Cambio de rumbo en AIS

Editorial

La Patria, Manizales

Noviembre 1 de 2009

Dentro de dos días cuando se reinicie en el Senado de la República el debate interrumpido el pasado martes sobre hechos anómalos en la adjudicación de créditos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), las cosas habrán cambiado de rumbo y estarán orientadas hacia la meta señalada con verdaderos beneficios sociales.

El Gobierno Nacional quitó los subsidios de AIS a los grandes empresarios y la ayuda oficial sólo cobijará los proyectos de pequeños grupos campesinos que cumplan con las condiciones establecidas para determinar los propósitos de esta inversión social. Así se anunció esta semana que acaba de terminar, en una medida de reacción ante la polémica desatada por beneficios para familias pudientes que, entre otras cosas, fueron aportantes de dinero a las campañas presidenciales de Álvaro Uribe, la de elección y la de reelección.

Lo que se ha dicho alrededor de este escandaloso tema tiene tanto de largo como de ancho, así como mucho de cierto y de falso. Y lo es pues no se pueden esconder asuntos aberrantes como la entrega de millonadas de dinero, en cuantías diferentes, a varios integrantes de acaudalados grupos familiares de la Costa Caribe y de otras regiones, quienes están en capacidad de asumir créditos normales o de menores exigencias con la banca privada o con el propio Banco Agrario en tantas de las modalidades que este contempla.

Sin embargo tampoco se puede satanizar el programa porque le haya hecho concesiones legales a grandes empresas pues si lo que se necesita es generar producción y reactivar el campo, y los campesinos o propietarios de pequeñas parcelas de tierra no buscan acceso al beneficio porque no tienen capacidad de pago, no están interesados o no creen en las políticas públicas, pues hay que prestarles, no regalarles, a las empresas grandes, medianas o pequeñas que tengan planes agrícolas definidos y estén dispuestas a jugárselas por ellos.

En otras palabras, se debe mirar con detenimiento, más allá del calor partidista de oposición y del normal enojo por los abusos comprobados, si quienes no tuvieron acceso a los créditos en las distintas líneas que ofrece AIS fue porque no presentaron los proyectos con los requisitos exigidos, fueron descartados por incompetencia legal o financiera, querían aprovecharse de un beneficio oficial o fueron despojados de un derecho adquirido de manera insensible y sin argumentos justificables.

Y es que el tema es de tal complejidad que la propia Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que tantas diferencias ha tenido con el gobierno de Álvaro Uribe (aunque también coincidencias), protestó hace tres días al conocer la decisión oficial de quitarles los beneficios a las grandes empresas. Rafael Mejía, presidente de ese gremio, le pidió al Presidente “dejar que ese instrumento (AIS) siga apoyando a todos los productores del campo” pues según él eso afecta la confianza inversionista en el país.

De las distintas conclusiones que se pueden sacar frente a este espinoso tema la más clara y evidente, pero quizás la más difícil de ejecutar en el mediano plazo, es la necesidad de una reforma agraria. Claro que conociendo lo que es Colombia en este tema y los intereses, legales e ilegales, que hay de por medio en cuanto a la tenencia de tierras, más demora en plantearse el asunto que guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, terratenientes, congresistas y politiqueros de todas las pelambres en salir a pescar, a su manera, en el río revuelto que se formaría.

Al programa Agro Ingreso Seguro hay que hacerle una completa radiografía para saber dónde están sus puntos cancerígenos, los que hayan hecho metástasis y los que puedan ser extirpados. Para eso se necesita el concurso de la Procuraduría General de la Nación, con la asistencia de algún organismo internacional si es posible, que diga exactamente dónde hubo abusos y a partir de ahí hacer los ajustes necesarios mientras un Congreso de la República legítimo y al margen de la campaña electoral que se avecina se encarga de cómo eliminar, redefinir o cambiar el AIS o la política agraria nacional. Claro que esto no exime de responsabilidades al gobierno y a los ministros de Agricultura por los abusos que se han cometido.

"Héroes de la democracia"

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Noviembre 01 de 20009

Esas fueron las rimbombantes palabras que usó Tom Shannon, subsecretario de Estado, para calificar a los negociadores de Micheletti y Zelaya que lograron un acuerdo que en principio permitiría una salida a la crisis en Honduras. Excesivas, quizá, para describir a quienes sólo llegaron al arreglo porque los Estados Unidos les forzaron la mano y porque estaban políticamente agotados.

