Eduardo Caballero Calderón, el novelista

José Miguel Alzate

El Tiempo, Bogotá

Marzo 15 de 2010

El pasado 6 de marzo se cumplieron cien años del nacimiento, en Tipacoque, de Eduardo Caballero Calderón, uno de los escritores más representativos de la literatura colombiana. En efecto, el 6 de marzo de 1910 nació, para gloria de las letras nacionales, el novelista que llevó a su obra literaria no sólo la angustia del campesino que lucha por obtener un pedazo de tierra para asegurar el sustento de su familia, sino que interpretó en sus novelas la violencia política de los años cincuenta, una época aciaga en la historia de Colombia por el enfrentamiento entre los dos partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador.

Pues bien: la conmemoración de este centenario debe motivar a los estudiosos de nuestro proceso literario a abordar de nuevo, con sentido crítico, la obra narrativa de un autor que tuvo como constante temática ese flagelo que asoló a Colombia. Sobre todo porque las novelas de Eduardo Caballero Calderón son una radiografía de ese país que les tocó vivir a miles de colombianos. 'El Cristo de espaldas', 'Siervo sin tierra' y 'Manuel Pacho' son tres novelas emblemáticas de esa violencia que se vivió en Colombia como consecuencia del enfrentamiento partidista. Los personajes de estas obras enseñan al lector lo que fue esa época de ingrata recordación.

En 'El Cristo de espaldas', el hilo narrativo maneja la historia de dos hermanos medios, hijos de Roque Piragua. Uno, Anacleto, es liberal; el otro, Anarcasis, es conservador. Un día Roque Piragua, que era conservador, aparece muerto. Entonces su hijo Anacleto llega a la iglesia para decirle al sacerdote que él no lo mató. El cura le cree, pero el pueblo no. Así las cosas, Anarcasis lidera una manifestación donde lanzan arengas contra los liberales. Los conservadores tratan de linchar a Anacleto. El alcalde, para impedirlo, le apunta con su revólver a la cabeza. Pero se interpone el sacerdote. Para evitar una tragedia, Anarcasis le arrebata el revólver al alcalde.

En 'Siervo sin tierra', la historia también se viste de tragedia. Siervo Joya, el protagonista, un humilde campesino boyacense, regresa a su tierra después de pagar el servicio militar. Pero se encuentra con una realidad: a su madre, Sierva Joya, la despojaron del pedazo de terreno donde vivía, en el cañón del Chicamocha. Siervo, que es liberal, quiere recuperarla. Pero para lograrlo debe enfrentar todo tipo de dificultades. Un día, pasado de tragos, mata a Anastasio, un campesino conservador. Entonces es privado de la libertad. Pero él alega que es inocente porque actuó en legítima defensa. Al final, aprovechando los desórdenes del 9 de abril, escapa de la cárcel y, de nuevo, regresa a su pueblo.

En 'Manuel Pacho', que cierra la trilogía de Eduardo Caballero Calderón sobre la violencia política, el lector se encuentra con la misma temática. El personaje principal es un hombre insignificante que en un momento de su vida realiza un acto de heroísmo. Un día cualquiera le toca presenciar, desde un árbol, cómo unos bandidos matan a su familia. También le tocó ver morir a la madre, arrastrada por las aguas del río. Manuel Pacho es un hombre limitado por el analfabetismo. Esta novela es la historia de un personaje que, para darle a su padre cristiana sepultura, atraviesa los Llanos Orientales, desde Orocué, con el cadáver al hombro.

Eduardo Caballero Calderón fue un novelista comprometido con la realidad social colombiana. Todo lo que desató la violencia política está en sus novelas como testimonio de una época difícil. El despojo de la tierra, la humillación hacia el que nada tiene, los procesos judiciales arreglados, la retención de las cédulas por parte de los políticos, la intromisión de la iglesia en asuntos electorales, las masacres contra simpatizantes de los partidos, los delitos contra la pureza del sufragio son hechos que narra el novelista con una mirada objetiva, sin ocultar la tragedia que vivió el país. Así las cosas, al conmemorarse cien años del nacimiento de Eduardo Caballero Calderón, los colombianos debemos volver la mirada hacia su obra literaria. Sobre todo para que no olvidemos al pasado.

