El "policía del barrio"

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 2 de 2010

A partir de la próxima semana la Policía Nacional estrenará una nueva estrategia para combatir la inseguridad en las principales ciudades del país. El "Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes" asignará 36.000 uniformados a las zonas más críticas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para que trabajen más cerca de la ciudadanía.

El objetivo, según el general Óscar Naranjo, director de la institución, es desarrollar arraigo y pertenencia de los policías a los barrios de los que son responsables. Dado que no hay recursos ni personal suficientes para cubrir la totalidad de cada urbe, los cuadrantes serán escogidos de acuerdo con su aporte al comportamiento criminal de la ciudad en homicidio, lesiones personales y hurto de vehículos. El lanzamiento de la iniciativa es bienvenido, pues recoge el clamor de millones de habitantes de estas capitales que se sienten hoy azotados por la violencia y la delincuencia. Es una respuesta tangible que busca ajustar esta pata rota de la mesa de la política de seguridad democrática.

La cercanía del agente a la comunidad es una necesidad sentida. Es difícil construir lazos entre la ciudadanía y sus policías si estos no conocen las dinámicas barriales; ignoran el perfil criminalístico del área y son rotados con frecuencia. Además, la sola presencia policial ayuda a mejorar la percepción de seguridad. La inclusión de actividades de prevención y de comunicación en el plan constituye un paso en la dirección correcta. Con el tiempo suficiente, estos lazos podrán transformarse en confianza mutua, tan vital en la lucha contra las bandas delincuenciales en las áreas más peligrosas. Un concepto radicalmente opuesto al de la red de informantes estudiantiles a 100.000 pesos.

Otro aporte para destacar en la nueva estrategia es el de la responsabilidad geográfica. La georreferenciación de los delitos en cuadrantes y la asignación de responsables permitirá hacer un seguimiento mucho más claro de la eficiencia de las unidades policiales y de sus comandantes. En vez de diluirse en grandes estructuras jerárquicas, los buenos resultados serán más fáciles de identificar y, por ende, de premiar. Si en un área determinada los delitos disminuyen notablemente, los otros policías podrán aprender de las buenas prácticas de sus compañeros. La iniciativa del general Naranjo resalta un interesante elemento de evaluación del servicio policial que le dará a la institución rendición de cuentas interna y transparencia externa.

Sin embargo, desde ya se perfilan algunos potenciales inconvenientes que sería prudente no perder de vista. El primero es el del escaso pie de fuerza. Como sólo habrá personal para unas zonas críticas específicas, se corre el riesgo de bajar la guardia en otras áreas de las ciudades. Los primeros meses serán claves en determinar el éxito de la medida y así poder asignar más personal en el futuro a más cuadrantes. Un segundo aspecto es el eventual desplazamiento de los delincuentes hacia cuadrantes no vigilados para aliviar la presión de las autoridades.

Un tercer punto es más conceptual que operativo. No todos los delitos tienen dinámicas susceptibles a este tipo de vigilancia comunitaria -por ejemplo, los de la criminalidad organizada-. Por lo tanto, sería injusto esperar que la estrategia produzca una baja generalizada en la actividad criminal. Además, en el criterio para definir los cuadrantes no están incluidas problemáticas típicamente barriales como el microtráfico de drogas, las pandillas y los asaltos sexuales a mujeres en parques y baldíos que impactan al ciudadano de a pie. Estos son aspectos que ameritarían ser incorporados de alguna manera en esta estrategia. Lo importante es que el Gobierno y la Policía están reaccionando puntualmente y con estrategias bien diseñadas a la generalizada alarma sobre los niveles de seguridad en las ciudades.

Nuevo ataque al Plan Colombia

Editorial

El Mundo, Medellín

Febrero 2 de 2010

En el tema de derechos humanos encontramos en la carta de marras una colección de falsedades.

Muerto el senador ‘Ted’ Kennedy, comandante indiscutible de la avanzada contra Colombia en el Congreso de los Estados Unidos, su socio en el grupo de nuestros malquerientes en el Senado y por ese mismo motivo bastante familiar para nosotros, Patrick Leahy, tomó tan precaria bandera y se asoció con otros dos senadores demócratas, Chris Dodd y Russ Fiengold, para arremeter contra el Plan Colombia en una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que hablan de “fracaso” y reclaman una reducción substancial de la ayuda, porque, según ellos, “dado nuestro déficit fiscal récord no podemos darnos el lujo de continuar con una asistencia que no está dando resultados suficientes. Tenemos que eliminar los programas que no funcionan y concentrar los recursos donde sabemos se puede obtener más progreso”. Contra esa línea opositora extrema, minoritaria pero poderosa y bastante bien identificada, tenemos que afinar nuestra defensa y utilizar todos los recursos de la diplomacia y la propaganda para desmontar sus falaces argumentos y rechazar sus calumniosas afirmaciones, especialmente contra el Ejército colombiano.

Dicen los senadores de marras que, pese a los 7.000 millones de dólares gastados en los últimos diez años, no se ha hecho mella al tráfico de coca y aún no se ven progresos sustantivos en la defensa y protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas colombianas. Lo primero es una gran mentira y la señora Clinton lo sabe muy bien porque, hace precisamente un año, suscribió, como Secretaria de Estado, el informe sobre la lucha global contra la producción y tráfico de drogas, en cuyo amplio capítulo sobre Colombia resaltó que “el Gobierno colombiano batió récord en el decomiso de cocaína en 2008, pero debe fortalecer la presencia del Estado en zonas de conflicto para consolidar ese y otros logros”. También reconocía que en 2008 “los programas de erradicación aérea y manual de Colombia contribuyeron a reducir en 24% la producción potencial de coca, de 700 toneladas métricas de cocaína en 2001 a 535 toneladas métricas en 2007. Al mismo tiempo, se incautaron más de 223 toneladas métricas de cocaína y base de cocaína, una cifra récord para ese país, como récord fue la cantidad de grandes delincuentes extraditados a los EEUU durante el 2008”.

