Triángulo terrorista

Álvaro Valencia Tovar

El Tiempo, Bogotá

Marzo 12 de 2010

La globalización que ha traído para la humanidad beneficios inestimables en muchos campos también ha significado la universalización del delito en múltiples formas y la corrupción contagiosa de sociedades y Estados. El poder de la información, útil para divulgar hallazgos científicos, eventos deportivos y actuaciones positivas de gobernantes y naciones, enseña también lo negativo del crimen y cómo cometerlo con la sofisticación requerida para eludir la acción de la autoridad.

Quizá el terrorismo ha sido la forma delictiva que en mayor medida ha recibido el impulso y el contagio perverso de la globalización, con el agravante de la clandestinidad que favorece la interrelación entre agrupaciones terroristas, identificadas en los objetivos de ruptura, así una vez alcanzados los fines propuestos sigan rutas diferentes.

La segunda mitad del siglo XX registra la mayor intensificación histórica del terrorismo y su propagación en los países afectados por conflictos verticales de pueblos y Estados, con no pocas apariciones en guerras internacionales. Los anarquistas de comienzos del siglo hicieron del terror una de las manifestaciones favoritas de su nihilismo demencial. Gavrilo Princip, conspirador bosnio contra el dominio del Imperio Austrohúngaro, al asesinar a tiros al archiduque austriaco Francisco Fernando, heredero del trono, y a su esposa proporcionó el detonante que lanzaría a Europa la tremenda hecatombe de la Primera Guerra Mundial.

Desde entonces cobró vigencia universal el magnicidio político que, junto con otras formas de aplicar el terror, se convirtió en práctica mundial, principalmente en sociedades insatisfechas donde el comunismo internacional recurría a las luchas insurreccionales como forma de propagación ideológica.

Colombia ha sido uno de los países más afectados por tal globalización. Al desarrollo autóctono de formas terroristas se han añadido los servicios de mercenarios extranjeros, israelíes y de otros países, que transmitieron sus conocimientos y experticias tecnológicas a los terroristas criollos de las Farc, y de estas se extendieron a otras organizaciones subversivas. Se sabía, o al menos sospechaba, de contactos secretos entre la Eta vasca y las Farc, pero solamente ahora se ha penetrado en la realidad de esta alianza, traducida en intercambio de procedimientos y técnicas. Los autonomistas vascos han instruido a los insurrectos colombianos en técnicas electrónicas para explotar artefactos explosivos a distancia, entre estas los teléfonos celulares. Y los nuestros, ciertos recursos más elementales pero no menos dañinos como los cilindros de gas rellenos de sustancias explosivas y trozos metálicos complementados con elementos infecciosos para hacer más letales sus efectos.

Lo grave en nuestro caso es que el gobierno venezolano propicia el intercambio, que de desarrollarse en la clandestinidad hallaría obstáculos insuperables. Al tener territorio y cobertura oficial, pueden lograr sus propósitos sin mayores riesgos. Pese al secreto provisto por el gobierno venezolano, es un juez español el que ha puesto al descubierto el asunto, denunciándolo públicamente, en forma tal que movió al Jefe de Gobierno de España a pedir explicaciones al presidente Chávez. Este, con su acostumbrada grosería y agresividad, ignorando normas universales de la relación entre gobiernos, declaró que él no tiene por qué dar explicaciones a nadie.

En forma, por fortuna prudente, el presidente Álvaro Uribe se ha abstenido de tomar parte en la querella. En momentos en que el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas avanza dificultosamente, cualquier intervención colombiana frente al triángulo terrorista resultaría contraproducente. E inútil, como lo demuestran experiencias pasadas.

Duelo de presidentes

Álvaro Valencia Tovar

El País, Cali

Marzo 01 de 2010

La noticia del encuentro verbal entre los mandatarios de Colombia y Venezuela en Cancún dejó en el limbo los temas, los debates, los resultados, si los hubo, del importante acontecimiento. Con las escandalosas exageraciones que un espectáculo de tal naturaleza tenía por fuerza que suscitar en medios de comunicación ávidos de escándalos. Deplorable como pueda considerarse el hecho en sí mismo, la realidad es que superada la tempestad vino la calma, como reza el viejo refrán, y surgieron posibilidades de poner fin a una ruptura que sólo males viene acarreando a nuestros dos países hermanos y a sus pueblos.

La muy natural reclamación que el Presidente de Colombia hizo sobre el boicoteo ordenado por su par venezolano a los productos colombianos, fue respondido por el presidente Chávez con su bien conocida desconsideración y chabacanería, impropias en un jefe de Estado y ante un foro de la jerarquía del que sirvió de escenario al choque, agravado con lo que hubiera sido aparatoso abandono del recinto por el presidente Chávez. El impromptu del presidente Uribe “no se vaya, sea varón, usted está acostumbrado a insultar a distancia. Hágalo aquí” tuvo el efecto inusitado de un baldado de agua helada sobre un hierro al rojo. Chávez, en forma inesperada, dio un giro de 180 grados, que comenzó por abrir la puerta a un diálogo “entre caballeros, entre damas” que los estupefactos mandatarios recibieron en sobrecogido silencio.

Lo dicho por Hugo Chávez en ese momento no fueron meras palabras. Quizá lo ocurrido en su interior, fue la culminación de un proceso reflexivo en el que la crisis energética y la oferta colombiana de vender electricidad a Venezuela pudo constituir el punto culminante, unido al profundo daño económico y político que ha causado a su país el desabastecimiento de productos colombianos, esenciales, para el consumo y las relaciones comerciales entre dos países llamados por la historia y la economía a la integración. El hecho es que, según noticias de antenoche, invitó al presidente Uribe a dialogar amigablemente, lo que había descartado tajantemente así como cualquier amigable intervención de países que, como el Brasil, habían sugerido en lo más recio de la borrasca.

Interesante que de un hecho tan negativo como la riña en público, haya resultado la posibilidad de un advenimiento que ponga fin al absurdo rompimiento entre nuestros dos países.

Los reavalúos prediales

Álvaro Valencia Tovar

El Tiempo, Bogotá

Febrero 26 de 2010

Los Estados democráticos sustentan su existencia en la participación ciudadana, de lo cual se deriva el régimen tributario. Este, a su vez, requiere como requisito imprescindible de la equidad y la justicia social. Sin él, lejos de lograr la participación voluntaria convierten la obligación ética en imposición abominable que nos vemos obligados a cumplir, más por temor a las sanciones que acaban amenazando la propiedad misma, y su pérdida muchas veces inevitable. Es lo que ha ocurrido con el exagerado y desproporcionado aumento de los avalúos catastrales en Bogotá.

