Otra vez Ortega en escena

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Marzo 11 de 2010

De nuevo se han reactivado las centenarias disputas que mantienen desde el siglo XIX el Reino Unido y Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, litigio que en la década del ochenta del siglo pasado desencadenó un enfrenamiento militar entre los dos países que terminó con una humillante rendición de las Fuerzas Militares argentinas.

Ahora, argentinos y británicos viven momentos de fuertes tensiones diplomáticas por unas exploraciones petroleras que han comenzado a hacer empresas británicas en aquellas islas en disputa. Un enfrentamiento que no se ha reactivado solamente por las exploraciones petroleras, sino por algunas razones políticas, debido a los problemas internos que afronta el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

Pese a que los argentinos tienen probados derechos jurisdiccionales sobre dichas islas que están a más de 14 mil kilómetros de las costas del Reino Unido, Londres sigue defendiendo aquel enclave colonial que considera determinante para sus intereses geoestratégicos en el cono sur.

El tema fue tratado por los mandatarios latinoamericanos en la reciente cumbre de Cancún, con una declaración de respaldo a las reclamaciones de Argentina. Sin embargo, aquellas tensiones diplomática entre Londres y Bueno Aires están siendo utilizadas mediáticamente por muchos mandatarios latinoamericanos para hacer populismo, entre ellos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, que volvió a calentar en Managua el debate sobre las disputas limítrofes entre Nicaragua y Colombia por las Islas de San Andrés y Providencia.

Un asunto que empleó hace tres años para distraer la atención de los nicaragüenses sobre los problemas de gobernabilidad en su país; el mismo sofisma que utilizó en el 2007, en víspera de una reunión del Plan Puebla Panamá, en México, cuando acusó a Colombia de estar armando alianzas con Honduras y Costa Rica para despojar de dominios territoriales a Nicaragua.

Por lo tanto, el presidente Ortega, está utilizando otro libreto casi que calcado para señalar que el Tratado de Delimitación entre Honduras y Colombia, firmado en 1986, “lesiona los derechos soberanos de Nicaragua en el mar Caribe, al pretender imponer a nuestro país, límites unilaterales y arbitrarios, a través de un reconocimiento recíproco de Honduras y Colombia de sus pretensiones en el Mar Caribe, en perjuicio de los derechos territoriales de Nicaragua”.

El gobierno de Ortega, alega que es un lío que surge por las pretensiones de Honduras de querer fijar la frontera marítima entre los tres países en el Mar Caribe, en la línea del paralelo 14°59´08”. Lo claro en todo esto es a que el presidente Ortega desde que asumió el poder se ha dedicado a atizar disputas limítrofes con los países vecinos como una estrategia política para cohesionar respaldo interno.

Y es por eso que, a pesar de que hace un año la Corte de La Haya en una decisión salomónica dirimió el pleito territorial y marítimo con Honduras, otorgando dominios sobre cuatro islas y reconociéndole a Managua sobre 130.000 kilómetros cuadrados y, aún el gobierno de Ortega sigue alimentado malentendidos jurisdiccionales con los hondureños.

Igualmente ha pretendido desconocer la validez del Tratado Esguerra- Bárcenas, suscrito entre su país y Colombia, que fijó la línea fronteriza en 1928, y por medio del cual Nicaragua reconoció como territorio colombiano el archipiélago de San Andrés. Así como Colombia acepto los dominios de Managua sobre la costa de Mosquitos y las islas de Mangles, Corn Island y Littie Corn Island.

Un diferendo que fue discutido durante más de una década por las delegaciones colombo-nicaragüenses y, que finalizó con la firma y ratificación del mencionado tratado. Lo insólito es que en 1980, 52 años después, en una decisión calificada de inaudita, la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua decidió declarar “la nulidad e invalidez del tratado”, alegando que en aquel momento su país estaba bajo la ocupación norteamericana y, que desde luego, el arreglo fue producto de una imposición de Estados Unidos.

De acuerdo con la tesis de Managua, un acuerdo firmado bajo aquellas circunstancias carece de validez jurídica. Por ende, eso lo que indica es que de prosperar los argumentos de Nicaragua, todos los tratados firmados por los gobiernos nicaragüenses entre 1916 y 1930 quedarían sin ningún tipo de validez.

Otra lección en Níger

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Febrero 25 de 2010

Hace ocho días un comando militar derrocó al presidente de la república africana de Níger, Mamadou Tandja. No es el primer golpe de Estado en la historia de esta empobrecida nación de la región del Sahel, en África Occidental, la cual desde su independencia de Francia en 1960 ha sido asolada por una profunda inestabilidad política como consecuencia de las frecuentes rebeliones militares, las tensiones étnicas que han generado las fuertes sequías desde los años setenta y que han desencadenado graves crisis alimentarias y hambrunas que han sacudido a los poderes políticos durante varias décadas.

El Níger es un país cuyas dos terceras partes de territorio hacen parte del desierto del Sahara y escasamente el 3.9% de su superficie es apta para la agricultura y el pastoreo y, debido a su estratégica ubicación geográfica se ha convertido en trasiego obligado de toda clase de mercancías ilícitas y en refugio de varios comandos de la red terrorista de Al Qaeda que operan entre el Magrebí y el Sahel, asuntos que acentúan la inseguridad y la inestabilidad política en la convulsionada franja del Sahel.

Este país, desde la década del setenta hasta finales del decenio de los años noventa del siglo XX, ha sufrido fuertes tensiones políticas, producto de los continuos golpes de Estado y una prologada guerra civil que aún sigue cobrando víctimas en los territorios dominados por las milicias rebeldes Tuareg en el norte del país.

Por lo tanto, el panorama político y económico en Níger es bastante desolador y complejo, porque, a pesar de ser un país rico en recursos mineros, como poseedor del 10% de las reservas internacionales de carbón y el tercer productor mundial de uranio, el 63 % de sus 15 millones de habitantes están por debajo de la línea de pobreza, su esperanza de vida es de sólo 44 años y viven con menos de un dólar diario.