En cuanto al tema de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia sí que están equivocados los firmantes de esa carta. Para desmentirlos está el “Examen Periódico Universal”, instrumento de la ONU para monitorear la situación de DDHH entre sus países miembros, al que se sometió Colombia voluntariamente y cuyas conclusiones acaba de presentar en Washington el vicepresidente Francisco Santos. La primera y más importante de tales conclusiones es que nuestro país es un libro abierto al más riguroso escrutinio de la comunidad internacional en esa materia y que en los últimos siete años – como lo han reconocido la ONU y distintos organismos de derechos humanos – ha habido un esfuerzo, metódico y persistente, a favor de las poblaciones más vulnerables, como los desplazados o las minorías étnicas; en la investigación y castigo de los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada, entre otros; y contra el espionaje o la interceptación de comunicaciones a sectores de oposición al gobierno.

En el tema de derechos humanos encontramos en la carta de marras una colección de falsedades. Los firmantes dicen estar “muy preocupados porque los lazos con los militares y nuestro apoyo a ellos continúan dominando nuestra relación, pese al patrón de abuso del Ejército”. Dizque están “consternados por el caso del escándalo de los ‘falsos positivos’” y porque “muchos de los implicados fueron dejados en libertad recientemente”. Y rematan con el calumnioso cargo de que “la cúpula militar continúa negando la magnitud del escándalo y se opone a que los implicados sean juzgados por la justicia civil”. Todo lo contrario. Primero, fue el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa y del Comando de las FFMM, el que denunció y adelantó la primera investigación interna sobre las ejecuciones extrajudiciales – mal llamados ‘falsos positivos’ – y aplicó drásticas sanciones disciplinarias y puso a disposición de la justicia ordinaria a los responsables. Y hace apenas 20 días, tras la decisión de un juez de garantías de excarcelar a varios de los implicados en los crímenes de Soacha, el ministro de Defensa y el comandante de las FFMM ordenaron confinarlos en una unidad militar, mientras se produce una decisión judicial de fondo.

No hay que desestimar la carta de Leahy y Cía, pues aquél lo hace prevalido de su condición de presidente del Comité senatorial de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero, y así lo ha entendido el vicepresidente Francisco Santos, quien replicó con una carta de cuatro páginas, en la que desvirtúa las críticas, desnuda las falacias de los senadores y demuestra con cifras cuáles han sido los logros del Plan Colombia y cómo éste, aparte de ser un éxito del país, su gobierno y sus Fuerzas Armadas, también constituye “un éxito de la política exterior de los Estados Unidos”. Apasionados y mal informados, estos malquerientes de Colombia no se paran en pelos a la hora de descalificar lo que aquí se hace y fungir como Catones imperiales. Pero será una vez más que logremos pasar este conocido escollo.

Demanda interna y crecimiento económico

Hernán Avendaño Cruz*

Ámbito Jurídico, Año XIII – No. 290, Bogotá

Febrero 1 de 2010

“No se puede menospreciar el papel del comercio internacional como palanca de crecimiento por el hecho de estar atravesando por una coyuntura adversa”.

En las recientes negociaciones del salario mínimo dos profesores universitarios que asesoraron a los sindicatos, argumentaron que la demanda interna es el principal componente del PIB y que el consumo de los hogares, que es el componente más importante de ella, viene perdiendo participación (El Tiempo, 14 de diciembre de 2009).

En su opinión, estos hechos justifican el incremento del salario mínimo del 8% solicitado por los representantes de los sindicatos, pues no sólo permitiría recuperar la participación del consumo de los hogares en el PIB sino que contribuiría a la reactivación de la economía por el mayor dinamismo de la demanda interna. También afirman que las exportaciones no pueden ser el motor que dinamice la economía por la crisis mundial y el cierre del mercado venezolano.

Este último punto refuerza las críticas de algunos sectores a la política de internacionalización que adelanta el gobierno. Aseveran que el énfasis de la política económica está en las exportaciones y no en el mercado interno, lo cual consideran erróneo por las diferencias que hay en su peso relativo dentro del PIB.

El argumento es aparentemente sólido. Sin embargo, un análisis cuidadoso muestra que no hay mayor novedad en él y que es errada la interpretación de los supuestos que orientan la política de internacionalización.

En primer lugar, la demanda interna, conformada por el consumo final de los hogares, el consumo del gobierno y la inversión, es el grueso del PIB en casi todas las economías del mundo. En Colombia representó el 102% del PIB en 2006, el 105% en Estados Unidos, 95% en Alemania, 99% en Japón, 97% en Brasil, 101% en México y 95% en Argentina.

En segundo lugar, el actual nivel de participación del consumo de los hogares en el PIB de Colombia (65.7% en 2008) no es atípico respecto a otras economías. Fue el 70.5% en Estados Unidos en 2006, 64.1% en Inglaterra, 58.4% en Alemania, 57.2% en Japón, 59.0% en Argentina, 55% en Chile y 60.4% en Brasil.

En tercer lugar, es cierto que el consumo de los hogares perdió participación, pero ello no significa que en términos reales haya caído, como lo insinúa el argumento de los asesores académicos de los sindicatos. Entre 1994 y 2007 este consumo pasó de $1.20 millones por habitante, en pesos constantes de 1994, a $1.45 millones, lo que equivale a un incremento del 20.3%.

El menor peso relativo responde a la mayor participación del gasto de consumo del gobierno a partir de la reforma constitucional de 1991 y más recientemente a la recuperación de la inversión; el primero pasó del 10% del PIB en 1993 al 23% en 1999, mientras que la segunda aumentó su participación hasta 27% en 2008, a partir del 13% que tenía en 1999.

En cuarto lugar, la política de internacionalización no busca sustituir la demanda interna por las exportaciones. El planteamiento de los críticos nace de una interpretación errada de la relación entre el comercio internacional y el crecimiento económico.

El papel del comercio en el crecimiento se percibe claramente a partir del concepto de los encadenamientos productivos, formulado por Albert Hirschman hace más de 50 años. Más importante que la magnitud de las exportaciones son los efectos que desencadena. No sólo hay unos efectos directos de generación de valor agregado y empleos en la producción y la logística de la exportación, sino unos indirectos que empiezan con la provisión de los medios de pago internacionales que brindan al país el acceso a bienes, servicios, tecnología y conocimientos que no produce. Esto abre a su vez una nueva cadena de creación de valor agregado y de empleos que no se darían en igual medida sin el comercio internacional.

