Las pasadas elecciones

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Marzo 21 de 2010

Las pasadas elecciones parlamentarias en su aspecto organizativo fueron un desastre que echa por la borda años de trabajo para hacer un sistema electoral eficiente que entregaba resultados en tiempos más que razonables y había mejorado en el diseño de los tarjetones para evitar sus manipulación y fraude.

Los resultados definitivos aun no se conocen. La Consulta conservadora sólo pudo dirimirse el viernes al comenzar la noche, lo que produjo tensiones innecesarias en esa colectividad y el país. Los tarjetones se prestaban para que inescrupulosos los alteraran, y sobre todo, eran tan enredados que el porcentaje de votos nulos creció como la espuma, enterrando con ello, posiblemente, las pretensiones de algunos los candidatos que buscaban el voto de opinión, aquel al que no le hacen los gamonales electorales un cursillo para llenar dichos papeles.

El señor Registrador de la República tiene una inmensa responsabilidad política y técnica en este fiasco, que no puede tratar de ocultar diciendo que el Presidente le está pasando una cuenta de cobro por su actitud frente al Referendo. Eso es querer tapar el sol con las manos, porque si hubiese hecho bien su tarea, nadie le hubiese podido recriminar nada. El desastre organizacional fue un factor de deslegitimación de nuestro sistema electoral, que ya hace a nuestra democracia objeto de burlas en el Exterior y que pone en duda la capacidad de la Registraduría para enfrentar las elecciones presidenciales. Ojalá la investigación iniciada por la Procuraduría General de la Nación arroje resultados.

Esto en cuanto a la organización. Respecto al resultado mismo, habría varias cosas que señalar. Creció el número de votantes, lo cual sería un buen indicio de fortalecimiento del sistema democrático, si no fuese porque existen dudas sobre la forma como se consiguieron muchos de esos votos. Aunque el voto de opinión funcionó parcialmente, con el Partido Verde, por ejemplo, o el caso del exministro Juan Lozano, en el Partido de la U, en términos generales, las maquinarias tradicionales y otras de nuevo ropaje pero de viejo cuño mandaron la parada, ahogando dentro de los partidos a aquellos que no hicieron uso de recursos excesivos y de vicios abominables como la compra de votos.

Sería buena idea que la Autoridad Electoral, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía estudiaran los dineros invertidos en muchas campañas de candidatos, que por los despliegues realizados gastaron varios miles de millones de pesos, cuando lo que se ganará un parlamentario en los cuatro años de ejercicio no supera los mil millones.

Y aunque nadie es judicialmente responsable por los delitos de sus familiares, es un hecho que llama la atención los abultados dineros que circularon y las participaciones políticas indebidas, que condujeron a votaciones caudalosas para formaciones políticas constituidas por parientes de parlamentarios condenados por parapolítica. Los ojos del país, de los jueces y de la comunidad internacional están puestos en estas personas y con seguridad, serán investigados.

Ante estas circunstancias, hombres y mujeres decentes de distintas colectividades, quedaron por fuera. Gente como Jaime Restrepo Cuartas y Darío Acevedo, del Partido de la U y Oscar Darío Pérez, del Partido Conservador, o Jorge Mejía, del Partido Liberal, por sólo citar algunos, no alcanzaron su objetivo de llegar al Congreso.

Pienso que le harán falta al Parlamento y al país. Especialmente, el doctor Retrepo Cuartas, a quien conozco de cerca y sé de sus brillantes capacidades, vocación de servicio y transparencia. Que un país se dé el lujo de darle la espalda a un hombre como éste produce tristeza y desazón. Llegó el momento de acabar con las microempresas electorales agrupadas en un Partido y dar el paso a las listas cerradas.

A nivel nacional, ganaron la coalición uribista, y, guardadas las proporciones, el Partido Verde; y les fue mal al Polo y al doctor Fajardo; el Partido Liberal apenas pudo mantener su presencia. El doctor Juan Manuel Santos triunfó, pero queda por aclarar que se sigue luego de que Noemí Sanín triunfara en la consulta conservadora. Casi con seguridad habrá segunda vuelta y el reacomodo del uribismo, que incluye al Partido Conservador, será posible, lo que le despejaría el camino a la presidencia. Pero nada está escrito.

Cambiar la estrategia

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Marzo 7 de 2010

El panorama político comienza a despejarse, pero paradójicamente, también a complicarse.

A despejarse, porque el presidente Uribe ya no será candidato, lo cual pone el tapete el mapa de tendencias en torno a su gobierno: una claramente a favor y otra altamente crítica, con algunas posturas numéricamente poco significativas, eclécticas.

Pero también se complica, Hay que consolidar su legado, en especial, el más fundamental de todos, la seguridad democrática, como lo he defendido aquí en múltiples ocasiones. El panorama electoral sin Uribe muestra a la cabeza de las tendencias de opinión, a sectores y candidatos de la coalición uribista, en caso de que unas y otras se sumaran. Pero ésta es un archipiélago en el que hay tendencias, especialmente en el Partido Conservador. De persistir esa división, es altamente probable que haya una segunda vuelta, en la que el ajedrez político tendrá que recomponerse. Allí, el uribismo del Partido de la U y el Partido Conservador, podrán reagruparse, en torno a un candidato, posiblemente el doctor Juan Manuel Santos, pero ello todavía no aseguraría el triunfo.

No obstante, hay sectores, a mi parecer, fundamentalistas (lo digo muy respetuosamente) en el núcleo uribista, que dicen que toda alianza debe ser sólo con quienes se mantuvieron en la coalición hasta el fin. Ahora bien, la conformación del conjunto de fuerzas políticas que asegure la continuidad de las tesis uribistas no es un asunto de estados de ánimo, ni de exclusiones. Por el contrario, es un asunto de estrategia, visión de la realidad y de inclusión. En ese escenario (la segunda vuelta) la gente que piensa que la seguridad democrática es un asunto de estado primordial para la supervivencia, debería converger.

Hay que abrir allí el abanico de las alianzas y no se debe quemar las naves desde ahora, poniendo a posibles asociados a la causa de la seguridad democrática contra la pared, usando lenguajes y ejecutando acciones sectarias que puedan radicalizarlos. Y no me refiero sólo a quienes en algún tramo acompañaron al presidente Uribe dentro de la coalición, que serían en esa nueva realidad, casi que aliados ‘naturales’. Hay sectores del Partido Liberal que no estarían por un salto al vacío hacia la izquierda radical.

Unos y otros podrían ser fuerzas esenciales a la hora de garantizar la continuidad de la política de seguridad democrática. Los fundamentalistas uribistas deben entender que aun entre el grupo que ha sido leal al presidente habrá continuidad, pero también estilos, y sobre todo algunas políticas, distintas. No se les puede pedir que sean una copia exacta, un clon del presidente, entre otras cosas, porque el mismo Uribe, si hubiese tenido la posibilidad de llagara a su tercer mandato, hubiese tenido que modificar algunas de sus políticas, es decir, ni él hubiese sido idéntico a si mismo.