Quienes compramos con grandes esfuerzos, "saltando matones" y a plazos, en lo que en su momento eran extramuros, valorizados como es obvio por la expansión urbana, nos vimos envueltos en esto que el gobierno distrital denomina, con tanta gracia como injusticia en muchos casos, estrato seis, sin que nuestros ingresos estén a la altura de la denominación. Pero en su voracidad impositiva que aqueja últimamente al gobierno distrital, embiste contra "los ricachones del norte" con la ira y el rencor de un toro de casta contra el inocente capote que no tiene la culpa de lo que haga el torero para engatusarlo hasta clavarle triunfalmente la estocada final.

Veamos: quien esto escribe adquirió a plazos un lote en Santa Ana, cuya urbanización abrió ventas a 11 pesos vara. Cuando logró juntar para la cuota inicial había subido a 27. ¡Horror! Pero los urbanizadores, hijos del generoso dueño de la antigua hacienda de don Tomás Rueda Vargas, le dieron generosas facilidades para que, a fuerza de "saltar matones", se hiciera a su propiedad, y la recién fundada Caja de Vivienda Militar le hiciera el préstamo hipotecario para que el entonces joven capitán pudiera iniciar la modesta vivienda, que terminó ya de mayor, gracias a su ascenso, pero, más que todo, a la Guerra del Canal de Suez, a donde fue enviado para representar en el Estado Mayor de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas al Ejército de Colombia, que envió un batallón de infantería. Así pudo, no sólo terminar la casa, sino matar el sinnúmero de culebras que le quedaron pendientes. Tan pendientes como el préstamo hipotecario que tardé con sucesivos reajustes en amortizar.

Bien. Pero incluido a la fuerza en el abominado y denigrado grupo de "ricachones del norte", pago las consecuencias. Cuando elevé un reclamo justificado ante el primero e injusto reavalúo catastral, se me envió una comisión de encantadoras damitas a ver cómo era la cosa. Les señalé la cubierta de madera porque no hubo con qué construirle plancha de concreto. Las tuberías metálicas oxidadas, en fin, los problemas de una morada construida con las uñas. Las damitas se fueron... ¿convencidas? Pocos días después me llegaba respuesta: generosamente me rebajaban 20 mil pesos de los 200 millones de incremento. Ahora me llega la nueva notificación: ¡1.400 millones de pesos! Con esto lo digo todo. Dos veces y media el avalúo anterior. Respetado señor Alcalde: ahóguenos pero sin estrangularnos. Y si se pierden, como es de esperar, los 50 mil millones de pesos de la demanda por el pleito de la 26, que no sean nuestros tributos los que tapen los huecos de la avenida ni el del impacto que ese aerolito causará en el fisco capitalino.

* * *

Andrés Peñate y el DAS. Cuando el deterioro interno del DAS ascendió a la superficie, el Gobierno recurrió a un excelente viceministro de Defensa para conjurar la situación que ya afloraba sin que se conociese su profundidad. No se ha publicado hasta el momento cargo alguno contra él. La transparencia, verticalidad y corrección que lo distinguieron como viceministro de Defensa las aplicó al frente del DAS. No imagino al doctor Peñate entrando a la órbita de descomposición que obligó a la liquidación de una entidad necesaria y útil, como lo demostró en sus orígenes. Pesar grande que Andrés hubiera permanecido tan corto tiempo

Una lógica fórmula de paz

Álvaro Valencia Tovar

El Tiempo, Bogotá

Febrero 12 de 2010

Si el desastroso curso de derrotas llegara a convencer a 'Alfonso Cano' y a su disminuido secretariado de que su absurda lucha está perdida, como se analiza en las dos últimas Clepsidras, y en un gesto de grandeza decidieran poner fin a un empeño que perdió el rumbo disolviendo en el narcotráfico y el terrorismo agónico su ideal revolucionario, una salida decorosa que salvaría muchas vidas colombianas y recursos ingentes, podría seguir la siguiente línea medular de etapas y fases:

I. 1. Poner en libertad, sin dilaciones ni subterfugios, a todas las personas retenidas contra su voluntad por Farc y su nuevo aliado, Eln.

2. Para facilitar la liberación, las fuerzas enfrentadas suspenden todo tipo de hostilidades, permaneciendo en sus posiciones actuales.

3. El Gobierno Nacional, con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana, prepara en áreas establecidas por mutuo acuerdo puestos de recepción para atender las necesidades inmediatas de los liberados. De allí serán trasladados a bases militares dispuestas para el efecto. En ellas recibirán atención médica especializada y se encontrarán con sus familiares.

II. 4. Las organizaciones en armas fuera de la ley proceden en seguida a desmovilizarse, para lo cual se fijan áreas geográficas despobladas y de ubicación conveniente, que faciliten la logística del proceso. Se establecen cronogramas que consulten condiciones topográficas, distancias y tiempos de concentración de las agrupaciones dispersas.

5. En dichas áreas se efectúa la dejación de las armas por las Farc y el Eln. Las no utilizables para la defensa nacional se fundirán para la construcción de un monumento a la paz y la libertad, que será erigido en un terreno vecino al Puente de Boyacá, escenario de la batalla que dio independencia a la nación colombiana, para perpetuar la voluntad de paz, armonía y fraternidad de los herederos de quienes nos hicieron libres.

6. Las Fuerzas Armadas de la nación comprometen su dignidad y su honor como garantes del desarrollo pacífico y seguro del proceso descrito.

III 7. El Estado hará los necesarios ajustes a la ley de Justicia y Paz, así como a las disposiciones vigentes sobre la materia, con el fin de garantizar la reinserción de los desmovilizados, en tal forma que los combatientes rasos, inducidos a la rebelión por razones insuperables, sean exonerados de responsabilidad penal, siempre que no hayan participado voluntariamente en delitos de lesa humanidad, y para los jefes exista un comprensivo equilibrio entre justicia y paz.

8. Un Comité presidido por el Vicepresidente, compuesto por tres connotados dirigentes del sector privado y el mismo número de miembros de los grupos en armas, atenderá quejas y resolverá discrepancias surgidas del proceso. Se podrán integrar subcomités ad-hoc para asuntos que requieran coordinación entre agencias del Estado o eventuales participantes nacionales o extranjeros.