Sin la presión activa de la administración Obama es dudoso que las partes se hubiesen avenido. A Zelaya sólo le interesaba su regreso al poder como fuera. Y Micheletti no hubiera dado su brazo a torcer para impedir incluso la eventualidad de semejante cosa si los gringos no hubieran cerrado los créditos al pobrísimo país centroamericano y hubieran revocado las visas de algunos de los altos funcionarios de su administración, la Corte Suprema y el Congreso.

Ganaron los gringos, que demostraron que, más allá de los errores y vacilaciones de su política exterior, aún pueden jugar un papel decisivo. También obtuvieron un triunfo parcial los que buscaron que Zelaya no se perpetuara en el poder y se instalara un régimen chavista en tierras de los catrachos.

Porque contrario a lo que sostienen algunos interesados, en especial aquellos de la izquierda más recalcitrante, el acuerdo no dice que Zelaya vaya a ocupar de nuevo la Presidencia. Lo que hace es entregarle al Congreso la decisión sobre su regreso. Las partes se obligan a allanarse a lo que el Parlamento decida. Así lo ha reconocido el mismo Shannon, quien ante las insistentes preguntas de periodistas se mantuvo en que la comunidad internacional deberá respetar “lo que los hondureños decidan” y se negó a afirmar que Zelaya debe ser reinstalado. Un giro, sin duda, en relación con la posición inicial de Obama. Y una advertencia tácita a quienes quisieran imponer a Zelaya a cualquier costo.

La historia y la lógica llevarían a concluir que los congresistas se negarán a devolverle el poder a Zelaya. Basta recordar que la Corte Suprema ha sostenido que la restitución es inconstitucional y que todos los diputados votaron unánimemente su destitución. Pero las presiones serán muchas.

El Teniente Coronel y sus aliados del comunismo del Siglo XXI harán hasta lo indecible no sólo para que Zelaya vuelva sino para que se quede. Importará poco que el acuerdo alcanzado sostenga, ahí sí de manera inequívoca, que quien ocupe la Presidencia no podrá citar a ninguna constituyente ni intentar de manera alguna modificar la regla constitucional que prohíbe la reelección. La actitud del propio Zelaya es impredecible. ¿Qué ocurrirá si el Congreso, ahora en receso, decide mantenerse en sus cinco y no restituye al defenestrado?

Lo cierto, sin embargo, es que a la comunidad internacional le quedará muy difícil mantenerse en la tesis de no reconocer al ganador de las elecciones del próximo 29. Tesis estúpida y profundamente antidemocrática, por cierto. Hacía imposible la vía más fácil para superar el embrollo y le negaba al pueblo hondureño la posibilidad de escoger libremente su gobernante y reintegrarse a la comunidad internacional.

Tesis, además, contraria al derecho internacional que reconoce la posibilidad de sucesión de gobiernos, sin importar el régimen político que los rige. Y a la historia, que muestra que la mejor de las salidas a las dictaduras, si es que ésta lo fuera, es precisamente a través de la celebración de elecciones.

El servicio de inteligencia colombiano

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Noviembre 1 de 2009

El documento del DAS en poder de las autoridades venezolanas es un campanazo de alerta sobre nuestra seguridad nacional. Como el ladrón, que para despistar grita “cojan al ladrón”, el gobierno del vecino país prueba fehacientemente no que el gobierno colombiano lo esté espiando sino que es él quien está espiando al nuestro. Y que el boquete de seguridad es grande. Por él pasa información sensible que termina en manos de un gobierno crecientemente hostil, para ser usado, como en esta ocasión, hábilmente en contra nuestra, o peor aun, para conocer nuestras debilidades y políticas de defensa, con el fin de ajustar, silenciosa pero letalmente, su estrategia de agresión.

Se debate internamente los alcances de nuestro servicio de inteligencia. Pero lo que no puede hacer dicho debate, en mi opinión, es soslayar que la seguridad pasa por esta actividad. Ésta es de la esencia misma de la supervivencia de cualquier nación. Más en Colombia, enfrentada como está a las amenazas internas del terrorismo de izquierda y de derecha y del narcotráfico, y de las intimidaciones, chantajes y provocaciones provenientes, especialmente, del gobierno venezolano, cuya política sistemáticamente apunta a desestabilizar y aislar internacionalmente a nuestro estado y nuestra sociedad.

