Hay que defender la democracia

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Marzo 22 de 2010

EN 1989, el filósoro norteamericano Francis Fukuyama escribió uno de los ensayos más influyentes en décadas, argumentando que, al caer el Muro de Berlín, la humanidad alcanzó el final de su evolución sociocultural y logró su forma definitiva de gobierno con la universalización de la democracia liberal occidental: era el fin de la historia.

En sociedades y países que estaban lejos de reducir problemas fundamentales de pobreza, desigualdad o seguridad social, como nosotros, este debate difícilmente salió de unas cuantas universidades y de unas pocas columnas de opinión. Más bien, se ha argumentado algo igualmente erróneo: no el fin de la historia, sino su comienzo, y la pregunta ha sido: ¿cuándo comenzó la historia?, o su variante: ¿cuándo comenzó la democracia?

Y la respuesta a estas preguntas ha dependido, entre otras cosas, de si el interlocutor ha estado o no ha estado en el poder. La extrema izquierda y la guerrilla siempre han dicho que no ha habido democracia —la historia no ha comenzado— y que lo que hay no es más que el formalismo de la llamada democracia burguesa. Según ellos, la verdadera democracia sólo llegará cuando las Farc nos liberen de la miseria, la oligarquía y el imperialismo. En el otro lado de la ecuación, los viejos conservadores han dicho que la historia comenzó con la Constitución de 1886, que liberó a Colombia de la anarquía y el caos de los gobiernos liberales radicales. Para los viejos liberales, por su parte, la moderna historia de Colombia sólo comenzó cuando cayó el régimen conservador en 1930, terminando 45 años de oscurantismo, represión e injerencia de la Iglesia en el Estado. Hasta una persona ponderada y equilibrada en sus juicios, como Alberto Lleras, dijo que sólo los gobiernos liberales de los años treinta acabaron con “el penumbroso recinto donde la Colonia exhalaba sus letales aromas”. Más recientemente, un amplio grupo de analistas, palabra más, palabra menos, ha planteado que la democracia sólo empezó con la Constitución de 1991, cuando se introdujo el Estado Social de Derecho, la tutela o los nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Ante todos estos argumentos hay que decir que la democracia no es algo binario, que es o no es, que es blanco o es negro, que ha existido o existirá a partir de una fecha. Más bien, la democracia es un conjunto de instituciones que se construyen poco a poco en un tortuoso camino de ensayo y error. Siempre habrá elementos por mejorar, por enmendar. Siempre estaremos insatisfechos con sus prácticas, con su aplicación concreta. Siempre se colarán tramposos, corruptos, clientelistas, como en las pasadas elecciones. Pero, ante esos hechos, la solución no es deslegitimarla o desconocerla. Lo que hay que hacer es aprender de sus errores, para no repetirlos. Y, si no se puede una vez, perseverar hasta corregirlos. Pero la situación es aún más delicada. Porque en tanto la democracia se va construyendo poco a poco y no es algo que queda perfecto en algún momento, sí puede desaparecer en un momento. Por eso, todos debemos estar alertas para defenderla. El mejor consejo que podemos darles a los vencedores de las elecciones pasadas y de las que vienen es que administren bien sus victorias, sintiéndose herederos del trabajo y los esfuerzos de quienes los antecedieron. Que la democracia no comienza —ni termina— con ellos o con ellas. En otras palabras, que sean buenos ganadores. Y a quienes fueron derrotados o se sienten perdedores, tenemos que decirles que no la deslegitimen, que habrá otras oportunidades. Y que sean buenos perdedores.

Dos norteamericanos ignorantes

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Marzo 15 de 2010

A raíz del fallo de la Corte Constitucional sobre el proyecto del referendo, se ha dado un interesante debate sobre la naturaleza de la democracia colombiana.

Además de la calidad y del tipo de democracia que tenemos, otra dimensión que ha tomado la discusión hace referencia a su edad. ¿Tenemos una democracia joven, que comenzó sólo con la Constitución de 1991? O, ¿tenemos democracia desde los albores de la República, después de las guerras de Independencia? En un artículo sobre el fallo de la Corte en el Washington Post, Robert Kagan y Aroop Mukhariji, miembros del Carnegie Endowment for International Peace, al tiempo que celebran la muerte del referendo reeleccionista y exaltan la vitalidad de la democracia colombiana, la definen como “naciente” y “joven”. A esta afirmación, Eduardo Posada Carbó respondió en su columna de El Tiempo que, en muchos aspectos, nuestra democracia puede ser joven, pero les recuerda que aquí se adoptó el sufragio universal masculino en 1853, mucho antes que en los Estados Unidos, y muestra cómo nuestra democracia es aun más antigua en su dimensión liberal, en lo que tiene que ver con los límites y contrapesos entre unos poderes y otros. En este sentido, menciona cómo, muy temprano, en 1836, el presidente Santander se opuso a que sus seguidores cambiasen la Constitución para permitirle un segundo mandato consecutivo o cómo, desde 1886, la Corte Suprema de Justicia ejerció el control constitucional. Por su parte, Tulio Elí Chinchilla, en su columna de El Espectador del pasado viernes, cuando invita a celebrar la Constitución de 1910, resalta que hace ya un siglo que se perfeccionó esa jurisdicción constitucional como un sistema de garantía que confió la defensa de la Carta al más alto tribunal contra los excesos del gobernante y del legislador. Según Chinchilla, la creación de este tribunal constitucional fue algo completamente original y hasta se adelantó en diez años a la Constitución austriaca, inspirada en las ideas de Kelsen.

Pero el carácter liberal de nuestra democracia se refuerza cuando recordamos que Colombia sobresale en el concierto de naciones como un país de regiones fuertes y relativamente autónomas, en uno de los territorios geográficamente más quebrados del mundo que ha fragmentado a los partidos y grupos políticos, a los conglomerados sociales, a los sectores económicos y, en general, a la población, no sólo en distancias, sino también en pisos térmicos muy diversos que han dado lugar a un país con diversas culturas y variadas formas de vestir, de comer y de hablar el castellano y otras lenguas autóctonas. Al tiempo que dicha fragmentación geográfica y regional ha tenido costos para consolidar grandes proyectos nacionales, también ha fragmentado el poder y, así, se ha constituido en una barrera formidable contra proyectos políticos hegemónicos y autoritarios y ha sido una base objetiva sobre la que se consolidó nuestra tradición jurídica liberal.

Si hubiesen estudiado todos estos factores, los analistas norteamericanos quizá no estarían tan sorprendidos del fallo de la Corte Constitucional. Lo hubiesen encontrado consistente con una historia de un país que ha sido extraño a las dictaduras militares y a los caudillismos que han caracterizado a tantos otros países de la región y también consistente con una larga tradición de jefes de Estado que se han visto obligados a acatar las decisiones de las cortes. Pero, desde otro punto de vista, no es de extrañar esa mezcla de sorpresa e ignorancia que manifiestan los dos analistas norteamericanos. Entre nosotros también abundan muchos comentaristas y académicos que ignoran o desprecian esa vieja tradición jurídica de Colombia. Pero, por supuesto, nunca es tarde para aprender.

La violencia contra los sindicalistas

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Febrero 1 de 2010

Una nueva generación de economistas comienza a destacarse por su dedicación a la investigación y por la calidad y pertinencia de sus estudios.

