El Plan Progreso

Andrés Felipe Arias*

El Tiempo, Bogotá

Febrero 13 de 2010

Sin un mayor esfuerzo en infraestructura, jamás lograremos una verdadera competitividad, un mayor crecimiento económico y más y mejores fuentes de empleo para los colombianos. Nuestra visión es ejecutar una apuesta muy ambiciosa en infraestructura, llamada Plan Progreso, como fuente permanente de competitividad y puestos de trabajo dignos para las familias colombianas. He aquí algunas ideas.
Lo primero es planificar la infraestructura aplicando principios de economía del transporte. Por ejemplo, los mayores costos de transporte se dan cuando no hay pendiente constante, y un flujo vehicular entre dos ciudades sigue un modelo gravitacional (mayor flujo a menor distancia entre estas y a mayor tamaño -económico, poblacional- de ambas). Esto quiere decir que, a la hora de planificar las grandes obras, debemos procurar pendientes constantes y que las dobles y triples calzadas las prioricemos para altos flujos vehiculares, especialmente en las aproximaciones a los centros urbanos (70-80 kilómetros antes).

Lo segundo es ejecutar los proyectos con celeridad aplicando reglas de oro de la ejecución. No podemos licitar obras de infraestructura sin la ingeniería de detalle. Esto exige construir un banco de proyectos con estudios de prefactibilidad, factibilidad económica y alcance técnico. Tampoco podemos dar inicio a la obra física sin los permisos ambientales, sin la consulta con las comunidades y sin el espacio fiscal debidamente garantizado y apropiado. De lo contrario, vienen chantajes políticos, obstrucciones de la obra y sobrecostos.
Lo tercero es ejecutar un plan arterial (dobles y triples calzadas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y navegabilidad de ríos), que se financiaría con capital privado y esquemas concesionales para no lesionar la estabilidad fiscal del país o de las ciudades que también quieran apostarle a este modelo.

Los inversionistas naturales en estas concesiones son fondos de inversión y, sobre todo, fondos de pensiones que, por su horizonte de largo plazo y con el esquema multifondos recientemente aprobado, deben comenzar a incursionar en obras de infraestructura de largo aliento. Ahí está la liquidez que hoy escasea en algunos mercados financieros para financiar este tipo de obras. Debemos permitir que las concesiones puedan ser a 50 o más años, siempre y cuando ello sea necesario para su factibilidad económica.

Ahora bien, es preciso enajenar 20 por ciento de Ecopetrol para crear un fondo que garantice el cierre económico de aquellas concesiones en donde el flujo del proyecto no alcance a compensar la inversión. Esta enajenación no debe ser toda al mercado. Una parte puede venderse, por ejemplo, al Fonpet y, así, darles más sostenibilidad a las pensiones territoriales. Y dado que, en promedio, para este tipo de obras el cierre económico del Gobierno exige 30 por ciento del valor de la inversión, con el 20 de Ecopetrol estaríamos apalancando obras de infraestructura para este país por 60 billones.

Por último, no se puede olvidar la infraestructura vial secundaria y terciaria. Es fundamental para la competitividad y la calidad de vida de nuestros campesinos. Se puede impulsar la construcción y rehabilitación de 20.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias con un crédito de la banca multilateral a largo plazo, garantizado por el Gobierno Nacional, pero con fuente de pago en la pignoración a 10 años de un porcentaje del sistema general de participaciones por parte de las entidades territoriales. Dicho porcentaje oscilaría entre el 5 y el 8 por ciento y permitiría financiar una inversión de 20 billones de pesos en vías secundarias y terciarias.

Nuestra meta es construir la infraestructura que Colombia requiere por los próximos 80 años. No estamos hablando únicamente del qué sino también del cómo. No solo vamos a garantizar a las nuevas generaciones de colombianos más competitividad, mayor crecimiento económico y mejor calidad de vida, sino que, además, el Plan Progreso generará 200.000 puestos de trabajo a corto plazo.

* Precandidato presidencial por el Partido Conservador

Vivienda

Andrés Felipe Arias*

El Tiempo, Bogotá

Enero 23 de 2010

La línea de pensamiento que defendemos es la de un país en paz, con libertad y prosperidad para nuestros hijos. Ello exige preservar, por encima de todo, el propósito de una derrota total del narcoterrorismo; con mano dura, sin vacilaciones, sin despejes y sin la dialoguitis estulta de antaño.