9. La financiación del proceso se hará con cargo al impuesto sobre el patrimonio ordenado por ley para apoyo del gasto militar en el conflicto, aplicable en este caso a la solución del mismo.

10. El pie de fuerza militar se mantendrá en su nivel actual durante el proceso, dadas las tareas y responsabilidades que cumplirá la Fuerza Pública en el retorno a la normalidad y descenderá gradualmente en la medida en que otros agentes de violencia vayan siendo sometidos a la ley, y la reconstrucción física de regiones azotadas por el conflicto haya avanzado satisfactoriamente con participación de las Fuerzas Militares.

11. Los desmovilizados se emplearán inicialmente en el desminado de áreas y vías de comunicación, así como erradicación manual de cultivos ilícitos. Se desarrollarán programas de asentamiento en proyectos agrarios. Para los de origen urbano se diseñarán otros de capacitación y empleo citadinos.

Inestable alianza para delinquir

Álvaro Valencia Tovar

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Enero 31 de 2010

Inesperada alianza acaba de pactarse entre las Farc y el Eln que, pese a los descalabros sufridos, persisten en una lucha perdida. No sólo en la confrontación armada sino en el descenso a las profundidades del narcotráfico disolvente y el terrorismo como única forma de proclamar su precaria presencia. Según parece la iniciativa partió del mando militar y político del Eln, personificado por Gabino y Antonio Beltán. Tardía pretensión de revivir la etérea Coordinadora Guerrillera, que sólo simulaba existir para impresionar a negociadores incautos. Aunque aparecidos en 1964, Eln y Farc tuvieron desde sus orígenes profundas diferencias.

La proclamación de las Farc antecedió a la del Eln en diez años, a la sombra del feroz enfrentamiento sectario de los partidos históricos, con el nombre de Autodefensas Campesinas, en realidad brazo armado del Partido Comunista apoyado por la Unión Soviética.

El Eln fue la proyección en el Caribe de la Revolución Cubana. La línea Moscú preconizaba el mismo desarrollo de la Revolución Rusa de 1917, con el alzamiento masivo del proletariado urbano, aprovechando una coyuntura propicia para asaltar el poder político. La línea fidelista quería repetir en América Latina su propio modelo: instalación de focos insurgentes en sectores rurales marginados y sin esperanza, donde las “condiciones objetivas” permitieran propagar el fuego revolucionario y derrotar el poder del Estado preparado para la guerra convencional, fácilmente contrarrestado por las formas guerrilleras.

Eso no era todo, la novel dirigencia urbana del Eln menospreciaba a los palurdos jefes de las Farc y éstos se burlaban de los burgueses improvisados como jefes guerrilleros. El Eln, fingiendo buscar una acción conjunta de las dos fuerzas, obtuvo de las Farc un cuantioso préstamo que jamás devolvió. La Inteligencia de la Quinta Brigada pudo comprobar el enfriamiento de la relación hasta llegar a la ruptura total, que en épocas recientes se tradujo en batallas campales dominadas por las Farc, más veteranas y mejor armadas. Que el Eln “pida cacao” en esta alianza inestable, indica varias cosas: Reveses contra el Ejército y las Farc, desmoralización, impotencia para proseguir una lucha sin otro objetivo que el crimen, estrangulamiento financiero. El recurso desesperado de convertirse en apéndice de las Farc en derrota, en nada fortalece a las dos agrupaciones terroristas.

El libro de Juan Manuel Santos

Álvaro Valencia Tovar

El Tiempo, Bogotá

Enero 29 de 2010

El carácter de Ministro de Defensa del autor durante un período decisivo de nuestra historia da al libro de Juan Manuel Santos, Jaque al terrorismo, el doble contexto de admirable relato histórico y testimonio protagónico de los episodios que, en estilo claro, ameno, diserto constituye lectura apasionante. La política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez encuentra en quien fuera ministro estrella de su gabinete a un ejecutor brillante, luego historiador documentado y veraz del desarrollo militar exitoso de la misma.

En un conflicto interno prolongado, la opinión pública se aletarga y los gobiernos, con frecuencia presionados por la impaciencia de quienes no le ven fin al conflicto, se deslumbran con la ilusión de una paz negociada, que la propia subversión define como simple etapa de la lucha armada por el poder. Cuando la ilusión es atropellada por la realidad, se va instalando en el sentir nacional una doble sensación: la guerrilla es invencible y las fuerzas armadas del Estado resultan impotentes ante su exitoso empleo de oscuridad, terreno y apoyo obligado de una población rural indefensa.

La política de Seguridad Democrática rompió ese esquema con la acción integral que ataca simultánea y coordinadamente los diversos ingredientes de la guerra revolucionaria, mediante el esfuerzo combinado político y militar, a la vez que ganando el apoyo de la población rural con los cooperantes y los "soldados de mi pueblo". En un estrecho acuerdo intelectual con el Presidente y el alto mando militar se logró por fin la fusión de política y estrategia bajo la unidad de mando del Jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas de la nación. Los éxitos alcanzados desde entonces, y estupendamente narrados por Juan Manuel Santos en su libro, demuestran que ni la guerrilla es invencible ni las Fuerzas Armadas resultan impotentes si se aplican con el criterio de acción integral.

La articulación que el Ministerio de Defensa está llamado a realizar entre el Presidente de la República y el alto mando militar, personificado en nuestro país por el Comandante General de las Fuerzas, se logra en forma notable como puede deducirse del texto del libro y de los resultados alcanzados. El Jefe del Gobierno toma o aprueba las grandes decisiones como en las operaciones 'Fénix' y 'Jaque' -eliminación del segundo cabecilla de las Farc y liberación de Íngrid, los tres norteamericanos y once militares secuestrados por las Farc, con captura de los dos cabecillas del frente encargado de su vigilancia- que envolvían riesgos calculados y serias implicaciones internacionales, y el Presidente tomó sin vacilar, demostraron tanto la confianza del presidente Uribe en la capacidad de su instrumento militar, como el acuerdo intelectual de que ya se habló.

La acción integral resultante de lo anterior es destacada por el autor del libro como uno de los elementos vitales del éxito. Así lo reconoce al agradecer "a los comandantes y oficiales que participaron en las operaciones" su colaboración leal y alta eficiencia, que reitera a lo largo de la obra al narrar en detalle esas operaciones y señalar con orgullo la formación castrense adquirida durante dos años en la Escuela Naval, de alta importancia en el manejo de situaciones complejas.