Si los economistas de las tres décadas anteriores fueron primordialmente macroeconomistas, su audiencia fue nacional y su mayor aspiración fue lograr un alto cargo en el Estado, los de esta nueva generación son microeconomistas, escriben y argumentan para el mundo y, en lugar de cargos en el Estado, aspiran a alcanzar reconocimiento académico y científico global. En tanto la anterior generación surgió de la Universidad de los Andes y de la Nacional, los de la nueva provienen de éstas, pero también de otras universidades de Bogotá y de diferentes ciudades.

El profesor Daniel Mejía, de la facultad de economía y del CEDE de Uniandes, es un miembro destacado de esta nueva generación de economistas colombianos. Consistente con la realidad nacional, sus objetos de estudio recientes han sido temas como el narcotráfico y la violencia en Colombia. Su última investigación —con la joven economista María José Uribe— responde a uno de los temas más álgidos y controversiales del debate colectivo, como es la violencia contra los sindicalistas en Colombia. En particular, el propósito de su investigación es responder a la pregunta: ¿ha sido la violencia antisindical sistemática y dirigida? (Documento CEDE N° 28, noviembre de 2009). Más allá de la importancia que tiene el sindicalismo como colectivo social con aspiraciones a gozar de todos los derechos que confiere la Constitución, este debate ha tomado una inusitada importancia al traspasar las fronteras. No sólo los líderes sindicales y las ONG colombianas, sino también ONG de varios países, congresistas y líderes sindicales de los Estados Unidos, Canadá y Europa han argumentado que los tratados de libre comercio con Colombia deben ser bloqueados por la violencia contra los sindicalistas en nuestro país. Utilizando diversas fuentes e indicadores, el estudio de Mejía y Uribe concluye que ha habido una marcada caída en los homicidios de sindicalistas en los últimos ocho años; demuestra que la caída en los homicidios es mayor cuando se utilizan las fuentes de la Escuela Nacional Sindical que con los datos del Gobierno; argumenta que la caída en el homicidio de los sindicalistas es mucho mayor que el desplome en la tasa total de homicidios del país y mayor aún que la caída de las tasas de homicidios de otros colectivos sociales, como las de los maestros, periodistas, alcaldes y concejales. Los autores tampoco encontraron evidencia estadística soportando la hipótesis de que el homicidio contra los sindicalistas está asociado al ejercicio de su actividad, como negociaciones salariales y huelgas. Sin descartar que pueden existir casos individuales en los cuales se ha asesinado y se ha ejercido violencia a personas por sus funciones sindicales, no encontraron evidencia de que éste sea un fenómeno generalizado. En tanto la tasa global de homicidios de Colombia está en 35 por cien mil habitantes (la décima más alta entre 144 países), la de los sindicalistas está en 5, una cifra comparable a la que hoy en día tiene los Estados Unidos o Perú. En su investigación sobre las políticas antidrogas —muy crítica de la política oficial y del Plan Colombia— Daniel Mejía recibió ataques por parte de algunos funcionarios públicos y en ésta sobre la violencia sindical ya ha recibido y recibirá aún más críticas de muchas ONG y organizaciones laborales. Colombia necesita académicos como Daniel Mejía, quienes investigan y escriben, no para halagar a los gobiernos o para complacer a la galería, sino sólo en busca de la verdad.

¡Chao Colombia!

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Enero 25 de 2010

Mirando en directo por televisión las elecciones chilenas sentí emociones grandes y encontradas.

Por un lado, cuando Eduardo Frei estrechó en un abrazo a Sebastián Piñera, ganador de las elecciones presidenciales, en la propia sede del presidente electo en el Hotel Crowne Plaza, me embargó un enorme sentimiento de admiración y respeto por la madurez de la democracia liberal chilena. En la esfera de las instituciones políticas, ese estrecho abrazo fue un símbolo más de la entrada de Chile al club de los treinta países más desarrollados del mundo, evento que se formalizó cuando fue aceptado en la OECD hace pocas semanas en París. Pero, al mirar estos acontecimientos, me embargó también un sentimiento de angustia al constatar el camino que le falta a Colombia por recorrer y alcanzar esa madurez institucional y tantas otras metas que ha alcanzado Chile en los últimos veinte años. A comienzos de los años noventa, Colombia y Chile eran, no sólo muy parecidos en indicadores sociales y económicos, sino que, en la esfera internacional, los dos países eran percibidos con los mejores prospectos de América Latina. En particular, se tenía mucha fe en el futuro de Colombia. A pesar de las altas tasas de violencia, de la guerrilla y del narcotráfico, se consideraba que las instituciones políticas de Colombia eran mucho más sólidas que las de Chile, que apenas recuperaba su democracia. Infortunadamente, hoy en día, Chile nos adelanta prácticamente en todo y con mucha distancia. En los últimos veinte años, logró reducir la pobreza de 38 a 13%, en tanto la nuestra está en un 45%; la violencia, medida por la tasa de homicidios, es una de las más bajas del mundo con un 1,7 homicidios por cien mil habitantes, en tanto la nuestra está en 35, la décima más alta entre 144 países. Por haber mantenido superávits fiscales y haber ahorrado las bonanzas externas, durante todos estos años, no sólo ha mantenido grado de inversión, sino que ha tenido elevadas tasas de crecimiento que han llevado a un ingreso per cápita de US$14.500 (según el FMI, en PPP), un 75% más alto que el de Colombia. Para lograr este elevado nivel de ingreso, Chile también reformó muchas instituciones, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas, para atraer la inversión privada a las obras de infraestructura, lo que se plasmó en uno de los mejores sistemas de autopistas del mundo. En tanto Chile tiene unos 1.200 kilómetros de carreteras pavimentadas por habitante, Colombia sólo tiene 180.

Chile invierte mucho más en ciencia, tecnología e innovación y tiene mayor cobertura y mayor calidad que nosotros en todos los niveles de educación y también en salud y pensiones. Los colombianos de todas las orientaciones ideológicas y de todos los sectores y de todas las regiones tenemos que analizar qué hemos hecho mal para habernos rezagado tanto durante estos veinte años. Por supuesto que la violencia ha tenido su parte de responsabilidad. Pero no toda. Mirando el encuentro entre Frei y Piñera es claro que la estabilidad y la predictibilidad institucional de Chile es algo que nosotros teníamos en el pasado y que, infortunadamente, hemos perdido. Con esta transición política, con la entrada en la OECD, con los indicadores sociales y económicos, Chile nos está diciendo adiós. Los colombianos de todas las tendencias tenemos que ponernos de acuerdo en unos temas fundamentales para implementar unas políticas efectivas que conviertan ese adiós en tan sólo un hasta luego.

Una mirada ponderada a la seguridad

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Enero 18 de 2010

La tasa de homicidios, que había subido entre 1998 y 2002 desde 56 a 66 por cien mil habitantes, comenzó a caer a partir de este último año y se situó en 35 en 2009 (con el nuevo censo y los datos de la Policía Nacional). Pero la caída en la tasa del secuestro extorsivo fue aún más espectacular, pues disminuyó en forma continua a partir de 2000, cuando logró un máximo histórico de más de 9 por cien mil habitantes, y se situó en 0,4 el año pasado. Estos son datos objetivos que la mayor parte de la población aprecia y reconoce como un logro de la política de Seguridad Democrática de los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Desconocer esta realidad es algo necio y, para quienes pretenden ser elegidos a las corporaciones públicas, me parece que negarlo sería, no sólo torpe, sino también un suicidio político.

