El juego del farchavismo

Rafael Guarín *

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 29 de 2009

Con la generosa y tradicional hospitalidad del chavismo, se constituyó en Caracas el Movimiento Continental Bolivariano (MCB). 'Alfonso Cano' fue uno de los protagonistas. En un video, el cabecilla de las Farc respaldó la naciente organización y repitió, casi literalmente, los recientes discursos de Hugo Chávez sobre el acuerdo de cooperación militar colombo-estadounidense. En palabras de Carlos Casanueva, secretario general del movimiento, se ratificó a 'Alfonso' "la presidencia honoraria", en "respuesta al general Padilla y a todos sus secuaces del gobierno de Colombia", que pidieron rechazar al grupo terrorista. Según este personaje, son "un frente único de lucha contra el imperio y en solidaridad con la resistencia colombiana", es decir, con la guerrilla.

¿De dónde proviene esa solidaridad? El MCB es una invención de las Farc. Nace de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), un aparato creado por esa agrupación en agosto del 2003. Su fundación se hizo en el marco de la reedición de la 'Campaña admirable' y del 'Campamento bolivariano por nuestra América', efectuado en el Fuerte Tiuna, nada más, ni nada menos, que uno de los símbolos de la Fuerza Armada Nacional Venezolana y sede del Ministerio de Defensa de ese país. Los computadores de 'Raúl Reyes' contienen información sobre el papel de las Farc y Chávez. En un 'email' del 26 de julio del 2003, el guerrillero 'Iván Márquez' confirma el apoyo a la 'Campaña admirable': "El presidente Chávez... se sumó con entusiasmo a esta iniciativa cuando estuvo en Medellín", refiriéndose a su participación en el XIV Consejo Presidencial Andino, un mes antes. En otro correo, igualmente inédito, de fecha 8 de julio del 2003, Márquez registra que PDVSA se comprometió a "financiar la movilización de 1.000 personas desde Maracaibo hasta Caracas". Además, que "los cubanos se suman a la jornada en Caracas y participarán en el 'campamento juvenil bolivariano' que ha de concluir con la creación de la 'coordinadora continental bolivariana' (CCB)".

Todo tenía un fin debidamente calculado por las Farc. Para que "el evento no se salga de lo presupuestado", deciden enviar a 'Santrich', un cuadro guerrillero que se apoyaría en 'Tino', Amílcar Figueroa Salazar, diputado chavista, quien le garantizaría su traslado y seguridad. Y, en otro correo, 'Márquez' señala: el "plan d es invitar hasta acá a los dirigentes juveniles del continente y constituir desde arriba la coordinadora continental bolivariana que es el objetivo mayor que nos propusimos al desplegar la idea de la campaña". Finalmente, le reafirma a 'Reyes': "Si todo esto resulta no solamente quedará bien posicionado el movimiento juvenil bolivariano, sino las propias Farc, como generadoras de la iniciativa".

Luego del evento fundacional, el 13 de agosto, el informe final de actividades indica: "Toda esta gente de la CCB y su ejecutivo sienten un gran aprecio y respeto hacia las Farc. El venezolano secretario general (que lo es por iniciativa nuestra) es muy receptivo a nuestra orientación. Igualmente los ecuatorianos. Estos junto con guatemaltecos y panameños piden instrucción política militar y cátedra bolivariana". La cúpula del MCB debe responder ante la justicia por hacer parte de las Farc. Ese movimiento amenaza no solamente a la democracia colombiana. Quien lea las conclusiones de su reunión de marzo del 2008, en Quito, podrá constatar su decisión de expandir la guerra de guerrillas y el terrorismo por todo el continente. Muy probablemente, elementos de la Coordinadora y del ahora MCB están vinculados a las acciones violentas realizadas en los últimos meses en Honduras. Finalmente, defender e imponer el socialismo del siglo XXI, mediante la violencia, es uno de sus propósitos. La comunidad internacional debe actuar con rapidez. De lo contrario, la caída de los gobiernos populistas de izquierda en la región podrá venir de la mano de una nueva oleada de terrorismo en Latinoamérica.

* Analista político y de seguridad

La brutalidad de las Farc

Yohir Akerman

El Colombiano, Medellin

Diciembre 29 de 2009

Repudio. Repulsión. Aborrecimiento. Desprecio. Asco. Abominación. Horror. Tristeza. Rechazo. Ninguna de esas palabras, ni siquiera la sumatoria de todas ellas, expresa la sensación que generó la noticia del asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar.

Es claro que no se trata de un hecho aislado y que, por el contrario, es un ataque calculado por parte de las Farc para lograr ser el tema de la campaña presidencial del próximo año. Hoy, las Farc no están siendo el eje del debate político electoral, como lo fueron en las elecciones de 1998, 2002 y 2006, ya que un posible enfrentamiento con Venezuela, la preocupante situación económica, el aumento del desempleo, la pobreza, y el atraso social, los desplazaron en la agenda.

Con esta acción, que es la más desafiante que se ha perpetrado durante el gobierno de Álvaro Uribe, después del atentado al club El Nogal, las Farc quieren recuperar su protagonismo, y cuando la guerrilla recobra el primer escalón en el listado de prioridades nacionales, los candidatos que apoyan decididamente la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe recuperan favoritismos en las encuestas y en las urnas.

