La Constitución y lo social

Alberto Carrasquilla

El Espectador, Bogotá

Marzo 15 de 2010

El repentino papel protagónico de la Rama Judicial en los aspectos trascendentales para alcanzar la equidad en el país demuestra una errónea concepción en el consumo de los bienes y servicios que garantizan los derechos fundamentales.

En una serie de excelentes columnas, el Dr. Fernando Carrillo ha esbozado con inteligencia y claridad una defensa de la Constitución de 1991, tanto en términos de su contenido, como en términos del proceso político que la gestó.

En su último escrito, el Dr. Carrillo discute el activismo judicial que ha caracterizado a la Corte Constitucional y nos invita a pensar acerca de “(…) por qué han sido inferiores los roles que han desempeñado el Ejecutivo y el Legislativo en la construcción de una política social cuya brújula —en los temas más complejos de nuestra realidad— ha tenido que pasar por una decisión de la Corte”.

Alguna inferioridad si que la hay. En los últimos datos disponibles la inequidad, medida a través del coeficiente Gini, es más alta que 1990 mientras que la informalidad, el desempleo y el número de colombianos en situación de pobreza han aumentado, contrario a lo que soñaron los constituyentes hace 20 años.

Aceptemos, en el marco de estas cifras y con el ánimo de desarrollar el saludable debate al que convida el Dr. Carrillo, que el fracaso es atribuible a que dos de los tres órganos del poder público han sido inferiores a los mandatos sociales de la Carta. ¿Por qué? cabe preguntar ¿esta inferioridad en los órganos ejecutivo y legislativo?. Creo que, de aceptar la premisa, habría dos grandes familias de explicaciones.

La primera sería atribuible a la misma Carta. En términos simples, en ella se habría concebido mal la arquitectura institucional necesaria para asegurar el logro de sus propios objetivos. En esta tesis, la Carta habría definido imperfectamente las reglas que definen la conformación y el rol específico de los órganos ejecutivo y legislativo; por ejemplo sus reglas electorales, la lógica de sus procesos decisorios y la asignación de sus respectivas responsabilidades.

La segunda familia de explicaciones se basaría en la idea de que la arquitectura institucional es plenamente consistente con el logro de la equidad y demás objetivos sociales, pero es un edificio que le ha quedado grande a los hombres y a las mujeres de carne y hueso que lo hemos habitado durante estos 20 años.

Conteniendo granitos de verdad indudables, ni la una ni la otra me parecen plenamente convincentes. En el primer caso, nuestro diseño constitucional básico –un régimen presidencial con separación de poderes, bicameralismo, régimen unitario descentralizado, reglas electorales que enfatizan el respeto por las minorías—ha sido ensayado total o parcialmente a lo largo y ancho del mundo, y ha demostrado ser perfectamente consistente con el avance social y el progreso.

De otra parte, no es muy serio plantear que los ciudadanos, al amparo de una arquitectura institucional estupenda, opten por elegir personas incapaces una y otra vez. Un reiterado problema de selección adversa hablaría muy mal del diseño mismo del proceso democrático colombiano y por ende volvería a poner la responsabilidad del lado de la Constitución.

Yo creo, al contrario, que el fracaso evidente de nuestra Carta, medido en términos de los resultados sociales concretos, es consecuencia paradójica del énfasis en el concepto de “derecho fundamental” como categoría conceptual completamente independiente de su esencia: los bienes y servicios cuyo consumo materializa cada uno de los “derechos”, son escasos.

El progreso social no ha llegado ni va a llegar a Colombia a través del activismo judicial. Llegará el día en que entendamos que la provisión de bienes y servicios fundamentales solo se logra con crecimiento económico y que todo atentado contra el crecimiento es un atentado indirecto al avance social.

Aliviando una tormenta perfecta

Alberto Carrasquilla*

El Espectador, Bogotá

Febrero 1 de 2010

El progresismo colombiano lo que quiere es tumbar la Ley 100 o de Seguridad Social.