Pero, para los académicos, analistas, empresarios y todos los que tratamos de estudiar estas cifras a la luz de una visión de largo plazo de Colombia, tenemos que analizar, no sólo lo que se ha logrado, sino también lo que falta por recorrer. Y, con serenidad y sin apasionamientos, hay que reconocer que el camino hacia delante es aún largo porque el número de homicidios en Colombia sigue siendo excesivamente alto. Si queremos llegar a ser un país con, al menos, un nivel medio de desarrollo y ser apreciados por la comunidad internacional, tenemos que continuar reduciendo en forma sistemática las tasas de violencia. Algunas cifras ilustran claramente la brecha que nos separa de otros países. En tanto Colombia tuvo una tasa de 35 homicidios por cien mil habitantes en 2009 (o 39 con las cifras de Medicina Legal), Alemania tiene una tasa de 0,9, Suiza de 2,2 y los Estados Unidos una de 5,4. Pero tampoco nos comparamos favorablemente con relación a muchos países en vías de desarrollo, como Perú que tiene una tasa de 5, China de 2 y Chile de sólo 1,6 homicidios por cien mil habitantes. Como consecuencia, Colombia tiene la décima tasa más alta del mundo entre 144 países (o la octava, según las cifras de Medicina Legal), siendo Honduras el país más violento y Venezuela el segundo. Según datos de Steven Levitt, una tasa de homicidios como la que tuvo Colombia en 2009 es semejante a la que tenían Alemania y Suiza en el siglo XIV. También tenemos que prestarle atención al hecho de que la velocidad de caída del homicidio se ha mermado recientemente. Según los datos de la Policía Nacional, la tasa de homicidios en 2009 sólo cayó un 2,7% con relación a 2008, con un total de 15.707 homicidios. Pero, según Medicina Legal, la cifra de 2009 fue de 17.565 homicidios, un 15% más que el año anterior.

Pero las cifras de un año no nos deben impedir ver el cuadro con una perspectiva más amplia. Por un lado, hay que reconocer el enorme esfuerzo y los logros alcanzados en los últimos años gracias a la política de seguridad y gracias también al trabajo, al sacrificio y a la dedicación de las Fuerzas Armadas y de Policía. Pero, por otro, debemos ser muy conscientes de que, como sociedad, tenemos que seguir adelante y continuar reduciendo en forma drástica estos niveles de violencia, que siguen siendo intolerablemente altos.

El país de Alberto Lleras (y 3)

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Diciembre 28 de 2009

Recordemos que el modelo de la democracia es una respuesta a la pregunta de quién debe gobernar y responde que, en lugar del rey soberano o de una élite o de una familia privilegiada, debe gobernar el pueblo soberano. Por su parte, el liberalismo es una respuesta a la pregunta, no de quién debe gobernar, sino a la pregunta de cómo se debe gobernar. Y responde que se debe gobernar con límites; que frente a los pesos del Ejecutivo deben estar los contrapesos del Legislativo, del Poder Judicial, del poder electoral, de los organismos de control. Que el poder debe estar limitado no sólo en el espacio, sino también en el tiempo. Lleras tuvo una creencia casi obsesiva en el gobierno limitado. No es fácil decir cuáles fueron las fuentes de su liberalismo, pero me atrevo a argumentar que fueron básicamente dos, ambas igualmente importantes. La primera fue una influencia intelectual, proveniente de la lectura de los liberales clásicos, sobre todo de Locke, pero también de Ortega, de los escritores de El Federalista, particularmente de Madison. Pero su liberalismo provenía también de su profundo conocimiento de la historia de Colombia —su propio abuelo, Lorenzo María, había sido secretario de Francisco de Paula Santander— y de sus largos años recorriendo el país, hablando con sus gentes. Creía que Colombia había sido ajena a los caudillos y a los dictadores, no porque el pueblo de alguna forma era más ilustrado que el de otras latitudes, sino porque, con su quebrada geografía, pisos climáticos y variedad de culturas, Colombia fue siempre un país de regiones fuertes, que reclamaron espacios de autonomía y relativa independencia del poder central. Para él, además de la dimensión partidista, el poder en Colombia tenía una indudable dimensión regional. Tenía la convicción de que el país era así y que se precipitaba a la catástrofe cuando un partido o grupo trataba de imponer una hegemonía, cuando trataba de quedarse en el poder indefinidamente. En una u otra medida, esa había sido la razón de las guerras civiles del siglo XIX y también de los problemas que trajo la llamada Regeneración, que terminó en la más larga y en la más sangrienta de todas las guerras del siglo XIX. Por eso, su clamor en 1976, en el centenario del gobierno de Aquileo Parra, en Barichara, para que la Providencia “nos preserve de los caminos tortuosos de otras Regeneraciones”.

Con Rómulo Betancourt, Alberto Lleras pertenece a una generación de políticos latinoamericanos a quien no se ha reconocido su enorme contribución a las instituciones republicanas y a la democracia. Es una gran ironía —y también una tragedia— que en el mismo momento en que estos hombres recuperaban la democracia para sus países, luchaban por la separación de la Iglesia y el Estado, reivindicaban el voto de la mujer, impulsaban la educación, muchos jóvenes de América Latina se enceguecían con el modelo cubano y veían hasta con admiración y regocijo cómo Castro y Guevara fusilaban a sus opositores, eliminaban la expresión libre de los poetas e intelectuales, encarcelaban a los homosexuales e imponían su modelo totalitario. Y allí siguen los Castro, cincuenta años después, con su régimen tiránico y personalista. Pero contra ellos, y contra todos los proyectos antiliberales del continente, también sigue vigente la obra y la palabra de Alberto Lleras, recordándonos que “cualquier cosa que nos suceda dentro de las reglas de juego, es mejor que el juego sobresaltado sin más reglas que la voluntad de uno solo”.

El país de Alberto Lleras (2)

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Diciembre 22 de 2009

Ante la historia, la gran obra de Alberto Lleras fue la restauración de la democracia y la creación del Frente Nacional.

Pero tuvo muchos otros logros, algunos ya olvidados. Descendiente de docentes, Lleras fue un convencido de la importancia de la educación como elemento vital de la democracia y del desarrollo del país y, por eso, una de sus mayores realizaciones fue haber incluido, en el plebiscito de 1957, un mandato para que se destinara a la educación un 10 por ciento del presupuesto nacional. Así, en su segundo gobierno y durante los años del Frente Nacional, se vió la más grande expansión de la cobertura en educación que, hasta entonces, había tenido el país. Considerado un reaccionario por muchos, pocos saben o se acuerdan que Lleras logró la aprobación de la ley 135 de 1961, la ley de la Reforma Agraria, y que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, con el propósito de modernizar y hacer más equitativa la tenencia de la tierra. Desde los años treinta, Lleras alertó sobre los peligros de las alianzas de los poderes económicos con los políticos y, por ello, argumentó en la necesidad de la intervención del Estado para “restablecer el equilibrio social”. Así, en 1959, en su segunda presidencia, siendo ministro de Hacienda Hernando Agudelo Villa, el Congreso promulgó la ley 155, en contra de las prácticas comerciales restrictivas y para promover la competencia, la cual estuvo vigente durante 50 años. Desde los años de la Revolución en Marcha, Lleras se percató de la precariedad de las instituciones y, con toda razón, comenzó a plantear que el Estado debía modernizarse para cumplir bien todas estas crecientes labores. Por ello, participó activamente en la reforma constitucional de 1945 que sentó las bases para una reforma del Estado que implementaría cuando, en su segunda presidencia, se crearon varios departamentos administrativos, entre ellos el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de política económica y social, Conpes. El que todo este ímpetu reformista no se haya mantenido en años posteriores no fue necesariamente su responsabilidad o la de los otros creadores del Frente Nacional.