Es una clara ecuación: las Farc atacan y envían el mensaje a la sociedad de que son una amenaza y que su capacidad de generar terror aún está latente. La respuesta: una conciencia ciudadana de que no se puede desfallecer en el ataque frontal a los grupos subversivos. Y quién es el mejor para dar esa pelea: los últimos ocho años demuestran que es, indudablemente, el gobierno de Uribe.

Las Farc no están aniquiladas. Eso es un hecho. Y ahora apuestan por retar al Gobierno, lo que fortalece las intenciones electorales del presidente Uribe, porque genera la sensación de que es todavía necesaria su mano fuerte.

Es un circulo vicioso en donde la opinión pública desconoce que si estos actos ocurren, y la guerrilla logra secuestrar y asesinar a un funcionario tan importante como un gobernador, es porque la política de Seguridad Democrática está fallando en lo estructural.

Este hecho no demuestra tanto la fortaleza de las Farc, como las grietas del plan para acabarlas. Es claro que la guerrilla no tiene el poderío que tenía en el gobierno de Pastrana. La alianza con el ELN es prueba de su debilidad. Eso ha cambiado su modelo de guerra y su manera de lucha, lo cual ha sido un acierto del gobierno de Uribe. Pero este asesinato demuestra no sólo que hay que repensar la estrategia militar, sino empezar a pensar en una alternativa paralela para salir de manera negociada del conflicto.

Suena difícil e insensato negociar con estos bárbaros, pero es necesario. La recuperación de regiones del país con presencia militar es un éxito importantísimo de este gobierno, pero es claro que ni eso, ni el debilitamiento de la guerrilla, ni la detención y muerte de algunos de sus cabecillas significan el fin de la guerra, o que ésta sea la mejor manera de lograrlo. Es una táctica, pero no toda la estrategia.

La lucha contra el terrorismo

Editorial

El Mundo, Medellín

Diciembre 28 de 2009

Al comenzar sus vacaciones familiares en Hawai, el presidente Barack Obama ha sido notificado por Al Qaeda de que el terrorismo sigue amenazando a Estados Unidos y todas las naciones democráticas que se apartan de sus posiciones extremistas. El mundo, por su parte, ha sido enterado de que combatirlo es una decisión necesaria, por no decir obligatoria, de todo gobernante responsable, sin importar su ideología.

El fallido atentado contra el vuelo de Delta Airlines que el 25 de diciembre cubría la ruta Amsterdam-Detroit; la divulgación de un video amenazante que le hicieron grabar a un soldado estadounidense secuestrado por los talibán, y las capturas de miembros de Al Qaeda aliados con las Farc para operaciones de narcotráfico, son señales más que suficientes de que las organizaciones terroristas mantienen vivo su odio e intenciones de arrasar los gobiernos democráticos, cualquiera sea su tendencia. A ellas hay que responderles rodeando a los gobernantes que enfrentan el terrorismo y exigiendo a aquellos que aun no lo hacen que tomen cartas en el asunto. Es la salida única, como está demostrado desde septiembre de 2001, cuando los presidentes Bush y Aznar y el primer ministro Blair lideraron la toma de “decisiones difíciles” para salvar las democracias amenazadas y las vidas de sus gentes. Hoy se ve a las claras que actuaron razonablemente.

Gracias a la oportuna y valiente reacción de un grupo de pasajeros se evitó que Umar Farouk Abdulmutallab culminara su intento de hacer explotar el artefacto cargado con químicos que llevaba en sus piernas y que haría volar el avión con todos sus ocupantes. Por ellos no estamos despidiendo el año doliéndonos por una tragedia de grandes proporciones y gracias a ellos es posible tener nuevas claridades sobre las estrategias a que está apelando el terrorismo, a fin de combatirlo con más eficacia.

Es interesante prestar atención al perfil del terrorista que ofreció inmolarse en este atentado: se trata del hijo de un prestante dirigente de la sociedad nigeriana que, entre otros cargos, fue ministro de Economía y presidente de uno de los más importantes bancos de su país y que buscó para su vástago una de las mejores educaciones a su alcance: la del University College of London, donde obtuvo su grado en ingeniería. Los padres temen que en la capital británica fue donde el joven se unió a las facciones radicales del islamismo, llegando a adoptar posturas tan extremas que el ex ministro se sintió obligado a alertar a las autoridades estadounidenses sobre el riesgo que les representaba su hijo Farouk. Por cierto, este no es el primer caso en el que un militante de Al Qaeda se ha afiliado al terrorismo mientras permanecía en las capitales europeas, donde abunda la permisividad, rayana en la complicidad, con los terroristas asiáticos, latinoamericanos y africanos.

Según los antecedentes del joven al que las autoridades estadounidenses le imputaron cargos por terrorismo, su primera aproximación con los extremistas islámicos ocurrió a través de aliados a los talibán, que los habrían direccionado a Al Qaeda hasta que viajó a Yemen para recibir su último entrenamiento y los explosivos que usó en el vuelo del viernes 25 de diciembre. Para tantos países que insisten en hacerse de la vista gorda antes de comprometerse a apoyar a las fuerzas aliadas que combaten el terrorismo en Afganistán, este debe ser un campanazo que los saque de la indecisión y les haga entender que renunciar a acabar con los aliados de Osama Bin Laden es facilitar que su organización criminal y su red de aliados sigan siendo una gran amenaza para la sociedad contemporánea.