Superar el fundamentalismo y abrir el pensamiento a las exigencias de la realidad, es vital en este momento de la política de quienes lideran la coalición uribista. Si se actúa de modo diferente, quienes así lo hicieren podrían llevarnos a todos a quedarnos sin el pan y sin el pedazo, porque la oposición hace sus cálculos y en ellos intentan ganar a su favor fuerzas que no tendría por qué sumarse a sus filas.

A Uribe le quedan 149 días de gobierno y se concentrará en asegurar sus políticas esenciales, la seguridad democrática, la cohesión social y la confianza inversionista y, dentro de ellas, realizará algunas acciones concretas que redondeen su gobierno al alza en la opinión y defendiendo y explicando sus políticas. Trabajará incansable hasta el último segundo de su mandato. Saldrá por la puerta grande, convertido en el mejor presidente de los últimos sesenta años y uno de los mejores, si no el mejor, de la historia republicana de Colombia. Lo que diga y haga será definitivo para este corto período electoral. Es un hombre de amplias miras y de carácter pragmático, que sabrá poner su inteligencia por encima de las lesiones morales y anímicas que le haya causado el ejercicio de la política, para asegurar que su legado no se destruya.

Uribismo sin Uribe

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Febrero 28 de 2010

La Corte Constitucional tomó su decisión y todos debemos acatarla. Los argumentos de que las formas de la democracia, que Rawls llamaría reglas de justicia, expresan contenidos y valores de la interacción política, como la transparencia, el derecho a la igualdad y el equilibrio de poderes, es respetable, como lo es la tesis contraria, defendida por muchos colombianos, entre los que me cuento, de que el pueblo como constituyente primario tenía el derecho a decidir si la posibilidad de un tercer mandato, para Uribe o para cualquier otro, era viable.

Pero como dijo el presidente, el que algunos han llamado estado de opinión está sujeto al estado de derecho, y los jueces constitucionales hablaron.

Ahora bien, una decisión de este tamaño, así se arrope en el lenguaje jurídico, tiene un fondo político inevitable, porque la Constitución no es la constitución jurídica sino la Constitución Política de un país. Siempre quedará la duda de si la decisión fue sesgada o imparcial. Yo pienso que es lo último, y sin embargo creo que fue determinante para ella que la popularidad de Uribe, mayoritariamente indiscutible durante mucho tiempo –más de siete años- comenzó a resquebrajarse, pues pasó de ser mayoría absoluta, con niveles superiores al 70%, a ser la primera de las minorías, con una aceptación por debajo del 50% en los últimos meses y, específicamente, en las últimas semanas.

El manejo dado al tema Agro Ingreso Seguro, pero especialmente, el de la reforma al Sistema de Salud, fue tan chapucero, que esos ministros (Fernández y Arias, de un lado, pero sobre todo Palacio), lograron con sus errores y su estilo, lo que la oposición en su conjunto no pudo hacer: golpear irreparablemente la imagen del presidente. Aunque sólo sea a manera de futurible (lo que hubiera pasado si en lugar de lo que realmente ocurrió hubiese sucedido otro evento), a la Corte le hubiese quedado muy difícil declarar inexequible el proyecto de referendo si el presidente hubiese mantenido los estándares de popularidad que exhibía, y que hacía ver como pigmeos a sus opositores.

Mi hipótesis sólo tiene un carácter heurístico. Lo que importa ahora es el futuro. A mi modo de ver el legado del presidente Álvaro Uribe, especialmente la seguridad democrática, debe preservarse porque el país y su Estado aun no han ganado la confrontación interna. Esta política tendría que ser un tema de Estado y no de gobierno, es decir, un asunto en el que debería haber un acuerdo de todas las fuerzas políticas que participan en el juego electoral y de los grupos sociales que los apoyan. Pero ese no es el caso. Ya los enemigos de esta política, los de aquí y los de Venezuela, etc., estarán pasando la resaca de la celebración que les produjo el fallo de la Corte y comenzando a concebir estrategias (si es que no las habían diseñado y comenzado a realizar antes) para llevar al gobierno un candidato que abra el espacio de la negociación con los grupos armados ilegales a cualquier precio, es decir, a retrotraer al país a los años 1998 -2002.

Lo grave del asunto es que la decisión de la Corte se prolongó en el tiempo por razones no imputables a ella, y dentro de los políticos que pudieran heredar las banderas de Uribe no hay uno que sea capaz de aglutinar a los colombianos de todos los sectores y de todas las regiones como lo ha hecho el presidente. Su carisma y capacidad de comunicación son reconocidos por todos. Por supuesto, hay gente muy preparada, como el ex ministro Juan Manuel Santos, y también es cierto que la legitimidad de la democracia del estado de derecho es la que produce la legalidad y no la personalidad del líder, pero ésta cuenta, dentro del marco de dicho estado, a la hora de aglutinar a un pueblo en torno a problemas tan esenciales como la supervivencia del modelo político plural que tenemos.

Y ante la ausencia de un líder carismático, el mecanismo para escoger y promocionar su sucesor se torna en la tarea prioritaria. Es menester un candidato rodeado de todos aquellos que acompañaron a Uribe, que sea conocido por sus ejecutorias dentro del actual gobierno, que pueda ir ganando muy rápidamente –y dentro de su estilo- credibilidad y confianza entre el pueblo como digno sucesor del presidente, de tal manera que éste pueda elegir con la tranquilidad de que lo esencial se mantendrá (la seguridad democrática) y lo mejorable se mejorará.

Crear un consenso y lograr mantener la fidelidad de los ciudadanos a las políticas del presidente y no a su persona, va a ser una tarea difícil. Sin Uribe como candidato, muchos políticos declarados uribistas buscarán encontrar refugio en otras filas y jurarán lealtad a sus nuevos jefes. Sin Uribe como candidato, la gente de carne y hueso debe tener referentes claros. Las disputas internas podrían conducir al proyecto de la seguridad democrática a su fin. Lo que está en juego es el destino de la nación, de ahí que acertar en la sucesión sea definitivo.

Juan Manuel Santos, insisto, puede ser ese líder. Su desempeño en el Ministerio de Defensa fue brillante. Su posición durante el limbo del referendo, leal con el presidente. Pero tendrá que trabajar mucho en su imagen, en esa sensación de lejanía con la gente, en su capacidad de comunicar, en convencer que representa al país entero y no a la aristocracia bogotana. Creo que tiene la inteligencia y las ganas que se requieren para lograrlo.