Pocos políticos colombianos han tenido la proyección internacional que tuvo Lleras. Fue uno de los primeros políticos americanos, si no el primero, que planteó en el siglo XX la creación de una liga de las naciones americanas, en la reunión de la Consolidación de la Paz, realizada en Buenos Aires, en 1936. Después, en 1945, fue uno de los artífices del Acta de Chapultepec, que sería llevada a la Conferencia de San Francisco, que creó las Naciones Unidas, y en cuya carta quedaron consagradas las bases para la posterior creación de la OEA. En 1947, fue elegido Director de la Unión Panamericana y, en esa capacidad, asistió a todas las reuniones que crearon las instituciones regionales, incluyendo la IX Conferencia Regional Americana, la cual fundó la OEA y promulgó la llamada Acta de Bogotá. Allí, Alberto Lleras fue elegido primer secretario general de la OEA y, en los años siguientes, se dedicó a organizarla y a dotarla de los instrumentos necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones. Por todo ello, al llegar por segunda vez a la presidencia el prestigio internacional de Lleras era incomparable. Cuando Eisenhower lo acogió en visita de Estado, en abril de 1960, Lleras habló, no sólo por Colombia, sino a nombre de todo el continente latinoamericano ante una sesión conjunta del Congreso de los Estado Unidos. Fue el primero y el último de los presidentes de Colombia a quien se ha concedido ese honor.

El país de Alberto Lleras (1)

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Diciembre 14 de 2009

El próximo 4 de enero se cumplirán veinte años de la muerte del ex presidente Alberto Lleras Camargo, quien de una forma u otra, determinó el destino del país durante unos cincuenta años en el siglo XX.

Bohemio en su juventud, sin universidad, autodidacta, Lleras estuvo muy lejos del prototipo del político colombiano o latinoamericano. No tuvo un verbo que apasionaba al pueblo raso, como sí lo tuvo Gaitán; mientras otros, como su primo Carlos o Laureano Gómez, se fueron a los extremos del sectarismo, Lleras Camargo buscó casi siempre el punto medio y el consenso. No era adinerado ni tenía grandes propiedades y presumía hasta con orgullo la pobreza de sus padres, la de él y, decía, la que tendrán sus hijos. Mientras otros buscaban cautivar y complacer a sus escuchas o visitantes, Lleras planteaba la distancia y hasta la hacía explícita saludando con el brazo extendido en exceso para mantener apartado a su interlocutor.

Cuando tantos políticos de todas las condiciones acudían al exceso verbal, al fárrago o a supuestas pruebas de virilidad, Lleras acudía a los argumentos bien sustentados y lógicos, por medio de la palabra magistral y un lenguaje elegante, escrito y hablado. O, más bien, leído, porque muy raras veces improvisó. Escribía personalmente todos sus textos y no reparaba en el tiempo que le tomaba hacerlo, que podía ser varias horas por un par de cuartillas. Esa testarudez por escribir bien y pulir sus textos y sus discursos la desarrolló desde muy joven leyendo a los clásicos franceses e ingleses en la biblioteca de su tío Santiago Lleras y después, en Buenos Aires, cuando Alberto Gerchunoff lo invitó a unirse al grupo que congregó alrededor de su periódico El Mundo. Allí estaba lo mejor de la intelectualidad argentina, como Roberto Arl, Amado Villar, Ricardo Molinari, Leopoldo Marichal, el poeta Francisco Luis Bernárdez —el del poema a la mano de un labrador, para quien “la eternidad fue su primer domingo”— y otro ensayista y poeta, quien pronto comenzaría a tener problemas de visión, llamado Jorge Luis Borges.

Muchos años después, y a pesar de sus discrepancias políticas e ideológicas, García Márquez admiró sinceramente la calidad y el dominio que tuvo Lleras del idioma y, no sólo lo llamó “Monarca,” sino que lo definió como “un escritor extraviado en la política”. Si de Rafael Uribe Uribe se dijo que fue el más intelectual de los caudillos y el más caudillo de los intelectuales, de Alberto Lleras se puede decir que fue el más intelectual de los presidentes. En sus discursos, ensayos y columnas de prensa es posible reconocer el pensamiento de Ortega y Gasset, el de los autores de El Federalista y la dialéctica de Hegel. Estos argumentos los utilizó para explicar y desentrañar los problemas del país y plantear soluciones, no sólo en ambientes universitarios e intelectuales, sino también en los debates del Congreso o cuando se dirigía al país por la Radiodifusora Nacional. Más que político, parecía un profesor, siempre tratando de elevar los conocimientos y la conciencia de los colombianos por medio de la palabra. Y con el poder de su palabra logró todos sus éxitos políticos. Fue varias veces ministro, miembro destacado de la Revolución en Marcha, embajador en Washington, director y fundador de El Liberal, columnista de El Espectador y de El Tiempo, designado a la Presidencia, dos veces presidente de Colombia, secretario general de la OEA, rector de la Universidad de los Andes. En la próxima columna analizaré la contribución de Lleras al desarrollo de Colombia y su influencia en el continente.

Stiglitz en Bogotá

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Noviembre 23 de 2009

Invitado por la Fundación Carlos Lleras Restrepo, Joseph Stiglitz pronunció una excelente conferencia el 20 de noviembre sobre el paradójico comportamiento de la economía colombiana desde el 2002.

Explicó por qué, con un crecimiento del PIB muy alto, hubo muy poca creación de empleo, altísimo desempleo, pésima distribución del ingreso, con la mayoría del empleo creado informal y con sectores como la industria manufacturera y el agrícola que destruyeron trabajo. Según Stiglitz, este patrón de crecimiento se debió fundamentalmente al abaratamiento del costo de uso del capital con relación al costo del trabajo, lo cual está explicado por la política de incentivos tributarios al capital y por la apreciación de la tasa de cambio real.

La solución para crear empleo, entonces, está en una reforma tributaria para incentivar la creación de empleo y en una activa intervención en el mercado cambiario para encarecer el dólar. Así, está de acuerdo con políticas monetarias y fiscales muy activas, y es amigo de introducir una fuerte política industrial para promocionar sectores económicos con créditos subsidiados, con focalización del gasto público, con la creación de asociaciones público-privadas, entre otras medidas. Soporta este análisis con el argumento de que aquellos países que han implementado este tipo de medidas son los que fueron menos afectados por la crisis y son los que más rápido están saliendo de ella.