La avalancha normativa en materia de salud tiene, sin duda, aspectos discutibles tanto en la forma de su implementación como en el contenido de sus textos. Empero, me parece que el espíritu general de las disposiciones, su trasfondo y su lógica, es positivo y merece ser apoyado.

En primer lugar, es muy claro que el progresismo colombiano lo que quiere es tumbar la Ley 100, acabar con el concepto mismo de aseguramiento individual, y devolvernos al presunto Nirvana del proveedor único estatal. En buena hora el Gobierno deja claro que ello le resulta inaceptable.

Segundo, en un régimen de aseguramiento es fundamental recordar que cuanto más amplio el espectro de los siniestros que se amparen, más costoso tiene que resultar el acceso al seguro.

Contrario a la tendencia que se ha venido imponiendo desde los estrados judiciales, resulta imposible que en este país, cuyo habitante promedio produce US$6.300 al año, a precios de paridad, exista cobertura universal para siniestros iguales a los que amparan a quien produce cinco veces más riqueza.

En buena hora el Gobierno introduce varias disposiciones que van en la dirección de imponerle racionalidad a semejante desmesura.

Tercero, la idea de que el ejercicio del derecho fundamental a la salud implica una garantía financiera irrevocable, convierte la palabra “Estado” en un eufemismo que sustituye otra, mucho más mundana: “contribuyente”.

Cuando los progresistas disponen que “el Estado tiene la obligación de pagar el tratamiento de José” los demás ciudadanos tienen que preparar la chequera.

El maná estatal sólo existe en la imaginación de estas personas tan generosas con el dinero ajeno. En buena hora el Gobierno introduce normas que le devuelven la responsabilidad de pagar su seguro, parcial o totalmente, al mismo José.

Leídos, pues, con cabeza fría, los decretos apuntan en la dirección de universalizar la salud de manera sostenible. Las polémicas que seguirán generando disposiciones que son anatema para el alma progresista, son tan predecibles en forma como pobres en sustancia. El debate democrático definirá si el espíritu general de las medidas persiste y se profundiza, para bien del avance social, o si colapsa, echando para atrás logros inobjetables.

Debemos defender, ante todo, el sistema de aseguramiento, porque ha sido una fuerza a favor del avance social. Por eso, estoy de acuerdo con medidas que lo fortalecen, como reducir el POS a lo que los expertos juzguen esencial, fortalecer los copagos y los deducibles y, sobre todo, con devolverle importancia al concepto, esencial en cualquier país serio, de responsabilidad individual.

Dicho lo anterior, también creo que las disposiciones son insuficientes para enfrentar el problema más importante que tiene nuestro sistema y que forma parte de una tragedia mucho más amplia: la informalidad.

Excelente la idea de que todos los ciudadanos tengamos un seguro que nos dé derecho a idéntico servicio en salud. Excelente que quienes podemos, seamos solidarios con quienes no, y que todos defendamos este principio esencial de la convivencia y la modernidad. Pésima, contraproducente, necia e inviable la idea de que para el 60% de los ciudadanos eso es gratis.

La informalidad y su correlato en materia de salud, la presunción de gratuidad, existen porque acceder a la formalidad es una opción demasiado cara, más cara en Colombia que en cualquier país comparable. Crear empleos de calidad, y por ende lograr que más colombianos financien su aseguramiento, es imposible sin enfrentar con decisión este hecho irrefutable.

Al amparo de las más bellas intenciones, los progresistas le han armado una tormenta perfecta al progreso social gestado con la Ley 100. En buena hora comenzamos a aliviar sus efectos.

* Ex ministro de Hacienda y Crédito Público.

Los escenarios de la regla fiscal

Alberto Carrasquilla*

El Espectador, Bogotá

Diciembre 14 de 2009

El programa de ahorro forzado del Gobierno, concebida sobre las ganancias a corto plazo, afectaría el crecimiento económico en 2010.