Pero ello también exige capitalizar las nuevas condiciones de seguridad y confianza para avanzar sobre un sendero de progreso económico, creación de empleo y generación de riqueza para todos los colombianos. Una herramienta muy importante (y probada) para ello es el impulso a la vivienda, pues es la más importante fuente de patrimonio de un hogar, pero, además, uno de los más poderosos motores de generación de empleo. Sin embargo, el atraso de Colombia en vivienda es grande. En nuestro país existe una vivienda por cada cinco personas; en el mundo desarrollado se tiene una vivienda por cada dos ciudadanos. En Colombia se desembolsan dos créditos hipotecarios y se construyen tres viviendas al año por cada mil habitantes; en los países desarrollados son 15 créditos hipotecarios desembolsados y siete viviendas nuevas al año, por cada 1.000 habitantes.

Esto quiere decir que tenemos una oportunidad para avanzar. La meta será construir 250.000 viviendas nuevas por año, el mismo número de hogares que se crean anualmente en nuestro país. Cumplir esta meta también permite generar 450.000 puestos de trabajo. Es decir, no sólo estaríamos deteniendo el incremento en el déficit habitacional sino bajando en más de 2 puntos el desempleo. ¿Cómo lograrlo?

Primero, se requiere una reingeniería del sistema de subsidios que permita la coexistencia del subsidio directo (para cuota inicial) con el subsidio a tasa de interés. Ahora bien, la adjudicación de los subsidios debe ser simultánea a la aprobación del crédito. Por ello, bancos y cajas de compensación deben tener facultades para otorgar crédito y adjudicar subsidios, ajustándole a cada hogar pobre la combinación óptima de crédito, subsidio directo, subsidio a tasa y plazo que permita acceso a la vivienda sin cuotas asfixiantes.
Segundo, debe crearse un incentivo al otorgamiento de crédito inmobiliario a población con empleo informal y con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, de tal forma que se compense el sobrecosto de estudio y administración de cartera originada en dicha población. Así podremos vincular hogares de muy bajos ingresos al nuevo sistema de financiación de vivienda.

Tercero, es urgente complementar el crédito hipotecario con un seguro de desempleo. Esto no sólo protege la cartera ante eventuales contracciones del mercado laboral, sino que estimularía la demanda por crédito hipotecario al reducir el temor de la población colombiana a perder su vivienda a manos de un banco.

Cuarto, se necesitan concesiones de vivienda de interés social. El privado construye y entrega la vivienda a las familias en leasing habitacional. Estas pagan una cuota mensual que no excede el 0,5 por ciento del valor de la vivienda durante un plazo, al cabo del cual la propiedad se traslada a la familia. El Gobierno cierra aportando el recurso que permite completar el flujo compensatorio al esfuerzo del privado.

Quinto, es necesario crear una entidad gestora de vivienda, con la función de formular, estructurar y buscar el cierre financiero de los macro-proyectos de vivienda de interés social y de las grandes operaciones de redensificación y renovación urbanas. Esta entidad mitigará la falta de suelo urbanizable, trabajando conjuntamente con municipios, concejos, autoridades locales y sector privado. La idea no es regresar al "Estado constructor", sino avanzar en el "Estado promotor".

La meta es que el Gobierno invierta el 1 por ciento del PIB en estas herramientas, cifra cercana al promedio de gasto en vivienda del mundo desarrollado y de países como Chile. Así capitalizaremos las nuevas condiciones de confianza y seguridad del país con más empleo, mayor prosperidad económica y mejor calidad de vida para todos los colombianos.

* Precandidato presidencial por el Partido Conservador

Agro, Empleo Seguro

Andrés Felipe Arias*

El Tiempo, Bogotá

Octubre 8 de 2009

Hablar técnicamente de AIS en medio de esta polarización política es como recitar a Borges en la mitad de una discoteca. En una confrontación política, como en la guerra, la primera víctima tiende a ser la verdad. Como dijo André Gide: "Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo". Es preciso explicar hasta el cansancio.

AIS ha beneficiado a 316.000 familias del campo. El 98 por ciento corresponde a pequeños y medianos productores, que han recibido el 88 por ciento de los recursos. En el caso de riego, los pequeños y medianos son el 99 por ciento y reciben el 94 por ciento de los recursos. Esto contrasta con otros países, en donde los programas agrícolas están altamente concentrados en los grandes productores. Por ejemplo, en Francia el 1 por ciento de los más grandes recibe más recursos que el 40 por ciento de los más pequeños.