Este análisis es consistente con su visión conceptual de toda la vida que sustenta que los mercados son a menudo ineficientes y que muchos de ellos no se autocorrigen, como ha mostrado la actual crisis financiera y económica. Así, Stiglitz argumenta que en todas las economías exitosas, al tiempo que los mercados han jugado un papel central, los gobiernos han tenido un papel muy activo en varias áreas de la economía. Derivar conclusiones —y prescripciones de política— con base en lo que han hecho las economías exitosas suena muy lógico y razonable pero, paradójicamente, allí se podría identificar un posible sesgo de selección.

Un sesgo de selección consiste en derivar conclusiones sobre el comportamiento de una población muestral con base, no en el conjunto de sus miembros, sino en el comportamiento de un subgrupo que comparte algunas características. Por ejemplo, sacar conclusiones sobre las condiciones sociales o económicas de los colombianos no se podría hacer analizando sólo las características de los jóvenes; o sólo de los colombianos ricos; o sólo de las mujeres. Lo mismo sucede con las economías del mundo en general y con las de los países emergentes, en particular. Puede que Brasil y algunos países asiáticos hayan tenido éxito con sus políticas industriales y de promoción sectorial, como argumenta Stiglitz. Pero también ha habido centenares de políticas semejantes en muchísimos países que han sido grandes fracasos. En mi intervención en el panel de discusión tuve la oportunidad de dar varios ejemplos de políticas de promoción sectorial y social que no han resultado exitosas en Colombia, como las desviaciones del Sisbén, los subsidios a los salarios altos en las pensiones del ISS, algunos subsidios agrícolas, muchos casos de ineficiencia de la inversión pública o la forma como se han invertido las regalías. Así, habría que explicar por qué las políticas de promoción industrial y sectorial resultan exitosas en algunos países y por qué fracasan en otros.

El profesor Stiglitz es el primero en reconocer que necesitamos una teoría económica, con sólidas bases empíricas, que incorpore, no sólo las fallas de los mercados, sino también las fallas de los gobiernos.

El antisemitismo de Chávez

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Noviembre 16 de 2009

Una de las ideas centrales del libro de Enrique Krauze, El poder y el delirio, es que Hugo Chávez va en serio. Krauze es muy convincente en afirmar que a Chávez no se le puede tratar como un payaso, pese a las muchas bufonadas y payasada que hace con frecuencia.

Desde que era prácticamente un adolescente soñaba con transformar a Venezuela y, después de una vida inverosímil en sucesos, azares y coyunturas históricas que lo favorecieron, allí está anclado al poder, ejecutando su supuesto proyecto revolucionario, llevando al pueblo venezolano “hacia un mar de felicidad, de justicia social, de paz”. Genuina y sinceramente cree que él mismo encarna un proyecto histórico que comenzó con Simón Bolívar y que, después de su muerte, quedó trunco hasta su aparición en el escenario político en los años noventa. Entre Simón Bolívar y la revolución bolivariana no hubo historia, sólo desastres. Los dictadores Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Pérez Jiménez son lo mismo que los presidentes elegidos durante la “maloliente democracia”, porque la democracia liberal “ya no sirve, pasó su tiempo”, y la oposición “jamás volverá al poder; ni a las buenas ni a las malas”.

Por supuesto, en la narrativa histórica y política de Chávez los desastres tienen autores. Son los enemigos anteriores, los enemigos externos y también los enemigos internos. Entre sus enemigos externos favoritos están el imperialismo norteamericano y los bogotanos, quienes, según él, lo odian y maltratan, como maltrataron y odiaron al Libertador. Entre los enemigos anteriores están todos los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, desde Betancourt hasta el segundo gobierno de Caldera; y entre los enemigos internos están la oligarquía, la Iglesia, los capitalistas, a los que llama “pitiyanquis, vende patrias, escuálidos, traidores a la patria”. Y también los judíos. Porque es escalofriante la campaña antisemita que se está alimentando en Venezuela desde el gobierno. A partir del llamado caracazo se comenzó a acusar a los “tecnócratas judíos” como responsables de la debacle económica durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y ya en el gobierno de Chávez, en los diarios oficiales aparecen con frecuencia artículos negando el Holocausto y el mismo Chávez ha acusado a los empresarios judíos de estar “participando activamente en la conspiración de los medios de comunicación” y de estar alimentando el movimiento estudiantil que rechaza la revolución bolivariana. En 2004, la policía allanó un colegio de judíos con el pretexto de que había armas, las cuales, por supuesto, nunca aparecieron. Venezuela e Irán han firmado acuerdos comerciales por unos 20 billones de dólares y, junto a Bolivia, Chávez ha acusado a Israel de genocidio en Gaza y ha roto relaciones diplomáticas. A menudo, Chávez utiliza una retórica antijudía que está envalentonando a fuerzas de choque, como el grupo de vándalos que, en enero, entró en un templo judío, en Caracas, profanó el espacio sagrado y dejaron escritas en las paredes consignas de “muerte a los judíos”. De acuerdo con cifras que cita Krauze hacia 2007, un 25% de un total de 15 mil miembros de la comunidad judía de Venezuela había decidido emigrar. No tenemos cifras más actualizadas, pero lo que sí sabemos es que la comunidad judía de Venezuela está perpleja y atemorizada por estas acciones que suceden en un país que, hasta hace poco, se había caracterizado por ser muy abierto, tolerante y acogedor de grandes comunidades de extranjeros y gentes de todas las religiones y creencias. El antisemitismo de Hugo Chávez es otro síntoma más de que algo muy grave está sucediendo en Venezuela.

Los ataques a la libertad

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Noviembre 9 de 2009

Por acción o por omisión, todas las sociedades deben responder a dos tipos de preguntas que definen la naturaleza en que conviven sus miembros, sus organizaciones e instituciones.

El primer grupo de preguntas son del tipo ¿quién manda? O, ¿quién gobierna?; o, ¿me gobiernan otros, o Dios, o el partido? O, ¿gobierna el estado de la opinión pública? Estas son las preguntas que surgen de la libertad definida como autonomía o, más comúnmente conocida como libertad positiva. El segundo grupo de preguntas son del tipo ¿cuántas puertas están abiertas para mí?; ¿qué obstáculos encuentro en mi camino? Estas son las preguntas que provienen de la libertad negativa. Los dos tipos de preguntas son igualmente válidas y todas las sociedades, en una forma u otra, deben responderlas. Estas preguntas, tan aparentemente simples y elementales, fueron formuladas en un ensayo de 1957, por el filósofo e historiador de las ideas, Isaiah Berlin, en un ensayo que, de inmediato, se convirtió en estudio obligado en ciencia política en el mundo entero. Las respuestas que demos a estas dos preguntas son también muy relevantes en los países andinos y, en particular, en Colombia. Por eso, hay que celebrar que, para conmemorar cien años de su natalicio, la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Eafit, de Medellín, ha organizado un seminario sobre el pensamiento del filósofo de la Universidad de Oxford que se hará del 11 al 13 de noviembre. El evento tendrá como invitado especial al profesor George Crowder, de la Universidad de Flinders, Australia, una autoridad mundial en Isaiah Berlin.