Conflicto y posconflicto

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Febrero 21 de 2010

Colombia vive la doble condición de tener un conflicto y una situación de posconflicto simultáneamente. De un lado, el sometimiento de los paramilitares a la ley de justicia y paz; y del otro, la violencia, armada , terrorista, sicológica, generada por una guerrilla debilitada pero no vencida, que se nutre de los dineros del narcotráfico, como hacían las autodefensas. Hasta donde yo sé, el nuestro es el único país del mundo que ha tenido que vivir esta doble situación, pues lo normal es que el posconflicto ocurra en el tiempo después del conflicto.

Lo que sucede en Colombia da el carácter específico de la política de seguridad que debe trazar un próximo gobierno –ya sea éste un tercer mandato de Uribe, o el encabezado por un ciudadano distinto, porque la violencia que se genera en el hecho descrito es doble, y cada una debería ser tratada de manera distinta, aunque complementaria y coordinada.

La barbarie generada por la guerrillas es justificada por ellas en virtud de razones políticas, así sus prácticas en torno al narcotráfico hayan puesto en duda tales razones. Al menos, en teoría, su violencia tiene por objetivo la toma del poder por vía de las armas. La que produjeron los paramilitares también era sustentada por esos grupos con razones políticas -el enfrentamiento a la guerrilla para evitar que su objetivo se cumpliera- a pesar de que en muchos de ellos, la ligazón con el narcotráfico igualmente era evidente hasta el punto de que muchos traficantes fueron ‘graduados’ de paramilitares, como dijo el general Naranjo, para acogerse a la ley de justicia y paz.

El cruzamiento del narcotráfico en esas dos clases de organizaciones, explica en gran parte lo que hoy está sucediendo. Veamos.

En los países en posconflicto, como El Salvador o Guatemala, ha habido un auge inusitado de la violencia luego de cesada la contienda militar. Esto se explica porque centenares de excombatientes, sin mando ni disciplina que los contuviera, recurrieron a lo único que saben hacer: producir violencia. Pero ésta ya no es de tipo político sino criminal.

En Colombia los paramilitares se desmovilizaron y las guerrillas persisten. Pero ha surgido una nueva clase de violentos, que proviene de los primeros por esa simbiosis con los narcos de las autodefensas que se sometieron. No obstante, a diferencia de éstas, ya no hay ninguna razón de orden político, y sólo queda el rasgo criminal vinculado al narcotráfico.

Muchos analistas piensan que son una nueva generación de paramilitares, pero en mi concepto, el gobierno tiene razón cuando las califica como bandas puramente criminales, sin objetivo político real, así quieran disfrazar sus acciones como contrainsurgentes. Estas bandas se disputan el territorio en las ciudades, algo muy importante de resaltar, para controlar el creciente negocio del microtráfico, y los cultivos y las rutas de tráfico con las guerrillas, con las que compiten y/o se alían, según la necesidad que tengan.

Estas personas producen violencia urbana y rural. Y la primera, de manera creciente, hasta el punto de poner en jaque el accionar, muchas veces heroico de la policía y la fiscalía. Esa violencia urbana ha servido para cuestionar la política de seguridad democrática, algo que considero equivocado. De hecho, el desafío interno a la soberanía de nuestro estado social de derecho persiste, por lo que la recuperación del territorio y el monopolio de la fuerza por parte de militares y policías, y del ejercicio y aplicación de la ley en manos de los jueces y fiscales, unos y otros legitimados por la Constitución y las leyes, es irrenunciable. Por otra parte, la represión del crimen común no es un asunto de soberanía política sino de estrategia policial, con la ayuda de las fuerzas armadas en el campo, cuando las bandas criminales actúen allí.

Un próximo gobierno debe complementar la seguridad democrática para hacer prevalecer a los ciudadanos, al Estado y sus instituciones, sobre la violencia de quienes pretenden tomarse el poder por la vía militar, con una política que contenga y desmantele las bandas criminales en las ciudades y en el campo. Seguridad democrática y seguridad ciudadana, entendida ésta como la protección contra los criminales comunes, van de la mano. No puede argumentarse seriamente que la primera ya no tiene sentido. Si esa política no continúa, pronto veremos al país en el estado en que se encontraba en agosto de 2002. Pero si no hay una estrategia organizada y masiva contra las bandas criminales, los logros de la seguridad democrática serán eclipsados y/o frustrados y los ciudadanos, acosados por el crimen, se olvidarán de la política central de recuperación de la nación y muchos intentarán pescar en río revuelto

El panorama político

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Febrero 14 de 2010

El ambiente preelectoral está entrando en su etapa final. En una democracia es en esta época en la que los ciudadanos tienen mayor oportunidad de influir en las decisiones de o los partidos de gobierno y en los programas de la oposición.

Es un hecho que en tal época una coalición de gobierno sube sus ofertas en bienestar, seguridad, oportunidades, etc., y que la oposición llega al fondo de los fallas del gobierno, reales o supuestos, para ganarse la voluntad de los electores y realizar, a su vez, sus ofertas, que siempre tratan de superar las de su adversario.

Digo que es un hecho, pero debo matizar que tiene sus excepciones. Nadie entiende que a un mes de las elecciones parlamentarias y a tres de las de presidente, en las que está de por medio la permanencia o no del actual modelo de gobierno, un ministro salga con una propuesta de reforma de la seguridad social tan chapucera como la del ministro Palacio. El gobierno jugó con candela y resulto gravemente chamuscado. Le tocó pasar de la soberbia a la explicación inútil, y de ésta al repliegue.

Lo que buscaba con la reforma no sólo no se consiguió, sino que terminó consolidando un modelo más gravoso que el que intentaban implementar. Y si no, que lo diga el retiro del tema del uso de las cesantías por parte de los estratos 5 y 6, sin ninguna sustitutiva, cuando si lo que se deseaba era que los ricos de verdad pagasen proporcionalmente a sus ingresos, invocando el principio de solidaridad, debería haberse diseñado escalas de copago para que personas naturales de grandes patrimonios y rentas asumiesen costos de sus tratamientos, y/o llevar al congreso tales escalas para que cotizasen más, en lugar de pretender cargarle el costo a la clase media y llevar la incertidumbre y la ansiedad a los estratos bajos, soportes de opinión de este gobierno.

Un trabajo de universalización del derecho a la salud tan importante como el que se ha hecho en el país, con el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, pero también con el esfuerzo del ejecutivo, termina desdibujando el aporte de éste, que es importante, a pesar de sus errores y acaba siendo el malo del paseo. Todo por la improvisación y una cierta dosis de prepotencia que partía de la hipótesis de que la popularidad del presidente lo aguantaba todo. Lo que no calcularon es que se metieron con uno de los temas más vitales y sensibles de los colombianos, la salud. Y que ante la posibilidad de perder el derecho y arruinarse para sobrevivir, no hay lealtad que valga.