Sea este el momento para expresar nuestra condena, y reclamarla de los organismos que velan por la vigencia de los derechos humanos, contra los talibán por el abuso que han cometido con el soldado estadounidense secuestrado al usarlo como instrumento para amenazar a Occidente. Ni eso es prueba de supervivencia ni ese es trato admisible para prisioneros de guerra o secuestrados y ya va siendo hora de que el Primer Mundo se levante contra los grupos criminales que atropellan la dignidad humana de esa forma. También lo es para reiterar nuestra exigencia de mayores controles a los aliados de las Farc en el Primer Mundo, su capacidad criminal daña a Colombia pero su participación en el narcotráfico amenaza a sus jóvenes.

Sin caer en la insistencia de los medios de comunicación en la búsqueda de errores que favorecen los atentados, reconocemos que éste puso en evidencia fallas de los sistemas de seguridad que permitieron que el terrorista rechazado por Gran Bretaña y registrado en bases de datos de organismos de seguridad de ese país mantuviera su visa estadounidense y la posibilidad de viajar en sus aviones. Detalles como estos confirman la importancia de mantener la decisión de los gobiernos y la coordinación de sus agencias a fin de librar el necesario combate al terrorismo por todos los medios que demanda el enfrentar la amenaza que representan el fanatismo islámico y la extrema izquierda, que no cejan en su guerra sin cuartel contra Occidente. Que sea esta la hora para decisiones como la del primer ministro británico, Gordon Brown, que se comprometió con “cualquier acción que sea necesaria” para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

A propósito de Copenhague

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Diciembre 28 de 2009

Alguna vez recibí un correo de un católico radical que se manifestaba no sólo contra el aborto sino contra cualquier tipo de control natal, y reprochaba toda alusión a la sobrepoblación del planeta con el argumento de que el territorio del Estado de Texas sería suficiente para albergar a la actual población mundial completa, con una densidad no mayor a la de las urbes más pobladas del globo. Es decir, que los cerca de siete mil millones de habitantes de la Tierra, viviríamos holgadamente en los 700.000 kilómetros cuadrados de Texas —el tamaño de Francia, poco más de media Colombia—, dado que se tendría una densidad de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado mientras que en Bombay (India) rondan los 30.000. Con eso pretendía demostrar que el planeta está prácticamente despoblado, vacío.

Sin embargo, mi interlocutor se pasó por alto un detalle, o dos. El primero, es que no todo el territorio de Texas, Francia o Colombia, es habitable; hay ríos, lagos, montañas, desiertos, glaciares, etcétera, donde no se pueden desarrollar actividades cotidianas o donde difícilmente florecería una colectividad. El segundo, mucho más determinante, es lo que algunos llaman la ‘huella humana’, o sea el rastro que las actividades humanas dejan sobre la biosfera, una huella que en muchos casos deja una imborrable cicatriz.

Los seres humanos necesitamos consumir recursos para sobrevivir, y a mayor calidad de vida más recursos se consumen, como en los países industrializados. Para Alberto Mendoza Morales (El Tiempo, 21-05-2008), la huella ecológica se calcula “midiendo en hectáreas cinco variables: 1) urbanización; 2) producción de los alimentos y vegetales necesarios; 3) territorios para pastos y ganadería; 4) áreas marinas necesarias para producir pescado, mariscos y algas; y 5) selvas y bosques capaces de contrarrestar con oxígeno el bióxido de carbono (CO2) que produce el consumo energético. Las hectáreas resultantes divididas por el número de habitantes del planeta muestran el área de la huella ecológica per cápita”.

Los ecologistas calculan que el área de huella ecológica, por persona, es de 1,7 hectáreas; pero en la actualidad se están empleando 2,8 hectáreas. Lo anterior significa que se están consumiendo más recursos de lo que sería recomendable bien porque el planeta tiene el doble de habitantes de los que debería tener o bien porque en los países desarrollados consumen mucho más de lo que sería sensato. Basta mencionar que mientras Al Gore posa de ambientalista, en su mansión de Nashville consume 20 veces más electricidad que un hogar típico norteamericano (El Mundo [Esp], 01-03-2007) que, a su vez, está muy por encima de un hogar tercermundista promedio.

Desde 1999, el consumo excedió la disponibilidad planetaria y, actualmente, la humanidad consume el 120 por ciento de la capacidad de producción del planeta. Alberto Mendoza lo explica de manera contundente: “es una situación comparable con la de aquellos que gastan más de lo que pueden pagar”.

Gracias a los avances en biotecnología, los pronósticos sombríos que hiciera Malthus a comienzos del siglo 19 (que el aumento en la producción de alimentos no alcanzaría la demanda) no se han cumplido. Pero no es suficiente con que el crecimiento poblacional esté frenándose y se vaya a revertir a partir del 2050. El biólogo Paul R. Ehrlich, afirmó recientemente que “tener más de dos hijos es egoísta e irresponsable” (El País, 06-11-2009).

Si hemos de derrotar cierto escepticismo acerca de la culpabilidad de los seres humanos en el tema del cambio climático, es preciso reconocer que el problema pasa por el consumo de recursos y por la demanda de los mismos. Es cierto que todos cabemos en Texas, pero las tareas agrícolas demandan el 70 por ciento del agua en el mundo, mucho más de lo que gastamos en la ducha, el lavabo o el retrete, y una cantidad infinitamente mayor a la que ingerimos.