Según Berlin, los dos conceptos de libertad han sido torcidos y abusados. La libertad negativa es abusada y corrompida cuando se proclama que los zorros deben tener la misma libertad que las gallinas, porque los zorros terminan devorando a las gallinas. Es la libertad de los poderosos para explotar a los débiles y a los desprotegidos. Por eso, los trabajadores deben tener protecciones contra la explotación ilimitada por parte de los capitalistas y empresarios de las ciudades y el campo. Pero Berlin ha argumentado también que la libertad positiva ha tendido a ser más abusada que la negativa. Esto ha sucedido en aquellos regímenes en los cuales el líder, o el caudillo o el partido, claman tener la solución final a los problemas de la sociedad y juran liberarnos de la pobreza, de la injusticia o del imperialismo. Cuando los partidos o esas personas providenciales cuentan con dicha claridad y revelación no hay costos en los que no se pueda o no se deba incurrir para lograr la felicidad definitiva para todos. En los casos más extremos, estos proyectos de constructivismo social exigen cerrar el Congreso, o las cortes, o eliminar la oposición o, si es necesario, el paredón y la exterminación física de los adversarios políticos. Esos fueron los regímenes de Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot o Fidel Castro. Pero también se abusa y se tuerce la libertad positiva cuando, como en el caso de Venezuela, el Ejecutivo controla al Legislativo, a las cortes, al poder electoral, o se cierran canales de televisión y se intimida a la oposición. Todo a nombre de la revolución bolivariana que avanza “hacia un mar de felicidad, de justicia social, de paz”, como ha dicho Chávez.

La libertad negativa y la libertad positiva son conceptos perfectamente válidos y debe haber un balance entre los dos. Pero, como con otros valores que entran en conflicto, no hay principios definitivos de escogencia. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de velar por un adecuado balance entre los dos.

El mundo nos está dejando atrás

Por Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotà

Octubre 26 de 2009

Más de treinta historiadores de diversas partes del mundo discutieron en el Encuentro Internacional con la Historia, celebrado en el Teatro Heredia de Cartagena y organizado por la Consejería para el Bicentenario y Colciencias, entre el 21 y el 23 de octubre, sobre lo que se ganó y se perdió con la Independencia, y cómo se dio este proceso en los diferentes puntos del país.

Para cerrar este importante evento, el panel final fue dedicado a argumentar la relación crucial entre el conocimiento y el desarrollo económico y social y, en particular, se discutió el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el futuro de Colombia.

Como director y editor del documento Visión Colombia Segundo Centenario, 2019, fui invitado a hacer una reflexión sobre las metas que, hace cuatro años, se propuso alcanzar Colombia en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Tengo que confesar que, al revisar las cifras, quedé muy preocupado, porque cuando se lanzó la Visión del Segundo Centenario se planteó que Colombia debía lograr, para 2010, una meta de inversión en CTI equivalente a 1% del PIB y, para 2019, de 1,5% del PIB, distribuidos por igual entre el sector público y el sector privado. Infortunadamente, la inversión actual se encuentra en un rango entre 0,18 y 0,40%, dependiendo de la flexibilidad de la definición que se utilice. Claramente, no se va a lograr la meta propuesta para 2010 y, de seguir la tendencia actual, tampoco se alcanzará la de 2019. En dicho ejercicio se propuso también que Colombia debía tener, en 2010, unas 40 mil personas de tiempo completo dedicadas a actividades de CTI, cifra que debía subir a unos 50 mil hacia 2019. Según los técnicos de Colciencias y del DNP, el número de personas dedicadas a estas actividades en la actualidad está en un rango entre 15 y 20 mil. Hace cuatro años se planteó, igualmente, que el país debería tener seis centros de excelencia en CTI para 2010 y 20 para 2019: hoy en día existen cinco, pero no se puede decir que están consolidados porque no tienen ni independencia presupuestal ni líneas definidas de investigación. Asimismo, la Visión del Segundo Centenario planteó la necesidad de que Colombia contara con, por lo menos, tres universidades calificadas entre las mejores 500 del mundo. Sin embargo, constatamos que, de acuerdo con el indicador del Times Higher Education, hoy en día sólo la Universidad de los Andes se encuentra en ese grupo privilegiado y ninguna aparece en el índice que prepara la Universidad de Shanghai.

De igual manera, en la discusión se argumentó que en Colombia el acceso a la educación superior es muy alto para los jóvenes de familias de niveles de ingresos altos, en tanto los de familias pobres tienen coberturas escandalosamente bajas. Todas estas cifras son muy preocupantes e imponen un reto muy grande a los gobiernos nacionales y, en particular, al Ministerio de Educación y a Colciencias, recientemente convertida en departamento administrativo. Esos preocupantes indicadores son también un reto para el sector privado y para la sociedad en su conjunto. Porque no puede caber la menor duda de que el futuro desarrollo económico y social de Colombia, ¿medido por el PIB per cápita, el nivel de pobreza o el coeficiente de GINI?, es una función de la inversión presente en educación y en CTI. Después de todo, no podemos olvidar que, según John Kao, uno de los grandes expertos del mundo en innovación, los países desarrollados no invierten en CTI porque son ricos, sino que son ricos porque invierten en CTI.

Golazo de Lula contra el hambre

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Octubre 19 de 2009

No pasa un mes sin que nos enteremos de un nuevo logro de Brasil y del presidente Lula en la esfera internacional. Hace un par de semanas el país carioca obtuvo la sede para los juegos olímpicos de 2016, derrotando a Madrid, Tokio y Chicago, con el mismísimo Barack Obama en persona haciendo cabildeo a los miembros de la FIFA.

Anteriormente, había logrado la sede para el campeonato mundial de fútbol del 2014 y, en el presente año, entró formalmente a hacer parte del exclusivo club de los países política y económicamente más importantes del mundo, el llamado G20. No hace mucho se anunció que Brasil encontró uno de los yacimientos de petróleo más grandes de la tierra, y se confirmó también que se había convertido en el principal exportador de productos agrícolas del planeta. Además, Brasil hace parte del grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), los grandes países emergentes que están reestructurando la economía y la política mundial, quizá reducido a BIC por los problemas estructurales que está enfrentando Rusia.

Como si todo esto fuera poco, la agencia internacional ActionAid, fundada en 1972 con la misión de reducir la pobreza en el mundo, anunció el viernes pasado que Brasil ocupó el primer lugar, entre los países en vía de desarrollo, en un estudio que mide el esfuerzo y resultados para reducir el hambre de la población. La agencia internacional alaba específicamente a Lula y su programa “hambre cero”, el cual en tan sólo seis años ha logrado resultados extraordinarios, reduciendo la malnutrición infantil en un 73% y la mortalidad infantil en un 45%. El reporte resalta también distintas políticas gubernamentales como los bancos de comida, las cocinas comunitarias y las comidas para las escuelas preparadas a nivel local. Como sustento a estas políticas, el informe destaca la expedición de la Ley Federal de Seguridad Alimenticia y Nutricional, de 2006, la cual estableció un sistema de monitoreo de los programas de distribución de comida a través del Consejo Nacional de Seguridad Alimenticia y Nutricional, en donde unen esfuerzos los ministerios y las agencias de la sociedad civil involucrados en estos temas. El informe resalta igualmente la creación, en 2004, del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre, que tiene como misión hacer del hambre y la exclusión social una prioridad en la agenda nacional y coordinar todos los programas sociales, como “Bolsa Familia”, un esquema de subsidios condicionados a las familias pobres para que envíen a sus hijos al colegio, similar a Familias en Acción (Colombia no aparece en el estudio de ActionAid).