El reflejo en las encuestas fue inmediato. Por primera vez el apoyo a la reelección bajó del 50%. El presidente tomo la iniciativa para contrarrestar este fenómeno iniciando una ofensiva para justificar la emergencia social, pero por primera vez se le vio inseguro y tuvo que retroceder en puntos clave, como el señalado más arriba. Si, como dicen algunos de sus asesores, la democracia de opinión es el núcleo del sistema, entonces la democracia de opinión dio su fallo, y fue adverso. Nunca un ministro y un error habían hecho tanto daño a la imagen de un presidente, como el que causó Palacio, ni siquiera Agro Ingreso Seguro.

Esto, sumado a la ponencia negativa del magistrado Sierra Porto, ponente sobre el referendo, que coloca al presidente y a la coalición ante la posibilidad inminente de que éste sea negado, arroja un panorama difícil para la coalición de gobierno. Ya el Plan B está funcionando, según todos los indicios. El doctor Juan Manuel Santos habla como un candidato y concita la unión de los colombianos en torno a los tres temas centrales de Uribe, a saber, seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Pero dicho plan aun depende, además de la decisión de la Corte, de la voluntad de Uribe, que mantiene la esperanza de que el referendo sea aprobado y lo gane.

Esta incertidumbre (que es, además, alimenta sistemáticamente por la oposición) en días electorales que son vertiginosos y escasos, en los que cada aplazamiento reduce las posibilidades de una buena campaña, juega en contra de las oportunidades de la permanencia de la coalición de gobierno. Y de continuar, podría ocurrir que el país perdiera el rumbo de la seguridad democrática, la mayor conquista de este gobierno (basta ver las cifras sobre reducción del secuestro en Colombia, que pasó de 3024 en 1999 y 2882 en 2002 a 15 en 2009, según la Fundación País Libre) pese a los intentos de desvirtuarla.

Más, cuando algunos opositores, para atacar el Pan B comparan tal coalición con el PRI mexicano, en el que por décadas el presidente saliente señalaba a su sucesor, comparación desafortunada y falsa, porque aquí la oposición tiene posibilidades de ganar el poder nacional como ya lo ha hecho en Bogotá, por ejemplo.

Salud: ¡que se cumpla la ley 1122!

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Febrero 7 de 2010

El debate sobre la emergencia social continúa, por lo que quisiera retomarlo, aportando nuevos elementos.

Una causa importante de la crisis es que no se ha cumplido con la Ley 1122 cuyo ponente fue el doctor Jaime Restrepo Cuartas. En esa norma se definen los plazos para pagar a las IPS, muchas de ellas públicas, para que no quiebren, algo que, inexplicablemente el gobierno no cumple. También creó el Comité técnico científico, cuya conformación quita a las EPS, que son negocios, el manejo del POS y lo convierte en un organismo mixto con representación académica y social, con visión de país, con criterio de solidaridad y rigor científico, lo que permitiría poner freno a los abusos de algunas de esas entidades; la ley hace obligatoria la salud preventiva, que protege previniendo, a la cual le sacan el cuerpo las empresas prestadoras del servicio, interesadas, por razones evidentes, en la enfermedad, teniendo al Fosyga como fondo sin fondo de dónde extraer recursos, etc.

La visión de la salud exclusivamente como un negocio, que tienen muchas EPS, la corrupción rampante en el manejo de los recursos para la salud, el manejo desbordado de nombramientos por parte de alcaldes y gobernadores, de personal en los hospitales, las tutelas pidiendo procedimientos que no tienen que ver con la salud del paciente sino con su estética (por supuesto, no me refiero a las tutelas que busacan que se garantice el legítimo derecho a la salud, que se le niega tramposamente a un paciente), etc; todo ello tiende a llevar al Fosyga a la quiebra.

Por eso, las cuatro primeras medidas deberían ser poner: a) en marcha todas las reformas al Sistema que implica la ley 1122 b) combatir la corrupción, c) poner un límite a la ambición de ganancia de las entidades prestadoras de salud) y d) limitar el uso indebido de recursos legales para tratamientos que no sean motivados por razones de salud.

Esto debe ir acompañado por una modelación económica que permita saber cuánto vale la igualación por arriba del POS para todos los colombianos, ya sean del régimen subsidiado y contributivo, si se hubiesen tomado en cuenta los ahorros que para el Sistema significaría llevar a la práctica las primeras cuatro medidas, y sobre ese cálculo, mirar el aumento del recaudo vía impuestos como los que se decretaron para las bebidas alcohólicas y juegos de azar, pero respetando el principio esencial impositivo de toda democracia que señala que no hay impuestos sin representación, es decir, que los impuestos deben ser aprobados por el Congreso y no por el ejecutivo.

Ahora bien, en la polémica hay un punto que me alarma. Es la insistencia del gobierno de que los ‘ricos’ ‘puedan’ acceder al pago de los servicios de salud en un caso de ‘prestaciones excepcionales de salud’. Mi preocupación consiste en que el presidente Uribe definió como ricos a las personas de los estratos 5 y 6.

Allí hay un sofisma. Todo el mundo sabe que el concepto de estrato es inadecuado para medir los niveles de ingresos. Todo el mundo sabe que un ciudadano de estrato 5 es una persona que tiene un nivel de vida medio, que ha tenido que trabajar toda la vida, e invertir sus cesantías, para tener una casa o un apartamento en un barrio relativamente equipado de una ciudad, y un vehículo que ha comprado con mucho sacrificio y ahorro. Posiblemente ha educado a sus hijos, apretándose aun más el cinturón en alguna universidad privada, teniendo que endeudarse para ello. Una persona de este tipo no es rica, simplemente vive con un cierto nivel de dignidad. Si llega a enfermarse deberá vender su vivienda y sus haberes y endeudarse sin esperanza de poder pagar, lo que lo condena a la muerte o a la indigencia.

Y lo mismo se puede decir de un gran número de personas del estrato 6. Un buen número, me atrevo a decir que la mayoría, son ciudadanos que viven de un salario o de un negocio pequeño o mediano, que comparte esta clasificación con gente que posee negocios que valen miles de millones de pesos o son ejecutivos de grandes compañías con salarios y honorarios muy altos. Unos y otros no son comparables. En realidad, la escala debería ser estrato, 6, 7, etc., según el nivel real de ingresos. Lo que debe mirarse es las declaraciones de renta. No es justo, entonces, que el presidente Uribe compare la clase media con la alta y la iguale por encima.