En 1999, después del golpe militar en que fue derrocado y asesinado el presidente Ibrahím Barré Mainassara, se aprobó una nueva Constitución que permitió convocar a elecciones, en las cuales resultó electo como presidente Tandja, un militar de carrera que participó activamente en varios gobiernos militares desde 1974 y quien se hizo reelegir en 2004. Pese a que su período de Gobierno se venció en diciembre del 2009, se negó al convocar a nuevas elecciones como está previsto en la Constitución Política y, en su lugar disolvió el Parlamento y citó en agosto del año pasado a un referéndum y, a través de ese mecanismo, orquestó una reforma constitucional que permitió ampliar los poderes presidenciales y su permanencia en el poder por cinco años más, violando la Carta Política que establece máximo dos períodos consecutivos.

A pesar que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la convocatoria de dicha consulta, el presidente Tandja no acató la orden judicial y procedió a destituir a los magistrados del alto tribunal y nombró en su reemplazo adeptos al régimen que refrendaron sus cambios constitucionales que le permitían perpetuarse en el poder.

Una jugada política similar a la que intentó en Honduras el ex presidente Manuel Zelaya, pero que en ambos casos, en lugar de perpetuarlos en el poder precipitaron sus abruptas salidas. En el caso de Níger las reformas que impuso el presidente Tandja fueron motivo de condena dentro y fuera del país, pero él hizo caso omiso de las protestas internas y los llamados al respeto y acatamiento del orden constitucional por parte de la ONU, la Unión Africana, Estados Unidos y la UE. Por consiguiente, el cuartelazo en Niger se suma a una lista de más de doce golpes militares que han sucedido en los últimos diez años en África y, por supuesto que se constituyen en otro oscuro episodio político-militar que se agrega al largo derrotero de gobernantes en el mundo que revestidos de una aureola imperial y con la estratagema del apoyo del pueblo, impulsan a su amaño cambios constitucionales para perpetuarse en el poder.

En el caso del ex presidente Tandja, como el de otros tantos que han pretendido eternizarse en el poder, violando las normas constitucionales de sus países, terminó siendo víctima de su propia ambición política.

Voces desde El Darién

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Febrero 18 de 2010

El Tapón del Darién ya no existe. Así tituló la periodista Isabel Castro, redactora del diario La Prensa, de Panamá, un reportaje que publicó el pasado 8 de febrero sobre lo que llama “la coladera mítica de las impenetrables selvas del Tapón del Darién que separan a Panamá de Suramérica”. Reseñó que “si bien el destape del Darién es rechazado por buena parte de los panameños, muchos darienitas no piensan igual, ya que estiman que sería una esperanza para salir de la marginación que sufren”.

Destacó las opiniones de importante personajes del Darién panameño que manifiestan abiertamente su apoyo a la integración con Suramérica y hacen fuertes críticas a las elites panameñas que se oponen a una obra que ellos consideran que traerá progreso económico para el Darién. Una de esas voces es la del ingeniero agrónomo, Franklin Quintero, quién aseguró que el destape del Darién “es útil y esperanzador, no sólo para los darienitas, sino para Panamá y los latinoamericanos”.

Expresó que “no entiende el porqué personas que nunca han viajado a Darién, aún hablan de un Tapón que no existe” debido a que “la selva que dividía ambos países, considerada como una región inhóspita, ya no existe”. Como tampoco entiende por qué los panameños que nunca han ido al Darién y no conocen la frontera, luchan para que no se construyan los kilómetros restantes que unirán el continente y fustiga a los líderes de otras regiones de Panamá “que ya tienen sus conexiones internas y buenas vías y se oponen a este proyecto esperanzador para el Darién”.

El otro que manifiesta su inconformismo con el centralismo panameño es Fidel Quintana, un destacado sociólogo, oriundo del Darién, que opina que la carretera con Colombia “es una obra que traerá progreso económico y desarrollo del turismo” y, por ende, “considera que en lo económico, abrir –la carretera- genera empresas de todo tipo en turismo ecológico y que en su opinión brindará muchos beneficios a los indígenas. Por otra parte, Carlos Manuel Ramírez, plantea que somos los darienitas los que decidimos y no los capitalinos de Panamá si nos unimos a Suramérica o no; los que viven en la capital ya tienen autopistas, agua potable, electricidad y nosotros no tenemos nada”. Y fue más allá al decir que “esa postura de los opositores a esta vía en la capital lo que demuestra es una abierta discriminación contra los darienitas, ya que no quieren que el progreso llegue a nuestras comarcas”.

A estas voces que se levantan desde el Darién, se suman las de connotados dirigentes políticos, gremiales e intelectuales panameños, como el ex presidente Arístides Royo, Ebrahím Asvat, Omar Jaén Suárez, Octavio Amat, Álvaro Cabal, Ernesto Quijada, Milton Manríquez, Héctor Rodríguez, César Quintero Sánchez, monseñor Rómulo Emiliani y los sacerdotes Vicente Sidera y Teófilo Rodríguez, entre muchos más.

La Prensa, con el reportaje de Castro, rompe en cierto modo con lo que podríamos llamar una tendenciosa discriminación que mantienen un determinado sector de la elite panameña y los medios de comunicaciones que ellos controlan con la provincia del Darién, al ignorar las opiniones de sus líderes sobre la integración de su territorio con el país y Suramérica. Las opiniones publicadas por La Prensa y otras que conozco son una evidencia de que buena parte de los líderes darienitas apoyan la conexión vial con Suramérica y como he dicho en otras oportunidades, es una falacia afirmar que la mayoría de los panameños están en contra de aquella integración.

Es la manipulación que existe en los medios de comunicación lo que no ha permitido develar la otra cara de esa realidad. Una cuestión que se observa en las páginas de los tres diarios más influyentes de Panamá, mientras El Panamá América mantiene una línea editorial de relativo respaldo a la iniciativa. Sin embargo, concede poco despliegue a las opiniones de los defensores de esta causa. Lo mismo ocurre con los periódicos La Prensa y La Estrella de Panamá, aunque también permiten un relativo equilibrio en sus páginas editoriales, es escaso el acceso que les dan a los paladines y, sobre todo a los oriundos del Darién y, es por eso que algunos periodistas, editorialistas y ecologistas mal informados, tanto en Panamá como Colombia, se tragan el cuento de que la mayoría de los panameños se oponen a la obra.