La ilación episódica de la obra es admirable. En sucesión cronológica muy bien lograda, los actos de guerra se van desarrollando con claridad absoluta que permite al lector la configuración mental de los dos años de lucha bajo su dirección, coordinada con el alto mando militar en absoluto respeto de las respectivas esferas funcionales. Esta sucesión coherente y organizada tan solo se interrumpe momentáneamente por pausas de análisis o precisión de tesis deducidas de las mismas acciones, como en el caso de la Inteligencia Militar, base insustituible del planeamiento táctico y operacional. En suma: un estupendo libro y un autor con talla de estadista.

Éxitos militares y medios informativos

Álvaro Valencia Tovar

El País, Cali

Enero 18 de 2010

El 1 de enero, la Fuerza de Tarea Omega asestó tremendo golpe al Frente 43 de las Farc mientras celebraba el Año Nuevo. Resultado: baja del jefe y su segundo, 50 guerrilleros entre muertos, prisioneros, desertores y desmovilizados. Los heridos recibieron primeros auxilios de la tropa. Fue la virtual extinción de uno de los frentes más sanguinarios y violentos. El 4 fue golpeado el Frente 51, causando la muerte del segundo cabecilla y de un número no establecido de combatientes. También el ELN recibió un golpe certero, aunque de menor alcance.

Los éxitos referidos apenas recibieron comentarios intrascendentes en noticieros matinales de televisión. Explicable en los diarios porque no aparecieron el Año Nuevo, pero la noticia, así no fuera ya chiva, merecía cubrimiento con despliegue fotográfico el 2. Si comparamos este abandono con el despliegue que se otorga a cualquier revés del Ejército de inferior significación, el contraste es desconcertante. Quienes seguimos con ansiedad el curso del conflicto buscamos en los noticieros del mediodía y de la noche el detalle de lo acontecido sin lograrlo. Finalmente, la obtención de la noticia se descubrió en la página web del Ministerio de Defensa. Para la mayoría de la Nación, hechos de tal significación no existieron.

El poder de la información es decisivo en todo conflicto armado, sobre la opinión pública. La Guerra de Vietnam se perdió para Estados Unidos no en el campo de batalla sino en las pantallas de televisión con la trágica imagen de ataúdes y negros sacos de polietileno con los cuerpos sin vida de sus soldados. Aquí, el morbo de la violencia instalado en cámaras detenidas sobre los desgarradores efectos de las minas antipersonas y las ruinas de poblados destruidos con cilindros de gas, deprimió a la opinión con percepciones de derrota, hasta cuando la Política de Seguridad Democrática y la estrategia militar paralela arrebataron el protagonismo a las Farc y los éxitos militares, entonces sí profusamente difundidos, fortalecieron la actitud ciudadana y recuperaron la fe en la fuerza pública. Estamos en la fase decisiva del ‘Fin del Fin’. El Ejército, que lleva el peso mayor de la lucha, y con él las demás Fuerzas, necesitan el apoyo nacional en vez del exasperante estribillo de los ‘falsos positivos’, erradicados drásticamente en el acto.

Perspectivas de Farc en el 2010

Álvaro Valencia Tovar

El Tiempo, Bogotá

Enero 15 de 2010

Los contundentes golpes asestados a las Farc, frentes 43 y 51, en los albores del año en comienzo, acompasados de otro al Eln, su nuevo aliado, preludian la continuidad de un lento pero ineludible deshacerse en la nada. No pierden la capacidad de hacer daño, secuestrar, asesinar dirigentes políticos y personajes de quienes puedan extraer dinero para sus desvencijadas finanzas. Pero los tozudos cabecillas deben reconocer en su fuero interno que el iluso ideal revolucionario de mejores días se deshizo en la miseria del narcotráfico y el delito.

Las pérdidas humanas sufridas por las columnas 43 y 51 alcanzan dimensiones incalculables. Los cabecillas de ambas columnas y el segundo de la 51, dados de baja; más de 50 combatientes veteranos de muy difícil reemplazo, heridos, que recibieron auxilios médicos de los militares; otros prisioneros, desertores, desmovilizados, configuran un auténtico desastre militar, cuya resonancia llegará con graves efectos desmoralizantes a los más remotos escondrijos selváticos como fúnebres presagios de un final inevitable.

Ante semejante realidad, ¿por qué los obnubilados dirigentes de las Farc persisten en una lucha perdida? Se atribuye a 'Alfonso Cano' una formación intelectual superior a la de la mayoría de jefes formados en el combate. Tuvo su hora cenital cuando la muerte de 'Tirofijo' dejó en sus manos el mando supremo. Era el momento de abandonar decorosamente un proyecto fracasado. Sin duda, mantiene la remota esperanza de que la situación electoral le ofrezca un desenlace favorable en medio de la debacle producida por una Inteligencia de sorprendente eficiencia y una arrasadora fuerza de combate combinada, que además le arrebata territorio y población irrecuperables. Esta tenue esperanza, unida a los menguados pero todavía enormes ingresos del narcotráfico, alienta el anhelo de un resurgimiento emanado de sus propias cenizas.

Error garrafal de cálculo político. Es pensar con el deseo. Quien haya de ser el Presidente proseguirá por fuerza de gravedad y clamor nacional con la Política de Seguridad Democrática y su componente militar dentro de una lógica elemental. El esfuerzo en curso compromete a la nación entera. La victoria es simple cosa de tiempo y cometeríamos la más insigne estupidez si no prosiguiéramos con idéntica tenacidad el empeño que terminará por imponerla.

¿Negociar? Es lo deseable. Pero negociación de Estado triunfante con una insurgencia al borde del colapso, en la que no quepan exigencias arrogantes del vencido, sino peticiones razonables dentro de los términos de una democracia, que no puede sacrificar sus fundamentos, su esencia filosófica, sus valores perdurables por la ansiedad de alcanzar una paz demagógica de aplausos y reconocimiento engañosos a cualquier precio.

Una paz adelantada con cronogramas precisos, basados en cálculos del tiempo requerido para concentraciones, entrega de armas y desmovilización, en zonas rurales reducidas, que excluyan poblados y faciliten la logística del proceso. Nada de zonas de distensión ni discusiones interminables que favorezcan el proyecto revolucionario de simples etapas en el avance hacia el poder.