Finalmente, la reacción de las sociedades científicas y academias médicas logró que el presidente desautorizara a su ministro respecto a la autonomía y a los compromisos éticos de los médicos de los pacientes. En realidad lo del ministro fue tan burdo y no planificado que obtuvo el efecto contrario. Nadie está en desacuerdo con guías que parametricen servicios ni con la necesaria consulta de comités médicos para decidir sobre procedimientos en los que los diagnósticos difieren. Pero el supuesto de la buena fe y del mejor esfuerzo profesional con base en la presunción de que es idóneo para ejercer la profesión y su deber de defender el interés del paciente y no de la empresa, es la base sobre la que descansa la confianza que el paciente deposita en el galeno y en el sistema. Confianza que no puede ser traicionada por ninguna medida del Estado ni aceptada por un médico que ejerce su profesión con criterios de rectitud

La emergencia social

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Enero 31 de 2010

El Decreto 4975 del 23 de Diciembre de 2009, en su parte considerativa describe las razones por las cuales se decreta al emergencia social. Según se dice allí, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado por la ley 100 de 1993 y modificado y mejorado por la ley 1122 de 2007, está colapsando y existe el riesgo de que sea inviable, poniendo en riesgo la atención de este derecho constitucional.

Las razones invocadas son las siguientes: a) los tratamientos por fuera del Plan Obligatorio de Salud, POS, así como la asignación de medicamentos No POS, están minando los dos subsistemas que lo componen: el contributivo y el subsidiado, hasta el punto de que el Fosyga está a punto de quebrar; b) hay insuficiencia de recursos para cumplir con el cometido de universalizar el derecho a la salud de todos los colombianos, entre otras cosas, igualando los POS contributivo y subsidiado y otras medidas ordenadas por la Corte Constitucional, y c) los recursos que se obtienen para salud están siendo desviados por las autoridades regionales (recordemos los líos de Etesa y la decisión, consecuente de acabar con ella).

Supongamos que el diagnóstico da cuenta de algunas de las causas centrales del problema y demos por sentada la buena fe de quienes las promulgaron. Analicemos ahora las soluciones. Algunas acertadas, en mi criterio, otras insostenibles. Veamos:

La Constitución y la Corte Constitucional han establecido que la salud es un derecho fundamental que debe cobijar a todos los colombianos. Como declaración de un propósito y una prioridad social, esto es así, sin discusión alguna. Pero este derecho es un derecho económico y social, que a diferencia de los derechos civiles y políticos, que deben ser garantizados de inmediato y plenamente por el Estado, depende de la riqueza generada en el país, el nivel de tributación, etc. Esto es, se trata de un derecho que va evolucionando y ganando en aplicación a en medida que hay recursos disponibles y éstos se usan bien.

En toda economía, más aun en una economía limitada como la nuestra, los recursos son escasos. Una economía más desarrollada que permita mayor riqueza y por tanto mayores ingresos por impuestos es la única vía para alcanzar soluciones de fondo, que serán, necesariamente, de largo plazo. Mientras tanto debemos asignar, dentro de lo posible, más recursos, y eso se consigue mediante impuestos más altos. Aquí hay un acierto. Pero las medidas deben tener sensibilidad social y consultar la realidad económica del país. Así, frente a la exclusión en el POS de las prestaciones excepcionales de salud, como el tratamiento de enfermedades catastróficas, (Decreto 133 del 21 de enero de 2010), habría que diferenciar entre aquella pequeña minoría de colombianos que pueden financiar dichas prestaciones, de aquellos de ingresos medios y bajos (estratos medios hacia abajo), que no pueden hacerlo, porque lo que no tiene sentido es trasladar a cada individuo, a su familia y a su patrimonio, el costo de una enfermedad No Pos de tipo catastrófico o que requiera tratamientos elevados, con el objeto de salvar el Sistema, porque el resultado paradójico es que aumentará el número de pobres con aquellos que se han arruinado para combatir una enfermedad, lo que a la postre, no solo resulta éticamente inaceptable, pues los lemas de tal política serían ‘si no tiene con qué pagar, se muere’,o ‘conviértase en indigente para que sobreviva’, sino económicamente desastroso para el sistema mismo que aumentará la cifra de los que no pueden pagar.
También significa verificar a fondo a las EPS, sus niveles de ganancia frente a la cantidad y calidad de los servicios prestados, porque parece ilógico que se hable de posibles quiebras de instituciones prestadoras de servicios de salud, pero la evidencia muestra que algunas de ellas se colocan entre las primeras cien empresas más grandes de Colombia.

Es importante hacer eficientes dichos recursos, evitando la corrupción, castigándola ejemplarmente y evitando con medidas drásticas el desvío de recursos. Otro acierto. Pero cuando hablo de corrupción, no me refiero sólo a los que descaradamente saquean los fondos públicos asignados a salud mediante contratos, sino a las prácticas de organizaciones prestadoras de salud y de venta de fármacos, de impulsar tutelas para procedimientos innecesarios y drogas costosas que pueden ser suplidas por medicamentos más económicos con igual calidad. No me refiero, por supuesto, de manera alguna, a los tratamientos de los que realmente los necesitan, sino a la modalidad, que en el fondo implica engañar a los pacientes para cobrar al Estado.

Hay también objeciones de tipo ético muy grandes en el Decreto 131 del 21 de enero de 2010. Por ejemplo, el principio de solidaridad y servicio del médico hacia el paciente no puede coartarse, porque para aquél el paciente es un ser humano que requiere de sus servicios, y no una cifra económica. La parametrización de los servicios debe dejar espacio al ejercicio de este principio.

Estas medidas tocan tan de fondo el derecho a la salud de los colombianos, que merecen una mayor discusión.

Un nuevo Sur

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Enero 24 de 2010

El mapa geopolítico en el que se inserta Colombia está cambiando favorablemente para el país. En cuestión de meses hemos superado una situación extremadamente difícil de aislamiento y se abren perspectivas que pueden mejorar la posición política colombiana en el frente externo respecto al tratamiento de su conflicto interno.

Hace poco tiempo, Venezuela, con el apoyo irrestricto de Bolivia, Ecuador y Argentina, y con el concurso, matizado, de Brasil y Chile, había logrado poner en problemas a Colombia en asuntos muy importantes para su seguridad nacional, como el tratado con Estados Unidos –que como se ha visto es un aliado incierto- sobre el uso de trece bases colombianas para combatir el narcotráfico y el terrorismo, en momentos en que Venezuela compraba grandes cantidades de armamento ofensivo que apunta a nuestro territorio y arma, además de sus fuerzas de seguridad, a más de millón y medio de milicias paramilitares adictas al régimen y anunciaba alianzas militares potencialmente peligrosas para nosotros como la las realizadas con Irán y Rusia. Brasil hacía lo mismo, jugando a potencia regional, con Francia. A Esto se sumaba una frontera porosa con Panamá, por donde narcotraficantes y guerrilleros, hacían su agosto.