El nuevo "Dorado" de la Orinoquia

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Enero 21 de 2010

La confiscación por parte de la Policía Nacional de casi 18 toneladas de Coltan, en Puerto Inírida, Guainía, puso en evidencia la existencia de este estratégico mineral en Colombia. Una piedra de color azul-verdoso que se ha convertido en un elemento de vital importancia para el desarrollo de tecnologías de punta en el mundo.

Hasta hace poco, en sólo nueve países se habían encontrado yacimientos de Coltán: Congo, Australia, Tailandia, Brasil, Canadá, Egipto, Sudáfrica, Nigeria y Malasia. Pese a que desde hace varios años se había hablado sobre su existencia en la Orinoquia colombo-venezolana, sólo hasta el año pasado, con el hallazgo de un yacimiento al sur de la Orinoquia venezolana y ahora con el decomiso de 17.829 kilogramos en el departamento de Guainía, se supo con certeza de la existencia de reservas en ambos países.
En el caso de Venezuela, tras el hallazgo de aquel filón, el gobierno ordenó la militarización de la región y la suspensión de su explotación e indicó que las reservas podrían ser del orden de los 100 mil millones de dólares. Sin embargo, no son tan creíbles hasta el momento las cifras sobre las reservas venezolanas, igual sucede con los anuncios sobre los hallazgos de algunos yacimientos en Bolivia. En cuanto a Colombia, también existen ciertas dudas acerca de que somos poseedores del 5% de las reservas mundiales, debido a que no se conocen estudios serios que sustenten dichas estadísticas y, más aún cuando el ministro de Minas, Hernán Martínez, ha dicho que se tiene conocimiento de la existencia del mineral en Vaupés, Guaviare y Guanía, pero que se desconoce en qué cantidad.

Especulaciones que están sirviendo para que crezca ola de desplazamientos, de especuladores y de traficantes ilegales hacia la Orinoquia colombiana, en la búsqueda del nuevo “dorado”.

Según Ingeominas en su dependencia reposan 300 solicitudes de permisos para la explotación de esta piedra en la Orinoquia, pero que ha decidido suspender su trámite. Se sabe que una empresa privada tiene un permiso de explotación en un área de 35 mil hectáreas entre Guanía y Vichada, en un resguardo indígena y que los comerciantes le están comprando a los indios el kilo de Coltan a $ 20.000, cuando en los mercados internacionales, el precio de una tonelada oscila entre los 80.000 y 100.000 dólares. Por lo tanto, el kilo se vende, entre 80 y 100 dólares, lo que indica que su costo podría estar entre $160 mil y $ 200 mil en el mercado nacional.

La incautación del cargamento de este mineral en Puerto Inírida prende las alarmar sobre las explotaciones y los tráficos ilícitos desde los ríos Inírida y Guaviare hacia los mercados internacionales por rutas de Venezuela, Perú y Brasil, hacia los mercados internacionales.

Por consiguiente, es de suma importancia que el gobierno reglamente su explotación y fije los tipos de gravámenes que deben pagar los empresarios y comerciantes por concepto de su aprovechamiento y comercialización, antes que este nuevo “dorado” de la Orinoquia se convierta en una piedra maldita en Colombia.

Más allá de lo que ocurre en el ámbito nacional, es bueno anotar que las principales reservas mundiales de Coltan se encuentran localizadas en las regiones de Ituri y Kivu, en la República Democrática del Congo, en África Central. País que posee el 80% de las reservas internacionales probadas, pero que su explotación y su comercio se han convertido una de las principales causas de su inestabilidad institucional y generadores de una desgarradora guerra civil que ha dejado un saldo trágico de millones de muertos y cientos de refugiados en los países vecinos y al Congo al borde del colapso institucional.

Un país en donde las luchas por el control del poder han servido para ocultar las sigilosas alianzas políticas, económicas, militares y tribales que se han configurado en las últimas décadas, entre políticos congoleses, fuerzas rebeldes, grupos tribales, dictaduras, compañías mineras nacionales y transnacionales, varios gobernantes y líderes políticos de otros países de África Central para controlar la explotación y el comercio ilegal de este mineral en los mercados internacionales.

Un paso hacia el futuro

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Diciembre 31 de 2009

Terminó la cumbre sobre el Cambio Climático en Copenhague y como era de esperarse su declaración final generó diversos tipos de reacciones e interpretaciones en la comunidad internacional, sobre todo porque en dicho certamen no sólo estaban en juego los intereses geopolíticos, económicos y comerciales de los gobiernos de 192 países, sino los de miles de instituciones públicas y privadas del mundo.

Por esa serie de intereses y las conocidas controversias que originan las discusiones de las políticas globales sobre el Cambio Climático y el calentamiento global y, desde luego, por la misma manera como se toman y se refrendan las decisiones en la ONU hacían imposible que todos los asistentes salieran satisfechos con el texto del acuerdo final.

No fue fácil llegar a un consenso sobre un acuerdo que, aunque no es vinculante, ni satisfactorio para todas las partes, ni para millones de habitantes del planeta, establece un fondo de 30.000 millones de dólares para que los países subdesarrollos afronten en los próximos tres años con mayor eficacia los efectos del Cambio Climático y otros 100.000 millones anuales a partir de 2020 para mitigación del calentamiento global.

Pese a los retrocesos y que el acuerdo no llenó las expectativas que esperaba la mayoría de las delegaciones y buena parte de la comunidad internacional que se han declarado decepcionados al no ser un compromiso jurídicamente vinculante y al no establecer montos globales sobre los recortes de las emisiones actuales y para el 2050, no indica que fue un rotundo fracaso. Por el contrario, marcó el comienzo de otro capítulo de un futuro proceso de negociación que será largo y complejo, pero que tendrá que darse con más celeridad y realismo en las próximas citas en Alemania y México y, por supuesto, ese es el reto que debe asumir la comunidad internacional de cara a la aprobación de un nuevo protocolo.

Indudablemente que el debate estuvo centrado en el papel que asumieron Estados Unidos y China y, por ende, Europa fue relegada a un segundo plano y por eso sus delegaciones enfilaron sus baterías contra la postura de gringos y chinos que se opusieron a un acuerdo vinculante y especialmente contra estos últimos que fueron reacios a pactar recortes obligatorios y aceptar monitoreo de sus emisiones.