La absolución de Arango Bacci

José Miguel Alzate

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 6 de 2009

La sentencia absolutoria proferida por la Corte Suprema de Justicia en el proceso contra el almirante Gabriel Arango Bacci era de esperarse. Procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, revelación de secreto, prevaricato por omisión y cohecho propio, el alto oficial de la Armada Nacional ha vivido durante dos años y medio un calvario que ningún colombiano quisiera sufrir. Primero fue la investigación interna para establecer la veracidad de las denuncias en su contra. Luego fue retirado de la institución y, posteriormente, llamado a juicio. Días más tarde se le libró orden de captura y fue privado de la libertad. Algo humillante para un oficial de alta graduación.

Durante el juicio se probó que las pruebas para incriminar al almirante Arango Bacci por los delitos que se le imputaban fueron un montaje en su contra, orquestado desde la cúpula de la misma institución. Este montaje buscaba, según parece, impedir su llegada a la comandancia de la Armada Nacional. Así se desprende de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de compulsar copia del proceso a la Fiscalía General de la Nación para que abra investigación contra el almirante Guillermo Barrera, comandante de la Armada Nacional. En concepto del Ministerio Público, se armó un complot para enlodar la carrera de Arango Bacci.

¿Por qué se inició el proceso contra el almirante Gabriel Arango Bacci? Por tres razones: su nombre apareció en un computador del narcotraficante Juan Carlos Abadía, alias 'Chupeta', donde, según las denuncias, favorecía su actividad delictiva con el movimiento de una fragata ubicada en el Caribe. Luego aparecieron unos recibos por elevadas sumas en dólares, con la huella dactilar del alto oficial. Después se habló de una reunión con un narcotraficante, a la cual supuestamente asistió el almirante. Con este acervo probatorio, la Armada Nacional remitió la investigación a la autoridad competente. Se inició así un proceso judicial que puso su nombre en la picota.

¿Qué pasó luego? Que después de una investigación en la que se allegaron todo tipo de elementos procesales, el procurador segundo delegado para la investigación y el juzgamiento penal, Jaime González Sarmiento, pidió a la Fiscalía la absolución del implicado argumentando que, para poder dictar sentencia condenatoria, se debía tener certeza de la conducta punible. La Fiscalía acogió esta petición al comprobar que algunos documentos no tenían valor probatorio. Lo que quiere decir, en lenguaje llano, que las pruebas aportadas al expediente fueron fabricadas, es decir, fueron un montaje amañado para lograr un efecto destructor. Una infamia que deja en claro la condición humana de quienes lo idearon.

El caso del almirante Arango Bacci trae a la memoria lo que le pasó al capitán del ejército francés Alfred Dreyfus, acusado de haber entregado a los alemanes secretos militares. Como el almirante Arango Bacci, durante el juicio, Dreyfus alegó su inocencia. Pero sus propios compañeros de armas, integrantes del tribunal militar encargado de juzgarlo, lo condenaron a prisión perpetua teniendo como base un informe falsificado. El juicio se reabrió como consecuencia de la carta abierta publicada por Émile Zola en el periódico 'L'Aurore', conocida con el título 'Yo acuso'. Se comprobó entonces que quien reveló los secretos fue el mayor Ferdinand Walsin Esterhazy. Sin embargo, se conspiró para protegerlo y este fue absuelto sólo para evitarle una vergüenza al ejército francés.

A Dreyfus se le absolvió después de 12 años de pagar condena por un delito que no cometió. Fue rehabilitado en su condición de militar, y condecorado en ceremonia pública con la Legión de Honor. A Gabriel Arango Bacci lo absuelve la Corte Suprema de Justicia después de año y medio de estar detenido. ¿Cómo le van a restituir su honor? ¿Cómo va a recuperar su buen nombre? Sobre los responsables de este montaje debe caer todo el peso de la justicia. La Armada Nacional no tiene otra alternativa que reincorporarlo a sus filas. Pero ni aun así se reparará el daño hecho a un hombre que siempre alegó su inocencia. Un daño que, colateralmente, lo sufrió toda su familia.