Asimismo —según la FAO (El País, 01-04-2007)—, la ganadería aporta el 18 por ciento de los gases de efecto invernadero del mundo, mientras el transporte contribuye con el 14 por ciento, o sea que son más peligrosas las flatulencias de las vacas que los gases de los carros. Y esos abultados recursos que se consumen produciendo alimentos no tienen otra explicación a que hay demasiadas bocas que alimentar.

El país de Alberto Lleras (y 3)

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Diciembre 28 de 2009

Recordemos que el modelo de la democracia es una respuesta a la pregunta de quién debe gobernar y responde que, en lugar del rey soberano o de una élite o de una familia privilegiada, debe gobernar el pueblo soberano. Por su parte, el liberalismo es una respuesta a la pregunta, no de quién debe gobernar, sino a la pregunta de cómo se debe gobernar. Y responde que se debe gobernar con límites; que frente a los pesos del Ejecutivo deben estar los contrapesos del Legislativo, del Poder Judicial, del poder electoral, de los organismos de control. Que el poder debe estar limitado no sólo en el espacio, sino también en el tiempo. Lleras tuvo una creencia casi obsesiva en el gobierno limitado. No es fácil decir cuáles fueron las fuentes de su liberalismo, pero me atrevo a argumentar que fueron básicamente dos, ambas igualmente importantes. La primera fue una influencia intelectual, proveniente de la lectura de los liberales clásicos, sobre todo de Locke, pero también de Ortega, de los escritores de El Federalista, particularmente de Madison. Pero su liberalismo provenía también de su profundo conocimiento de la historia de Colombia —su propio abuelo, Lorenzo María, había sido secretario de Francisco de Paula Santander— y de sus largos años recorriendo el país, hablando con sus gentes. Creía que Colombia había sido ajena a los caudillos y a los dictadores, no porque el pueblo de alguna forma era más ilustrado que el de otras latitudes, sino porque, con su quebrada geografía, pisos climáticos y variedad de culturas, Colombia fue siempre un país de regiones fuertes, que reclamaron espacios de autonomía y relativa independencia del poder central. Para él, además de la dimensión partidista, el poder en Colombia tenía una indudable dimensión regional. Tenía la convicción de que el país era así y que se precipitaba a la catástrofe cuando un partido o grupo trataba de imponer una hegemonía, cuando trataba de quedarse en el poder indefinidamente. En una u otra medida, esa había sido la razón de las guerras civiles del siglo XIX y también de los problemas que trajo la llamada Regeneración, que terminó en la más larga y en la más sangrienta de todas las guerras del siglo XIX. Por eso, su clamor en 1976, en el centenario del gobierno de Aquileo Parra, en Barichara, para que la Providencia “nos preserve de los caminos tortuosos de otras Regeneraciones”.

Con Rómulo Betancourt, Alberto Lleras pertenece a una generación de políticos latinoamericanos a quien no se ha reconocido su enorme contribución a las instituciones republicanas y a la democracia. Es una gran ironía —y también una tragedia— que en el mismo momento en que estos hombres recuperaban la democracia para sus países, luchaban por la separación de la Iglesia y el Estado, reivindicaban el voto de la mujer, impulsaban la educación, muchos jóvenes de América Latina se enceguecían con el modelo cubano y veían hasta con admiración y regocijo cómo Castro y Guevara fusilaban a sus opositores, eliminaban la expresión libre de los poetas e intelectuales, encarcelaban a los homosexuales e imponían su modelo totalitario. Y allí siguen los Castro, cincuenta años después, con su régimen tiránico y personalista. Pero contra ellos, y contra todos los proyectos antiliberales del continente, también sigue vigente la obra y la palabra de Alberto Lleras, recordándonos que “cualquier cosa que nos suceda dentro de las reglas de juego, es mejor que el juego sobresaltado sin más reglas que la voluntad de uno solo”.

Profetas del desastre (de nuevo) erraron sus pronósticos

Luis Carvajal Basto

El espectador, Bogotá

Diciembre 28 de 2009

Cuando los efectos de la crisis mundial se empezaron a sentir, abundaron las opiniones sobre 2009 como un año apocalíptico para la Economía Colombiana. Se cuidaban, quienes emitían tales conceptos, de minimizar los efectos externos e imputarlos todos a errores de política, sin considerar que se trataba de un asunto de Estado. Afortunadamente no ha sido así.

Advirtiendo que los factores sicológicos (pérdida de confianza, etc.) constituían un fundamento de la crisis mundial y sopesando la dinámica positiva que ha mostrado nuestra economía, decíamos hace un año en esta columna: “No tendremos el crecimiento de años anteriores pero catástrofe, tampoco. Las exportaciones, el empleo y las finanzas públicas se resentirán. La probable caída en la inversión privada, debe “reemplazarse” con gasto público. Los remedios habituales no servirán y el gobierno y el Banco de la República deben actuar con audacia y jugarse a fondo”.