Todos los indicios tienden a señalar que crecerá y aumentará en gravedad, el número de agresiones e incidentes de todo tipo –económicos, políticos, militares- deliberadamente provocados, con el argumento de que desde nuestro gobierno se está realizando un complot contra su homólogo bolivariano.

Para la muestra, algunos botones: la compra masiva de armas ofensivas y los pactos militares con potencias extranjeras por parte del gobierno venezolano, no requiere según ellos, de explicación; pero el pacto firmado por Colombia con los Estados Unidos, para el uso compartido de siete bases militares nacionales para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico internos, sí, y el país es sometido al escarnio internacional. La creación de una milicia paramilitar bolivariana de más de un millón de personas; la muerte, manejada de manera cruel, despectiva y humillante de colombianos, acusados de paramilitares, algo que no ha sido probado; el cierre del comercio bilateral; los esfuerzos por enemistar al gobierno colombiano con países vecinos, diciendo que desde aquí los están espiando.

Todos estos hechos (y muchos otros) plantean la posibilidad no descabellada de que algo muy serio se está urdiendo contra Colombia. No es ésta una aseveración paranoica de quien ve amenazas y ataques militares en cualquier acción del gobierno venezolano. Sólo digo que todo esto merece la atención y análisis de nuestros organismos de seguridad. Colombia tiene derecho a poseer un servicio de inteligencia, civil, que recolecte, analice y decante información, con el propósito de preservar el territorio, la democracia y la unidad nacional.

Pero sospecho que la tarea se viene haciendo muy mal. Que los análisis de inteligencia, realizados, según el director del DAS, desde Colombia, se muestren en la televisión venezolana como “prueba” de una conspiración en su contra, lo único que prueban es que aquí, de contrainteligencia, nada. Lo que se sigue de esto es que hay gente que está entregando información secreta a los enemigos externos (e internos), y, posiblemente, no de ahora. Pero todo parece indicar, por la sorpresa manifestada por el director del DAS, es que allí no se tenía la menor sospecha de que algo tan grave estaba ocurriendo.

Creo que este incidente con Venezuela debe ayudarnos a reflexionar. Por supuesto, los organismos de inteligencia no se diseñaron para espiar a ciudadanos opositores, jueces o magistrados. Es necesario, que actúen dentro del marco de la ley y con los debidos controles. Quienes utilicen indebida y delictivamente las herramientas y el poder puesto en sus manos, deben ser castigados. Soy consciente de que la descomposición y la polarización facilitan la pesca en río revuelto. Pero creo pertinente decir que no es bueno para el país permitir, por acción u omisión, que su actividad de inteligencia, realizada por una agencia de carácter civil, se debilite o desaparezca.

Se ha dicho que el DAS será disuelto y en su lugar se creará una nueva agencia, concentrada en inteligencia destinada a la seguridad del Estado. Cualquiera sea el curso de acción, el hecho es que necesitamos urgentemente un servicio de inteligencia, de carácter civil, fuerte, eficiente, legítimo, que encarne los intereses del Estado y no los particulares de un determinado gobierno, en el que la contrainteligencia cumpla su papel para preservar el Estado al que sirve.

La Corte Penal Internacional

Editorial

El Mundo, Medellín

Noviembre 1 de 2009

La mayor contribución para evitar que se cumpla el deseo de quienes podrían intentar someter a Colombia a un juicio internacional la debe ofrecer la propia justicia nacional.

Porque el país guardaba la esperanza de adelantar procesos de paz con los grupos terroristas, en 2002 el Gobierno Nacional decidió hacer uso de las facultades del artículo 124 del Estatuto de Roma, que dio vida al tribunal, para aplazar hasta por siete años la vigencia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en crímenes de guerra cometidos en el país. Con el vencimiento de ese plazo de gracia, todo acto criminal de esa condición cometido en territorio colombiano y no juzgado por las instituciones nacionales podría ser juzgado por ese organismo, siempre que se demuestre que la falta de juicio se debe a ineptitud o falta de voluntad.