El Gobierno ha decidido adoptar una Regla Fiscal para Colombia. En gran síntesis, la idea es introducir un mandato obligante para que las partes principales del proceso fiscal (Gobierno, Congreso y Jueces) enmarquen sus actuaciones de tal forma que se produzca un estricto cumplimiento de todas las obligaciones financieras vigentes.

La Regla Fiscal, de esta manera, complementaría disposiciones actualmente vigentes según las cuales la discusión presupuestal de cada año no se puede limitar a la vigencia de su respectiva aplicación, sino que tiene que enmarcarse en una visión completa de las finanzas públicas a diez años.

En la última Ley Anual de Presupuesto se ve que la suma de las transferencias del Gobierno Nacional a los gobiernos territoriales, columna vertebral de la descentralización colombiana, equivalen a 4,4% del PIB. De otra parte, que el Gobierno debe pagar mesadas pensionales por el equivalente a 4,5% del PIB y, por último, que debe pagar los intereses de la deuda pública por 4,2% del PIB. Total, con el giro de esos tres cheques, ya se han usado recursos por el equivalente a 13,1% del PIB.

Hay dos problemas. El primero es que los impuestos totales que se esperan para 2010 apenas llegan a 13,4% del PIB, es decir, apenas alcanzan para pagar estos tres rubros del gasto corriente. El segundo problema es que estos tres cheques no pueden ser ajustados, en parte por razones constitucionales y en parte por lógica de sobrevivencia financiera.

Si el recaudo tributario apenas alcanzará, en 2010, para girar estos tres cheques, mucho me temo que los ajustes fiscales que se propongan para cumplir la eventual regla fiscal van a provenir, fundamentalmente, de dos decisiones que pueden castigar el crecimiento económico futuro. La primera es subir los impuestos y la segunda es reducir la inversión pública.

Me parece que es muy importante para el debate que se inicia tener muy presente el efecto fiscal que tiene el crecimiento económico, y recordar que esta es una variable muy sensible al entorno tributario, a la dotación de infraestructura, a la estabilidad de las reglas del juego y a otras variables que se podrían ver afectadas adversamente por la imposición a rajatabla de una regla fiscal concebida al amparo exclusivo de los flujos de caja de corto plazo.

Las magnitudes no son despreciables. Por ejemplo, si suponemos que el recaudo tributario se mantiene en 13% del PIB por los siguientes 10 años, podemos estimar la diferencia para el fisco nacional, en valor presente neto, entre los impuestos recaudados si la economía crece 3,5% en promedio, de una parte, y 5% en promedio de otra. Este rango, valga decir, es perfectamente concebible como resultado de pensar dos escenarios alternativos de política pública en materia de impuestos y provisión de infraestructura.

El resultado es diciente: descontando los flujos a la tasa actual de mercado, la diferencia entre uno y otro escenario equivale a un poco más de 8% del PIB de 2009, algo así como la tercera parte de la toda la deuda neta del sector público colombiano.

La idea de introducir una regla fiscal en Colombia complementa y enriquece los esfuerzos que se han hecho en el país para que las cifras fiscales sean claras, transparentes y sostenibles a mediano plazo. Preocupa, eso sí, que en la fijación de un número específico para el superávit primario, o para el indicador fiscal que al cabo se escoja como ancla, se descuiden los efectos adversos para el progreso de largo plazo y se tenga que hacer piruetas con las pocas variables de control fiscal que hay a corto plazo.

El punto de fondo es que tomar una decisión que, por ejemplo, eleva el superávit primario en un año dado, lejos de ser un ajuste sensato, sería una enorme irresponsabilidad fiscal si con ello se reduce el crecimiento económico.

*Ex ministro de Hacienda

El debate del cambio climático: asustácticas

Alberto Carrasquilla

El Espectador, Bogotá

Noviembre 30 de 2009

La idea de que la temperatura sube por causas humanas y que revertirla implica modificar la manera como se genera riqueza distan de ser hechos aceptados unánimemente.