Los gobiernos en el mundo están saliendo de la crisis aumentando el gasto público y generando el respectivo déficit fiscal. Un panorama de esas economías muestra que Estados Unidos, donde se perdieron 20 millones de empleos, comienza a “salir”, con un crecimiento del PIB del 2.2% en el tercer trimestre, mientras Europa al final del año mostrará cifras negativas aun y solo China sigue creciendo a una tasa esperada del 8%.

La hermana Venezuela, al cierre del tercer trimestre, mostró cifras negativas superiores al 2%.Entre tanto Colombia cerrará con una cifra positiva entre 0 y 1 %, cifra que se puede considerar aceptable teniendo en cuenta el entorno de crisis mundial y factores como el arbitrario cierre de nuestras exportaciones a Venezuela, -17%, la reducción de las compras de Estados Unidos,-22% y la reducción en la inversión extranjera Directa.

Pero no se puede afirmar que la crisis esté superada y, por el contrario, debe tenerse en cuenta que la salida se relacionará inevitablemente con un aumento de productividad y perdida o reasignación de empleos. Valga de ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos donde la productividad crece a niveles del 8% y el costo del trabajo cae a tasas cercanas al 5%.

Tenemos sectores en que la inversión sigue creciendo, como el de minas y petróleos, pero desafortunadamente no se generan los empleos suficientes. La construcción, tan importante, muestra unas cifras preocupantes de caída en las licencias cercana al 25% hasta octubre, contrario a Estados Unidos, donde comenzó la crisis y el precio de las viviendas se empieza a estabilizar. Es de esperar que la confianza se recupere por parte de familias e inversionistas.

En ese campo, cerramos el año con expectativas positivas. El Índice de confianza industrial, con base en la encuesta de opinión empresarial, ha mejorado en el último mes en un 1.6% y El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), medido por Fedesarrollo, mejoró en 8,5 puntos en noviembre.

Aunque no ocurrió el desastre que muchos esperaban, olvidando “que van subidos en el mismo avión”, muchas cosas tenemos pendientes, además de la socorrida diversificación de mercados. La ejecución del gasto en obras públicas debe superar el discurso; una clara política de estímulos, de ser necesario subsidios, al comercio en las zonas de frontera que supere la demencial voladura de puentes, y el traslado efectivo en la baja en las tasas de interés a compradores de vivienda y consumidores, podría ser urgente.

¿Solo para la izquierda?

Rafael Nieto Loaiza

El Colombiano, Medellín

Diciembre 28 de 2009

Quizás la noticia quedó opacada por el homicidio del gobernador del Caquetá. Me temo que, sin embargo, no es ese el único motivo del silencio absurdo en que ha estado envuelto el abominable asesinato de Manuel Moya, de Graciano Blandón y de su hijo.

¿Los nombres no dicen nada? Eran fundadores de los Consejos Mayores de Curbaradó y de Jiguamiandó, dos poblaciones negras de la cuenca del río Atrato. Fueron torturados y asesinados el 17 de diciembre por las Farc.

¿Los motivos? Dos, al menos. Habían resaltado vínculos entre el grupo terrorista y la ONG Comisión de Justicia y Paz y acusado penalmente a su director. Y venían luchando para que a sus comunidades no les arrebataran tierras que han sido ancestralmente suyas. Desplazadas por la acción guerrillera, cuando intentan volver encuentran que la ONG está auspiciando que sus territorios sean entregados a otras familias, éstas mestizas e ideológicamente cercanas a las Farc. Para defenderse de los usurpadores, habían acudido a la Fiscalía y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Más allá de lo terrible de su muerte, es aquí, en los estándares dobles usados frente a los defensores de derechos humanos que no son de izquierda, donde quiero hacer énfasis.

Primero, porque es inaceptable que el nuevo fiscal del caso, Luis Alberto Reyes, haya liberado a varios de los milicianos de las Farc responsables del desplazamiento de esas comunidades, a pesar de las pruebas que obran en el expediente y en contravía de la decisión de enjuiciarlos tomada por el fiscal anterior. Moya y Blandón los habían acusado.

Segundo, porque a los dos líderes el Estado no les brindó la protección requerida, aunque sabía de su riesgo extraordinario. Está bien que a los miembros de ONG de izquierda y a los sindicalistas les den carros y sedes blindados y los llenen de guardaespaldas. ¿Pero por qué les niegan protección mínima a quienes, como Moya y Blandón, denuncian a las Farc y a sus cómplices? No son los únicos. Conozco otros casos, incluyendo líderes de las marchas nacionales contra los terroristas y el secuestro, a los que no se responde o se les niegan las medidas solicitadas. Algo falla de manera grave en el Ministerio del Interior y en la Policía.

Finalmente, la responsabilidad mayor cae sobre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una cruel ironía, el mismo día en que ejecutaban a Moya y Blandón, la Corte IDH les negaba las medidas de protección que llevaban meses solicitando. ¿Será la sangre de los dos líderes asesinados una carga en la conciencia de la Corte y de los miembros de la Comisión que redactaron el informe en virtud del cual se negaron sus derechos a quienes terminaron ofrendado sus vidas? No lo sé.

Pero no tengo duda de que los sistemas nacional e internacional de derechos humanos tienen un sesgo inocultable que favorece a las personas y ONG de izquierda y tienden a despreciar a quienes denuncian a los terroristas y a quienes defienden los derechos humanos desde una óptica ideológicamente neutral. ¡Una vergüenza!