La posibilidad de la intervención de la justicia internacional para evitar la impunidad en los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y los genocidios, da a las víctimas garantía de que esos delitos serán juzgados. Como es lógico, somos partidarios de que la justicia colombiana aboque esos casos, lo que no impide reconocer la conveniencia de contar con la garantía que da la eventual jurisdicción supranacional. Aunque compartimos el escepticismo de nuestro columnista Néstor Raúl Correa sobre la posibilidad de que las Farc o el Eln modifiquen su condición narcoterrorista por temor o respeto a esta jurisdicción, consideramos que la consolidación de la CPI hace más difícil que la opinión pública internacional siga viendo con alguna complacencia los crímenes de la guerrilla.

Aunque es un organismo diseñado para suplir las falencias de instituciones que no funcionan por incapacidad de los Estados o desidia de las autoridades, la CPI también puede ser aprovechada por los activistas de extrema izquierda para convertirla en arma de ataque a los gobiernos democráticos. En ese orden de ideas, vemos necesaria la campaña emprendida por la Embajada de Colombia en Holanda para informar a los colombianos sobre las potestades y límites de la Corte, a fin de evitar que florezcan las presiones de aquellos que buscan algún resquicio para vincular a Colombia a procesos penales como los que enfrentan países con instituciones débiles y gobiernos criminales, como Sudán, Uganda, Somalia o el Congo.

La información sobre la CPI contribuirá a dar claridad a los activistas de derechos humanos que quieren aprovecharla para hacer visibles sus nobles causas y luchar porque el mundo tome conciencia de la gravedad de los delitos que cometen las guerrillas colombianas. Aunque esos organismos presentan exigencias legítimas por el cese de los actos contra los Convenios de Ginebra y por el fin de la impunidad en delitos como el secuestro, la siembra de minas antipersonas o las masacres, su apresuramiento en apelar al tribunal internacional para que asuma casos que están en proceso de juicio en Colombia no sería procedente y más bien podría llegar a ser contraproducente para las nobles causas que representan.

En la otra orilla de las organizaciones con vocación realmente humanitaria se ubican los grupos de activistas políticos que usan el disfraz de defensores de derechos humanos para divulgar su propaganda contra las instituciones colombianas, en estrategia con la que han tenido tanto éxito en Europa que todavía en Suecia, Noruega, Suiza y aun en Francia, entre otros, existen amplios grupos confundidos sobre la realidad colombiana y el carácter de los narcoterroristas que han logrado engañarlos. Como avizoramos la campaña de los agentes de la guerrilla para convertir a Colombia en reo de ese tribunal, confiamos en que el Gobierno haya dispuesto las defensas necesarias mediante acciones coordinadas por la Cancillería y entendemos la confianza del embajador Francisco Lloreda en la capacidad de control de la institución sobre las denuncias que le presentan y en el rigor del fiscal Luis Moreno Ocampo, como bases sobre las cuales es posible garantizar la comprensión de que nuestro país tiene instituciones judiciales maduras, de un nivel de versación jurídica y diligencia procesal mucho más alta que la mayoría de los africanos y del Asia continental.

Aunque la pedagogía dentro del país y la presteza de la Cancillería para evitar sorpresas por cuenta de los juicios en la CPI son fundamentales, la mayor contribución para evitar que se cumpla el deseo de quienes podrían intentar someter a Colombia a un juicio internacional la debe ofrecer la propia justicia nacional, que tiene en sus manos los casos fundamentales con los que los grupos extremistas aspiran a redondear su tarea de desprestigio del país y su gobierno y a crear un clima político que favorezca su interés de derrumbar el orden democrático de la Nación. En ese orden de ideas, pues, el llamado principal es a la Fiscalía y los jueces para que pongan en primer lugar de su interés la investigación y sanción de los casos más graves de crímenes de lesa humanidad y de guerra que ya han abocado y que podrían abordar en el futuro.

Desde hoy, Colombia puede disfrutar de los beneficios de un organismo concebido por la ONU como pilar de su tarea de construcción de la paz mundial. Aunque mantenemos nuestras reservas sobre el funcionamiento de una institución que tiene alto riesgo de ser asaltada por los burócratas internacionales de extrema izquierda, tenemos la esperanza de que el compromiso de velar porque se haga plena justicia en todo el mundo guíe a la CPI y sus miembros. Amanecerá y veremos.