AIS ha generado 376.000 empleos en el campo. No en vano el último dato indica que la tasa de desempleo rural ha caído a 7,4 por ciento. En el resto del país, el desempleo ronda el 12 por ciento. Algo tiene que estar funcionando bien en la política agrícola, que tiene como uno de sus ejes el programa AIS.

AIS fue diseñado con paredes de cristal; es transparente y blindado de presiones políticas o electorales. En efecto, todos los recursos se adjudican con mecanismos públicos, transparentes y abiertos a cualquier colombiano que quiera acceder. Ni el Ministro, ni el Presidente, ni funcionario alguno pueden meter un dedo en el proceso.

Por ejemplo, los recursos para riego se asignan a través de convocatorias públicas, administradas por una entidad multilateral ajena a los intereses del Gobierno: el Iica, adscrito a la OEA. Por ende, pensar que existe correlación entre los recursos de riego de AIS y la financiación de una campaña no solo es dudar de la transparencia del Iica-OEA, sino creer que 34 países del continente están al servicio de la causa del Gobierno.

Más aún, los recursos de AIS no pueden ir al bolsillo de los agricultores. Es decir, no pueden ser utilizados para viajar al exterior o comprarse una camioneta último modelo. Todos los recursos se adjudican únicamente en la medida en que los proyectos se van ejecutando físicamente. Por ejemplo, en el caso de riego, los recursos van a una fiducia. La fiducia solo desembolsa para pagar a los proveedores de los tubos, del cemento, a los obreros, etc. Nunca van al bolsillo del agricultor.

El que varias personas pertenecientes a ciertas familias del Magdalena hayan recibido incentivos de riego quiere decir que cada una de esas personas presentó un proyecto diferente, en un predio diferente, con fuente hídrica independiente, que cumplió todos los requisitos, todas las condiciones, y obtuvo el puntaje para que el Iica-OEA hubiera determinado que debía ser seleccionado dentro de los miles y miles de proyectos que han sido favorecidos por el programa. Dudar de esto es dudar de la transparencia del IICA-OEA. Pero, además, en Cauca, Huila y Putumayo se presentan casos similares. Lo triste es que el debate parece centrarse solo en el Magdalena.

Ahora bien, excluir a una persona por su apellido o región de origen hubiera significado al Iica-OEA un prevaricato, una violación de la Constitución, y le hubiera generado sendas demandas a la Nación. Los precedentes jurídicos son contundentes.

Por último, toda obra humana es imperfecta y se puede mejorar. Además, nadie puede negar que en el campo todavía falta mucho por avanzar. Pero ¿son estas razones suficientes para politizar y despedazar un programa bien intencionado y transparente como AIS, un programa que ha bajado el desempleo rural a niveles que no veíamos hace muchos años? No. ¿Razones para mejorarlo? Por supuesto. Lo que no cambia y evoluciona está muerto y si hay algo que está vivo es AIS.

* Precandidato presidencial por el Partido Conservador

Justicia de tutela

Andrés Felipe Arias*

El Tiempo, Bogotá

Septiembre 24 de 2009

En Colombia, la vida útil de un abogado equivale a dos o tres procesos judiciales. En efecto, el tiempo promedio de un proceso judicial es de 10 años. Es decir, en nuestro país, los pleitos no siempre los gana quien tenga la razón, sino quien aguante más pagando abogados. Hoy existen más de 4 millones de procesos acumulados en los tribunales. Cada año entran al aparato judicial cerca de 1,5 millones de procesos nuevos y se quedan sin resolver cerca de 100.000, cifra que se suma año a año al acumulado histórico de los represados.

El ciudadano del común siente, entonces, que no hay justicia o que llega muy tarde si no se rinde primero. El reto es enorme: darle celeridad y eficiencia a la justicia colombiana. Esto es, una reforma de la justicia que permita la celeridad de la acción de tutela para todos los procesos judiciales. En otras palabras, que la tutela no sea la regla sino la excepción.

Lo que llama la atención es que el problema no es de recursos o de personal. Colombia cuenta con un promedio de 10 jueces por cada 100.000 habitantes, casi la misma cifra de países como España. Esto sin mencionar el incremento anual del presupuesto de la rama judicial, que en años como el 2004 o el 2006 ha sido de 27 y 13 por ciento, respectivamente. Entonces, ¿qué se requiere?
Primero, es urgente desarrollar una real justicia arbitral. Esto demanda que árbitros y jueces municipales sean de única instancia en procesos de mayor cuantía monetaria. Sin recursos o mecanismos de apelación, anulación o revisión de la decisión de estos árbitros-jueces. Evitamos así que procesos de 1 millón de pesos duren 10 años. Y le ahorramos costos a la justicia.