El caso de China es un ejemplo contundente. En 1970 la suma de exportaciones más importaciones de bienes y servicios (indicador de apertura comercial) representaba el 5.3% del PIB. Las reformas realizadas a partir de 1978 impulsaron el crecimiento de las exportaciones y, de forma paralela, de las importaciones; entre ese año y 2006 las primeras se multiplicaron por 30, y las segundas por 33. Como consecuencia, hoy en día el comercio equivale a más del 72% del PIB. Pero no por ello se sacrificó la demanda interna; ella es el 92% del PIB, y el saldo neto de exportaciones menos importaciones aporta un 8% del PIB. ¿Podría la economía china crecer al 10% anual con un nivel de apertura del 5%? Pocos economistas en el mundo responderían afirmativamente.

De igual forma, la negociación de tratados de libre comercio que viene realizando el gobierno colombiano busca fortalecer los efectos dinamizadores del comercio internacional a partir del acceso preferencial permanente de nuestras exportaciones en los mercados de los principales socios comerciales.

En síntesis, la alta participación de la demanda interna en el PIB no es una característica exclusiva de Colombia, no es atípico el peso relativo del consumo final de los hogares y no hay evidencia de reducción del valor del consumo expresado en términos reales per cápita. Es razonable concluir que la política económica debe actuar sobre la demanda interna para reactivar la economía, y así viene ocurriendo con el plan contracíclico. Pero no se puede menospreciar el papel del comercio internacional como palanca de crecimiento por el hecho de estar atravesando por una coyuntura adversa.

* Jefe Estudios Económicos Mincomercio

Mal le fue a la CUT en Bruselas

Eduardo Mackenzie

Colombian News, París

Enero 31 de 2010

La CUT está perdiendo el monopolio que abusivamente detentaba en la representación del sindicalismo colombiano ante algunas instancias europeas. El pasado 27 de enero, en efecto, la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, aceptó por primera vez escuchar el punto de vista de sindicalistas colombianos que se oponen a la nefasta línea de tiene la central obrera extremista sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), que se negocia entre Colombia y la Unión Europea.

Enrique Albeiro Franco Valderrama, miembro de la dirección de Unaltrasap, sindicato del sector agroindustrial y pecuario de Urabá, y Luis Fernando Cadavid Mesa, presidente de Sintracontexa, del sector textil y de confecciones de Antioquia, pudieron asistir a una parte de los trabajos de esa comisión y controvertir las afirmaciones mentirosas que sobre Colombia había lanzado allí, dos días antes, un vocero de la CUT, Luis Alberto Vanegas.

Enviado a Bruselas por los jefes de la CUT, este activista se presentó ante la comisión para servir el conocido refrito de la “violación sistemática” de los derechos humanos en Colombia. Empleando caracterizaciones y cifras manipuladas, ese individuo concluyó que la Unión Europea debería “eliminar el sistema de preferencias aduaneras con Colombia” y “rechazar la aprobación” del tratado de Libre Comercio con Colombia. El agente de la CUT llegó al extremo de pedir que la UE le dé a Colombia “el mismo trato que le dio a Sri Lanka”, es decir suspender todo sistema de ayudas.

Sin embargo, mal rato pasó Vanegas cuando vio que los esfuerzos de una minoría radical de europarlamentarios para impedir la intervención de Albeiro Franco, partidario de las preferencias arancelarias y del TLC, habían sido rechazados por la mayoría de la comisión. Los europarlamentarios de derecha y de centro estaban contentos de escuchar, por fin, a verdaderos dirigentes sindicales colombianos, con más de veinte años de lucha, contradecir las afirmaciones increíbles de un aparatchik salido no se sabe de qué oficina de la CUT quien exige a la UE “sancionar” a Colombia y estrangular el desarrollo de su economía.

Franco y Cadavid, miembros de la central CGT, no asistieron en nombre de ésta sino de sus respectivos sindicatos. Explicaron que el combate contra la violencia y la pobreza se ganará en Colombia si se mejoran los índices de empleo y de desarrollo económico, para lo cual es clave el comercio internacional y la inversión extranjera. Por el contrario, asfixiar económicamente al país, como preconiza la CUT y los jefes políticos del Polo, favorecerá el caos, el terrorismo y el sufrimiento de las capas más pobres de la nación. “Los acuerdos comerciales con la UE reforzarán el empleo. El sólo hecho de estar discutiendo esos acuerdos ha tenido ya consecuencias positivas para los trabajadores pues la legislación laboral colombiana se ha modernizado y las investigaciones en derechos humanos han aumentado”, explicó Franco. “No vivimos, es cierto, en el Paraíso de Adán y Eva, pero hay que admitir que hay mejoras en la situación del país. Sí hay problemas en Colombia pero reconocemos que el gobierno avanza en la solución de muchos de esos problemas”, agregó.

Ese miércoles también pudieron expresar allí su punto de vista el viceministro colombiano de Protección Social, Ricardo Echeverri, el vicepresidente de la Andi, Alberto Echavarría, y el embajador en Bélgica y ante la UE, Holmes Trujillo. Todos ellos evocaron los avances que ha hecho Colombia en materia económica, de legislación laboral, y en cuando a la protección física de los sindicalistas: cientos de éstos gozan de protección permanente de la policía, razón por la cual los atentados contra ellos han bajado bastante. Demostraron que las investigaciones y sanciones judiciales de los crímenes contra sindicalistas aumentaron y que las cifras de la inseguridad dadas por la CUT son falsas y destinadas a forjar la falsa imagen de que en Colombia hay un “genocidio” de sindicalistas. “Ello es falso”, reiteró Albeiro Franco. “Si en 1986 hubo sólo una investigación de ese tipo de crímenes, en 2009 hubo 222 individuos sancionados penalmente por eso. De las 28 muertes violentas de sindicalistas en 2009 (la CUT dicen que fueron 40), sólo un caso está probado que está ligado a la actividad sindical”. Los otros son víctimas de la delincuencia común.

Algunos europarlamentarios agradecieron haber recibido esas informaciones exactas pues ignoraban cual era la dimensión real del asunto. El socialista Vital Moreira, europarlamentario portugués, presidente de la Comisión Comercial, en conversación con Franco y Cadavid, reveló que su grupo estaba dividido respecto de Colombia: que un sector quería oponerse al TLC y que el otro, y él mismo, estaban dispuestos a que éste fuera aprobado.