El mensaje de España sobre Cuba

Andrés Oppenheimer

El Colombiano, Medellín

Noviembre 1 de 2009

El anuncio del gobierno español de que impulsará una mejora en las relaciones de Europa con la dictadura cubana cuando asuma la presidencia de la Unión Europea el próximo 1 de enero es una mala noticia no sólo para los activistas pro democráticos de la isla, sino también para los opositores en otros varios países latinoamericanos gobernados por autócratas.

Durante una visita de 48 horas a la isla, realizada a principios de esta semana, el ministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos anunció que España aprovechará su próxima presidencia de la Unión Europea para tratar de cambiar la "posición común" de la UE respecto de Cuba. Según esta política, establecida en 1996, los miembros de la UE condicionan el aumento de su cooperación con Cuba a que existan señales de una apertura política en la isla.

Moratinos, que se negó a reunirse con miembros de la oposición pacífica durante su estadía en Cuba, también dijo que España intentará lograr que la UE renueve su cooperación económica con Cuba, o al menos que se incluya en los programas de ayuda al Caribe.

La "posición común" de la UE incluye también medidas como pedir que sus miembros inviten a disidentes a las celebraciones de fiestas patrias en sus embajadas de La Habana. Eso es un anatema para el régimen militar cubano, que se niega a asistir a reuniones con disidentes y describe a todos los opositores como "mercenarios del imperio" estadounidense.

Durante la visita a España me sorprendió escuchar, tanto de los partidarios como de los críticos del gobierno socialista español, que es muy posible que España logre -aunque sea parcialmente- suavizar la "postura común'' de la UE respecto de Cuba.

Gustavo de Aristegui, el líder del opositor Partido Popular, de centro-derecha, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso español, me dijo que es probable que el gobierno logre lo que se propone, porque otros países de Europa occidental posiblemente dejarán en sus manos las relaciones de la UE con Latinoamérica, teniendo en cuenta los vínculos históricos de España con esa región.

"España es el referente de la Unión Europea sobre América Latina, y varios países de Europa occidental van a hacer lo que España diga", me dijo de Aristegui.

Mi opinión: Varios países miembros del ex bloque soviético en Europa Central y Europa del Este que en los últimos años habían liderado las presiones europeas para lograr una apertura política en la isla se encuentran ahora debilitados políticamente, por sus problemas económicos y conflictos diplomáticos.

La República Checa, uno de los principales defensores de los d.h y la democracia en Cuba, ha perdido su credibilidad en Europa, debido a las posturas del presidente checo Vaclav Klaus de poner trabas al tratado de Lisboa, clave para fortalecer la integración política europea.

Crímenes atroces, sin impunidad

Editorial

El Colombiano, Medellín

Noviembre 1 de 2009

La vigencia plena de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia es un hecho positivo, ya que el tribunal internacional se constituye en un gran aliado global en la lucha contra la impunidad. Desde este primero de noviembre se levanta la reserva de los siete años que nuestro país tenía respecto a los crímenes de guerra. Ahora dicha Corporación podrá conocer de todos los delitos atroces, en caso de que la justicia colombiana no lo haya hecho.

La CPI se creó por la preocupación de la comunidad internacional ante la impunidad en que quedaban los responsables de graves delitos contra la sociedad, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra. En consecuencia, 120 Estados aprobaron el Estatuto de Roma en 1998, que a su vez dio origen a la Corte Penal, como una instancia jurídica universal para combatir la falta de justicia.

Colombia ratificó el Estatuto de Roma en 2002, con una reserva de siete años para permitir la acción de la Corte en el país en el caso de los delitos de guerra, reserva que se hizo con el fin de facilitar eventuales procesos de paz con grupos armados ilegales, sin que la mayoría de los crímenes por ellos cometidos fuera investigado por la CPI. ¡Lástima que no aprovecharon esta oportunidad de reconciliación con la sociedad y con la justicia! ¡Perdieron su "cuarto de hora"!

Celebramos que Colombia haga parte de la Corte Penal, una institución de carácter permanente e independiente que permite investigar y sancionar también a los individuos. Otros organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sólo tienen facultades para juzgar la responsabilidad de los Estados, y no la de las personas naturales.

