Yohir Akerman
El Colombiano, Medellín
Febrero 23 de 2010
Los economistas más importantes del país salieron en tropa a criticar y desechar la propuesta del salario mínimo regional.
Asegurando que eso elevaría la migración de las zonas rurales a las urbes; generaría más pobreza en las zonas deprimidas; y sería inconstitucional por la desigualdad que causaría, rechazaron la interesante e innovadora propuesta del gobierno para reducir la pobreza.
Es innegable que el costo de vida no es el mismo en las ciudades que en el campo. Es más, varía entre las mismas ciudades. Eso hace que sea elemental pensar en salarios mínimos aplicables a ciertas regiones o áreas determinadas, que tienen un nivel de desarrollo económico y una situación del mercado de trabajo relativamente similares. No hacerlo sólo protege a una pequeña parte del mercado laboral, aumentando los ingresos de algunos, a costa de extender y proteger la informalidad.
Los países más desarrollados del mundo cuentan con sistemas de ese talante. Desde 1938, Estados Unidos tiene un salario mínimo federal, pero con la posibilidad de elevarlo dependiendo de las condiciones económicas de cada estado, con el fin de afrontar las enormes diferencias de renta entre regiones como California y Luisiana, por ejemplo.
Japón cuenta con salarios mínimos regionales, con una coordinación nacional que agrupa a 47 prefecturas en tres grupos relativamente homogéneos, a los cuales el gobierno proporciona pautas de ajuste generales. La Unión Europea, pese a compartir un mercado continental y una moneda, tiene salarios mínimos dependiendo de la situación económica de cada país y, en algunos casos, de cada región.
En América Latina, países como Chile, México, Panamá y Uruguay tienen implementado este esquema. México cuenta con tres niveles aplicables por áreas geográficas de igual desarrollo y en Chile la figura es uno de los ejes de su moderna política económica, con un apoyo estatal a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan saber dónde hay oportunidades de mercado y demanda para sus productos o servicios.
Es indiscutible que una medida como ésta genera descentralización, al hacer que las empresas trasladen las plantas o fábricas de producción a regiones con menores costos laborales. Eso ayuda a reducir la pobreza de las zonas más deprimidas por medio de la generación de empleo directo e indirecto. Es un tema que favorecería a los empleadores y, sobre todo, a los empleados, lo cual se traduce en mejores condiciones para la economía en general.
La propuesta hecha por el director de Planeación Nacional, Esteban Piedrahíta, necesita un estudio más a profundidad del que ya hicieron los conservadores economistas que la atacaron. El salario mínimo unificado tiene sentido cuando hay homogenización productiva en las diferentes regiones del país, y las cifras convergen al mismo ritmo en las urbes que en las zonas rurales. Y, lastimosamente, ese no es el caso en nuestro país.