Ansiamos la paz. Pero no con arreglos engañosos, construida afanosamente con proyecciones mediáticas, protagonismo, ansias de figuración. Paz nacional auténtica, con desmovilización integral y desarme absoluto de medios y espíritus. Paz de la mente y de la voluntad entre quienes se han hecho la guerra durante años, que haga posible la convivencia de todos los colombianos bajo el mismo cielo y sobre el mismo suelo donde han caído tantos miles de seres sin proyecto ni beneficio para nadie. Una paz que haga posible que el nombre de Colombia vuelva a ser pronunciado con admiración y respeto en el mundo.

Colombia tenía razón

Álvaro Valencia Tovar

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Diciembre 20 de 2009

La Comisión de la Verdad, designada por el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, a raíz del ataque colombiano sobre un campamento de las Farc refugiado en territorio selvático del vecino país, ha rendido un informe valeroso, vertical, bien documentado e imparcial, en el que sin manifestarlo explícitamente, se señalan las condiciones que dieron a la Operación Fénix el carácter definido en Derecho Internacional como legítima defensa. Los hechos más salientes que la Comisión de la Verdad precisa para configurar la legítima defensa, pueden resumirse en los siguientes puntos; 1) desde el campeonato mimetizado bajo la selva, el número 2 de la guerrilla colombiana de las Farc, alias “Raúl Reyes” dirigía operaciones y actividades hostiles contra el Gobierno colombiano y su Fuerza Pública. 2) La existencia del campamento era conocida por el alto gobierno ecuatoriano, dos de cuyos miembros, uno de ellos General del Ejército, lo visitaron varias veces. 3) Revolucionarios de países americanos, periodistas, investigadores, visitaban el campamento, lo que no podría realizarse sin la complicidad de autoridades superiores del Ecuador. 4) El Ejército del Ecuador es señalado como responsable al menos de lenidad frente a la violación manifiesta de la soberanía nacional por una organización armada que hacía meses funcionaba en suelo ecuatoriano. 5) Existían antecedentes de actos de guerra realizados desde territorio del país hermano contra fracciones militares colombianas, como el caso de Teteyé (no mencionado en el informe) así como de ubicación de otros asentamientos del mismo carácter denunciados secretamente por la Inteligencia colombiana que no produjeron acción oportuna de fuerzas ecuatorianas.

Al finalizar la Operación Fénix en esta columna, se tomaron estos y otros aspectos de la situación, para sustentar la Legítima defensa a la luz de la jurisprudencia consignada en las Cartas de la ONU y la OEA, transcritas textualmente. Sigo pensando que Colombia, quizá con el ánimo de distensionar las relaciones internacionales con Ecuador y Venezuela, no esgrimió con la suficiente entereza la tesis de legitimidad, lo que ha dado a lugar a que termine señalada sotto voce como nación agresora, debilitando su derecho a autorizar el uso de bases navales y aéreas por elementos militares de los Estados Unidos. Así las cosas, las vociferaciones violentas del Presidente Chávez han podido abrirse camino hasta aislar a la prudente (¿humilde?) Colombia en el concierto suramericano.

Otra vez con la Policía Nacional

Álvaro Valencia Tovar

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 18 de 2009

Cuando el presidente César Gaviria nombró una Comisión para Reforma de la Policía Nacional, que atravesaba una de las periódicas crisis que suelen afectarla, el entonces senador Fabio Valencia Cossio llevó listo un proyecto de ley para reformar el cuerpo en medida tal que todo el esfuerzo adelantado en la profesionalización de la entidad se perdería por su base. Con el principio constitucional de que la Policía es de naturaleza civil, se reeditaba la dependencia del Ministerio de Gobierno y se quebraba su estructura jerárquica, lo que afectaba seriamente su disciplina.

Olvidaba el distinguido senador el segmento, constitucional también, que la declara cuerpo armado, lo que impone lograr el equilibrio entre la naturaleza civil y el carácter del cuerpo armado.

El debate desarrollado sobre el proyecto giró entonces en torno a cómo lograr ese equilibrio. El criterio expuesto por el autor del Clepsidra sostuvo que la naturaleza civil la proporcionan su filosofía, educación, formación y preparación de sus cuadros, cursos para ascenso y demás actividades académicas, en tanto el cuerpo armado se cimenta en su disciplina, organización jerárquica, régimen interno y destreza en el manejo de implementos que le son propios en el enfrentamiento de amenazas de pandillas armadas y situaciones especiales, como lo es en nuestro caso de conflicto interno que, en el sector rural, contempla exigencias propias de la guerra irregular.

Ahora el entonces senador propone revivir algo de su famoso proyecto: el traslado de responsabilidad y dependencia al hoy Ministerio del Interior y Justicia. Esto equivaldría a retornar la Policía a la politización anterior al Frente Nacional, que produjo en un caso la sublevación del 9 de abril de 1948 y, años más tarde, la policía sectaria bajo un ministro de Gobierno que declaró públicamente la política de sangre y fuego para hacer frente al desquiciamiento sectario del orden público. Si es cierto que la nación ha evolucionado y que los trágicos episodios escenificados en el decenio sangriento de 1947-1957 hoy no ocurrirían, no lo es menos que existen otras formas más sutiles de politización. Basta observar lo que ocurre en las dependencias del Estado, donde cada nuevo nombramiento trae consigo las forzadas "renuncias protocolarias" para facilitar que el nuevo ministro, director, gerente o mandamás de cualquier pelaje instale su propia cuadrilla en la agigantada fronda burocrática. Experiencia, rendimiento en el cargo, historial de servicios nada importan ni valen ante el recién llegado mandarín o la recomendación persuasiva de un cacique convertido en parlamentario.

Sacada de la égida protectora del Ministerio de Defensa, donde la apoliticidad institucional militar protege a nuestra Policía Nacional de la politiquería instaurada en todos los ámbitos de los poderes públicos, la Policía sería en poco tiempo otro fortín político ambicionado por unos y otros, perdería su profesionalismo actual, influencias de todo género intervendrán en ascensos, cursos y nombramientos en el exterior, ingreso de personal a las escuelas de formación, otorgamiento de condecoraciones y estímulos, en fin, todo aquello que ya vivimos y sería insensato repetir.

