inaplazable. Descongestión, celeridad, eficacia, son urgentes. Y no sólo en materia penal, aunque habría que empezar por ahí.

Miopías de la oposición

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Enero 03 de 2010

No se espera de los columnistas visiones equilibradas. De hecho, algunos han encontrado su cúspide en momentos de polarización, cuando asumieron posiciones radicales y sin matices. No hubo, por ejemplo, mejor D’Artagnan que aquel que, más allá de cualquier evidencia, se batía una y otra vez por Samper. No recuerdo que en esas épocas hubiese estado yo de acuerdo con él, pero no dejé de leerlo ni una sola vez. A algunos otros, sin embargo, esos mismos momentos les roban todo su prestigio. El fraterno Daniel Samper nunca fue el mismo después de esas épocas aciagas. Su credibilidad se vino al suelo.

Con Uribe el asunto es bien curioso. Frente al Presidente hay una relación inversamente proporcional entre medios y opinión. Si el grueso de la sociedad lo adora, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y sus columnistas, lo detestan con el alma. En los periódicos y revistas los uribistas somos bichos raros (ni hablar, claro, de los uribistas no rerreleccionistas, como el suscrito. Somos tan pocos como los más raros animales en extinción). Y si antes alguien podía decir que la situación quedaba compensada con el cubrimiento dado al Gobierno en la televisión, ahora tendrá que reconocer que, desde que se abrió la discusión del tercer canal, Caracol y RCN destilan un antiuribismo que muy poco se diferencia del de los más enconados enemigos de Uribe.

La popularidad del Presidente en semejantes circunstancias de animadversión de los medios de comunicación tiene diferentes explicaciones que van desde sus cualidades de líder hasta las comparaciones inevitablemente favorables frente a gobiernos anteriores. Con todo, la razón fundamental es que, más allá de lo que se diga y sin importar quien lo diga, los hechos son tozudos. Y esos hechos muestran mejoras sustantivas en la situación de seguridad y socioeconómica de millones de colombianos. El ciudadano común y corriente, la gente de a pie, vive hoy mejor, mucho mejor, que hace siete años y medio. Podrán correr envenenados ríos de tinta y aun así no podrán borrar esa percepción ciudadana.

Por supuesto, buena parte del mérito lo tiene la seguridad democrática. Muy miope hay que ser, o muy sesgado ideológicamente, para no entender que los más afectados con la violencia siempre son los más pobres y desvalidos. Los ricos, al fin y al cabo, pueden resguardarse tras guardaespaldas y carros blindados o, en últimas, irse a otros países. Para los demás no hay opción distinta que sufrir todos los riesgos. Creer que la seguridad sólo sirve para que “los ricos puedan volver a sus fincas por carretera”, como con desprecio dijo alguna vez el ex presidente López, es reflejo de una torpeza política de antología.

Torpeza que ahora se repite una y otra vez, con ocasión del asesinato del Gobernador del Caquetá a manos de las Farc. Algunos han sostenido que es síntoma inequívoco del “agotamiento” de la política de Seguridad Democrática. Otros se atreven a hablar de “fracaso”. Todos sostienen que es indispensable “cambiarla” o “mejorarla”. Y sugieren de manera abierta o en forma implícita que hay también que cambiar el liderazgo que la implementa. En otras palabras, hay que salir de Uribe.

Se equivocan de cabo a rabo. Todos los crímenes que cometan las Farc en estos días preelectorales sólo reforzarán la percepción ciudadana de que la tarea está aún inconclusa y que se necesita aún más de lo mismo. Más Uribe. Y si no es él, a quien Uribe señale.

¿Solo para la izquierda?

Rafael Nieto Loaiza

El Colombiano, Medellín

Diciembre 28 de 2009

Quizás la noticia quedó opacada por el homicidio del gobernador del Caquetá. Me temo que, sin embargo, no es ese el único motivo del silencio absurdo en que ha estado envuelto el abominable asesinato de Manuel Moya, de Graciano Blandón y de su hijo.

¿Los nombres no dicen nada? Eran fundadores de los Consejos Mayores de Curbaradó y de Jiguamiandó, dos poblaciones negras de la cuenca del río Atrato. Fueron torturados y asesinados el 17 de diciembre por las Farc.