En El Dormilón Woody Allen nos presenta al clarinetista Miles Monroe, quien maneja una tienda naturista y anda obsesionado con la alimentación saludable. Un buen día, en el contexto de un procedimiento médico rutinario, es accidentalmente sometido a un sueño de doscientos años. Despertado por un grupo rebelde con fines conspiratorios, Miles se entera que mientras dormía, la ciencia alimentaria había avanzado en direcciones para él pasmosas: el brócoli es muy perjudicial para el organismo y los chorizos prolongan la esperanza de vida.

La película es hilarante, e ilustra un punto muy de fondo. En el largo proceso entre los primeros resultados científicos atinentes a diferentes riesgos a los cuales estamos potencialmente sometidos los seres humanos, y su aceptación definitiva en la comunidad científica, si la hubiere, tendemos a brotes de desasosiego, intranquilidad y hasta susto.

Esto no siempre es una mala cosa. Los primeros informes sobre los riesgos derivados del tabaquismo, por ejemplo, precedieron por décadas la aceptación definitiva del hecho y mejoraron, sin duda, la calidad de vida de millones de personas. Ello, sin embargo, no es el caso usual y la lista de enemigos que, al cabo, resultaron ser imaginarios ha causado incomodidades innecesarias y costosas.

El caso del cambio climático es paradigmático, como lo muestran un par de episodios recientes. La idea de que la temperatura está subiendo por causas humanas, de una parte, y de que revertir esta nefasta tendencia implica modificar a fondo la manera en que los humanos generamos riqueza, de otra parte, distan de ser un par de hechos aceptados unánimemente en la comunidad científica.

Respecto de lo primero, lo cierto es que los modelos utilizados en la actualidad para estimar y proyectar el tipo de escenarios que le permitieron a Al Gore y al IPCC ganarse el Nobel de la Paz, son todavía muy primitivos. Quienes defienden la doble tesis de que hay calentamiento global y que es causado por la actividad humana han utilizado, con frecuencia, asustácticas abyectas, como el ocultamiento de información y el veto a publicaciones académicas contrarias, como lo muestra a las claras la publicación de cientos de e-mails y programas de computador que cuestionan gravemente la credibilidad de la prestigiosa Unidad de Investigaciones Climáticas (CRU) de Gran Bretaña y de varios expertos que lideran los informes del galardonado IPCC.

Respecto de lo segundo, es ilustrativo el tratamiento dado al capítulo sobre el tema contenido en el libro Superfreakonomics, que acaba de aparecer y que defiende la idea de que el calentamiento es una realidad, pero que hay iniciativas mucho menos costosas para combatirla que las usualmente esgrimidas, tesis que se ha planteado, por lo demás, muchas veces desde hace muchos años. El hecho es que, indignado, el señor Joe Romm, gran cardenal del macartismo climático, le pidió a Ken Caldeira, quien es una fuente en el libro que comento, una frasecita que ayudara a desacreditar el planteamiento del libro, la cual obtuvo parcialmente, sacándole gran millaje. Caldeira, al cabo, terminó diciendo que recibió un trato justo por parte de los autores del libro, que lo habían malinterpretado, pero que habiendo tenido la oportunidad de aclarar, asumió la responsabilidad de no hacerlo y lamentó haber cometido un error dejándose llevar por un picapleitos como Romm.

Utilizar asustácticas climáticas ha sido perjudicial para un debate que es trascendental y sin duda explica buena parte de dos realidades. Primero, la Conferencia de Copenhague, que empieza en una semana, no va a producir, dicen los conocedores, resultados concretos. Dos, el público en Estados Unidos, país decisivo a la hora de forjar acuerdos globales, es cada vez más escéptico.