El caso de Francisco Santos

José Miguel Alzate

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 2 de 2009

Tiene razón la columnista María Isabel Rueda cuando afirma que la reapertura de una investigación contra el vicepresidente, Francisco Santos, por supuestos vínculos con los paramilitares le hace a Colombia un daño internacional inmenso. ¿Qué busca un funcionario de la Fiscalía General de la Nación al reabrir un caso que ya había sido archivado por medio de un acto inhibitorio? Simplemente, poner en tela de juicio la integridad de un hombre que como periodista se comprometió en la lucha frontal contra el secuestro. Porque lo que hizo Francisco Santos, después de ser víctima de este flagelo, fue trabajar para hacer menos doloroso el drama de las familias que tienen algún miembro en poder de los delincuentes.

Toda Colombia sabe que al recuperar su libertad después de haber estado secuestrado por el cartel de Medellín, Francisco Santos creó la Fundación País Libre, una institución que promovió marchas de protesta contra el secuestro. El hoy Vicepresidente de la República logró que en 1996 un millón de colombianos salieran a las calles para pronunciarse contra este crimen de lesa humanidad. En octubre de ese mismo año, cerca de tres millones de niños realizaron un plebiscito por la paz y la convivencia. Al año siguiente, el entonces jefe de Redacción de este diario promovió el Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad. Logró así que, a través del voto, diez millones de ciudadanos dijeran ¡No al secuestro!

Es imposible pensar que un líder de opinión con este trabajo en contra de un flagelo que asolaba a Colombia pueda estar incurso en delitos contra los derechos humanos. ¿Qué es lo que trata de establecer la Fiscalía General de la Nación al querer dar como ciertas las acusaciones de un delincuente como Salvatore Mancuso? ¿Qué busca esa entidad al reabrir un proceso que fue archivado por falta de pruebas? No queremos pensar que, como lo dice María Isabel Rueda, se trate de una argucia jurídica inventada por un vicefiscal interino que atiende sugerencias de quien desde la Corte lo postuló a ese cargo, para cobrarse el hecho de que fue requisado como cualquier ciudadano cuando ingresaba a un acto público donde estaba el Presidente.

Francisco Santos fue el artífice de la Primera Gran Marcha Nacional por la Paz, una movilización sin precedentes en la historia colombiana que, en octubre de 1999, comprometió a 12 millones de compatriotas para (con el eslogan del ¡No más!) exigirles a los actores del conflicto armado el cese de hostilidades y la liberación de todos los secuestrados. El mismo que el 23 de enero del 2000 promovió el "Primer Apagón Nacional por la Paz", que, según las electrificadoras, logró que 18 millones de personas apagaran las luces de sus casas en protesta contra los grupos armados por su estrategia de derribar torres eléctricas en diferentes sectores del país.

El vicepresidente, Francisco Santos, debe estar viviendo un drama humano. Que una acción para tratar de profundizar como periodista en las raíces de la violencia colombiana sea interpretada como un acto de simpatía con un movimiento fuera de la ley es algo indignante. Sobre todo cuando se sabe que en el momento de su reunión con Carlos Castaño no tenía ningún poder político, es decir, era apenas un orientador de la opinión pública preocupado por la cantidad de masacres que se presentaban en el país. A Santos debe dolerle en el alma que todo su trabajo para condenar el secuestro quede borrado por la acusación temeraria de un delincuente que fue extraditado por este gobierno para que pagara con justicia por todos sus crímenes.

El Vicepresidente dijo, en el reportaje con Yamid Amat, que ya le habían advertido cómo, para frenar la extradición a los Estados Unidos, en la cárcel de Itagüí se estaba fraguando por parte de los jefes paramilitares un plan en su contra. Esto debe valorarlo la Fiscalía General de la Nación cuando estudie la acusación de Salvatore Mancuso. Porque no puede permitirse que un delincuente juegue olímpicamente con la honra de un funcionario probo. Tampoco, que de esta forma trate de mancillar un gobierno que para evitar condenas ridículas en Colombia tomó la valerosa decisión de extraditarlos para que paguen por todas las atrocidades cometidas.