¿Los motivos? Dos, al menos. Habían resaltado vínculos entre el grupo terrorista y la ONG Comisión de Justicia y Paz y acusado penalmente a su director. Y venían luchando para que a sus comunidades no les arrebataran tierras que han sido ancestralmente suyas. Desplazadas por la acción guerrillera, cuando intentan volver encuentran que la ONG está auspiciando que sus territorios sean entregados a otras familias, éstas mestizas e ideológicamente cercanas a las Farc. Para defenderse de los usurpadores, habían acudido a la Fiscalía y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Más allá de lo terrible de su muerte, es aquí, en los estándares dobles usados frente a los defensores de derechos humanos que no son de izquierda, donde quiero hacer énfasis.

Primero, porque es inaceptable que el nuevo fiscal del caso, Luis Alberto Reyes, haya liberado a varios de los milicianos de las Farc responsables del desplazamiento de esas comunidades, a pesar de las pruebas que obran en el expediente y en contravía de la decisión de enjuiciarlos tomada por el fiscal anterior. Moya y Blandón los habían acusado.

Segundo, porque a los dos líderes el Estado no les brindó la protección requerida, aunque sabía de su riesgo extraordinario. Está bien que a los miembros de ONG de izquierda y a los sindicalistas les den carros y sedes blindados y los llenen de guardaespaldas. ¿Pero por qué les niegan protección mínima a quienes, como Moya y Blandón, denuncian a las Farc y a sus cómplices? No son los únicos. Conozco otros casos, incluyendo líderes de las marchas nacionales contra los terroristas y el secuestro, a los que no se responde o se les niegan las medidas solicitadas. Algo falla de manera grave en el Ministerio del Interior y en la Policía.

Finalmente, la responsabilidad mayor cae sobre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una cruel ironía, el mismo día en que ejecutaban a Moya y Blandón, la Corte IDH les negaba las medidas de protección que llevaban meses solicitando. ¿Será la sangre de los dos líderes asesinados una carga en la conciencia de la Corte y de los miembros de la Comisión que redactaron el informe en virtud del cual se negaron sus derechos a quienes terminaron ofrendado sus vidas? No lo sé.

Pero no tengo duda de que los sistemas nacional e internacional de derechos humanos tienen un sesgo inocultable que favorece a las personas y ONG de izquierda y tienden a despreciar a quienes denuncian a los terroristas y a quienes defienden los derechos humanos desde una óptica ideológicamente neutral. ¡Una vergüenza!

Comisión de la verdad

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Diciembre 20 de 2009

Empecemos por aceptar que la existencia de ‘comisiones de la verdad’ es el reconocimiento de la inoperancia de la administración de Justicia. No habría necesidad alguna de estas comisiones si en su momento los hechos que abordan hubiesen sido investigados con seriedad y se hubiesen establecido las sanciones correspondientes a los responsables.

Admitamos que estas comisiones tienen como base la impunidad y la desconfianza de la sociedad frente a las decisiones del aparato judicial. En la Centroamérica del posconflicto, en el Cono Sur que transitaba a la democracia o en Colombia hoy, las sociedades demandan saber qué fue lo que en verdad ocurrió y quiénes fueron los responsables de hechos significativos que marcaron el curso de su historia.

De ahí la importancia del informe de los tres juristas, uno de ellos presidente de la Corte Constitucional, que han conformado la Comisión de la Verdad sobre la toma en 1985 del Palacio de Justicia por el M-19.

Transcurridos casi 25 años desde la operación guerrillera, los jueces han sido incapaces de establecer quiénes son los responsables de los 43 civiles muertos y los 10 desaparecidos, cuáles fueron los motivos ocultos de la operación guerrillera y qué papel jugó el Gobierno en la retoma de la Fuerza Pública. La existencia de la Comisión es un tácito reconocimiento de la grosera ineficiencia de nuestra justicia penal que en este caso, como en los magnicidos de Gaitán, Galán, Lara y Álvaro Gómez, ha demostrado su incapacidad para identificar y condenar a los responsables.

La Comisión resalta algunos hechos: la alianza del M-19 con el narcotráfico, que explica que el objetivo de la guerrilla fueron los magistrados de las salas Penal y Constitucional, todos asesinados, que en esos días tendrían que haber abordado la extradición de capos importantes. Dos, que la operación no pretendía limitarse a un acto de propaganda, como la de la embajada dominicana, sino que quería ser la punta de lanza de la insurrección popular y la toma del poder por la insurgencia. Tres, que en la retoma de la Fuerza Pública no se ejecutaron las medidas de protección de los civiles que ordena el Derecho Internacional Humanitario en estas situaciones.