* Ex Ministro de Hacienda

Veinte años de la caída del muro

Alberto Carrasquilla*

El Espectador, Bogotá

Noviembre 16 de 2009

Entre 1995 y 2008, Alemania creció 16%, una cifra regular en comparación con el 27,7% promedio de la Unión Europea.

Varios libros recientes, reseñados en un ensayo estupendo del profesor T. G. Ash, de Oxford, están dedicados a analizar las diversas aristas asociadas con la caída del Muro de Berlín en 1989. Una de mis conclusiones, tras leer la reseña y uno de los libros analizados en ella, es que por fortuna el consenso académico jamás se tomó en serio el simplismo exagerado de F. Fukuyama, para quien el evento representó el “fin de la historia”.

Una de las aristas que me parece más interesante está prácticamente ausente de la amplia discusión que hace el profesor Ash, y es otro golpe a Fukuyama. Tiene que ver con las muchas frustraciones económicas por las que ha atravesado Alemania en estas dos décadas. Para empezar, lo cierto es que entre 1995 y 2008 Alemania creció 16%, una cifra muy regular en comparación con el 27,7% promedio de la Unión Europea.

De otra parte, agregando las cifras para el mismo período, la antigua República Democrática Alemana, incluyendo Berlín Oriental, creció 17%, que también se compara muy desfavorablemente con antiguos países comunistas, como Polonia, que creció 82% en el mismo período; Hungría (47,5%) y la República Checa (44%). La producción per cápita, de otra parte, aún no llega al 70% de lo observado en Occidente.

Estas comparaciones son aún más preocupantes dado que Alemania Oriental, con la unificación, entró —por la vía expedita del hecho cumplido— a la Comunidad Europea más de una década antes que los demás y recibió, en adición, transferencias (a precios de hoy) por US$2 trillones, el equivalente a unas 10 veces el PIB colombiano, por parte de los contribuyentes occidentales en el curso del período que comento.

Estos dos factores —acceso expedito al enorme y próspero mercado de la comunidad y cuantiosas transferencias— harían previsible para cualquier observador ubicado en 1990 una dinámica económica completamente distinta a la que, en efecto, se observó en el par de décadas subsiguientes. En primer lugar, uno hubiera esperado en el Oriente un proceso de convergencia muy rápido hacia la productividad occidental, amparado en la transferencia tecnológica asociada con la inversión y con la conversión del obsoleto aparato productivo, de una parte, y a la migración laboral, de otra.

Segundo, este proceso de convergencia haría anticipable un avance significativo en la producción generada en Oriente. Tercero, uno habría previsto que la convergencia ocurriera al amparo de un crecimiento armónico entre la producción y el gasto en Oriente.

Nada de eso se dio y conviene preguntar por qué. Primero, desde el principio se decidió que habría una igualación rápida de salarios entre las dos regiones, eliminando de tajo el atractivo de invertir en el Oriente, trasladando inversión y productividad a otros lugares del mundo y condenando la región al atraso asociado con su pasado industrial.

Segundo, se decidió también cobijar rápidamente a los ciudadanos del Oriente con las costosísimas mantas del estado de bienestar occidental, de tal suerte que los niveles de gasto en la región exceden, aun hoy, sus ingresos corrientes, en algo así como 50% y no se perciben, por ahora, soluciones a la enorme carga que le impone este cuantioso déficit de la región, al futuro de la nación en su conjunto.

Entre las múltiples lecciones que dejan los trascendentales acontecimientos originados en Berlín en 1989 está la siguiente, relativamente inadvertida: las buenas intenciones, como lo muestra la historia reciente de Alemania, son una condición necesaria, pero completamente insuficiente para aprovechar todas las oportunidades que el mundo ofrece para elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Quizá la única buena noticia es que la reiteración —humanísima— de tan fascinante propensión al despilfarro, demuestra una vez más que la historia no ha llegado, ni de lejos, a su fin.

* Ex ministro de Hacienda.