Unasur era un lugar hostil para Colombia. Todos podían tener alianzas militares y comprar grandes cantidades de armas, menos nosotros, que somos los únicos en Suramérica, víctimas de una amenaza interna sin resolver definitivamente, que para el colmo está siendo alimentada y apalancada desde Venezuela, cuyo conductor se ha declarado ya, sin tapujos y sin lugar a engaños, marxista y ha acelerado su programa de expropiación, golpeando no solamente a empresarios colombianos, sino, incluso a empresas de gobiernos complacientes como el de Francia.

Hoy las cosas han comenzado a cambiar. Con el nuevo gobierno panameño, encabezado por el presidente Ricardo Martinelli, se está construyendo una sólida relación comercial y se están desarrollando políticas conjuntas de seguridad. Martinelli ha expresado su admiración y apoyo por los esfuerzos colombianos para retomar la soberanía interna. La frontera noroccidental, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para Colombia, comienza a ser cubierta mediante un esfuerzo binacional.

La relación con el gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa se ha mejorado ostensiblemente, hasta el punto de que el ejército de ese país ha golpeado en estos días a las Farc e intercambiado información con nuestras fuerzas armadas. Ha sido un proceso de reconstrucción de confianza muy complejo que comienza a dar resultados. No se trata de realizar operaciones conjuntas, como los ecuatorianos han señalado claramente, pero sí de evitar que en su territorio operen grupos armados ilegales procedentes de Colombia. Esa parte de al frontera sur, tan complicada por la actitud de las autoridades ecuatorianas, que en su momento compartieron integralmente las políticas de Chávez, y por el incidente que terminó con la muerte de Raúl Reyes, comienza, pues, a tener otro cariz. Chávez comienza aquí a perder un alfil clave en su estrategia de rodear a Colombia, el más deseado de sus objetivos expansionistas.

La elección como presidente de Chile, de Sebastián Piñera, es una excelente noticia para nosotros. Rompe la alianza o al menos el apoyo relativo de Michelle Bachelet al gobierno venezolano y acerca a ese país a Colombia, como miembro de la comunidad de estados democráticos de derecho que defienden la economía de mercado y la libertad individual en Suramerica. Unasur no será ya el mismo, respecto a Colombia, con Piñera a la cabeza del gran país austral. En sus primeras declaraciones, criticó el intervencionismo en los asuntos internos de otros países por parte del gobierno de Venezuela y señaló que hay claramente dos vías en America latina: la democrática, de la que forman parte Brasil, México, Perú, Chile y Colombia; y otra, que lideran Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

El gobierno peruano de Alan García ha mantenido una línea clara de defensa de la democracia liberal, y lo ha hecho con éxito. Su país ha tenido un importante crecimiento económico sobre la base de la economía de mercado y se ha convertido en un aliado indispensable para Colombia en tiempos de intentos de aislamiento. En 2011 serán las elecciones y aunque es muy temprano para afirmarlo contundentemente, todo apunta a que se mantendrá la tendencia que apunta a la defensa de la libertad y la economía de mercado.

Está por definirse el futuro de Brasil. El presidente Lula tiene claro que el destino de su país no es el totalitarismo y su gobierno es de izquierda democrática, perfectamente compatible con la economía de mercado y la primacía de la libertad. En ese sentido, tiene más similitudes con el gobierno de Colombia que con el de Venezuela. Pero sus veleidades imperiales lo han hecho jugar un papel que ha contribuido a aislar a Colombia, sobre todo, a través de las declaraciones su canciller, Cesar Amorín. Ahora bien, no es lo mismo una política subcontinental brasileña respecto a Colombia con el apoyo de Chile que sin éste. Y todavía falta por saber si ganará la oposición en ese gran país. De hacerlo, Colombia tendría un camino mucho más despejado.

Sapere Aude

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Enero 17 de 2010

Leí en un blog de El Espectador un artículo en el que se criticaba el apoyo de las mayorías de los colombianos a Uribe, con el argumento de que éstas son personas, mentalmente hablando, menores de edad, incapaces de tomar una decisión por sí mismas y actúan, en consecuencia, de manera heteronómica, para usar la expresión kantiana, es decir, por lo que otros les dicen o imponen.

En su muy famoso ensayo “Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?”, de 1783, el gran filósofo de Könisberg, quizá el más grande pensador de todos los tiempos, contestó que, desde el punto de vista de los individuos, la ilustración consistía en la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, usando para ello la razón. En otras palabras, la Ilustración, la característica de la modernidad, consiste en el ejercicio de la autonomía, y en el caso específico que nos ocupa, la autonomía moral y política.

De hecho, la Ilustración implica la emancipación del hombre de la tiranía de quienes le imponen decisiones religiosas, morales y políticas. Antes de la Modernidad, los pastores religiosos o los gobernantes que invocaban a Dios como fuente de su poder, decidían por toda la sociedad, ese conjunto de individuos sobre los que ejercían su poder, pues las personas carecían de la posibilidad de formarse su propio criterio y decidir sobre los asuntos cruciales que les atañían como individuos y como comunidad política.

La Ilustración es, pues, el momento del nacimiento del individuo como ente moral autónomo y de la sociedad política como sociedad capaz de tomar autónomamente sus propias decisiones, es decir, el origen del individualismo, del liberalismo y de la democracia.

El grito de batalla kantiano en el texto comentado fue “sapere aude”, expresión latina que traduce “atrévete a pensar”, pero que también ha sido traducida, en virtud del contexto del trabajo, como “ten la valentía de usar tu propia razón”. Atreverse a pensar significa, usar los propios criterios, saber, investigar sobre el tema de la decisión y optar por una salida que no sea impuesta desde afuera, por alguien que se presenta como el sabio o el portador de la verdad revelada o la encarnación del poder.

El sujeto moral y político hace la elección en el marco de la sociedad política que también se autodetermina en la democracia. La aparente contradicción entre la determinación política -que en las sociedades modernas se encarna en el pacto en torno a una organización política democrática, que tiene el juicio de la mayoría como regla de decisión- y la autonomía del individuo, que puede ser contraria a aquella, se resuelve en el Estado de derecho que garantiza las libertades individuales fundamentales más allá del alcance de la decisión mayoritaria.

Atreverse a pensar usando la propia razón no niega la interacción con los otros. De hecho, formarse un criterio propio exige escuchar su argumento, evaluarlo, confrontarlo con las razones propias, y, luego, tomar las decisiones pertinentes. Exige libertad de pensamiento y expresión. Exige respeto por la autonomía del otro y por las reglas de la democracia. Con información suficiente, cada individuo debe ser capaz de formarse su propio criterio. Es curioso cómo columnistas y políticos defensores de la autonomía individual y del sapere aude se quejan porque libremente la mayoría de los colombianos optan por opiniones contrarias a las suyas, usando, precisamente su capacidad de tomar decisiones por sí mismos, usando la razón para hacerlo. Como no piensan como ellos, son menores de edad, en el mejor de los casos, o imbéciles y borregos, en el peor. Sólo quienes los siguen y acatan son autónomos, libres e inteligentes. ¡Esto en un país donde existe la más absoluta libertad de expresión por parte del Estado y los medios están abiertos a todo tipo de críticas contra el gobierno!