El primer ministro británico, Gordon Brown, dijo que “nunca más deberíamos dejar que sólo un puñado de países tomen como rehén un acuerdo global hacia un futuro más verde” y su ministro del medio Ambiente, Ed Miliband acusó a China de haber vetado los intentos de alcanzar un acuerdo vinculante y de poner trabas al acuerdo que preveía limitar el 50% de las emisiones globales para el 2050 y el 80 % en el caso de los países industrializados.

Igualmente, la canciller alemana Ángela Merkel, el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente francés Nicolás Sarkozy se sumaron a la críticas, pero el mandatario galo fue más allá al señalar que “el texto no fue prefecto pero China no puede considerar que la transparencia compromete la soberanía”.

Los principales gobernantes europeos fustigaron el papel de gringos y chinos para ocultar sus rivalidades internas. De manera que lo que se reflejó en los arduos debates en torno a la posición de China fue sin dudas el creciente poder que tiene como potencia. En efecto, tanto Estados Unidos como China se salieron con la suya al definir un compromiso de conformidad con sus intereses y por eso para el gobierno chino la cumbre produjo “resultados positivos y significativos”, mientras que para la administración de Obama fue “un gran paso hacia adelante”.

Otros tres grandes protagonistas fueron Brasil, India y Sudáfrica. En el caso de Brasil jugó un papel trascendental que lo posiciona aún más dentro de los grandes actores de la política internacional, pero en contrate de ese papel tan importante que desempeñó la diplomacia carioca por la manera responsable como el gobierno del presidente Lula afrontó las discusiones, el gran oso en cuanto a las delegaciones del hemisferio corrió por parte de los presidentes de Venezuela Hugo Chávez y de Bolivia, Evo Morales, quienes acolitados por las delegaciones de Cuba y Nicaragua, pretendieron de manera demagógica y folklórica llevar las discusiones al plano ideológico pero salieron trasquilados.

Más política que ambientalismo

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Diciembre 17 de 2009

Estamos a un día de la culminación de la Conferencia sobre el Cambio Climático en Copenhague, en donde más de 20.000 delegados de 192 países buscan adoptar un nuevo protocolo sobre el calentamiento global. Fue una excelente oportunidad que tuvo la comunidad internacional para estructurar un nuevo acuerdo climático y fijar nuevas metas para enfrentar los desafíos de los efectos del calentamiento mundial.

Por supuesto, que no han sido fáciles las negociaciones sobre los parámetros de un próximo protocolo, debido a los intereses que se mueven alrededor de este controvertido tema, en donde han tenido más preponderancia los intereses políticos y económicos que los contenidos científicos.

En Copenhague se acudió a otra conferencia caótica que trascurre en un álgido debate entre los intereses del mundo industrializado y las demandas del mundo envías de desarrollo, donde son notorias las fisuras entre los dos mundos.

Por un lado, una Unión Europea enfrascada en una serie de enfrentamientos internos que han hecho difícil cohesionar sus criterios entorno a un nuevo pacto. Por el otro, Estados Unidos y China hacen elocuentes anuncios llenos de simbolismos pero sin asumir compromisos reales. Por último Rusia, Japón, Canadá y Australia buscan sacar provecho de los enfrentamientos entre europeos, gringos y chinos.

En una puja política en la cual las potencias emergentes no se han quedado atrás en sus pretensiones de lograr un acuerdo que no afecte sus acelerados crecimientos industriales y para ello tienen su propia trinchera en el grupo de los 77 países envía de desarrollo, en el cual, tanto China como India, Brasil, Indonesia y Sudáfrica tratan de forzar a los otros bloques para que asuman mayores compromisos, en términos de cuotas, recursos y transferencias de tecnologías.

Todas las potencias, al igual que las economías emergentes intentan en las negociaciones ponerse entre si zancadillas para proteger sus intereses económicos sin romanticismos ambientales. Por lo tanto, en dichas negociaciones aún siguen pesando más los intereses políticos y económicos que los criterios ambientales. Por consiguiente, esa serie de intereses han incidido para que hasta el momento no haya un consenso claro para que las reducciones no sean voluntarias, sino obligatorias y abiertas a las supervisiones internacionales.

De por sí el debate es de largo aliento, pero más tarde que temprano, todos los bloques tendrán que pactar acuerdos más concretos, menos demagógicos y más aplicables en la práctica, debido a que las mismas realidades del calentamiento global los obligará a asumir un papel más proactivo.

Por obvias razones los países industrializados y las economías emergentes como los mayores generadores de contaminaciones están obligados reducir sus altos niveles de emisiones gases y en contribuir proporcionalmente con recursos y transferencias de tecnologías hacia los otros países para que exista una respuesta más eficaz sobre los efectos del Cambio Climático.

Pero el mundo desarrollado no está dispuesto a ceder en las proporciones que quieren los países en vía de desarrollo y éste ha sido uno de los grandes escollos en las negociaciones del Cambio Climático desde antes que entrará en vigor el protocolo de Kioto. Por consiguiente, son los aspectos más polémicos que se están debatiendo en Copenhague y que van mucho más allá del ilusionismo de la retórica ambientalista. Por eso comparto con las palabras del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, cuando dice que “el verdadero crimen contra la humanidad es relegar a los países pobres a la miseria y cerrarles las puertas del desarrollo”.

Las discusiones sobre el Cambio Climático han permitido la configuración de poderosos grupos de ambientalistas y de ecologistas que aprovechándose del fatalismos han estructurado nuevos centros de poderes económicos e ideológicos, los cuales a través del fatalismo ambiental están frenado en cierta medida el desarrollo en muchas regiones del planeta.

En Copenhague estos grupos están bailando al son de su nueva religión y desde allá sus profetas expresan apocalípticas prédicas sobre futuras hecatombes del planeta. Lo polémico es que detrás de algunos de esos anuncios fatalistas como los que expresó el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore sobre deshielo del Ártico se ocultan movidas geopolíticas que están siendo utilizadas como instrumentos mediáticos para frenar el desarrollo industrial y la competitividad de muchos países del mundo.