Usualmente, los políticos crean políticas y programas para ser populares y ganar las próximas elecciones. El caso de Lula parece haber sido lo contrario, al utilizar su popularidad para construir un legado para las próximas generaciones. Porque más allá de todos esos logros y resultados, los analistas y académicos han resaltado la claridad conceptual y práctica de este presidente para crear instituciones, las cuales garantizan que, hacia el futuro, las políticas no dependan de su propia presencia y perduren después de que haya dejado el cargo, en 2010. Eso ha convertido a Lula en un verdadero estadista, que se ha ganado el afecto sincero, no sólo de la gran mayoría de los brasileños, sino de millones de personas en el mundo entero. Por eso, después de que termine su mandato, no debemos extrañarnos de que siga marcando golazos, como llegar a ser Secretario General de las Naciones Unidas o a presidente del Banco Mundial.

¿Por qué Colombia no está en la foto?

Por: Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Octubre 5 de 2009

Como es habitual al final de las cumbres de los países del llamado G-8, ahora transformado en G-20, los jefes de Estado y primeros ministros posan juntos para los fotógrafos, cansados pero sonrientes, simbolizando así su buena voluntad y su esperanza por solucionar los grandes problemas del mundo.

Estos problemas se han tornado tan complejos, que el anterior club de los grandes países industrializados se quedó estrecho y se vio forzado a incluir a otros protagonistas, incluyendo varios latinoamericanos. Brasil tenía que entrar, pues tiene la quinta población del mundo, 192 millones de habitantes, y con un PIB de US$1,981 billones, es la novena economía más grande del planeta. México también tenía que formar parte del nuevo club, pues ocupa el puesto once en población, con 107 millones de habitantes, y también el puesto once en el mundo por tamaño de su economía, con un PIB de US$1,548 billones (cifras del IMF, PPP).

Lo sorprendente es que la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, haya aparecido en la foto, porque, a primera vista, Argentina está lejos de ser un líder mundial. Su política interna ha sido desde hace mucho tiempo muy inestable, tiene crisis económicas recurrentes y de las pocas cosas que ahora tiene para mostrar al mundo, como su selección nacional de fútbol, está en una crisis de diagnóstico reservado. Pero escarbando un poco las cifras, se comprende por qué fue invitada al G-20. Aunque su población no es muy grande, 40 millones de habitantes, contra 45 de Colombia, Argentina tiene un PIB de US$573 billones, con el puesto 22 en el mundo. Así, su economía es 44% más grande que la nuestra y, dada la menor población, su PIB per cápita es 75% más alto que el de Colombia.

¿Qué hace la diferencia entre Argentina y Colombia? La respuesta es muy simple: la agricultura. En tanto en Colombia tenemos sembradas menos de 4 millones de hectáreas —la misma de hace 20 años—, el área sembrada de Argentina es de 31 millones. En términos nominales, el PIB agrícola de la Argentina es de unos US$80 billones, contra unos 18 de Colombia. La importancia de su sector agrícola es aún mayor, pues una gran parte de su industria manufacturera y de sus servicios son complementarios y agregan valor a los productos del campo. Pero, quizá, lo más sorprendente de la agricultura argentina es que ha mantenido por décadas su tamaño y productividad pese a los repetidos intentos de exprimirla con impuestos extraordinarios por parte de gobiernos populistas, como los que trataron infructuosamente de imponer los Kirchner el año pasado.

Por el contrario, en Colombia, pese a la drástica mejora en la seguridad de los últimos años, a la conectividad que le ha dado la telefonía celular, a las vías del llamado plan 2.500, a la protección arancelaria y a muy generosos subsidios, como los del llamado Agro Ingreso Seguro, la agricultura ha crecido muy por debajo del resto de la economía, su productividad está estancada, ha expulsado mucha gente y la pobreza rural se ha mantenido en niveles alarmantes. Mientras en Argentina las medidas populistas no han podido destruir al campo, aquí la política agraria no ha producido los resultados esperados. Algo grave falla y hay que corregirlo. Porque Colombia no saldrá del subdesarrollo si no aprovecha los inmensos recursos agrícolas que tiene y que no está utilizando. Y, mientras no tengamos un agro moderno y dinámico, Colombia tampoco aparecerá en la foto del G-20.

Preocupante situación del campo

Por: Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Agosto 31 de 2009

Tenemos que celebrar que el DANE haya publicado las cifras de pobreza y desigualdad para 2008, después de dos años de discontinuidad.

Las cifras indican que la pobreza bajó de 53,7% a 46%, entre 2002 y 2008, casi ocho puntos porcentuales. La indigencia también cayó, pero tan sólo dos puntos en ese período, registrando un nivel de 17,8% en 2008. Pero el resultado de la desigualdad es muy malo: el coeficiente de Gini no mejoró y sigue siendo uno de los más altos del mundo: 0,59.

El cuadro general está determinado por la pobreza del campo, que cayó tan sólo 3 puntos porcentuales, situándose en un 65% en 2008. Esta cifra es consistente con un sector agrario que ha crecido muy poco, ha generado escaso empleo y ha desplazado a muchísimas familias. Mucho más preocupante aún, la pobreza no ha bajado a pesar de la seguridad democrática, que ha aumentado la tranquilidad del campo; de los subsidios y a pesar de la protección arancelaria que ha recibido el sector agrícola. Entre tanto, en las trece grandes ciudades la pobreza cayó de 40,3% a 30,7%, mientras la pobreza extrema en estas ciudades registró un nivel de tan sólo 6,8%.

¿Está la pobreza bien medida en Colombia? En ninguna parte existe una definición perfecta, porque este es un concepto relativo y, por ello, estará siempre sujeta a discusión. Las cifras reveladas por el DANE son relativas a la llamada “línea de pobreza”, que define como pobre a una familia de cuatro miembros cuyo ingreso es igual o inferior a $1,1 millones de pesos por mes (aproximadamente cuatro dólares diarios por persona). La cifra correspondiente para estimar la indigencia es de unos $466 mil mensuales. Estas líneas son apropiadas para comparar la evolución de la pobreza y la indigencia a lo largo del tiempo, pero no son adecuadas para hacer comparaciones internacionales, porque son altas comparadas con las que tienen otros países. Por ejemplo, si se toma la línea de pobreza que define el Banco Mundial —la capacidad de compra que tienen dos dólares diarios por persona—, la pobreza en Colombia no sería de 46%, sino estaría en un rango entre un 15% y un 20%. Otro problema que tiene la actual metodología de estimación es que no se tuvieron en cuenta los subsidios que reciben los hogares, como los de Familias en Acción y los de las cajas de compensación. Dos miembros independientes del equipo técnico que ayudó al DANE a estimar estas cifras me indicaron que, teniendo en cuenta los subsidios, la pobreza sería no del 46%, sino de un 33%.