Es lógico que en la medida en que el país pueda consolidar la paz interior, la naturaleza civil de la Policía podrá prevalecer sobre la condición de cuerpo armado, pero sin minar la solidez ética y profesional de ese carácter, que seguirá siéndolo si quiere preservar la credibilidad moral que la caracteriza. Basta recordar lo acaecido con el DAS que, pese a depender directamente de la Presidencia, fue suficiente una incompetente sucesión de jefes para aniquilar la organización, volverla presa de la politiquería y forzar su virtual extinción.

Objeción de conciencia

Álvaro Valencia Tovar

El País, Cali

Diciembre 07 de 2009

La Corte Constitucional, en su infinita –y algo petulante- sabiduría, aprobó la objeción de conciencia para diversos aspectos de la vida pública de las personas en su relación con el Estado, entre ellos el servicio militar obligatorio. En medio de un conflicto armado en el cual está en juego el destino de la Nación, lejos de brindar una puerta de escape a la juventud, se debería estimular el cumplimiento del precepto constitucional. “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”.

En un país donde se glorifica la trampa, se miente, se defrauda al Estado y se incumplen los mínimos deberes ciudadanos, aducir la objeción de conciencia es recurso ideal para eludir el servicio militar, que si obligatorio antes lo es más ante la amenaza armada de pandillas de toda laya, movimientos terroristas y narcotraficantes. ¿Querrán los inefables magistrados explicarnos cómo se comprobará la objeción de conciencia? ¿Aparte de la palabra del jovenzuelo y de sus padres y acaso de conocidos o maestros, qué prueba fehaciente podrá exigirse? En el caso improbable de que la objeción fuese rechazada, la tutela será fallada a favor de la ‘víctima’, con base en el libre desarrollo de la personalidad, otro argumento favorito de la Corte.

El 30 de noviembre, una ilustrada dama escribió en El Tiempo, bajo el título ‘Dar la vida por nosotros’, una crítica mordaz contra las vallas que enaltecen el heroísmo del soldado y su determinación de dar la vida por sus compatriotas, aun cuando no los conozca. Asimilando las frases militares a propaganda comercial, señala: “...en eso consiste la publicidad. A usted le dicen ‘La Fina’ y usted canta ‘la Margarina’, sin darse cuenta. A usted le dicen ‘los héroes en Colombia sí existen y usted completa inconscientemente el enunciado: ‘Ejército Nacional”.

De esta cáustica y absurda comparación pasa la columnista a una diatriba contra la guerra, de la cual inculpa subliminalmente al Estado, que considera culpable de que ésta exista y de que “los tiranuelas en sus despachos necesitan nuestro miedo”. En este juego de la sinrazón, el servicio militar resulta un oprobio. La dama no quiere que algún día su hijito muera por un desconocido ni que otro desconocido muera por ella. Muy bien. Para que nadie muera, entreguémosle la Nación a las Farc.

Pedimos justicia recta e imparcial

Álvaro Valencia Tovar

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 4 de 2009

Un intenso artículo de la revista Semana última, intitulado 'La mala noche de los generales', contiene una poderosa carga submarina "contra los generales del Ejército más disciplinado de América", como dijera en carta a Bolívar el héroe de Ayacucho José María Córdova al ser llamado por la justicia a responder por supuestos delitos contra subalternos en operaciones de guerra. Un título en mayúscula en el interior -'La justicia ahora es más drástica con los altos mandos militares, que antes eran intocables'- y varios apartes de la misma nota hacen aún más explosiva esa carga. Veamos algunos.

Aunque el protagonista central de la nota es el general Jaime Uscátegui, a quien el Tribunal Superior de Bogotá acaba de condenar a 40 años de prisión, revocando el fallo favorable del juez que lo excluyó de responsabilidad penal por la masacre de Mapiripán en el Meta, la revista enumera otros casos de generales enjuiciados pero que aún no han sido condenados y dice: "Lo que revela esta actuación de la Justicia es el fortalecimiento de la democracia". Y más adelante añade: "También demuestra que las autoridades civiles están por encima del poder militar".

Curiosas, por decir lo menos, las dos aseveraciones. ¿Por qué el sacrificio de generales prestigiosos y de brillante actuación en orden público fortalece la democracia, que precisamente defendieron con sus vidas y sacrificios sin cuenta a lo largo de muchos años? Además: ¿Cuándo los militares en Colombia no han estado sujetos al poder civil? Solamente en las tres brevísimas incursiones castrenses en el poder político, que otros generales contribuyeron a derrocar, restaurando la democracia republicana sin pedir nada por sí mismos. Por otra parte, los generales enumerados en el artículo no han sido condenados pese al larguísimo tiempo que han demandado sus procesos, como ya se dijo.

Si la drasticidad de la justicia contra los militares llega al extremo de la inhumanidad, como en el caso del coronel Plazas, en el que el ánimo persecutorio y la saña de la jueza de la causa le impidió visitar a su padre agonizante y luego asistir a sus exequias, además de sacarlo a viva fuerza del Hospital Militar con guardias armados del Inpec y negarle la prisión militar para enviarlo a la cárcel La Picota, el contraste con delincuentes comunes tratados con singular benignidad es dramático. Nos encontramos con la Guerra Jurídica cuya existencia muchos violentólogos se niegan a reconocer.

Las similitudes que se pretende establecer de actuaciones de militares colombianos con las de otros países suramericanos, donde juntas castrenses todopoderosas y dictadores omnipotentes aplicaron la Doctrina de Seguridad Nacional, entendida como la contrainsurgencia basada en combatir "la combinación de todos los medios de lucha" de las revoluciones comunistas con metodología similar, no tienen asidero alguno.

Aquí nada de eso ha ocurrido. Si algunos comandantes pudieron incurrir en violaciones del Derecho de Gentes o en connivencia con "paramilitares" para la comisión de delitos atroces, nadie pide lenidad o silencio. Pedimos sí, y en ello nos asiste pleno derecho, justicia recta e imparcial, ajena a espectáculos mediáticos y que no confunda severidad con atropello, saña o retaliación, como viene ocurriendo en casos bien conocidos.

Negar la existencia de la Guerra Jurídica en Colombia es querer tapar el sol con las manos. En esta columna se han detallado innumerables casos de militares exitosos en operaciones contra las bandas en armas, destituidos de sus cargos, maltratados su honor y buen nombre, retiradas sus visas de Estados Unidos que terminan en cesaciones de procedimiento y preclusiones cuando ya el mal estaba hecho. El autor de esta columna sufrió en carne propia tales arremetidas, habiendo sido el más estricto cumplidor del Derecho de Gentes, como lo demuestra en sus libros, escritos después del retiro del servicio activo con inexistente "ruido de sables".