Superlativo y crisis

Alberto Carrasquilla

El Espectador, Bogotá

Octubre 19 de 2009

Lo que se veía como el fin del capitalismo es un respiro en una perspectiva de largo plazo.

La difícil coyuntura económica internacional, iniciada hacia finales de 2007, ha sido tierra fértil para el superlativo. “Le laisser-faire, c’est fini” declaró el Presidente Sarkozy hace un año. El profesor Stiglitz dijo que la crisis financiera es para el capitalismo lo que la caída del Muro de Berlín es para el comunismo. Y así sucesivamente.

En contravía con estas elocuentes manifestaciones, todo indica que la recesión americana, epicentro del terremoto global, terminó hace varios meses y existe un amplio consenso en el sentido de que dicha economía ha estado y seguirá creciendo en los próximos trimestres a tasas cercanas al 2,5% anual.

Lo que muchos veían como el fin de un sistema, el capitalismo globalizado, es en realidad un respiro, breve en una perspectiva de largo plazo, del ritmo impresionante en que avanzó la prosperidad internacional en la última generación. Un par de ejemplos: primero, en el período 1970-2000, el número de personas pobres en el mundo se redujo entre 250 y 500 millones y sin duda esta tendencia continuó hasta 2007. Segundo, la esperanza de vida al nacer en América Latina pasó de 61,2 años en 1970/75 a 72,3 años en la actualidad.

La incidencia del superlativo en la coyuntura actual rebasa ampliamente el sesgo hacia el pesimismo que ha permeado siempre a los analistas económicos. Ello no es demasiado sorprendente, dado el tamaño de la perturbación y la complejidad de sus mecanismos de transmisión. En efecto, en cuanto al tamaño, durante unas semanas, entre septiembre y octubre de 2008, los mercados financieros experimentaron un nivel de pánico, medido por ejemplo usando los diferenciales de tasas de interés o la volatilidad implicada por transacciones de opciones en el mercado de renta variable (El VIX), completamente inédito. La transmisión del pánico, a lo largo del conjunto de todos los mercados relevantes, también fue inusitado y aún hoy lleva cargados misterios sin respuesta clara.

Lo malo, entonces, no es la exageración ni la falta de perspectiva histórica en los análisis. Ello es entendible y fácil de controvertir con argumentos. Lo malo es que, independientemente del resultado de un debate civilizado, el estado de ánimo implícito ya está causando estragos en materia de política pública. Subrayo tres frentes particularmente preocupantes.

Primero, la política fiscal expansionista, observada en varios países pero de manera particularmente fuerte en Estados Unidos, decisión que ha sido cuestionada públicamente por cientos de economistas, incluyendo premios Nobel, implica que la deuda pública pasará, según el escenario base de la oficina presupuestal del Congreso, de 40,8% del PIB en 2008 a 65% en 2011. Esta realidad ha debilitado la moneda con obvias consecuencias para nosotros.

Segundo, las reformas regulatorias en curso, al calor del superlativo y el ánimo pugnaz que tipifica a los progresistas de hoy en día, puede terminar ahorcando la iniciativa privada, en lugar de mejorar su entorno, y por ende complicando las perspectivas de mediano plazo.

Tercero, la política comercial es, en la actualidad, descaradamente proteccionista y no hay indicio alguno de que revivir la ronda de Doha, estancada hace más de un año por cuenta del lobby agrario de los países avanzados, esté en la agenda internacional, como sería de esperar de cara al bajonazo del comercio que se ha dado.

La crisis ha tenido unos costos gigantescos y ha atropellado a millones de inocentes. Lo preocupante es que la respuesta de la política pública esté amenazando con tanta claridad profundizar la pesadilla.

* Ex ministro de Hacienda

La validez de los instrumentos de medición en Colombia. La verdadera pobreza

Por Alberto Carrasquilla*

El Espectador, Bogotá

Octubre 5 de 2009

Hoy sabemos que la participación laboral y la ocupación han sido más bajas de lo que creíamos. La reacción de muchos opinadores es justificada por su tono de indignación pero insuficiente en su lógica interna.