Finalmente, existe un problema, no de medición, sino de políticas públicas, que es muy grave. El reporte de la Misión para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad señaló que parte de los subsidios en Colombia se están asignando mal, que mucha plata se está dirigiendo a gente que no es pobre. Si los subsidios se focalizaran bien y se orientaran a las familias y personas más pobres —a quienes más los necesitan—, la pobreza en Colombia sería significativamente más baja que los niveles actuales. De esta forma, al tiempo que hay que celebrar la publicación de las cifras de pobreza para 2008, también hay que reconocer que existen serios problemas que hay que resolver: es imperativo hacer las cifras comparables a las de otros países; es menester corregir los graves problemas de focalización y de seguimiento existentes; mejorar los sistemas de información y, finalmente, es necesario entender que la política agraria no está resolviendo muchos de los problemas del campo.

Mejor solos que mal acompañdos

Por Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Agosto 17 de 2009

EN FOROS Y COLUMNAS DE OPINIÓN, varios analistas se muestran “preocupadísimos” de que Colombia se está quedando sola en América Latina.

Se argumenta que, cuando se está gestando un proceso autónomo e independiente de unidad de América Latina, nuestro país se está convirtiendo en un paria, en una aberración dentro de la región. Y, también se dice, que es un lacayo de los Estados Unidos. La unidad y la integración con América Latina —o con América del Sur, o con la comunidad andina, o con los países vecinos— pueden ser valores importantes de alcanzar, pero no necesariamente en todo momento histórico, ni a cualquier precio, porque dicha unidad e integración pueden llegar a chocar con otros valores que también debemos ponderar y defender. La pregunta que debemos hacernos, y que debemos responder, es si la unidad que se propone es en torno a los valores que queremos como sociedad. ¿Es una unidad que propende por la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales y por los valores de la democracia liberal?

Infortunadamente, no creo que sea así. El proceso de unidad regional que se propone está siendo liderado por gobernantes que están planteando e implementando un modelo que es incompatible con esos valores. Se dice que en América Latina ya hay plena democracia porque en todas partes, excepto en Cuba, hay elecciones. Pero la democracia es más que elecciones. La democracia, para ser liberal, exige que el poder esté limitado en el espacio y en el tiempo. Así, el peso del Ejecutivo debe tener contrapesos; debe tener los contrapesos de los poderes Judicial, Legislativo y del electoral, de los órganos de control, de una opinión pública y de medios de comunicación libres y autónomos. El peso del Ejecutivo debe ser también limitado en el tiempo. Es muy triste constatar que, en mayor o en menor medida, estas condiciones están desapareciendo en varios países que abogan por la unidad regional. Además, Cuba, Venezuela y los demás países del Alba pretenden una unidad por la vía negativa, porque es una unidad contra los Estados Unidos. Mientras estos intentos de unidad e integración regional estén liderados por regímenes con estas características, no creo que vayan a prosperar y, de hacerlo, un país como

Colombia no podrá formar parte de ellos.

Aunque nos quedemos solos, como le sucedió al Reino Unido después de la caída de Francia a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien se imagina a Churchill claudicando ante Hitler por una supuesta unidad de Europa con los nazis, con Mussolini o con el gobierno de Vichy? Afortunadamente, el Reino Unido y lo que quedaba de la democracia europea no se quedaron solos. Con el apoyo de los Estados Unidos, lograron derrotar el totalitarismo y el fascismo, así como preservar los valores de la democracia liberal. Por supuesto, ni Colombia es el Reino Unido ni estamos al borde de la guerra, pero esa historia deja muchas lecciones. La más básica es que hay momentos en la vida de los pueblos en los cuales, más allá de lo que permite el pragmatismo y el realismo —y lo que dicen las encuestas de opinión— hay valores que son irrenunciables; hay líneas que en ninguna condición se pueden cruzar. Sobre esas bases, el Gobierno, los partidos y grupos de la oposición y todos los demócratas deberíamos lograr un acuerdo cardinal sobre la relación que queremos con los países del continente, incluyendo el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos.

Sobre política exterior

Por: Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Julio 28 de 2009

Analizada en una perspectiva de largo plazo, varios analistas internacionales han señalado que la política exterior de Colombia ha tenido logros y resultados superiores a los que corresponderían al bajo nivel de desarrollo económico y la escasa importancia geopolítica del país y, en ese sentido, ha sido muy exitosa.

Esta afirmación puede parecer contra intuitiva y, para muchos, absurda pues varios hechos parecen contradecirla. Por ejemplo, sólo hasta hace cuatro años, en el contexto de la Visión del Segundo Centenario 2019, Carolina Barco concibió la primera estrategia de largo plazo de la política exterior que tuvo Colombia; por el estado tan lamentable que encontró, Jaime Bermúdez convocó a una misión de expertos y presentó un proyecto de ley para reformar el Ministerio de Relaciones Exteriores; las relaciones con nuestros vecinos están poco menos que destruidas; los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea están estancados y el ingreso de Colombia a la APEC está en el congelador.

¿Cómo, entonces, decir que ha habido en el pasado una política exterior exitosa? Al costo de dejar de mencionar muchos logros y la buena labor de varios cancilleres y embajadores, quiero resaltar cuatro hechos. Primero, el profesor Robert Bates, de la Universidad de Harvard, ha enfatizado cómo el excelente manejo de la política y la diplomacia cafetera de Colombia permitió crear un régimen político internacional para regular el mercado internacional del café que funcionó durante casi dos décadas. Segundo, nuestra política exterior a finales de los cincuenta y en los años sesenta fue crucial para la creación del Banco Interamericano de Desarrollo y para moldear el diseño de la Alianza para el Progreso. Tercero, Colombia fue el alma de la creación del Pacto Andino, que pese a sus debilidades y zozobras, fue en su momento un intento notable de integración y colaboración regional. Finalmente, está el Plan Colombia que, pese a todo lo que se lo ha criticado, ha sido un programa exitoso de colaboración con los Estados Unidos para devolver la seguridad y debilitar al terrorismo, si bien sus logros han sido más modestos en la erradicación de los cultivos ilícitos y el tráfico de narcóticos.

Estos hechos muestran que la política exterior de Colombia ha logrado resultados importantes. Sin embargo, ellos también señalan que sus logros han estado muy atados a personas específicas y no a una institucionalidad estable. Salvo la política cafetera, donde hemos tenido instituciones perseverantes en el tiempo, la proyección internacional de los años sesenta fue un logro personal de Alberto Lleras. Era tal su prestigio en América Latina y en los Estados Unidos que quizá no ha vuelto a haber una visita de Estado para un presidente latinoamericano de tal jerarquía como la que se le tributó en Washington y Nueva York en mayo de 1960. Esa vez, se convirtió en el único presidente colombiano que se ha dirigido ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Por su parte, el Pacto Andino fue prácticamente una creación personal de su primo Carlos Lleras. Y el Plan Colombia no hubiese sido posible sin la inteligencia y habilidad de ese genio de la diplomacia y de las relaciones públicas que es Luis Alberto Moreno. Con mejores instituciones, con una visión de Estado de largo plazo, con más personas preparadas y competentes en la Cancillería y en el servicio diplomático y erradicando el clientelismo exterior, Colombia podría alcanzar una gran proyección internacional. Para el logro de estas metas, todo el Gobierno y el país deben apoyar la labor que está realizando el canciller Jaime Bermúdez.