Para completar la derrota de la CUT, Cleopatra Doumbia-Henry, una dirigente de la OIT, leyó un comunicado en el que ese organismo reconoce los avances que hay en Colombia en materia de derechos humanos y laborales. El 15 de febrero de 2010 una comisión del Parlamento Europeo visitará a Colombia. Los sindicatos que no viven bajo el terror ideológico de la CUT tendrán otra ocasión para hacerse oír. Hay que ayudar a los europarlamentarios honestos para que rechacen un cierto discurso mendaz que atenta contra los intereses de los trabajadores de Colombia.

La salud no es un cheque en blanco

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Febrero 1 de 2010

Una de las mayores perversiones que han hecho inviable el sistema de salud en Colombia es la corrupción rampante que existe en el acceso a la prestación del servicio a través de la acción de tutela. Según la Unidad Investigativa de El Tiempo (19/09/2009), un juzgado civil municipal de Bogotá ordenó entregarle a un paciente cuatro pares de tenis con cámara de aire, un bastón canadiense, seis meses de gimnasio, protector labial marca Labie, una montura de gafas marca Speedo, consulta de sexología, lentes Transition Ultravioleta, blanqueamiento dental con cubeta y lámpara Led, traslado terrestre para las citas, corte de uñas de pies, pañales Plenitud, gorro de baño, emulsión tópica Fresh Skin Face y alcachofa cynara.

No es un caso aislado. Una paciente con problemas cerebrovasculares, con base en averiguaciones que hacía en Internet, le solicitó a su EPS ser enviada al exterior para someterse a un tratamiento. Inicialmente, la EPS rechazó la solicitud, pero la paciente interpuso una acción de tutela y un juez de primera instancia le otorgó la razón a pesar de no contar con la orden de un médico que la estuviera tratando. Finalmente, la mujer fue remitida a E.U. pero el tratamiento no sirvió.

En otro caso, un paciente que tuvo que ser trasladado a Bogotá para realizarle un transplante, le exigió a su EPS que le proporcionara a su familia vivienda y viáticos para su estadía en la capital del país mientras estaba en lista de espera y hasta terminar el proceso de recuperación. Un juzgado concedió la tutela y ordenó a la EPS cumplir las peticiones.

En un principio, se trasladó al paciente y a su esposa a un hogar de paso y no se autorizaron viáticos por no ser parte de los servicios de salud, pero un nuevo fallo ordenó alquilar un apartamento independiente y pagarles viáticos y alimentación.

Otro paciente, enfermo de sida, interpuso una tutela para que su EPS le suministrara medicamentos, controles médicos, citas con especialistas y exámenes. Pero incluyó una exigencia insólita: depilación periódica de glúteos con tecnología láser. Y aunque ello no hace parte del tratamiento del sida ni está contemplado en el POS, un juzgado civil de Bogotá aprobó la solicitud. Hay miles de casos similares: un enfermo obligó a su EPS a instalarle ascensor en la casa; una señora consiguió que le pusieran a su disposición una ambulancia las 24 horas del día, los 365 días del año; a otros se les han concedido tratamientos con cámara hiperbárica para ‘retardar el envejecimiento’ o sesiones de ‘perroterapia’, todo en establecidos elegidos por el juez . Y, como si fuera poco, extranjeros están obteniendo trasplantes de órganos gratuitamente, a costa nuestra, y saltándose la lista de espera –que está reglamentada por ley–, mediante acciones de tutela.

Lo más grave de todo es que esto no la paga la EPS y muchísimo menos el cotizante, pues los aportes mensuales de un trabajador promedio están muy lejos de cubrir estos excesos. En todos los casos, las EPS le recobraron al Estado –a través del Fosyga– todos los gastos.

Según el Ministro de Protección Social, Diego Palacio, mientras un colombiano promedio le cuesta al sistema 470 mil pesos al año, 280 mil personas que han acudido a la tutela para hacer pedidos exóticos cuestan, en promedio, diez veces más. Y los costos se incrementan año tras año: en 2007 hubo 835.000 recobros que las EPS del régimen contributivo hicieron al Fosyga por eventos no contemplados en el POS, por un valor de 626.000 millones de pesos; en tanto que en 2009 hubo más de 2 millones de recobros, a un costo de 1,85 billones de pesos, o sea un incremento del 280 por ciento en el valor girado.

La polémica sobre la reforma al sistema de salud apenas comienza y va para largo. El sistema hizo crisis en cuanto a su financiación pero no es tan malo como muchos lo pintan, básicamente porque de él se esperan milagros y la gente cree que tiene derecho a todo. Pero ese deseo de preservar la salud a cualquier costo –pagado por otros– contrasta con la manera como la arriesgamos irresponsablemente a diario y la falta de medidas de autocuidado. De otra parte, muchos políticos y medios de comunicación hacen demagogia con el tema, machacando con desvergüenza la insensatez de que la salud es un derecho adquirido que el Estado debe proveer a cualquier costo. Estamos llegando al desvarío de que nadie quiere morirse y si alguien estira la pata, la culpa es de la EPS, el Sisbén, el POS y la Ley 100. Como si los ricos no se murieran también.

La violencia contra los sindicalistas

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Febrero 1 de 2010

Una nueva generación de economistas comienza a destacarse por su dedicación a la investigación y por la calidad y pertinencia de sus estudios.

Si los economistas de las tres décadas anteriores fueron primordialmente macroeconomistas, su audiencia fue nacional y su mayor aspiración fue lograr un alto cargo en el Estado, los de esta nueva generación son microeconomistas, escriben y argumentan para el mundo y, en lugar de cargos en el Estado, aspiran a alcanzar reconocimiento académico y científico global. En tanto la anterior generación surgió de la Universidad de los Andes y de la Nacional, los de la nueva provienen de éstas, pero también de otras universidades de Bogotá y de diferentes ciudades.