Las falacias de los Alba

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Diciembre 3 de 2009

Como era de esperarse, el grupo de países de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América Latina y el Caribe (ALBA) que se mueve al son de los petrodólares de Miraflores y el otro bloque que gira alrededor de la política de Planalto fueron los primeros en manifestar que no reconocen los resultados de las elecciones en Honduras. Una postura que estaba cantada y que hace parte del libreto populista de los llamados gobiernos progresistas de América Latina, entorno a la separación del poder de Zelaya.

Lo polémico de la posición de algunos de estos gobiernos es que en la mayoría de los casos se han caracterizado por no ser respetuosos de los derechos humanos y la libertad de expresión. Sin embargo, pretenden imponer recetas políticas en otras naciones sobre el respeto a los procesos democráticos que ellos frecuentemente vulneran en sus países. Tanto el gobierno de Venezuela como los de Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, no sólo buscan acallar las voces disidentes con restricciones a la libertad de expresión y con expropiaciones arbitrarias, sino que las intimidan con el despliegue de los aparatos represivos y judiciales del Estado con el fin de silenciarlas con procesos penales fraudulentos que tipifican claras violaciones de los derechos civiles.

Estos mismos gobiernos son los que condenan la destitución de Zelaya y censuran al gobierno interino de Honduras, desconocen la voluntad popular de los hondureños y dicen que no reconocer la elección del nuevo presidente Porfirio Lobo Sosa. Cuando el reconocimiento de las elecciones por parte de países como Estados Unidos, Costa Rica, Francia, Japón, Alemania y Colombia, entre otros, no constituye en “un atentado contra la democracia” ni es una “farsa” como las calificó Chávez, sino una reafirmación de la voluntad del pueblo hondureño que acudió libremente y sin presiones a las urnas en la búsqueda de una salida legitima a la crisis.

Indudablemente que los grandes derrotados fueron los ejes de Chávez y Lula, ya que su protegido Zelaya no logró boicotear los comicios, en virtud de que la abstención fue menor a la de las elecciones del 2005. Por lo tanto, los resultados fueron el triunfo de un pueblo soberano que a través de las urnas buscó ponerle fin a la crisis y condenar los sueños reeleccionistas de Zelaya.

Además fue una lección para la corriente de mandatarios populistas que censuran el caso de Honduras, pero que no tienen reparos en apoyar y negociar con dictaduras como las de Libia y Mauritania y, desde luego, reconocer y firmar convenios con tiranos electos con escandalosos fraudes como los presidentes de Irán, Mahmud Ahmadineyad y de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

Este último un dictador que ostenta el discutible mérito de ser el segundo más antiguo de África con tres décadas en el poder y quién ganó el pasado domingo su tercera reelección en unos comicios fraudulentos, sin testigos electorales, ni observadores, en donde su partido logró el 96.7% de los votos y obtuvo 99 de los 100 escaños en el Parlamento, pero este déspota se ha paseado por La Casa Rosada de la mano de Cristina Fernández, la misma que califica de “parodia” las elecciones en Honduras. Igualmente ha sido huésped de honor del presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, otro que no reconoce el nuevo gobierno.

De sobremesa, el gobierno de Venezuela ha firmado varios acuerdos energéticos con la dictadura de Mauritania, entre ellos, la construcción de una refinería, en un país gobernado por un Junta Militar que derrocó el año pasado en un golpe militar al presidente elegido democráticamente, Sidi Ould Cheij Addallahi.

Para cerrar la faena del cinismo del grupo de mandatarios “progresistas”, la semana pasada los presidentes Lula, Evo y Chávez recibieron con elogios y como un adalid de la democracia y de la defensa de las libertades, al presidente de iraní, Ahmadineyad, otro tirano que simboliza el fascismo de una teocracia antidemocrática y represiva que esta desafiando a la comunidad internacional con su programa nuclear. Un gobernante que se reeligió con un aplastante fraude y para legitimar su régimen y silenciar a la oposición esta apelando a los métodos más atroces. Por consiguiente, ha desatado una oleada de asesinatos y desapariciones que van de la mano de medidas que restringen las libertades ciudadanas e incrementan las violaciones de los derechos humanos.

De Poznan a Copenhague

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Noviembre 26 de 2009

Hace un año en la Convención del Cambio Climático en Poznan (Polonia) se postergaron los aspectos más trascendentales sobre el acuerdo que sustituirá el Protocolo de Kioto como se pactó en el 2007 en la cumbre de Bali (Indonesia). Por ende, nada nuevo ocurrió en Poznan, un año después, delegados de los 189 países signatarios de Kioto se darán cita en Copenhague para abordar las negociaciones sobre los nuevos parámetros del tratado que reemplazará al de Kioto a partir del 2012.

Más allá de la retórica de los discursos cargados de buenas intenciones, la realidad es que la XV Conferencia de las partes sobre el Cambio Climático en Copenhague despierta más escepticismo que esperanzas. Porque en las discusiones preparatorias que se realizaron hace algunos días en Barcelona, en donde asistieron más de 400 delegados de los países signatarios para definir los parámetros de las deliberaciones en Copenhague, no hubo acuerdo concreto acerca de la firma de un tratado vinculante.

Hasta ahora no existe, ni consenso, ni cifras concretas sobre reducción de emisiones y menos sobre aportes económicos de los países industrializados de cara a la suscripción de un nuevo protocolo, todo se ha quedado en un cascada de anuncios sin resultados precisos. Por consiguiente, dos altos funcionarios de la Unión Europea han expresado dudas sobre lo que puede pasar en Copenhague, uno es el Coordinador de las negociaciones por parte de la UE, Artur Runge-Metzger, quién ha dicho: “Creo que es muy poco probable que de la conferencia salga lo que en la Unión Europea aspirábamos conseguir, un acuerdo íntegro”. El otro en exponer sus reparos es el Comisario para el Medio Ambiente, Stavros Dimas, al señalar que “la conferencia de Copenhague y la lucha para frenar los cambios climáticos sólo pueden resultar exitosas si nuestros socios del mundo industrializado y los grandes países con economías emergentes asumen sus responsabilidades”.