Faltan cordura y sentido común

Por Álvaro Valencia Tovar

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 6 de 2009

Vivimos bajo el signo del conflicto. Desde la confrontación armada interna que cubre ya 60 años maltratando la existencia colombiana hasta las relaciones familiares y amorosas, la armonía es la gran ausente. Las quebraditas se nos vuelven torrentes y las capillitas, catedrales. La desarticulación de los organismos oficiales entre sí es dramática: compartimentos estancos no hablan ni coordinan, ensimismados en su funcionamiento interno pero ajenos al diálogo lateral, lo que se traduce en que cada cual anda por su lado y "los choques de trenes" son pan de cada día, para deleite de los medios de comunicación, que acuñaron el término y acuden donde olfatean que puede existir o suscitarse con noticias espectáculo y entrevistas que agudicen los distanciamientos.

Con frecuencia nos preguntamos si es una característica colombiana o si es la idiosincrasia latinoamericana. Tal parece que es más lo segundo, como lo verificamos a diario, comenzando por nuestros vecinos y culminando el fenómeno con Unasur, donde los propósitos unitarios se contradicen con los antagonismos, las incriminaciones y no pocas veces con el ánimo camorrista de jefes de Estado que se observan, como diría el padre Astete en su inefable Catecismo, con miradas de "ahí te caigas muerto".

Si se penetra hacia el fondo de tales confrontaciones se halla que serían evitables con un poco de sentido común y no menos cordura. El primero, desdichadamente, es el menos común de los sentidos. La segunda resulta planta exótica en la maraña selvática que nos rodea. Veamos algunos casos.

El lío de la terna gubernamental para la Fiscalía. Es obvio que para enfrentar la criminalidad desbordada que toca como peste contagiosa los más altos estratos de la política y del mismo Estado, el ideal es que la Fiscalía General de la Nación sea regida por un connotado penalista. Si la Corte Suprema así lo considera, ¿por qué no se anticipa al recibo de la terna presidencial y discretamente, sin publicidad alguna, en un diálogo directo y respetuoso de la facultad del Jefe del Ejecutivo, no le sugiere tener en cuenta esta conveniencia jurisdiccional, que lo es para toda la nación? Conveniencia que no figura entre los requisitos constitucionales sobre la materia, pero que es de capital importancia. Pero no. La terna se rechaza por inviable. Rechazo, inconstitucional también, y el choque de trenes salta en grandes titulares a la prensa escrita y satura los noticieros radiales y televisivos dividiendo la opinión pública, desconcertada y expectante, afectada por sus propias simpatías y animosidades.

Pasando al plano internacional, con nuestras repúblicas hermanas y vecinas son lo menos hermanables de que se tenga noticia desde la disolución de la Gran Colombia soñada por el Libertador.

No se trata aquí de enjuiciar a nadie, pues hacerlo significaría lanzarse de cabeza al conflicto, sobre el cual nuestra ciudadanía consciente tiene su criterio formado. Sino de señalar cómo el sentido común y la cordura podrían haber evitado rupturas y distanciamientos perjudiciales para todos y ahora remediar el daño que nos venimos infligiendo. Condiciones estas que deben descender desde lo alto de los tres Estados. Como esto no se produce en medio de la borrasca, de nosotros los ciudadanos que desearíamos ver a nuestras respectivas naciones trabajando en paz y armonía por materializar los ideales que en los congresos de Angostura y la Villa del Rosario dieron vida a la Gran Colombia.

Esta teoría halla su mejor comprobación en el progresivo restablecimiento de las relaciones bilaterales con el Ecuador.

Agrias disputas presidenciales, ruptura de relaciones diplomáticas, interrupción del tránsito fronterizo, barreras arancelarias están cediendo el paso a la normalización de todo lo alterado. Los dos presidentes abrieron el camino. Los cancilleres lo adelantan con buenos auspicios. ¿Para qué tanta pendencia evitable o, en segunda instancia, arreglable? En cambio, con el presidente Chávez, aquellas dos condiciones no han hallado acogida, en el comandante de la boina roja. ¿Hasta cuándo?

Carta heróica

Àlvaro Valencia Tovar

El Paìs, Cali

Octubre 26 de 2009

“Nunca tuve tanto miedo como hoy para escribir una carta... Con esta frase inicia Juan Pablo Escobar la valerosa misiva dirigida a Rodrigo Lara y a los hermanos Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando Galán, el hijo del asesino de los padres de estos jóvenes, coetáneos de generación. Es quien, bajo el seudónimo de Sebastián Marroquín, busca el perdón de ellos y de la sociedad colombiana por la conducta sanguinaria y brutal de su padre.

La misiva conmovedora, sincera, franca en el juicio de la trayectoria funesta de su progenitor, decide sacar del anonimato al niño que a los 15 años emprendió con su madre y su hermana menor el duro camino de los exiliados sin patria, expulsados por una sociedad que veía en ellos la fatídica herencia del capo que inundó de sangre y dolor esa patria y esa sociedad.

Su actitud y la respuesta de los cuatro destinatarios constituye una leción que Colombia entera debería asimilar como ejemplo e inspiración de su comportamiento social. En el alma atormentada del autor alienta la generosidad. Sumergido en la tragedia interior de saberse hijo de un empedernido criminal –al que quiso entrañablemente–, busca con angustia el perdón de quienes sabe profundamente heridos desde niños por su padre, como ayuda para recobrar la paz ansiada en el hondón de su espíritu. Ellos, superando el rencor acumulado desde la orfandad de una infancia dislocada por la muerte dispuesta con helada voluntad asesina por el padre de quien clama por su perdón, lo otorgan con generosidad y comprensión. No renuncian a que la justicia caiga sobre cómplices y encubridores de los crímenes atroces. Pero liberan de toda carga culpable a quien con sublime valor les pide perdón como hijo del que destrozó sus existencias.

El exitoso arquitecto y diseñador asilado en Argentina, que bajo la cubierta del anonimato lleva una vida placentera, sufre tremendo desasosiego interior. “Me he propuesto, dice en su carta, liberar estos nudos que enredan mi garganta. No conozco fórmulas para ello y no creo que existan más allá de mi humana voluntad de descubrir la paz. La paz que busco cada día dentro de mí para poder pensar, para poder vivir....”. Es lo mismo que Colombia busca desesperadamente. Paz en la cual el perdón deberá ocupar sitial preponderante o no la hallaremos jamás.