En condiciones normales, los informes de las comisiones de la verdad cierran los capítulos históricos que abordan. En Colombia no será así. Si se sigue la tesis de la Fiscalía encargada, que con la benevolencia tácita de la Corte Suprema de Justicia le ha dado por calificar como crimen internacional todos los hechos violentos especialmente simbólicos que amenazan con prescribir, la investigación judicial sobre el Palacio continuará indefinidamente.

En esas condiciones, sería de esperar que se extendiera a los miembros del M-19 y no se limitara a los militares que participaron en el rescate. En la lógica del crimen internacional imprescriptible, el indulto y la amnistía con la que fueron favorecidos no tendrían ningún valor. Así, la investigación debería extenderse a todos los miembros de la organización insurgente, no sólo a los que participaron directamente en la toma. Esa lógica es la que ha aplicado la Suprema a los miembros de los grupos de autodefensas y a los políticos que acordaron con ellos alianzas y colaboraciones. ¿Porqué en este caso debería ser distinto?

Caprichos de la Suprema

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Diciembre 13 de 2009

Aun a riesgo de volverme fastidioso, es inevitable volver sobre la Fiscalía. El martes, la Corte Suprema se reunirá para abordar el estado de la elección en propiedad del Fiscal General. El elemento novedoso es la designación de Margarita Cabello Blanco en reemplazo de Virginia Uribe. La postulada es procuradora delegada, fue magistrada, y es experta en derecho de familia.

Aunque el Gobierno confía en que la Corte ahora sí decidirá, declaraciones recientes del Vicepresidente de la Suprema mostraría que un número importante de magistrados sigue en la línea de la “inviabilidad”.

Según el magistrado Arrubla, el nuevo Fiscal debe ser “idóneo, independiente e intachable”. Todos estamos de acuerdo en lo deseable de reunir esos adjetivos en cualquier funcionario judicial. El problema está en quién y en cómo se hacen las calificaciones. ¿No sería independiente un Fiscal que haya sido, por ejemplo, funcionario de este gobierno? Fue lo que sugirió Arrubla, en abierta contradicción con su pasado. Él, siendo secretario jurídico del Palacio, fue candidato a la Corte Constitucional. Si consideraba entonces que ser funcionario gubernamental le restaba independencia, ¿por qué acepto ser postulado? Si cree que no, ¿por qué ahora sí exige ese requisito para el Fiscal? Y para mayor contradicción, si la Suprema considera el no haber sido funcionario de este gobierno como una condición ineludible para ser Fiscal, ¿por qué eligió hace cuatro años a Iguarán, que era viceministro de Justicia?

El Presidente y el Vicepresidente de la Corte han dicho también que no sería idóneo un Fiscal que no sea experto en derecho penal. Sostienen que la implantación del sistema penal acusatorio así lo exige. Es curioso, porque en Estados Unidos, origen del sistema, el Fiscal no es un penalista y casi nunca lo ha sido. Hasta su nombramiento, Eric Holder era el jefe del área de litigios de Covington & Burling, una de las más prestigiosas firmas de abogados norteamericanas. Y contradictorio, otra vez, porque ya con el sistema en marcha, esta misma Corte eligió a Iguarán, no a un experto en derecho criminal.

Puesto contra la pared por la ausencia de una norma constitucional que respalde su posición, Augusto Ibañez ha sostenido que hay “instrumentos internacionales” que lo demandan. Lo malo es que no hace referencia a tratados internacionales sobre la materia, que por cierto no existen, sino a documentos con recomendaciones de distintos expertos que no tienen carácter jurídico vinculante y que en consecuencia no obligan a los estados y que, para peor, en ningún lado dicen que los fiscales deban ser penalistas o no puedan haber sido funcionarios del gobierno. Otra vez, como una pesadilla recurrente, los funcionarios judiciales abusan de un derecho internacional sobre el cual sólo demuestran ignorancia.

La Suprema puede optar por mantenerse en la tesis de que la “inviabilidad” o invitar a los nuevos postulados a que den a conocer sus posiciones sobre la Fiscalía y su trabajo futuro. Aun si se decide por oírlos, no hay garantía de que después vaya a escoger a alguno de los candidatos. A los tres primeros los recibió en audiencia pública y nunca eligió de entre ellos.

Estamos al arbitrio de unos magistrados que deberían dar ejemplo de apego a la Constitución y que en cambio no tienen reparo en pasársela por la faja.