Las Farc ya hablaron

Mauricio Vargas

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 28 de 2009

La senadora Piedad Córdoba y sus compañeros de 'Colombianos por la paz' les han pedido a las Farc que se pronuncien sobre el secuestro y vil asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar. "Que digan si han sido ellos", ha reclamado la candidata al Nobel de la Paz. No es una inocentada, ni siquiera por tratarse de estas fechas. A mí me parece que es una ingenuidad de la senadora y de sus colegas de iniciativa, una ingenuidad rayana en el cinismo. ¿Que se pronuncien? Si ya lo hicieron, al estilo más propio de 'Alfonso Cano' y sus secuaces: matando. ¡Y de qué modo! Degollando a su víctima porque, según supone su hijo, el gobernador debió de negarse a caminar en la selva como se lo ordenaban estos terroristas.

Ah, se me olvidaba, que no son terroristas, aclaró ya hace mucho tiempo otro ingenuo-cínico, el ex candidato presidencial del Polo Democrático Carlos Gaviria. Él nos hizo ver con claridad la pequeña diferencia: las Farc no son terroristas, sólo que en ocasiones cometen actos terroristas, una sutileza que los demás mortales, en nuestra profunda estupidez, somos incapaces de entender. Por fortuna ya no está Gaviria al frente del Polo, y sus nuevas directivas han condenado el asesinato en un enérgico comunicado que, sin embargo, incurre en dos patinadas. La primera, no lo considera un acto terrorista. Y la segunda, les regala a las Farc un triunfo al decir que este crimen pone en duda la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe.

El Polo no es el único que lo ha dicho. A ese mismo festejo antiuribista se han unido otros. Las Farc están vivas, reclaman, frotándose las manos, los profetas del desastre. No se dan cuenta de que eso es justamente lo que le conviene a Uribe, porque si las Farc están vivas, entonces el votante colombiano promedio piensa que el Presidente debe quedarse cuatro años más para combatirlas, para terminar con la tarea que empezó hace ocho años, cuando, tanto en el país como en el exterior, el grupo guerrillero era considerado imposible de derrotar. Si las Farc han durado medio siglo, piensa ese votante, ni uno, ni siquiera dos gobiernos de Uribe bastan para acabarlas. Hará falta un tercero. Y es ahí donde furibistas y antiuribistas hacen causa común para terminar impulsando, unos porque lo quieren y otros de puro brutos, la segunda reelección del Presidente.

Pero hay que dejarse de pendejadas. Las Farc están más debilitadas y desmembradas que nunca. No están acabadas, pero han sufrido la mayor serie de derrotas militares de su historia. Además, están más desprestigiadas en el exterior que nunca: de ahí la condena casi unánime de la comunidad internacional ante el cobarde crimen de que fue víctima el gobernador Cuéllar. Pero que las Farc estén moribundas no quiere decir que sean incapaces de patalear. Al fin y al cabo, para cometer un acto de terror como este, basta media docena de criminales que actúen en el país mientras sus jefes gozan del refugio seguro que les brinda su cómplice y mentor, Hugo Chávez, en territorio venezolano.

Eso sí, el secuestro y posterior asesinato del gobernador del Caquetá demuestra que la batalla contra las Farc no ha concluido. Tan claro es el asunto que hasta el Departamento de Estado en Washington, menos afecto a Uribe desde que Barack Obama llegó a la Casa Blanca, salió a decir que seguiría apoyando al gobierno colombiano en su guerra contra los terroristas. Pero para ello no hace falta que Uribe se quede en la Casa de Nariño. El verdadero éxito de su política de seguridad democrática sería que otro distinto de él pudiese continuar la tarea. Y entre los candidatos presidenciales que están sobre el tapete, hay varios capacitados para hacerlo. Lo demás no son más que terquedades de los furibistas y torpezas de los antiuribistas.

El disparate del cardenal

Eduardo Mackenzie

Blog Debate Nacional, París

Diciembre 28 de 2009

La propuesta del cardenal Darío Castrillón tiene un sabor extraño. Tiene algo de déja vu. Su propuesta sale del fondo de los tiempos. Al menos de la época antediluviana en que la Seguridad Democrática no había sido inventada, cuando los gobiernos colombianos, y la flora y fauna del llamado “proceso de paz”, sólo tenían en la boca palabras como “amnistía”, “negociación”, “encuentro” , “diálogo”, cada vez que las Farc y las otras bandas terroristas cometían sus atrocidades habituales. Había que premiarlas cada vez que asesinaban, para ver si se aplacaban.

Así, esa gente les programó encuentros en ciudades extranjeras. Panamá, México, San José vieron el desfile de esos angelitos. Hubo encuentros para “salvar la paz” en Caracas, Tlaxcala y Mainz. A esta ciudad alemana fueron batallones de magistrados, religiosos y periodistas, en representación de la “sociedad civil’, pues el Eln había vetado la presencia allí del gobierno de Ernesto Samper. Todos ellos creían que la paz estaba a la vuelta de la esquina. Yo vi a algunos de esos “delegados” en París. Estaban convencidos de que “esta vez” sí habría paz. Después vino la época no menos nefanda de la zona desmilitarizada de Andrés Pastrana, la cual incluyó hasta un periplo por Europa, en febrero del 2000, para siete de esas eminencias (algunos siguen ordenando matanzas hoy), quienes fueron escoltados por Víctor Ricardo, alto comisionado de paz.