Estos escritores y comentaristas de medios actúan según la doctrina platónica del gobierno de los filósofos, quienes saben lo que le conviene al pueblo y por lo tanto tienen el derecho a regirlos y a decidir qué les conviene pensar y qué no.

La democracia ejercida en el marco de la Constitución, que es la forma de la autonomía política, es decir, de la sociedad, no significa nada para ellos. Si los ciudadanos, utilizando el sapere aude piden su reforma dentro del marco del respeto a las libertades fundamentales, para defender el derecho de la mayoría a elegir su gobernante, esto es un atentado al Estado de derecho porque su petición no corresponde a los intereses de los candidatos que ellos consideran dignos de gobernar.

Cualquiera que exponga una opinión contraria a su doctrina es satanizado, sin que sus tesis sean rebatidas con argumentos distintos a los denominados ad hominem, es decir, atacando a las personas y no desmenuzando sus ideas. Por ejemplo, los puntos de vista del Procurador sobre el derecho de las mayorías a elegir, o los que tienen que ver con los alcances de la violación de los topes de financiación o sobre la manera como se aprobó la pregunta del referendo en el Congreso, no han sido respondidos, salvo honrosas excepciones (como algunas expresadas aquí en EL MUNDO), con argumentos que no sean insultos o descalificaciones. Con kantianos así, ¿quién necesita platónicos?

El terrorismo acecha

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Enero 10 de 2010

La amenaza terrorista vuelve a cernirse sobre los Estados Unidos. Sólo la buena suerte y la rápida acción de la tripulación de un vuelo con destino a Detroit pudo evitar que el avión con toda su tripulación y pasajeros volaran por los aires.

Al Qaeda reivindicó el frustrado atentado y el presidente Obama tuvo que tomar medidas de control y asumir la responsabilidad por las fallas en la seguridad de su país. Anteriormente, había tenido que aumentar el número de tropas para combatir la alianza Al Qaeda – Talibán en Afganistán.

Ahora, el gobierno del norte ha identificado a Yemen, ubicado al sur de la estratégica península arábiga, como la nueva meca del terrorismo fundamentalista islámico, encarnado en la organización de Osama Bin Laden.

El terrorismo existe y es una amenaza real para las democracias del mundo. No se trata, pues, de un engendro inventado por Bush para intervenir en otros países. Se expresa en un conjunto de Estados y movimientos fundamentalistas de todo tipo, decididos a destruir a sangre y fuego los valores democráticos propios de las democracias liberales.

El terrorismo tampoco es el resultado de la imaginación calenturienta de guerreristas colombianos, como lo prueban las últimas acciones de las Farc, que de paso, reconocieron el asesinato del gobernador Cuellar y, de manera increíble, culpan al gobierno de ese hecho al tratar, según ellos, de rescatar al gobernador, cuando ha sido probado que las tropas gubernamentales, a la hora de la brutal ejecución, no se encontraban en ese lugar.

El mundo está viviendo un curioso momento de polarización en el que el diablo (Venezuela socialista, Corea del Norte) y dios (el gobierno teocrático de Irán, Hizbolla, Hamas, etc.) se alían para combatir su común enemigo, es decir, las democracias occidentales. En Colombia, la guerrilla encuentra un aliado estratégico, un santuario y una retaguardia segura, en Venezuela, cuya política continental consiste en atacar a Estados Unidos, a Colombia, la barrera que tiene contra el expansionismo bolivariano.

Nadie en el país puede equivocarse. Una ofensiva internacional que pretende ganar para las Farc el reconocimiento político -cuya última jugada consiste en presentar un video en el que aparecen como sembradores de maíz, cacao y paz, víctimas de un conflicto que ellos alimentan con actos terroristas y narcotráfico- debe alertar sobre las estrategias que estas alianzas efectúan. A esta ofensiva se debe responder con otra que defienda nuestra democracia y asegure aliados para tal meta. Al fin y al cabo, las democracias compartimos el mismo desafío, a pesar de que este sea hecho por distintas razones.

No estoy diciendo que vivimos en una democracia perfecta. Pero sólo hay que compararse con el vecindario para saber que, a pesar de los problemas y errores, la libertad en Colombia no se ataca desde el Estado sino desde los grupos ilegales armados. Que lo peor que le podría pasar a nuestro país es estar gobernado por un régimen de corte chavista.

Todos queremos la paz, pero su precio no puede ser la dictadura totalitaria. La amenaza que se cierne sobre nuestro Estado sólo puede detenerse con la defensa de la democracia y el Estado social de derecho, en la que se comprometan todos los demócratas en la lucha contra el narcotráfico, fuente nutricia de dicha amenaza. De la obtención de acuerdos sobre mínimos, que no son otros que el rechazo a la lucha armada y a los métodos de terror; de unidad en la estrategia de una política nacional e internacional en defensa de nuestro estado de derecho.

Un año crítico en seguridad

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Enero 3 de 2010

Termina un año crucial para Colombia, signado por el agudizamiento de una crisis internacional que luego de noventa años pone a Colombia frente a la posibilidad bélica con un vecino ideologizado y expansionista, aliado externo de la guerrilla, con la que comparte planteamientos estratégicos, la que toma un relativo nuevo aire, precisamente por la mencionada alianza y que serviría de quinta columna en el escenario hipotético de la confrontación militar con el país vecino.

Estudios recientes hablan de que Colombia no se encuentra preparada para un hecho de esa magnitud, ni tiene los suficientes recursos para enfrentar sola la amenaza externa, pero que a pesar de todo que es necesario hacer un esfuerzo en ese sentido para que haya una relativa fuerza disuasora, algo en lo que, según la información disponible en la prensa, ya se viene trabajando.

La alianza militar con los Estados Unidos bajo el gobierno de Obama, que tiene precisamente la intención de contrarrestar las amenaza terrorista y el narcotráfico y que significa un elemento disuasivo contra posibles agresiones externas, no ha sido, en mi criterio, ya antes expresado, lo suficientemente contundente por parte del gobierno del Norte, que ha actuado a la defensiva y se ha presentado como un mediador, cuando en realidad es un actor que toma posición. Incluso, a pesar de los desmentidos del embajador norteamericano, si se quiere un personaje importante pero no suficientemente representativo del pensamiento del gobierno de Obama, nadie, en el altas esferas que trazan la política internacional de ese país, salió a desmentir al medio norteamericano que señaló que sus fuentes habían expresado que el tratado de las bases se firmó por petición colombiana.