Sin embargo, hay que recordar que la CPI tiene un carácter de complementariedad, es decir, de último recurso, ya que la justicia nacional es la que prevalece. La Corte únicamente puede intervenir cuando la respectiva justicia local no cumpla con su deber de investigar penalmente y juzgar a quienes cometan crímenes atroces, ya sea porque el Estado es incapaz de hacerlo o porque no tiene la disposición para procesar a los responsables de tales delitos.

Además, la Corte primero debe decidir si es competente para juzgar: analiza si se trata de delitos atroces ya que todo homicidio no se tipifica como tal; si el Estatuto de Roma estaba vigente para la época de la comisión del crimen; y si el caso es de interés para la justicia. Sólo así podrá admitir el caso denunciado, pues la CPI no tiene la obligación de abrir procesos por cualquier denuncia formulada.

¿Puede entonces la CPI juzgar a los presuntos responsables por delitos atroces cometidos en nuestro país? Sólo en el momento en que el Estado colombiano, en su conjunto, no aplique justicia. La Corte no es un instrumento político, como muchos así lo pretenden, al demandar sin fundamento al Estado y a sus funcionarios en las cortes internacionales, bien sea por falta de conocimientos sobre el tema o con la intención expresa de desestabilizar el país.

Colombia debe actuar con suma diligencia en los juzgamientos de los delitos atroces, dado que el Fiscal de la Corte Penal, Luis Moreno, realiza un monitoreo en nuestro país desde 2005, sobre el avance de los procesos que podrían ser de la competencia de la CPI, con el fin de determinar si el Estado colombiano permite o no la impunidad.

Por fortuna, la justicia en nuestro país está obrando. Un ejemplo es el proceso de Justicia y Paz, con gran parte de la cúpula de las ex Auc, extraditada a Estados Unidos. Colombia se opone a la impunidad y quiere saber la verdad de sus crímenes atroces, aplicar justicia y reparar a las víctimas.

Chávez racionado

Armando Montenegro

El Espectador, Bogotá

Noviembre1 de 2009

Mientras Hugo Chávez lideraba su guerra contra el capitalismo planetario, se olvidó del bienestar de los venezolanos.

Mientras compraba armas en Rusia y le regalaba plata a Ecuador, Nicaragua y Argentina, se olvidó de invertir en las plantas eléctricas y en los acueductos de su propio país.

Puso entonces a los venezolanos a conjugar, masivamente, el verbo “racionar”. Caracas y otras ciudades sufren fuertes cortes de luz y agua y padecen de una gran escasez de alimentos.

Un emporio energético como Venezuela no tiene luz eléctrica. Por la ineptitud del gobierno, durante años no se construyeron nuevas plantas térmicas ni se mantuvieron las existentes. Los robos de energía son masivos. Por puro populismo las tarifas están congeladas desde 1999 y, en consecuencia, el consumo se disparó. En esas condiciones, el sistema eléctrico venezolano no resistió la sequía causada por El Niño. Se reportan apagones de siete y ocho horas en Zulia, Anzoátegui, Falcón y Táchira. Y no se percibe una solución a la vista.

Por las mismas razones, Caracas y otras ciudades sufren cortes de agua que, según los expertos, durarán, por lo menos, hasta abril de 2010. Dadas las bajas tarifas, el consumo de Caracas es el más alto de América Latina. No se ha invertido en redes ni en el control de las altísimas pérdidas de agua. Se ha anunciado que los racionamientos semanales en la capital durarán 48 horas. Hay barrios pobres, como Mariches, donde el líquido no llega hace tres meses y la gente debe comprar el que venden los camiones, verdaderos estafadores, a precios superiores a los de Miami.

Los distintos racionamientos ya están dislocando la vida venezolana. Se suspenden las operaciones en los hospitales. No hay clases en las escuelas. Se pudren los alimentos congelados. La producción industrial se paraliza.

La crisis de los servicios públicos se suma a la gran escasez de alimentos. Desde hace meses, el gobierno instauró un burocrático sistema de racionamiento, copia de los modelos cubanos, para vender, gota a gota, la comida en las tiendas subsidiadas de los barrios pobres. En los supermercados la comida es cada vez más cara.

Un indicador de la escasez es el elevado ritmo de inflación, el impuesto contra los pobres. El aumento de los precios ya bordea el 30% anual, la cifra más alta de América Latina. Y, como van las cosas, esta situación empeorará en los próximos meses.