El profesor Daniel Mejía, de la facultad de economía y del CEDE de Uniandes, es un miembro destacado de esta nueva generación de economistas colombianos. Consistente con la realidad nacional, sus objetos de estudio recientes han sido temas como el narcotráfico y la violencia en Colombia. Su última investigación —con la joven economista María José Uribe— responde a uno de los temas más álgidos y controversiales del debate colectivo, como es la violencia contra los sindicalistas en Colombia. En particular, el propósito de su investigación es responder a la pregunta: ¿ha sido la violencia antisindical sistemática y dirigida? (Documento CEDE N° 28, noviembre de 2009). Más allá de la importancia que tiene el sindicalismo como colectivo social con aspiraciones a gozar de todos los derechos que confiere la Constitución, este debate ha tomado una inusitada importancia al traspasar las fronteras. No sólo los líderes sindicales y las ONG colombianas, sino también ONG de varios países, congresistas y líderes sindicales de los Estados Unidos, Canadá y Europa han argumentado que los tratados de libre comercio con Colombia deben ser bloqueados por la violencia contra los sindicalistas en nuestro país. Utilizando diversas fuentes e indicadores, el estudio de Mejía y Uribe concluye que ha habido una marcada caída en los homicidios de sindicalistas en los últimos ocho años; demuestra que la caída en los homicidios es mayor cuando se utilizan las fuentes de la Escuela Nacional Sindical que con los datos del Gobierno; argumenta que la caída en el homicidio de los sindicalistas es mucho mayor que el desplome en la tasa total de homicidios del país y mayor aún que la caída de las tasas de homicidios de otros colectivos sociales, como las de los maestros, periodistas, alcaldes y concejales. Los autores tampoco encontraron evidencia estadística soportando la hipótesis de que el homicidio contra los sindicalistas está asociado al ejercicio de su actividad, como negociaciones salariales y huelgas. Sin descartar que pueden existir casos individuales en los cuales se ha asesinado y se ha ejercido violencia a personas por sus funciones sindicales, no encontraron evidencia de que éste sea un fenómeno generalizado. En tanto la tasa global de homicidios de Colombia está en 35 por cien mil habitantes (la décima más alta entre 144 países), la de los sindicalistas está en 5, una cifra comparable a la que hoy en día tiene los Estados Unidos o Perú. En su investigación sobre las políticas antidrogas —muy crítica de la política oficial y del Plan Colombia— Daniel Mejía recibió ataques por parte de algunos funcionarios públicos y en ésta sobre la violencia sindical ya ha recibido y recibirá aún más críticas de muchas ONG y organizaciones laborales. Colombia necesita académicos como Daniel Mejía, quienes investigan y escriben, no para halagar a los gobiernos o para complacer a la galería, sino sólo en busca de la verdad.

El cara a cara de Uribe

Editorial

El Colombiano, Medellín

Febrero 1 de 2010

En Davos, una pequeña población Suiza, enclavada en los Alpes, se reunieron durante cinco días más de 2.000 líderes empresariales y dirigentes de 90 países, para hablar de cómo "Mejorar el estado del mundo: Repensar, Rediseñar, Reconstruir", en el marco del Foro Económico Mundial. El Presidente Uribe aprovechó la ocasión para promover la inversión foránea en Colombia, en un cara a cara con empresarios y representantes de países y de organismos internacionales.

La presencia en Davos de la élite empresarial mundial le sirvió al Jefe del Estado para presentar a Colombia como un gran destino para la inversión directa, lo que sustentó con cifras sobre el crecimiento de la misma, pues de niveles de 2 mil millones de dólares al año, al comienzo de la década, en los últimos años ascendió hasta los 10.500 millones de dólares, y en 2009, en medio de la crisis mundial, fue de 9 mil 530 millones.

Colombia estuvo en este encuentro mostrando las condiciones que hoy les son reconocidas por numerosos gobiernos y organizaciones como un Estado respetuoso de las normas que rigen una sociedad democrática y que brinda garantías para hacer empresa, por lo que resulta atractivo para invertir y para entablar alianzas comerciales.

Ante el Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, el Presidente Uribe tuvo oportunidad de explicar cómo el éxito de Colombia es importante para cada uno de los países miembros de la Unión Europea, pues se trata de un socio respetuoso de los tratados, como lo ratificó en ese mismo escenario el Presidente de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy, quien resaltó la participación del país en la negociación del acuerdo arancelario del banano que se realizó en la Ronda de Doha 2009. De ahí, la importancia de aprobar el acuerdo de libre comercio que negocia Colombia con la Unión Europea.

Colombia ha aprendido que estas cumbres son espacios útiles para promover el comercio y la inversión, y más cuando, en forma directa, se puede entrar en contacto con los actores de la economía mundial para explicarles las fortalezas que ofrece el país en materia de apertura de mercados, de proyectos concretos para desarrollar en sectores clave de la economía, de estabilidad jurídica y de estímulos tributarios.

De esta forma, Colombia, cada día se convierte en un referente importante en el concierto de América Latina como un socio fiable y seguro. Y en reconocimiento a esta condición, Cartagena será sede en abril de la versión latinoamericana del Foro Económico Mundial, donde los empresarios e inversionistas podrán comprobar, sobre la realidad de una economía que hoy tiene unas condiciones favorables, las oportunidades comerciales que existen para traer aquí sus capitales.

Al contrario de algunas naciones latinoamericanas que bloquean la iniciativa privada y dan señales equívocas sobre su futuro, Colombia le envío al mundo desde Davos un mensaje claro y enfático sobre su interés en recibir la inversión extranjera, como una posibilidad para generar más empleo y obtener un mayor crecimiento económico que contribuya a mejorar las condiciones de vida para la población.

Yo, Bayly

Martín Santiváñez Vivanco *

El Tiempo, Bogotá

Febrero 1 de 2010

Era, para amigos y enemigos, un hombre fallido, inconsistente, enamorado de lo estéril, incapaz de nada serio. Era un ser inerme, pusilánime, entregado a los excesos propios de una naturaleza rebelde, alocada, subversiva. Este amante de lo fútil estaba condenado a desempeñar el triste papel de convidado de piedra en esa danza del poder que su linaje interpretaba con mano firme. Nadie en el Imperio daba un duro por él.

Sin embargo, cuando su sobrino Calígula fue liquidado por la guardia pretoriana, harta del morbo y hambrienta del pan, Claudio, el tartamudo, el idiota, el objeto de las burlas, ése pobre payaso que arrancaba muecas de desprecio y risotadas de sarcasmo, terminó ciñéndose la toga imperial, masacró a sus enemigos y ocupó dignamente el trono de sus mayores, los Césares.