No obstante, la sola existencia del tratado ha revelado las intenciones del presidente Chávez, que entiende perfectamente que no es lo mismo una agresión a Colombia con una alianza militar colombiana con USA que sin ella. De hecho su intención es evitarla, ya sea llevando a los Estados Unidos a renunciar a ella o a conducir a Colombia a que desista. Por eso, a nuestro país le conviene que el tratado se mantenga y debe hacer lo necesario para que ese objetivo se cumpla, aunque tengo mis dudas, también ya manifestadas, de que Obama sea un aliado confiable. Hacer lo necesario significa dar las seguridades necesarias a los países suramericanos de que no se trata de una alianza ofensiva, para evitar el aislamiento en el subcontinente; no caer en provocaciones y convencer a Obama aun más de que hay intereses estratégicos comunes en juego: la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico

Afortunadamente en la frontera sur ha disminuido la tensión y tiende a tejerse unas relaciones estables y respetuosas, luego de meses de enfrentamiento. Por un tiempo la guerrilla no tendrá, un santuario y retaguardia estratégica. Aunque sólo se produzca este hecho en virtud de razones económicas y del déficit energético del Ecuador, como apuntan algunos analistas, permite concentrar esfuerzos, lo que mejora las posibilidades de seguridad interna y de protección de la soberanía nacional.

Así las cosas, el tiempo se convierte en la clave del problema porque se requiere un lapso importante para prepararse para cualquier eventualidad, mejorando los recursos propios y evaluando la posición de los Estados Unidos. Más aun cuando el próximo es un año electoral en el que se está jugando la estrategia para enfrentar las amenazas interna y externa, que actúan coordinadamente. Los últimos acontecimientos –el secuestro y asesinato del gobernador Cuellar y otras acciones de la guerrilla, así como las amenazas constantes del presidente Chávez, buscan, precisamente, influir en el electorado colombiano. Hay mucho en juego, entonces, y el balón está en el campo de la ciudadanía que es la que tiene que elegir qué país quiere.

Polo a tierra

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Diciembre 27 de 2009

Me siento conmovido por el lamentable suceso que terminó con el secuestro y ejecución atroz del Gobernador Luis Francisco Cuellar del departamento del Caquetá. Me solidarizo con su familia y su departamento. Era un buen hombre con el que se ensañaron en su máxima expresión las Farc, las cuales mostraron el nivel de barbarie al que han llegado y están dispuestos a llegar.

Pero pienso que este acontecimiento pone, como suele decirse, polo a tierra, la discusión nacional, que gira principalmente, en esta época preelectoral, sobre el tipo de gobierno que Colombia necesita para los próximos cuatro años, respecto a su actitud frente a la guerrilla.

Pareciera que estuviéramos en el eterno retorno nieztcheano, en el que se repite indefinidamente la historia, pero en realidad ese no es el caso. Luego de siete años de práctica de la política de seguridad democrática, dicen algunos, ésta tocó techo, la guerrilla se ha fortalecido nuevamente e incluso, superando sus diferencias –tramitadas a sangre y fuego- se han aliado. Lo anterior, sumado al apoyo venezolano y de la Coordinadora Continental Bolivariana, significaría que se volvería, resumiendo, a la situación de empate estratégico, lo cual exigiría iniciar un nuevo ciclo de negociaciones, en pie de igualdad para buscar una solución negociada, valga la redundancia, al conflicto. Es decir, al escenario que pensó y ejecutó el presidente Pastrana.

Es verdad que ha habido acciones como el secuestro y asesinato del gobernador Cuellar, la ejecución a sangre fría de concejales, intentos de toma de pueblos en Cauca y acciones limitadas en otras regiones del país. También lo que la frontera oriental constituye la segura retaguardia de los grupos de extrema izquierda armada, protegidos por el gobierno de Chávez, que ha sido incapaz de desmentir una sola de las denuncias sobre la presencia de éstos en su país y, en cambio, se ha armado hasta los dientes, bloqueado económicamente nuestro país, prohijado la muerte de colombianos, insultado al gobierno y al pueblo colombiano. Todo, en un intento de copar nuestro país para su proyecto y darle un respiro y la oportunidad de recuperación a sus aliados armados en Colombia.

Pero las Farc, y mucho menos, el Eln, son las organizaciones que solían ser en el gobierno de Pastrana. Los golpes sufridos son tan duros -el resquebrajamiento del Secretariado, las bajas, las deserciones, la operación jaque, el descendente nivel de ingresos que ya no se alimenta en la misma medida del narcotráfico y del secuestro, gracias a la estrategia del Estado; su desprestigio en la comunidad internacional, pero sobre todo el rechazo visceral de los colombianos de bien, hacen que sea imposible que recuperen los niveles de esa época. La guerra, dicen los teóricos, no es un asunto fácil ni estático.

Era de esperarse un esfuerzo máximo por parte de estos grupos para recuperar la iniciativa, más aun con la mira de influir en las elecciones, con la esperanza de dar la sensación de fortaleza y disminuir la voluntad de lucha del oponente, y sobre todo, la del pueblo que debe elegir mandatario. Esto último es clave: si logran cambiar la resistencia de los ciudadanos a las atrocidades y al terrorismo, habrán ganado el pulso más importante de su historia, porque nunca antes habían estado tan cerca de la derrota militar definitiva.

Todo ello exige el reacomodo de la estrategia del gobierno y de sus fuerzas armadas, pero, sobre todo, la comprensión, por parte de los ciudadanos, del momento político que Colombia está viviendo. La confrontación se está ganando. Las tendencias de superioridad del Estado se mantienen y Chávez está cada vez más aislado en el continente y en el mundo.

Los colombianos deseamos el fin del conflicto y el cese del derramamiento de sangre inocente. Y una salida negociada siempre será posible si hay buena fe y genuina voluntad de paz en los comandantes de la guerrilla. Pero el juego macabro de anunciar liberaciones de militares que llevan 12 años secuestrados y la entrega de los restos del mayor Julián Ernesto Guevara, y, simultáneamente secuestrar y/o asesinar a otros colombianos, pone en evidencia su nula voluntad de una salida negociada. Recordemos todos cuál fue la estrategia de la guerrilla de las Farc en la última negociación. Si queremos la paz y la negociación, el Estado debe mantener la presión militar hasta cuando a esos grupos no les quede más opción que acordar el fin de sus hostilidades. Si es necesario, debe reacomodar su estrategia y sus tácticas para acomodarse a las nuevas situaciones. Pero ello sólo es posible si los colombianos no somos inferiores a nuestra responsabilidad. Tanto dolor por tanto tiempo no puede perderse cuando hay luz al final del túnel. Ojalá los colombianos no enterremos la libertad y la democracia y la posibilidad de que nuestros hijos vivan en una sociedad plural e incluyente.