Los racionamientos ya están afectando la popularidad del presidente. Su problema es que, como no llegó al gobierno hace uno o dos años, no puede culpar a sus antecesores. Tampoco puede acusar al “imperio” por las consecuencias de sus propios errores y descuidos.

Chávez ha reaccionado como una fiera. Anuncia castigos para los que usen aire acondicionado, rieguen sus jardines, laven sus carros e iluminen sus casas (léase, los ricos). Señala que los centros comerciales deben tener luz sólo hasta las tres de la tarde (deben comprar plantas eléctricas). Dice que la gente debe, como él, bañarse muy rápido, en tres minutos: uno para mojarse; otro para jabonarse y el último para la enjuagada. Insiste en que él mismo hace esto y proclama: “No quedo hediendo”.

Gracias al socialismo del siglo XXI, Venezuela va a celebrar el Bicentenario en las mismas condiciones de iluminación y de agua potable que las que padeció en su niñez el propio Simón Bolívar. En eso consiste, tal vez, el modelo bolivariano.

Respuesta a una pregunta de ascensor

María Isabel Rueda

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 1 dde 2009

Le tengo terror a encontrarme en un ascensor con algún conocido que me lance la pregunta típica: ¿y como estás viendo la cosa? Piso 6, 8, 12... ¡y uno va para el 23! La única respuesta posible es: ¿muy enredado todo, no?

Pero en estos días la pregunta de ascensor se ha complicado: Ala, ¿y tú crees que la Corte Constitucional le dé el permiso al referendo? Jaime Castro, ex constituyente, opina que es el asunto más complejo que ha tenido que resolver la Corte en sus 18 años de existencia. Y no le falta razón. Sus magistrados, de entrada, tendrán que examinar los siguientes tres problemitas, que no son de poca monta.

El primero, si el Congreso podía cambiar la redacción del texto del referendo, del 2014 al 2010, con el argumento válido de que la gente dio su firma para lo primero, pero creía estar aprobando lo segundo. Y aunque la lógica indica que el Congreso debe poder introducir cambios en los textos del referendo sometido a su consideración, no lo es tanto que pueda alterar la esencia de lo que el pueblo ha señalado previamente que quiere que se le consulte en las urnas, en este caso la reelección para un cuatrienio concreto.

El segundo problemita es que el reglamento del Congreso prohíbe que un tema que ha sido negado en una cámara sea aprobado en la otra. Eso sucedió con el cambio de la fecha del referendo. Objetivamente, hay dos sentencias contradictorias de la Corte acerca de cómo debe ser interpretada esa prohibición. Veremos cuál se impone.

El tercer punto tiene que ver con los seis representantes de Cambio Radical que se trastearon de partido la víspera de la votación del referendo. Este fue aprobado con una mayoría de escasos dos votos. La Corte podría encontrar que el cambio de partido no les permitía a esos congresistas votar el referendo, contrariando la orden de bancada y desacatando la sanción que la semana anterior les había impuesto el comité de ética de Cambio Radical. La Corte podría resolver que esos seis votos son nulos y, por lo tanto, concluir que el referendo fue aprobado sin tener las mayorías necesarias. Qué grave.

Pienso que con estos tres puntos la Corte Constitucional tiene trabajo de sobra antes de emitir su fallo sobre la constitucionalidad de la ley del referendo. No envidio a sus magistrados. Tendrán que dar la discusión en el marco de la iniciativa popular que antecede a este referendo, y no podrán dejar de considerar el hecho, que pesa mucho, de que finalmente serán los colombianos quienes con su voto decidirán la reelección presidencial, siempre y cuando el "sí" tenga la mayoría, entre un mínimo de siete millones y pico de votos.

Por lo pronto, ante la pregunta de ascensor sobre si uno cree que la Corte va a aprobar el referendo, y mientras llega el piso 23 para botarse uno al corredor, la respuesta solo puede ser una sola: quién sabe...