El columnista y su periódico

Álvaro Valencia Tovar

El Tiempo, Bogota

Octubre 23 de 2009

Pienso que el escritor invitado por un periódico a colaborar con una columna de opinión establece con la entidad una relación ética no escrita, pero ceñida a patrones de mutuo respeto, lealtad y franqueza dentro de los preceptos de libertad de palabra propios de la democracia republicana. Cuando diarios de reconocido prestigio invitan a un cultor de las bellas letras a escribir una columna permanente, le están concediendo un privilegio y demostrando una amplia confianza en su sindéresis y prudencia que en nada restringen su libertad de expresión. Libertad que el escritor mismo es quien debe manejar inteligentemente evitando conflictos cuando su pensamiento difiera de la línea editorial trazada por el órgano informativo.

La experiencia personal del autor de Clepsidra en los casi 45 años de colaboración con EL TIEMPO le ha permitido apreciar la amplitud, la libertad, la consideración que le han facilitado expresar sin restricción alguna su pensamiento, no pocas veces diferente del que aparece en el editorial del periódico. Jamás se han rectificado mis opiniones, ni estas han dado lugar a controversias. Mucho menos se me ha pedido suprimir o modificar criterios. Si alguna vez se me hubiera "colgado" un escrito (suprimido), habría sido el último.

Lo que en ningún caso debe ocurrir, es que un columnista la emprenda con frases ofensivas o descalificatorias contra el periódico por divergencias de criterio con las políticas de sus directivas. Aquí es donde la ética no escrita adquiere su máximo sentido. La divergencia, cualquiera sea su profundidad, no debe alcanzar dimensiones de diatriba ni perfiles ofensivos contra el buen nombre, el prestigio ni el ser mismo del diario, formado en muchos años de labor, que lo presentan en lugar cimero del periodismo latinoamericano con reconocimiento universal. Si se cree tener la razón, no se debe injuriar para manifestarlo.

Artículos homofóbicos y retardatarios. La distinguida columnista de EL TIEMPO Florence Thomas, por cierto vecina de Clepsidra, en página de opinión de este periódico incluye graciosamente en el calificativo del anterior subtítulo un artículo mío acogido en los diarios de provincia suscriptores de Colprensa. Para respaldar su aserto, toma fuera de contexto una frase del dicho artículo para incluirla en su denominación genérica de "perlas homofóbicas". Simpático el asunto. Ocurrido hace algún tiempo, lo hallé tan fuera de lugar que no estimé del caso tomarlo en cuenta. Volvió a mi memoria con la noticia de que el Instituto de Bienestar Familiar negó autorización de matrimonio a una pareja de damas, una de las cuales aportaría a la boda una niñita de 2 años, fruto de anterior unión con un varón.

No soy dado a fobias ni odios. No los tengo hacia los homosexuales y lesbianas. En el artículo de Colprensa sostuve que se les deben otorgar los mismos derechos reconocidos por la Constitución y las leyes a todos los colombianos. Otra cosa es la legalización por matrimonio civil o eclesiástico a uniones de pareja; del mismo sexo. Mucho menos a la adopción de niños que la Providencia o la naturaleza -según personales creencias- no permiten obtener por procreación, fin supremo del amor y la sexualidad.

Quizá afectó la sensibilidad "homofílica" de doña Florence -suena como feo el antónimo inventado por no existir en castellano- el haber considerado el homosexualismo como anomalía.

Desdichadamente lo es, según el Diccionario de la Real Academia: "Malformación o alteración biológica congénita o adquirida". Definición resultante en este caso de las diferencias entre hombres y mujeres. No entiendo cómo se puede demandar casamiento entre dos seres declaradamente anómalos.
Lo realmente trascendental es la adopción. Padre y madre son complementarios en la formación de los hijos. Me pregunto, entre otras cosas, qué sentirán los párvulos ante la anomalía de tener dos papás o dos mamás. Y sus amiguitos, frutos de uniones normales.

¿Debe suprimirse el DAS?

Álvaro Valencia Tovar

El País, Cali

Octubre 12 de 2009

Definitivamente no. Las razones para esta categórica afirmación cubren un amplio espectro que va desde el carácter de una entidad que forma parte integral de la seguridad nacional hasta una visión más clara de aspectos funcionales de la Inteligencia, así con mayúscula, que están siendo transgredidos por una impropia distribución de áreas de responsabilidad y una asignación de tareas que no corresponden a la institución cuestionada.

Lo que se requiere no es su supresión sino una reforma profunda, que comienza por la designación de una persona conocedora del ámbito de la Inteligencia, no de un político por simple retribución de servicios electorales o, igualmente nocivo, por razones políticas. El DAS, sucesor de lo que fuera el Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC, de ingrata recordación en tiempos de la violencia sectaria, surgió como entidad adscrita a la Presidencia de la República, con Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, que le dio el nombre y confió su dirección a un brillante teniente coronel del Ejército, Alfonso Rojas Martínez, de meritoria carrera, llamado a calificar servicios la víspera de cumplir tiempo de ascenso a coronel, por razones de la misma política sectarial que imperaba para entonces.

Graduado con honores en la Escuela de Estado Mayor de Francia, el coronel Rojas dominaba el vasto campo de la inteligencia, lo que imprimió al DAS un carácter que ha debido perdurar. Y subsistió mientras él y sus inmediatos sucesores mantuvieron la misión de la entidad en su papel como agencia de la inteligencia estratégica, sin injerencia en el campo policial del orden público interno. Todo comenzó a cambiar con la designación de políticos inexpertos. Asignación de escoltas y servicios de seguridad a diplomáticos y personalidades, investigación de amenazas contra el régimen, burocratización del organismo hasta alcanzar la absurda dimensión de siete mil individuos, de los cuales la mitad cumplía funciones administrativas, fueron destruyendo la fibra profesional del servicio y propiciaron su deterioro moral facilitando el ingreso de la corrupción rampante.

Reducir el DAS a simple sección de extranjería, olvidando que su misión es detectar amenazas externas contra la Nación y asignar ésta a la Policía, que no está hecha para ese servicio, es afectar el concepto mismo de la inteligencia dentro de la seguridad nacional.