Nadie que conozca la historia que Robert Graves plasmó magistralmente en su novela ¿Yo, Claudio' puede permanecer indiferente ante las similitudes que existen entre el ascenso inesperado de aquél patricio romano, al que todos consideraban un bufón y la rampante candidatura del 'showman' peruano Jaime Bayly, "el niño terrible" de la televisión latina. No sostengo, para nada, que Bayly proyecte en nuestros días la imagen de subnormal profundo por la que fue ampliamente conocido Claudio antes de ser emperador. Pero sí estoy convencido de una verdad, tan cierta como todos los dogmas de la política peruana: los auténticos incautos son aquellos que menosprecian las posibilidades que tiene Jaime Bayly de sentarse en un trono ni tan dorado, ni glorioso como el de Roma, pero igual de corrupto, esquivo y codiciado.

Pareciera como si a lo largo de estos años, Bayly hubiese decidido seguir el consejo que el viejo Polión diera a Claudio en la corte del divino Augusto: "Exagera tu cojera, tartamudea deliberadamente, finge frecuentes enfermedades, deja que tu juicio parezca errático, bambolea la cabeza y retuércete las manos en todas las ocasiones públicas y semipúblicas". Así, en broma y en serio, cantando su nuevo himno de batalla "Jaime pa' presidente con Abelardo Gutiérrez Alanya "Tongo", un famoso artista peruano dedicado a la tecnocumbia, o desplegando esa ironía limeña que forma parte de su esencia, Bayly tiene todas las cartas para convertirse en el 'outsider' de las elecciones del 2011. El que quiere mandar, puede mandar. Y si Bayly se decide, pronto estará rodeado de eunucos, mesalinas, nerones y pretorianos dispuestos a dejarse matar en esa agonía anual en que se transforman las dulces campañas electorales en el Perú.

La carrera por el Palacio de Gobierno ha empezado. Y Bayly, sin haberse lanzado oficialmente, ya cuenta con el respaldo del 8 por ciento de los limeños y más del 3 por ciento de los peruanos. Se ha forjado una tradición importante en la política peruana en la que los 'outsiders' juegan un papel fundamental. Fujimori, Toledo, Humala, todos han sido, de alguna manera, 'outsiders' electorales que han visto en mayor o menor medida recompensados sus anhelos de poder. Los 'outsiders' pueden llegar a distorsionar una elección y su apoyo, en ocasiones, se convierte en imprescindible si se trata de un proceso ajustado en el que los porcentajes se pelean palmo a palmo, en finales de infarto. Todo indica que estas elecciones apuntan a ello. Se impone, pues, una política de alianzas, de pesos y contrapesos, en las que el primero que logre afianzar el difícil equilibrio de los respaldos electorales tendrá opción suficiente para gobernar.

Las elecciones que el Perú enfrentará el 2011 son de importancia continental. O emerge un candidato antisistema que refuerce el bloque bolivariano o, por el contrario, se impone un político que consolide los avances macroeconómicos y dedique su gestión a luchar frontalmente contra la pobreza e iniciar la gran revolución educativa que precisa el país.

Bayly no es el personaje de Fitzgerald, fatuo y botarate que sus rivales denuncian. Después de todo, Claudio tampoco era el 'clown' incompetente que sus enemigos despreciaban. Sobrio en la elección de honores y adusto en el ejercicio del poder, bajo su era, Roma se extendió hasta los confines de Inglaterra y el norte de África, reformando el sistema judicial, ampliando la ciudadanía y construyendo acueductos, caminos, puentes, ciudades. Los hombres, las mujeres, ante la historia, cambian. Jaime Bayly no es una excepción.

* Director del Center for Latin American Studies de la Fundación Maiestas

Aliviando una tormenta perfecta

Alberto Carrasquilla*

El Espectador, Bogotá

Febrero 1 de 2010

El progresismo colombiano lo que quiere es tumbar la Ley 100 o de Seguridad Social.

La avalancha normativa en materia de salud tiene, sin duda, aspectos discutibles tanto en la forma de su implementación como en el contenido de sus textos. Empero, me parece que el espíritu general de las disposiciones, su trasfondo y su lógica, es positivo y merece ser apoyado.

En primer lugar, es muy claro que el progresismo colombiano lo que quiere es tumbar la Ley 100, acabar con el concepto mismo de aseguramiento individual, y devolvernos al presunto Nirvana del proveedor único estatal. En buena hora el Gobierno deja claro que ello le resulta inaceptable.

Segundo, en un régimen de aseguramiento es fundamental recordar que cuanto más amplio el espectro de los siniestros que se amparen, más costoso tiene que resultar el acceso al seguro.

Contrario a la tendencia que se ha venido imponiendo desde los estrados judiciales, resulta imposible que en este país, cuyo habitante promedio produce US$6.300 al año, a precios de paridad, exista cobertura universal para siniestros iguales a los que amparan a quien produce cinco veces más riqueza.

En buena hora el Gobierno introduce varias disposiciones que van en la dirección de imponerle racionalidad a semejante desmesura.

Tercero, la idea de que el ejercicio del derecho fundamental a la salud implica una garantía financiera irrevocable, convierte la palabra “Estado” en un eufemismo que sustituye otra, mucho más mundana: “contribuyente”.

Cuando los progresistas disponen que “el Estado tiene la obligación de pagar el tratamiento de José” los demás ciudadanos tienen que preparar la chequera.

El maná estatal sólo existe en la imaginación de estas personas tan generosas con el dinero ajeno. En buena hora el Gobierno introduce normas que le devuelven la responsabilidad de pagar su seguro, parcial o totalmente, al mismo José.

Leídos, pues, con cabeza fría, los decretos apuntan en la dirección de universalizar la salud de manera sostenible. Las polémicas que seguirán generando disposiciones que son anatema para el alma progresista, son tan predecibles en forma como pobres en sustancia. El debate democrático definirá si el espíritu general de las medidas persiste y se profundiza, para bien del avance social, o si colapsa, echando para atrás logros inobjetables.