Segundo, se debe fomentar mucho más la conciliación como fórmula alternativa y económica de solución de controversias. Este mecanismo debe ser extendido no solo a través de cámaras de comercio, sino también de centros de conciliación estatales en barrios populares. La conciliación es muy útil y ágil en temas, por ejemplo, de familia. Y con bajo costo.

Tercero, es necesario instaurar la oralidad en los procesos civiles y hacerla real, por ejemplo, en los procesos laborales. La oralidad no puede reducirse a la transcripción de un testimonio verbal para que el juez defina posteriormente. Debe ser una diligencia judicial ágil y en tiempo real. El juez escuchando y decidiendo.

Cuarto, se requiere definir un tribunal de cierre que actúe como corte de casación, a donde no lleguen todos los casos, sino únicamente aquellos que se seleccionen para sentar jurisprudencia de obligatorio cumplimiento. La Corte Suprema de Justicia debe ser el tribunal de cierre en lo penal, lo civil y lo laboral. El Consejo de Estado, por su parte, debe ser tribunal de cierre en lo contencioso-administrativo. La Corte Constitucional tendría que limitarse a ser tribunal constitucional y dejar de ser el estadio de impugnación indefinida, a través de recursos de anulación o tutelas, contra sentencias y laudos arbitrales.

Quinto, es preciso garantizar decisiones despolitizadas en la justicia. En tal sentido, se debe retornar al sistema de cooptación para la selección de magistrados de altas cortes, en donde se ponga a disposición del público la hoja de vida de los respectivos candidatos, con el deber de ellos(as) de explicar su trayectoria en medios masivos. Los magistrados deben tener, adicionalmente, una inhabilidad para ejercer cargos de elección popular.

Sexto, se tiene que implementar una carrera judicial en la que el mérito, el conocimiento especializado y la trayectoria sean las condiciones para acceder a ser funcionario y ascender. En este sentido, es indispensable darle independencia administrativa, de nombramientos y disciplinaria a cada corte sobre su ámbito de acción.

Si la justicia es muy lenta o está politizada, no hay justicia. Si no hay justicia, nunca lograremos la paz en nuestro país. La reforma es urgente.

* Precandidato presidencial por el Partido Conservador

Están utilizando los falsos positivos para perseguir a los soldados

Por Andrés Felipe Arias *

El Tiempo, Bogota

Citytv, Bogota

http://www.citytv.com.co/videos/11140/andres-felipe-arias-posible-candidato-presidencial-para-el-2010

8 de junio de 2009

Los colombianos estamos muy preocupados porque vemos que la Seguridad Democrática está completamente amenazada. Amenazada por los falsos positivos. Están utilizando todo lo de los falsos positivos para perseguir de manera injusta, de manera infame, a nuestros soldados, a nuestros oficiales, suboficiales, a nuestros policías. Ningún país del mundo puede permitir que le manoseen o le maltraten a la fuerza pública de esa manera.

¿Qué es lo que están haciendo? Organizaciones, fachadas del terrorismo, sus compinches ideológicos y políticos, van a donde la familia de un terrorista que murió en combate hace unos años y le piden a esa familia que salga a decir que el terrorista, que ese angelito, era un buen hijo, un buen padre, un buen estudiante, un buen ciudadano. Y con eso le fabrican un falso positivo a la unidad militar que dio de baja a ese criminal. Y están con eso minando la moral de la tropa. Porque ¿qué tiene que hacer un capitán que está patrullando en el Catatumbo, persiguiendo al terrorismo? Tiene que salir a hipotecar su apartamento para conseguir la plata y poder contratar los abogados que lo defiendan en un tribunal. Y ante la próxima operación militar se va a abstener de hacerla porque sabe que si lo hace, que si derrota al terrorismo, que si les da de baja, lo van a salir a perseguir.