Álvaro Leyva Durán, gran mentor en esa época de los diálogos Pastrana-Tirofijo, nos ha propuesto esta vez que el gobierno del presidente Uribe flete un avión para llevar a Alfonso Cano y a otros “comandantes”, con salvoconductos que les abran todos los aeropuertos de Europa, al diálogo con el cardenal Castrillón en Roma.

¿Tras el vil secuestro y asesinato de Luis Francisco Cuéllar, gobernador de Caquetá, había que premiar a Alfonso Cano y a Milton Toncel con otro viaje a Roma o a Paris? Por fortuna, el gobierno respondió a la iniciativa del cardenal con una condición. César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de la Casa de Nariño, declaró que ese diálogo “sólo es posible cuando las Farc hagan un alto en sus actividades de guerra” pues el Gobierno “no puede ofrecer el diálogo cuando ellos lo único que ofrecen es muerte.” Para que ese encuentro se realice, reiteró Velásquez, las Farc “deben decretar un cese de actividades criminales”.

Como las Farc no renuncian a su acción criminal, no habrá encuentro. En principio. Pues la idea parece que sigue en el aire. Iván Cepeda, brazo derecho de la senadora Piedad Córdoba, dijo a RCN que aún falta saber cual será la respuesta de Alfonso Cano a la iniciativa del cardenal Castrillón. Luego la cosa no está descartada. Igualmente, Cepeda dijo que la puesta en libertad de Pablo Emilio Moncayo y Josué Calvo, y la entrega de los restos del mayor Julián Guevara, muerto en poder de las Farc, dependía ahora, no sólo de las gestiones en curso, sino del problema de las bases militares. Además, según ese activista, el rescate de los otros 22 secuestrados militares y policías, de los que no se habla ahora, depende de que se inicie “el proceso del intercambio humanitario”.

Antes del asesinato del gobernador Cuéllar, el gobierno había aceptado las exigencias de las Farc para liberar a Moncayo y a Calvo. Ahora las Farc ponen nuevas dificultades. Por eso la riposta de Uribe: “¡Tras de ladrones bufones!”. Y la orden de intentar el rescate militar de todos ellos. Pero nada sobre lo que propone el cardenal Castrillón.

La propuesta inicial de éste muestra que un alto prelado de la Iglesia católica creyó en un momento que el gobierno actual podría dar un salto hacia atrás en materia de seguridad. Que tras una atrocidad lo adecuado era hacer un gesto de capitulación. Eso es inquietante. ¿Fue ese llamado del cardenal un globo de ensayo? ¿Para ver qué candidatos y que sectores se colgaban a eso?

El extraño episodio del cardenal Castrillón muestra, en todo caso, que algunas personalidades, que deberían ser prudentes en lo que dicen por las consecuencias políticas que tienen sus palabras, olvidan a veces qué son y qué han sido las Farc.

Cartas sobre la mesa (5)

Jesús Vallejo Mejía

Carta a Ricardo Ostuni

Medellín, diciembre 22 de 2009

“Apreciado Don Ricardo:

El ajetreo de estos días navideños no me ha permitido concentrar la atención en el interesantísimo tema que Ud. planteó hace poco acerca de las transformaciones del Estado actual, al que no podemos seguir examinando a la luz de categorías propias del siglo XIX.

No es el caso de ignorar que esas categorías fueron supremamente útiles para la configuración y el funcionamiento de los sistemas demoliberales que, pese a sus limitaciones, han representado avances muy significativos para la civilización política.

Las ideas de soberanía nacional, de representación popular, de supremacía de la Constitución e imperio de la ley, de derechos fundamentales anteriores y superiores al Estado, de separación de poderes, de descentralización de colectividades regionales y locales, de ciudadanía ampliada, de sufragio libre, igual, secreto, etc., de libre debate público, de pluralismo de partidos políticos, de renovación periódica de los altos poderes del Estado, de eliminación de privilegios nobiliarios, de separación de la Iglesia y el Estado, de acción pública tendiente a mejorar las condiciones de los menos favorecidos por la fortuna y a construir sociedades más igualitarias, integran un patrimonio cultural que, parafraseando viejas nociones, es imprescriptible e inalienable.

Pero, como sucede con todas las ideas, se trata de construcciones del espíritu que buscan, por una parte, reflejar la realidad colectiva y, por otra, modelarla.

Ahora bien, esa realidad es compleja y dinámica, por lo que todo intento de aprehenderla y constreñirla sólo puede tener alcance limitado y relativo.

Hoy conocemos mucho mejor que los clásicos del pensamiento político la naturaleza de los fenómenos del poder y la sociabilidad, así como el carácter ideológico de nuestras ideas al respecto. Por consiguiente, no debemos ser dogmáticos, sino atenernos a las lecciones de la experiencia, sometiendo nuestras concepciones al contraste con los hechos, que, como decía el poco encomiable Lenin, son tozudos.

Dicho de otro modo, la teoría constitucional debe nutrirse de los aportes de la ciencia política, la sociología, la economía, la historia, la antropología e incluso la psicología, para dar cuenta más cabal de los fenómenos que aspira a comprender con miras a proponer regulaciones adecuadas.