Debemos defender, ante todo, el sistema de aseguramiento, porque ha sido una fuerza a favor del avance social. Por eso, estoy de acuerdo con medidas que lo fortalecen, como reducir el POS a lo que los expertos juzguen esencial, fortalecer los copagos y los deducibles y, sobre todo, con devolverle importancia al concepto, esencial en cualquier país serio, de responsabilidad individual.

Dicho lo anterior, también creo que las disposiciones son insuficientes para enfrentar el problema más importante que tiene nuestro sistema y que forma parte de una tragedia mucho más amplia: la informalidad.

Excelente la idea de que todos los ciudadanos tengamos un seguro que nos dé derecho a idéntico servicio en salud. Excelente que quienes podemos, seamos solidarios con quienes no, y que todos defendamos este principio esencial de la convivencia y la modernidad. Pésima, contraproducente, necia e inviable la idea de que para el 60% de los ciudadanos eso es gratis.

La informalidad y su correlato en materia de salud, la presunción de gratuidad, existen porque acceder a la formalidad es una opción demasiado cara, más cara en Colombia que en cualquier país comparable. Crear empleos de calidad, y por ende lograr que más colombianos financien su aseguramiento, es imposible sin enfrentar con decisión este hecho irrefutable.

Al amparo de las más bellas intenciones, los progresistas le han armado una tormenta perfecta al progreso social gestado con la Ley 100. En buena hora comenzamos a aliviar sus efectos.

* Ex ministro de Hacienda y Crédito Público.

Obama: Estado de la Unión

Juan Camilo Restrepo

La Patria, Manizales

Febrero 1 de 2010

El miércoles pasado el presidente Obama presentó su primer informe del “Estado de la Unión” ante el Congreso en pleno de los Estados Unidos. Es una ceremonia que no deja de tener una cierta solemnidad. Y que como él mismo lo recordó se viene repitiendo desde hace 220 años.

Como acontece siempre con el Obama orador, su discurso formalmente hablando resultó todo un éxito. Y bien que lo necesita. Su popularidad anda en caída libre tal como lo demostró la reciente pérdida de la plaza senatorial de Massachussets -tradicionalmente demócrata- a favor de los republicanos. Lo que constituyó un grave golpe político para la coalición que acompaña al presidente en el Senado.

Desde el punto de vista económico la faceta que más llamó la atención fue el anuncio de importantes recortes y congelaciones en los programas de gasto público.

El presidente Obama (que ya da por superada la fuerte recesión que vivieron los Estados Unidos en 2009) presenta, además, la gestión de su primer año de gobierno para que así fuera, como el gran logro de su administración. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario internacional sobre lo que será el comportamiento de la economía norteamericana en el 2010 parecen darle la razón. En efecto, mientras en 2009 el PIB de los Estados Unidos registró un fuerte bajonazo de -2,5%, para 2010 el organismo internacional pronostica un crecimiento del 2,7%.

Así las cosas, la intensa política fiscal de carácter anticíclico que pusieron en marcha los Estados Unidos desde finales del 2008, con una intensidad como quizás no se había visto desde los tiempos del New Deal del presidente Roosevelt en los años treintas del siglo XX, se da oficialmente por terminada.

El espectro del déficit fiscal monumental que empieza a sombrear en el horizonte requiere un correctivo drástico. Y, en consecuencia, el anuncio del cambio de dirección en las políticas de gasto público afloró de manera rotunda en el discurso del “Estado de la Unión”: congelación de los niveles de gasto público durante los próximos tres años y recortes severos en todas aquellas partidas presupuestales que no traten sobre asuntos de defensa y seguridad social.

Pero si bien el PIB de los Estados Unidos se está recuperando, no sucede lo mismo con el empleo. Uno de cada diez norteamericanos sigue desocupado. De allí que no fuera sorprendente escuchar de boca del presidente Obama que quiere hacer del 2010 el año del empleo.

Pero, queriendo apagar la peligrosa bomba del gasto público, ¿cómo se dispone a reactivar el empleo? Hizo mucho énfasis en el comercio exterior y en la pequeña y mediana empresa exportadora. Con tono patriotero arrancó fervorosos aplausos de los congresistas afirmando que no se resignaba a que economías como la China o la India superen en éxitos exportadores a los Estados Unidos. Todo lo cual (a pesar del llamado al Congreso -que no se sabe si será escuchado- para que ratifique pronto los TLC con Corea del Sur, Colombia y Panamá) hace presagiar una política de tonalidades proteccionistas y de dólar competitivo que ayude a las exportaciones norteamericanas.

A pesar de los saludables anuncios de moderación fiscales (que habrá que ver cómo los implementa el Congreso de los Estados Unidos y que de todas maneras no entrarían en vigencia antes del 2011) no son alentadoras las perspectivas cambiarias que se derivan del discurso del “Estado de la Unión”: a los Estados Unidos los tiene definitivamente sin cuidado un dólar débil. O sea, el espectro de la revaluación para el resto de monedas del mundo, incluida la nuestra, sigue vigente.

Chávez se debilita

Editorial

El Heraldo, Barranquilla

Febrero 1 de 2010

Chávez, el orate fortachón del vecindario, está herido. No de muerte, porque su régimen está bien armado y es sólido, pero al menos mucho peor de lo que jamás ha estado.

Ya sus niveles de aprobación popular bajaron del 50 por ciento, las protestan se recrudecen, al economía se debilita y la inconformidad del pueblo venezolano parece aumentar cada día.

Hastiados como estamos los colombianos después de toda la cruzada verbal de Chávez contra Colombia, y de la peor de las ofensas, que es la de haber roto las relaciones comerciales, las noticias de la debilitación del mandatario venezolano constituyen sin duda un alivio.

Tal parece que la marcha de la revolución chavista emprende un camino cuesta arriba. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar Herbert Koeneke asegura que hay “un repudio a las medidas poco democráticas de Chávez”.

El eminente profesor descarta que a los estudiantes los asista un ánimo golpista, recalcando más bien que ellos han llegado a la conclusión de que en Venezuela simplemente “no hay futuro”.

Ahora bien, si antes, ante cada andanada verbal de Chávez, Colombia tenía motivos para preocuparse, es indudable que ahora las posibilidades de una conflagración bélica aumentan. Ya lo ha dicho el gran Mario Vargas Llosa, quien lanza la voz de alerta de que un Chávez herido puede reaccionar aún con más virulencia que antes, entreviendo serias posibilidades de que ataque a Colombia.