Nosotros vamos a recuperar la moral de la fuerza pública, y la viabilidad de la seguridad democrática haciendo dos cosas. Primero: un fondo especial para contratar los mejores abogados penalistas de este país en la defensa de nuestros oficiales, suboficiales, soldados, policías y generales, activos o retirados, y también es urgente recuperar la operatividad de la justicia penal militar y deshacer ese convenio que se firmó entre el ministerio de Defensa y la Fiscalía para trasladar todo a la justicia ordinaria. Los militares tienen que tener un fuero, los militares tienen que tener una justicia especial a la hora de ser procesados. Recuperemos la viabilidad de la Seguridad Democrática recuperando la moral de la tropa.

* Andrés Felipe Arias es precandidato presidencial en Colombia

Empleo, ingreso y confianza

Andrés Felipe Arias*

El Tiempo, Bogotá

Marzo 11 de 2009

 

Nuestra atención debe estar centrada en crear fuentes de empleo, ingreso y confianza para las familias colombianas. Y hacerlo sin descanso.

Lo primero es dinamizar el canal de crédito para el pequeño y el mediano empresario. Es decir, capital de trabajo y crédito para inversión, adaptado a su capacidad de pago y a los tiempos de su negocio. Esto no se logra con subsidios directos sino con incentivos sobre la tasa de interés y los plazos. Este programa, que llamamos Microempresa Ingreso Seguro, permite generar múltiples fuentes de ingreso para las familias colombianas y es una política crediticia contracíclica ante los posibles coletazos de la turbulencia financiera internacional.

 

También es imperativo avanzar en grandes proyectos de infraestructura. No solo como política económica de reactivación, sino, además, como política de crecimiento sostenido. Reducción sistemática de los costos y de los tiempos del transporte, para que el producto de nuestros empresarios pueda llegar con más ventaja y a menores precios a los mercados domésticos y externos.

 

Ello exige apoyar los grandes proyectos que el Gobierno está ejecutando, pero también ir mucho más allá: pensar 80 o 100 años a futuro a la hora de concebir nuestra infraestructura. Lo podemos lograr con capital privado y esquemas concesionales. Sin lesionar la sostenibilidad fiscal del país. Es necesario, por ejemplo, flexibilizar las condiciones de inversión de los fondos de pensiones, de tal manera que estos también puedan invertir en concesiones. Además, es clave permitir que estas se otorguen a más de 20 o 30 años, siempre y cuando ello sea necesario para garantizar su factibilidad económica. Nuestra visión es ejecutar una apuesta muy ambiciosa en infraestructura como fuente permanente y creciente de competitividad y puestos de trabajo para las familias colombianas.

 

Tampoco podemos retroceder en la reactivación del campo. El campo se debe mantener rentable. Nuestra idea es incrementar el esfuerzo en Agro Ingreso Seguro para que el campesino reciba más crédito blando, riego y desarrollo tecnológico. Además, crear zonas francas rurales, diferenciadas en materia de incentivos con respecto a las de la ciudad, para que la gran inversión también llegue al campo. Adicionalmente, preservar el fuerte impulso a los biocombustibles como fuente de energía alternativa, pero, sobre todo, como fuente estable de empleo en zonas rurales. No detener la creación de puestos de trabajo para las familias del campo colombiano con expansión permanente de la producción agropecuaria.

Crear empleo y fuentes de ingreso para las familias colombianas es nuestra propuesta económica básica, pero sin olvidar a quienes pueden perder su empleo. Por ende, otro objetivo nuestro es crear un seguro de desempleo, efectivo por seis meses, para aquellos trabajadores con un ingreso inferior a dos salarios mínimos. Ello, por supuesto, sin crear cargas parafiscales adicionales.

 

Reducir el desempleo también requiere un gran esfuerzo para que todos los bachilleres de Colombia puedan continuar la educación superior y no entren a presionar el ya congestionado mercado de mano de obra no calificada. Buscaremos que los bachilleres más pobres de este país tengan derecho automático a una beca para acceder a la formación técnica, en la universidad pública o en la privada. Es decir, educar para el empleo.

 

Por último, un país que no le apuesta a la investigación limita su horizonte de desarrollo. Por lo tanto, nuestra meta será apalancar investigación en ciencia y tecnología, vía fondos concursales, mínimo por el 1 por ciento del PIB. Investigación, por supuesto, enfocada en mejorar sistemáticamente la productividad de nuestra economía y así crear fuentes permanentes de empleo a mediano y largo plazo.

 

Estas son algunas propuestas para generarles cada vez más empleo, más opciones de ingreso y más confianza a las familias colombianas. Esa siempre será nuestra meta.

 

*Precandidato presidencial por el Partido Conservador