Tras un esfuerzo notable, en cabeza de un equipo técnico de lujo, el país por fin comienza a superar el apagón estadístico que produjo la introducción de la nueva encuesta de hogares en 2006, hecho que no obstante mejora de manera importante la calidad de las cifras, se implementó sin considerar la transición.

Ahora sabemos que desde 2002, y respecto de lo que pensábamos con base en la vieja encuesta, la participación laboral y la ocupación han sido más bajas de lo que creíamos, mientras que el desempleo ha sido más alto. También sabemos que la pobreza se ubica en 46%, muy lejos de la meta oficial, y que la indigencia está en 17,8%.

Creo que la reacción de muchos opinadores al informe en comento es tan justificado en su tono de indignación, como insuficiente en términos de su lógica interna. Primero, la cifra que define cuándo un hogar es pobre en Colombia es unas tres veces más alta que en países como Chile y Perú, así que es un error, infortunadamente muy recurrente, comparar, sin los ajustes del caso, nuestro indicador con el de ellos. De hecho, nuestra línea de pobreza (unos US$ 10 diarios por persona, corrigiendo por PPA), es considerada clase media, en un influyente trabajo reciente que analiza, en detalle, y para un amplio conjunto de países, algunas notables diferencias entre la vida diaria de esta población y la estrictamente pobre.

Segundo, al empaquetar con el calificativo de “pobre” a un segmento tan amplio de la población, se hace muy difícil o se imposibilita de tajo cualquier política social dirigida a los segmentos que más la necesitan, desperdiciando en otras capas poblacionales recursos y esfuerzos que deberían prioritariamente dirigirse a ellos.

La encuesta de calidad de vida es un instrumento que, en conjunto con la encuesta de ingresos y gastos, permite complementar las cifras de pobreza derivadas de la encuesta de hogares a la hora de debatir sus implicaciones para la política pública. Por fortuna, en Colombia contamos ya con actualizaciones serias y recientes de las dos herramientas. La Encuesta de Ingresos y Gastos 06-07, con información de 42 mil hogares, recopilada entre octubre de 2006 y septiembre de 2007, así como la Encuesta de Calidad de Vida 2008, con información de 13 mil hogares, recopilada entre agosto y octubre de 2008. Vale la pena enumerar algunos resultados interesantes para luego discutir sus implicaciones.

Primero, el hogar promedio del decil más pobre en Colombia gastó $ 471 mil mensuales en 2007 (ver cuadro 5), unos $ 520 mil de hoy. Nuestra tasa de cambio de paridad, de otra parte, es $ 909 por dólar (46% de la corriente). Así las cosas, como dicho hogar en promedio tiene cuatro miembros, el gasto diario per cápita, corrigiendo por PPA, es de US$ 4,7, muy lejos de los niveles de consumo atribuidos internacionalmente a los pobres, aunque marcadamente inferior a la línea oficial de pobreza.

Segundo, algunos hechos que nos muestra la encuesta de calidad de vida deben informar y enriquecer nuestro debate: el 97% de los hogares de Colombia tienen acceso a la energía, el 87% al acueducto y el 74% al alcantarillado, mientras que menos del 2% carece de todos los servicios públicos. El 81% de los hogares reporta que no tiene problemas con el agua para la preparación de alimentos, el 86% reporta estar afiliada a la seguridad social en materia de salud, el 76% de los niños y las niñas menores de 5 años han ido a control médico de crecimiento; el 73% de los hogares tienen nevera y el 88% tienen televisor.

Quienes incurren en la estupidez de restarle importancia a una lucha seria e informada contra la pobreza se dividen en dos grupos igualmente peligrosos: los halcones, que niegan su fundamental importancia, y las palomitas, que defienden, a nombre de tan bella causa, iniciativas abiertamente contrarias al objetivo y a los hechos.