La Unión Europea aboga por un nuevo acuerdo vinculante, plantea reducir el 20% de sus emisiones para el 2020 y un 10% más si existen compromisos por parte de todos los países desarrollados y habla de aportar entre 32 mil millones y 75 mil millones de dólares para mitigar los efectos del Cambio Climático, pero el reparto interno de esas cifras genera controversia entre sus miembros.

Por lo tanto, la imagen de unidad que proyecta hacia afuera es más cosmética que realista, debido a las diferencias internas sobre cómo afrontar las metas que se han planteado. De manera que se han formado dos bloques, uno liderado por Alemania, Italia y Francia, que se oponen a que la UE asuma compromisos sin que Estados Unidos, China y otros países desarrollados tengan posturas claras en cuanto a un acuerdo vinculante que incluya cifras concretas de reducción de emisiones y de financiaciones. El otro, conformado por Polonia, Letonia, Lituania Estonia, Rumania, Bulgaria, Eslovenia y la república Checa, plantea que “la UE se abstenga de adoptar medidas que no respeten la diferencia de potencial económico entre los Estados miembros” y que “frente a la crisis económica no están dispuestos a pagar simplemente por ser miembros de la UE”.

Indudablemente que la postura que han asumido últimamente Estados Unidos y China hacen improbable que se lleguen acuerdos concretos en Copenhague, pues ambos países no están dispuestos por ahora a suscribir un tratado vinculante, sino que se inclinan en apoyar un compromiso global que establezca ciertos objetivos ambiciosos y determinados procedimientos para alcanzarlos en el futuros.

El Gobierno de Obama ha dicho que no firma ningún tipo de acuerdo hasta tanto el Congreso no apruebe la ley que recorta las emisiones. Y este es un punto crucial para las negociaciones de un nuevo protocolo, en virtud de que, en los once días que hacen falta para arrancar la cumbre en Copenhague es imposible que el Congreso de Estados Unidos apruebe dicha norma.

Entonces, se vislumbra que habrá otra cumbre más sin que el país que genera las mayores contaminaciones en el mundo haya asumido un compromiso real sobre las disminuciones de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los asesores militares

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Noviembre 19 de 2009

Una de las cuestiones más polémicas de los sueños monárquicos del presidente Hugo Chávez, es pretender expandir e imponer a marcha forzada su visión política del Socialismo del Siglo XXI en América Latina y el Caribe, dentro de un unanimismo ideológico y no sobre la base de una integración, sustentada en diversidades ideológicas. Su liderazgo se ha basado en la violación del principio universal de no intervención en los asuntos internos de otros países y en la retórica nacionalista, antiimperialista y camorrista que ha le permitido “crear” en el imaginario una serie de supuestas amenazas externas para darle una mayor cohesión a la expansión del Socialismo del Siglo XXI y de paso consolidar la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América Latina y el Caribe.

Una organización que en opinión del historiador venezolano Agustín Blanco Muñoz “no está basada en ningún tipo de socialismo, sino en un descarado aprovechamiento de la riquezas venezolana”, en virtud de que “todos sus miembros se están aprovechando de la feria de las riquezas petroleras venezolanas que está haciendo Chávez”. De hecho, sostiene que “no ha cambiado en nada la estructura económica de Venezuela en términos socialistas, lo que existe es una mezcolanza de asistencialismo, en donde se están aplicando las mismas prácticas clientelistas que utilizaron los partidos tradicionales desde hace más de cuatro décadas, pero ahora trasladadas a las políticas revolucionarias del chavismo”.

Una “revolución” que en la práctica no es más que una utopia indescifrable, debido a las confusiones ideológicas de propio Chávez que divaga entre las recetas de la revolución cubana, los delirios de su reencarnación de Bolívar y la adopción de los radicales fundamentalismos autocráticos de tiranos de las estirpes del libio Gaddafi y del iraní Ahmadineyad.

Ahora el hecho que para la expansión del proyecto chavista, el dominio geopolítico de Colombia sea un asunto clave por el significado histórico que tiene en el simbolismo de la gran monarquía que soñó configurar Bolívar y por otras cuestiones geoestratégicas conexas, va hacer muy difícil que durante la permanencia de Chávez en el poder se normalicen las relaciones con Venezuela y, más aún por el papel que están jugando en las tensiones diplomáticas los asesores militares rusos, iraníes y cubanos que tiene Venezuela en asuntos de seguridad y defensa.

Un tema que poco se ha ventilados, pero que habrá que examinar con mayor profundidad para conocer más detalles sobre el rol que pueden estar desempeñando este tipo de asesores en las crispaciones de las relaciones colombo-venezolanas, especialmente en lo que tiene que ver con los supuestos planes de ataque e invasión desde Colombia.

Se sabe que los planes de seguridad y defensa venezolanos fueron elaborados con cooperación de asesores militares y políticos, cubanos, iraníes y rusos, quienes desempeñan un papel cada vez más influyente en el Gobierno de Chávez y, desde luego, no es descartable que tengan ciertas incidencias en las incontinencias verbales del régimen chavista.

Lo cuestionable del gobierno de Chávez es que habla cínicamente de entrega de soberanía y de injerencia de tropas extranjeras en otros países. Sin embargo, tiene más de 30.000 cubanos diseminados por todo el servicio público venezolano. Es tan excesiva la influencia cubana en los asuntos públicos que un grupo de ciudadanos han planteado de denunciar a Chávez por traición a la patria. Además, cuenta con asesores militares cubanos, iraníes y rusos en su seguridad personal y en las áreas de inteligencia militar que pueden estar siendo parte de su andamiaje de atizadores del belicismo en contra de Colombia.

Y como si fuera poco, los convenios que se han suscrito con Rusia convierten al Gobierno venezolano en el principal cliente de la industria militar rusa en América Latina y tras bambalina apoya la construcción de una base militar rusa, disfrazada de centro de mantenimiento y reparaciones de armas de fabricación rusas en Cochabamba en el centro de Bolivia.

El laberinto chavista

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Noviembre 12 de 2009

Más allá de los insultos y las amenazas de guerra del presidente venezolano Hugo Chávez, en contra de Colombia, cuyo gobierno califica de “enemigo” de su delirante “revolución bolivariana”, en el fondo lo que se esconde es una realidad política inocultable: la pérdida de legitimidad del régimen chavista, producto de los desaciertos de sus políticas económicas que han desatado una crisis interna que lo tiene con los pelos de punta.