Es ahora, entonces, cuando más preparado debe estar nuestro gobierno, jamás relajarse ante la consideración inminente de que el reinado del orate haya entrado en declive.

De otro lado, sabemos muy bien de las conexiones que existen entre la realidad política venezolana y la del actual gobierno colombiano. Mientras más se debilite Chávez, más se afectará la posibilidad de una reelección de Uribe, como quiera que al segundo se le percibe como la ‘contra’ blindada contra las agresiones del primero. Eso quiere decir que también habrá movidas en Colombia y hacia ellas hay que mantener las alertas encendidas.

Chávez se quita la máscara de demócrata

Mary Anastasia O'Grady*

Elcato.org, Washington

Febrero 1 de 2010

A Hugo Chávez le gusta decir que Venezuela es una democracia y que una mayoría del electorado lo apoya a él y a su "Socialismo del Siglo XXI". O al menos solía decirlo. La semana pasada, el presidente venezolano abandonó sus intentos de mantener una imagen democrática.

En relación a las protestas civiles en todo el país —lideradas por estudiantes universitarios— Chávez advirtió al país el jueves que si se "intensifican" está listo para tomar "medidas radicales".

Dado que el gobierno de Chávez ya expropia propiedades a su voluntad, encarcela a oponentes políticos, controla los precios y el cambio de divisas extranjeras, ocupa empresas de medios de comunicación y dispara balas de goma y gas lacrimógeno contra manifestantes, su amenaza de radicalizarse provoca escalofríos. Los venezolanos tienen razones para temer la ley marcial.

La economía venezolana está en caída libre y Chávez está intentando controlar los daños. Una de las cosas que no se puede permitir es dejar que los venezolanos se quejen en voz alta sin pagar las consecuencias. Los dictadores con éxito, como Fidel Castro, convierten el disentimiento en una propuesta peligrosa, y si Chávez quiere sobrevivir sabe que debe hacer lo mismo. Su plan comienza con zanahorias y termina con un garrote.

Para usar zanahorias, Chávez necesita dinero, y por eso anunció el 8 de enero una megadevaluación del bolívar, fijando una tasa oficial de 4,3 bolívares por dólar, frente a la previa de 2,15. Los importadores de bienes de primera necesidad (algunos alimentos y medicinas) todavía podrán comprar dólares a 2,60, pero para otros productos importados, un dólar costará ahora el doble de la tasa anterior. El efecto neto es que los precios de las "importaciones" no esenciales se duplicaron de la noche a la mañana.

A priori parece un mal negocio, pero no para el aspirante a dictador. Chávez tiene dólares porque el monopolio estatal petrolero PdVSA es exportador. Ahora, cuando venda esos dólares, obtendrá el doble de bolívares que antes. Imagínese lo que se puede hacer con este torrente de dinero antes de las elecciones legislativas del 26 de septiembre. Y según Chávez, tampoco hay necesidad de preocuparse por la inflación. Las empresas que sorprenda subiendo los precios serán expropiadas y entregadas a los trabajadores.

Los estudiantes del chavismo admitirán que esto no es nada nuevo. La revolución se cimienta con transferencias a las clases bajas que luchan por sobrevivir, creando así la ilusión entre los pobres de que el mesías bolivariano los va a sacar de la pobreza.

Pero esta máquina en perpetuo movimiento está perdiendo fuerza. "Es posible", me dijo un analista venezolano "ver las cifras y concluir que la clase ´E´ (el mayor segmento y el más pobre de la sociedad) ha incrementado sus ingresos en bolívares. Pero su calidad de vida se ha deteriorado considerablemente".

La prueba número uno es la tasa de delitos violentos, la mayor del hemisferio. Los pobres están sufriendo esta epidemia mucho más que los ricos ya que no pueden permitirse comprar seguridad personal. El transporte público también le está fallando a la clase trabajadora.

Venezuela no debería preocuparse sobre el suministro de energía gracias al crudo, gas natural y sus recursos hidrológicos y termales. Sin embargo, once años después de la "revolución" de Chávez, ahora hay racionamientos. Sólo Caracas se ha librado de los apagones del mes pasado, quizás no por mucho tiempo.

Los expertos afirman que la principal causa del problema es la pobre planificación para los bajos niveles de agua y el pobre mantenimiento de la presa de Guri, que genera la mayor parte de la electricidad del país. En el frente sanitario, el presidente mismo declaró el año pasado que los hospitales se encuentran en estado de emergencia y que se han abandonado muchas de las pequeñas clínicas que el gobierno construyó y llenó de doctores cubanos.

La base de apoyo a Chávez está desilusionada, y ahora el presidente está tratando de compensarlos con más bolívares devaluados. Pero con la tasa en el mercado negro constantemente por encima de seis bolívares por dólar, está claro que el gobierno no puede suplir al mercado a una tasa de 4,3.

En otras palabras, la divisa está incluso más baja de lo que refleja la nueva tasa oficial. Esto significa que no se está cerca de frenar la tasa oficial de inflación del 25%.

Sólo dos cosas pueden salvar a Hugo. Una sería una nueva entrada masiva de dinero procedente de los ingresos del petróleo. Esta es la razón por la que la semana pasada llevó a cabo subastas de concesiones con petroleras extranjeras, incluso a pesar de haber criticado a estas compañías en el pasado. En caso de que esto no ocurra, Chávez está dando los últimos retoques a su estado policial. La semana pasada cerró la cadena de cable independiente Radio Caracas Televisión y otros cinco canales.

Esta decisión provocó las marchas estudiantiles, respondidas por los soldados de la Guardia Nacional con escudos, balas de goma y gas lacrimógeno. Ahora, Chávez afirma que las manifestaciones son parte de un intento para derrocarlo y que está listo para radicalizarse.

Con Castro como su modelo, no es difícil imaginar hacia dónde se dirige, con o sin petróleo. También está cada vez más claro que las elecciones de septiembre, dirigidas por un consejo electoral controlado por Chávez, no ofrecerán a los venezolanos una posibilidad de votar por el cambio.

* Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal. Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 1 de febrero de 2010.