SE ME OLVIDA. Nunca, en los 34 años que vengo ejerciendo la libertad de expresión en el noble oficio del periodismo, me ha sucedido que un magistrado o un juez objete la publicación de mis opiniones. Quedo notificada de que eso ocurrió hace quince días, cuando cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por su presidente, aprovecharon una visita de cortesía al director de este periódico para quejarse de dos de sus columnistas, Mauricio Vargas y yo, a quienes consideran "quintacolumnistas" de los intereses del Presidente de la República. Ambos hemos sido críticos de recientes decisiones de la Corte, especialmente de la de mantener la interinidad en la Fiscalía. Hasta hoy, emitir ese tipo de críticas ha sido una alternativa libre y legítima en este país. Por lo cual espero que la irrespetuosa descalificación de los magistrados haya sido fruto de un acto de torpeza y no de arrogancia judicial. Sería un campanazo contra el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia, de repercusiones nacionales e internacionales.

Si yo fuera mujer

Enrique Santos Calderón

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 1 de 2009

Polémicas tan penosas como la que se ha armado sobre la tal "cátedra del aborto" obligan a pensar en qué país vivimos.

En uno, para comenzar, donde de cada cinco colombianas menores de 19 años una ha estado embarazada y donde el 52 por ciento de los nacimientos son resultado de embarazos no planeados ni deseados (y después nos preguntamos por qué hay tanta violencia...).

Un país donde el abuso sexual contra menores, la violencia familiar y el maltrato infantil crecen cada año y los abortos clandestinos (estimados en cerca de 300.000 al año) son la quinta causa de mortalidad materna.

El mismo país donde hay congresistas que quieren imponer los valores cristianos penalizando la publicación de desnudos y los canales nacionales compiten con telenovelas sobre capos de la droga y mujeres de la mafia; donde los grupos armados se nutren de muchachos víctimas del maltrato familiar y las iglesias arremeten contra la Corte Constitucional porque esta dice que los niños deben ser educados sobre temas de sexo y reproducción (incluidas las leyes sobre aborto...).

Un país, además, donde lo que se está entronizando en medio de tantas contradicciones es un regresivo fundamentalismo religioso. Visible en la creciente influencia política del clientelismo cristiano, las emotivas profesiones de fe del Jefe del Estado, o la tenaz campaña en curso contra la determinación de la Corte.

Hace más de tres años el máximo tribunal estableció que la interrupción del embarazo en casos excepcionales no era delito.

Pero su sentencia ha sido sistemáticamente ignorada por muchos de los encargados de aplicarla (hospitales, EPS, médicos, jueces...). Y ahora que quiso clarificar la norma, le arman tremendo debate con el argumento de que en los salones de clase se quiere promover el aborto y desconocer el "respeto a la vida". Como si este consistiera en obligar a la mujer a morir en el parto o a tener hijos producto de una violación o con malformaciones genéticas.

Hay en todo esto demasiada hipocresía religiosa, fanatismo solapado y machismo cultural. Como recordaba en su columna Florence Thomas, citando a la recién desaparecida Silvia Galvis: "Si fueran los hombres quienes se embarazaran, el aborto hace siglos no solo habría sido despenalizado, sino que además sería un sacramento". Y si yo fuera mujer me sublevaría con todas mis fuerzas contra esta doble moral. Y marcharía sin cesar en las calles por el derecho a disponer de mi cuerpo y mi reproducción sin interferencias estatales o religiosas.

Como lo hacen hace décadas las mujeres en todos los países donde sufren leyes regresivas. Como lo hicieron en días pasados centenares de bogotanas frente al Palacio de Justicia, para que el Estado no renuncie a su deber de informarle a la mujer sobre sus derechos en materia de aborto. Que es la nuez de este inverosímil debate: el simple cumplimento de la ley.

La polémica indica que aún estamos lejos de dar el brinco hacia una sociedad moderna, pluralista y tolerante. Aunque en el fondo tengo la impresión de que la alharaca es producto de minorías con gran capacidad de presión y pataleo. Y que el conjunto de los colombianos -incluyendo la mayoría de los católicos- ya superó el debate que en términos tan primitivos plantea el bloque antiabortista.

En Colombia se supone que existe libertad de cultos y la separación de Estado e Iglesia. Y que a diferencia de otros países, como Estados Unidos, el fanatismo religioso no dicta orientaciones políticas ni determina la elección de gobernantes.

Pero para allá vamos, si gana terreno la cruzada fundamentalista que no distingue entre preceptos religiosos, políticas públicas y asuntos de la vida íntima. Si aceptamos que los valores de una religión determinada puedan ser impuestos al conjunto de la sociedad. Y si el Estado o el Gobierno flaquean.