La cual obedece en gran parte una década de improvisaciones en el manejo macroeconómico, a la ineficiencia, al incontrolable gasto público y a la galopante corrupción de la “revolución bolivariana”, que se han convertido en las acérrimas amenazas para una autocracia que se encuentra atrapada en su propio laberinto de equivocaciones.

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos son piezas claves del perverso plan geopolítico del populismo de la “revolución bolivariana”. Por consiguiente, el acuerdo militar entre Bogotá y Washington es utilizado como un elemento estructural de la siniestra estrategia política y militarista chavista que, desafortunadamente genera dividendos políticos internos y externos en ambos lados de la frontera.

Es claro que detrás de los improperios y la supuesta paranoia chavista contra las instituciones colombianas se oculta una pericia política que busca exacerbar el nacionalismo para frenar el descenso en la popularidad y de paso cohesiona sus fuerzas políticas de cara a las próximas elecciones.

La ruptura de relaciones y las restricciones comerciales hacen parte de esa infame estrategia y que no se sorprendan los colombianos si en los próximos días o meses expropia algunas empresas colombianas. El autoritarismo de Chávez ha demostrado que no tiene límites y por eso no le ha importado un ápice destruir el aparato productivo de su país, prueba de ello son las arbitrarias confiscaciones que ahuyentan la inversión extranjera y las medidas económicas contra miles de empresarios que los ha llevado a la ruina.

La situación de Venezuela es están crítica que registra un índice de prosperidad inferior a países que subvenciona como Bolivia y Ecuador. Lo lamentable para el pueblo venezolano es que el régimen chavista en lugar de invertir las ganancias de la bonanza petroleras en la transformación del país las dilapida comprando adeptos para el Socialismo del Siglo XXI en América Latina, Asia y África.

Era impensable que una potencia petrolera como Venezuela sufriera graves deficiencias en el suministro de energía y agua, un desbordante desempleo y desabastecimiento en productos de primera necesidad. Pero esos son los resultados de un régimen paternalista y corrupto que ha quebrantado todos los fundamentos de la potencialidad económica venezolana.

Lo increíble es que mientras Chávez se gastó el año pasado más de 8.o00 millones de dólares en ayuda para la expansión de la “revolución bolivariana” en América Latina y el Caribe, regaló miles de barriles de petróleo a Cuba, Nicaragua, Haití, entre otros países e inclusive para calefacción en 20 ciudades del imperio y construye 36 refinerías alrededor del mundo, en Venezuela PDVSA, la principal empresa petrolera estatal, afronta dificultades tecnológicas, sus principales refinerías son obsoletas y se ha visto obligada a importar gasolina.

Ahora, como quiera que más del 60% de los venezolanos cree que el principal problema del país es la inseguridad, la estrategia del chavismo es hacer creer a la opinión pública que la ola de inseguridad es consecuencia de un plan de desestabilización direccionado por Estados Unidos desde Colombia.

El propio régimen, en su malévola estrategia de armar a los comandos chavistas para afrontar la hipotética guerra contra los enemigos de la “revolución”, tiene serias responsabilidades en esos aumentos de los índices de criminalidad.

Se estima que en Venezuela existen entre 9 y 15 millones de armas en poder de la población civil, un asunto que se refleja en los creciente guarismos de criminalidad.

El Observatorio de la Violencia venezolano ha dicho que si se mantiene la tendencia en la tasa de criminalidad lo más probable es que este año alcance la lamentable cifra de 18.436 homicidios en el país, 4.816 más que el 2008 que cerró con 14.584. Las estadísticas sobre la criminalidad en Venezuela no mienten, por que desde que asumió el poder Chávez se disparó y en una década de chavismo Caracas pasó a ser la capital latinoamericana con más crímenes anuales y una de las ciudades más peligrosas del mundo.

Realidades vs. imaginarios

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Noviembre 5 de 2009

En Colombia la desinformación cunde por todas partes y es más grave aún cuando se vuelve un asunto estructurado en las políticas informativas de determinados medios de comunicación, los cuales por la falta de rigor caen en el censurable papel de desinformadores. A veces manipulados por el sectarismo de algunos editorialistas de ciertos diarios capitalinos que pretenden que los negros y los indígenas de la zona limítrofe colombo-panameña y en general del Chocó, sigan viviendo atados al colectivismo primitivo, de simples guardabosques y de espaldas a las realidades económicas en una sociedad capitalista, globalizada e interdependiente como la colombiana. En sus afanes de oponerse al desarrollo vial del país, sustentan sus argumentos en un conservacionismo externo, en mitos, imaginarios y falsos regionalismos que en las realidades económicas y sociales que sufren los habitantes del Darién colombiano.

Por eso me llamó la atención el editorial de El Espectador “El futuro del Tapón del Darién” (X-5-2009), en donde se hace un análisis poco documentado sobre la conexión vial con Panamá, desconociendo que el Darién es quizás una de las regiones más estudiadas del país. No fue el empresario Hernán Echavarría, el primero en proponer un ferry para las comunicaciones con Panamá, esa iniciativa se discutió en los Congresos Panamericanos de Carreteras en la década del cincuenta y fue incluida en los estudios del Subcomité del Darién desde 1957 en adelante, inclusive fue estudiada en los últimos estudios que contrató el Invías. Pero en todos ha sido descartada por no ser compatible con los sistemas de transporte en ambos países.

Argumentar que no existen estudios serios sobre los impactos del paso de la Panamericana por el Tapón del Darién es simplemente desinformar a la opinión pública. De hecho, desde 1957 se han elaborado diversos estudios que han demostrado la viabilidad de la obra, los cuales fueron discutidos y aprobados desde la década del cincuenta hasta parte de los años setenta del siglo XX en todos los Congresos Panamericanos de Carreteras, el Comité Directivo Permanente de los mismos, en el Subcomité del Darién y en la OEA.