*Ex ministro de Hacienda

Mirada a la realidad económica. Una fábula y seis moralejas.

Por Alberto Carrasquilla

El Espectador, Bogotá

Junio 29 de 2009

Ejercicio sobre distintos caminos para mejorar la calidad de vida mediante el crecimiento y la redistribución del ingreso.

Primero, algunos hechos incuestionables. Uno deprimente, para empezar: si anualmente nuestra economía crece 4% y la población 1,7%, más o menos lo mismo que lo observado durante los últimos treinta años, nos vamos a demorar otros 30 años —una generación entera— en duplicar nuestro ingreso per cápita. Esto significa alcanzar lo que se observa hoy en un país muy parecido a México.

Segundo, un dato desafiante: si en lugar de crecer el 4%, lo hacemos al 6%, superaríamos esa meta en 16 años y tendríamos, dentro de una generación, el mismo nivel de ingreso por habitante que hoy tiene Italia.

Tercer dato: si el recaudo tributario fuese 16% del PIB anualmente a lo largo de la generación en comento, la diferencia en materia de impuestos recaudados entre las dos alternativas, crecer al 4 o al 6%, es equivalente a US$1.150 miles de millones a la actual tasa de cambio.

Ahora la fábula. Si los colombianos tomamos hoy las decisiones necesarias para crecer no al 4 sino al 6%, podríamos comprometernos a entregarle a alguien un cheque por esos US$1.150 miles de millones dentro de 30 años. Si la tasa de interés es 10% anual, nuestro acreedor nos podría entregar a cambio, e inmediatamente, un cheque por US$150 mil millones con el cual el Gobierno se podría dedicar a solventar nuestros faltantes en materia de cobertura y calidad en educación, salud, vivienda y agua potable, así como a corregir nuestro profundo atraso en infraestructura.

Pasemos a las moralejas. La primera: que es un gran error pensar que existe una contradicción de fondo entre el crecimiento económico y el progreso social o una dicotomía profunda entre la eficacia económica que logra el mercado al amparo de una regulación inteligente, de una parte, y la equidad en materia del acceso a los derechos de segunda y tercera generación que consigna nuestra Constitución, de otra.

La segunda moraleja: que la mejor política fiscal es el crecimiento económico. Poner a bailar la tasa de tributación al son de los últimos sucesos, generando incertidumbre y zozobra, usualmente va en contravía de la expansión empresarial y el crecimiento.

La tercera moraleja: que una política pública dirigida terca y monolíticamente a crear las condiciones para que el sector privado produzca crecimiento y pague impuestos, basta como fuente para financiar en grande nuestro progreso.

La cuarta moraleja: que la responsabilidad social más importante que tiene un empresario es ser exitoso, crecer su empresa y acatar las normas tributarias. No obstante su valor propagandístico, no existe iniciativa escolar, ni ambiental, ni cultural, ni de género que sustituya el potencial impacto social derivado del éxito empresarial.

La quinta moraleja: que la redistribución de los recursos, de los más a los menos pudientes, se debe entender como una obligación que nos compete cumplir a través del gasto público, convirtiendo los impuestos que pagan los más pudientes, en las obras y los hechos que necesita la población menos pudiente, no a través de la política tributaria, ni de la regulación bancaria, ni de la política comercial.

La sexta moraleja: que una cosa es el déficit fiscal y otra muy distinta la sostenibilidad fiscal. Las finanzas públicas en los primeros años de mi ejemplo serían muy deficitarias y causarían el usual despeluque de aquellos comentaristas obsesionados con los flujos de caja y el mes entrante. Pero, por construcción, dichos faltantes son temporales y las finanzas públicas son sostenibles en el tiempo: los US$150 mil millones que el Gobierno gastaría al comienzo, en exceso de sus ingresos, los paga más adelante a precios de mercado.