Un somero vistazo a las memorias de los Congresos Panamericanos de Carreteras, a las de las sesiones del Comité Directivo Permanente y los anales del Subcomité del Darién, dan cuanta de magnitud de los estudios que se han realizado sobre el Tapón del Darién. Es increíble que después de más 50 años de millonarias inversiones en diversos estudios, entre ellos el más reciente que pagó el Invías sobre los impactos de la obra y que fueron actualizados para solicitar la licencia ambiental, se afirme que no existen estudios para el destape del Darién, es hilar demasiado delgado para oponerse a la continuación de esta carretera.

Hace falta más realismo en los análisis de varios editorialistas a cerca de la importancia de su integración con el resto de América, dentro del contexto del desarrollo de nuestra infraestructura y el crecimiento del comercio exterior, sobre todo a hora que afrontamos dificultades comerciales con Venezuela y Ecuador, dicha conexión abre nuevas perspectivas para el comercio colombiano hacia los mercados Centroamericanos.

No se trata de defender el arrasamiento del valioso patrimonio biológico que tenemos en el Darién, especialmente en el Parque Natural de los Katios. Por el contrario, lo que debemos buscar son puntos de equilibrios entre conservación y desarrollo y, desde luego, a esos son los consensos a los que hay que llegar en procura de la integración de esa región con el resto de América y para colocar realmente al servicio de la humanidad aquellas riquezas.

El destape del Darién no es un proyecto de la élite empresarial paisa que sueña con anexarse al Chocó, sino un proyecto – lo dice un chocoano – que hace parte de un centenario compromiso de unión vial del continente. Su continuación no obedece exclusivamente a los intereses de Antioquia, sino del país y en el cumplimiento de una serie de tratados multilaterales ratificados por todos los países que conforman el Sistema Interamericano.

Tampoco es cierto que la clase dirigente panameña se oponga a la iniciativa, existe un amplio grupo de panameños: ex presidentes, ex ministros, empresarios, líderes políticos y gremiales que apoyan la obra. Prueba de ello son los acuerdos bilaterales suscritos en 1979 por los dos gobiernos, en donde se ratificó la voluntad histórica del continente.

El eje Caracas-Brasilia-Madrid

José E. Mosquera

El Mundo, Medellín

Octubre 1 de 2009

La OEA sigue dando palos de ciego en la búsqueda de una solución a la crisis política en Honduras, sus actuaciones continúan siendo poco efectivas y cada vez se evidencia aún más su inoperancia en la resolución de los problemas políticos en esta nación centroamericana, debido a que se constituyó en la principal promotora del aislamiento internacional de Honduras, pero el costo político de su apuesta ha sido enorme para la estabilidad política de Honduras y, por supuesto, para la credibilidad de la organización.

Desde el comienzo de la crisis, la OEA quedó atrapada en la zaga de la comedia política de Caracas y sus aliados de Alba. Un asunto que obedeció en parte a la orientación parcializada como el Secretario General, José Miguel Insulza, afrontó la crisis pues, en lugar de buscar superar los escollos basándose en el consenso, contrario a ello, su marcada parcialidad con una de las partes ha servido para alimentar aún más las confrontaciones.

La falta de transparencia de Insulza en la conducción de las políticas de la OEA hacia Honduras no genera la suficiente confianza dentro del clima de tensión que se vive Tegucigalpa. Lo que han desencadenado es un ambiente caldeado de polarización y en un estancamiento en la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y de paso el congelamiento en las negociaciones del Acuerdo de San José.

El controvertido papel de la OEA, permitió de alguna manera que surgiera con mayor cohesión el eje Caracas-Brasilia-Madrid que se ha constituido en el principal promotor del intervencionismo y aislamiento de Honduras y, que de paso está utilizando la crisis hondureña para afianzar sus intereses geoestratégicos en América Latina y el Caribe.

Un eje que está sacando provecho político del desbarajuste institucional de Honduras, porque, además del abierto intervencionismo de Chávez y Ortega, el gobierno de Brasil, que había tenido una actuación un poco discreta, últimamente ha mostrado sus garras imperialistas y comenzó a desempeñar un papel más proactivo en la crisis y, por eso, durante la Asamblea General de la ONU, el presidente Lula fue el encargado de llevar el peso de la vocería de los gobiernos de América Latina y el Caribe que apoyan la restitución del ex presidente Manuel Zelaya.

Eje que está seriamente comprometido con la financiación de las fuerzas zelayistas y acusado de ser el artífice del retorno clandestino de Zelaya. Plan que contó con el apoyo del Gobierno español, el cual en su afán de ampliar sus influencias políticas y económicas en América Latina se ha convertido en el principal aliado del eje Caracas-Brasilia en la Unión Europea.

Para los intereses de aquel eje no había otro momento más propicio para presionar a la comunidad internacional y al gobierno interino de Roberto Micheletti a negociar el retorno al poder de Zelaya, que la Asamblea General de la ONU. En consecuencia, el presidente Lula y el Jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, fueron los que con más vehemencia exigieron en la ONU la reinstauración del ex presidente Zelaya, los otros mandatarios, incluyendo los de Venezuela, Uruguay, Chile y Argentina, siguieron el libreto de Lula.

Lo grave de la posición del eje Caracas- Brasilia-Madrid, es que además de ser el principal promotor del intervencionismo y el aislamiento de Honduras es también responsable hasta cierto punto de la agudización de la crisis en los últimos días. Sin embargo, su plan comenzó a erosionarse desde que se conoció el estudio que elaboró un grupo de expertos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que concluyó que la destitución de Zelaya estuvo ajustada a las normas constitucionales de Honduras.

Y con la opinión del representante de los Estados Unidos en la OEA, Lewis Amsalem, que el lunes pasado, señaló que los que facilitaron el retorno de Zelaya tienen responsabilidad en el recrudecimiento de la crisis y que ese regreso “no sirve de nada”. Esos dos hechos, sumados a los esfuerzos de algunos organismos multilaterales, de varios gremios y de los cuatros candidatos presidenciales más opcionados han logrado un giro en la postura de las partes y en algunas representaciones diplomáticas ante la OEA, que han dicho que reconocerán las elecciones del próximo 29 de noviembre, comicios que pueden ser el principio de una solución parcial para superar los agudos antagonismos políticos.