Bolívar se refirió alguna vez, para denostarlas, a las repúblicas aéreas, que no consultan las realidades geográficas ni culturales de los pueblos, sino los delirios más o menos bien intencionados de sus promotores. Éstos terminan exclamando como el Libertador en sus postrimerías: "Sembré en el mar y aré en el viento".

Muy a menudo he sostenido que la Constitución que adoptamos en 1991 es un Código Funesto, porque en lugar de concentrarse en los problemas que el país afrontaba a la sazón, dio libre curso al espíritu de imitación, a la novelería e incluso a la garrulería, sin detenerse a considerar la realidad de un pueblo con un tejido social severamente deteriorado por la violencia guerrillera, la feroz respuesta del paramilitarismo, la penetración del narcotráfico y la corrupción política, fuera de las condiciones de pobreza y marginalidad de buena parte del mismo.

Nuestros flamantes constituyentes de ese año se aplicaron a copiar figuras norteamericanas, españolas, alemanas, italianas, etc., combinándolas a la bartola y adaptándolas mal que bien a sus opiniones e incluso a sus intereses. Pero no hubo en esa asamblea pensadores originales ni dirigentes aterrizados que pudiesen orientarla haciendo ver que se trataba de corregir ciertos vicios, de mejorar algunas instituciones y de abrir espacios que permitiesen la incorporación de fuerzas políticas emergentes que se sentían marginadas, pero no de ofrecer ríos de leche y miel, ni paraísos islámicos como los que la novísima jurisprudencia en materia de sexualidad viene consagrando como paradigma de derechos fundamentales al goce carnal.

A mis discípulos en los cursos que hasta hace algún tiempo dictaba en materia de Teoría Constitucional, solía recomendarles que observaran las instituciones británicas, que están montadas, por una parte, sobre la base de que el pasado lega enseñanzas dignas de examinarse y, por otra, que la sociedad cambia y es necesario ajustarse tanto a los diferentes estados de la opinión pública como a las necesidades de cada momento.

Recuerdo el comentario que hace algún tiempo hizo mi dilecto y sapientísimo amigo José Alvear Sanín acerca de cómo los ingleses, en razón de la Segunda Guerra Mundial, dejaron de lado la costumbre inveterada de hacer elecciones generales cada cinco años. La necesidad pública indicaba que era indispensable la continuidad del gobierno de Churchill, a quién hubo de cambiarse sólo cuando la contienda ya había tocado a su fin.

Igual que De Gaulle, que en su hora pudo decir con razón que él era Francia, en esos momentos terribles el Reino Unido era Churchill.

Usted tiene toda la razón cuando desconfía de la opinión prefabricada por los medios e incluso por los encuestadores. Pero resulta que la opinión que favorece la reelección del presidente Uribe desafía a los grandes medios nacionales. Si usted sigue la pista de los comentarios de prensa, las columnas de opinión, los noticieros de televisión o de radio, quizás llegue a la conclusión de que hay un antiuribismo rampante. Pero cada que sale una nueva encuesta, no de una sino de varias firmas especializadas en el escrutinio de la opinión, el apoyo popular al Presidente se pone en evidencia. Y no se trata sólo del que se registra en los grandes núcleos urbanos, a donde llegan más fácilmente los encuestadores, sino el de los aldeanos y campesinos que se han visto liberados de los atropellos de los violentos gracias al esfuerzo isomne de nuestra fuerzas armadas y la dirección ejercida momento a momento por el presidente Uribe.

Ahí le dejo, por lo pronto, estas reflexiones inducidas por uno de sus muy inteligentes comentarios.

Le reitero mis votos por una feliz temporada navideña y mejor año venidero.

Cordialmente,

Jesús Vallejo Mejía”

¿Qué hay detrás del asesinato del gobernador del Caquetá?

Darío Acevedo Carmona

Ventana Abierta, Medellín

http://ventanaabierta.blogspirit.com/

Diciembre 23 de 2009

¿Cómo interpretar el horrendo crimen de las Farc contra el gobernador del departamento de Caquetá? La pregunta es pertinente porque aún los peores y más temibles movimientos terroristas atacan de acuerdo con cierta racionalidad y buscando causar determinadas consecuencias. También porque las Farc se encontraba en el proceso final de liberación de dos secuestrados en el marco de un difícil y complejo acuerdo con el gobierno colombiano.

Se me ocurren varias hipótesis que no son excluyentes necesariamente. Podría tratarse de una señal de advertencia y de una exigencia tácita para que las tropas oficiales dejen de atacarlos en ciertos sitios donde tienen algunos de los secuestrados con el supuesto fin de facilitar la liberación de los dos militares. También podría tratarse de una provocación extrema con el fin de llevar al presidente Uribe a desactivar las liberaciones y causarle dificultades al gobierno.

Hilando más delgado, no se puede descartar que sea la manera de empezar a hacer presencia y hacerse notar de cara a la próxima coyuntura electoral de 2010. Las Farc han perdido importante terreno en el plano militar y en su capacidad de incidir en los acontecimientos políticos. Recordemos que jugaron un papel decisivo en las elecciones de 1998 y en la de 2002, en la primera creando una expectativa de negociación, en la segunda al gestar la ira popular en su contra por los abusos en la zona de distensión. ¿Será que intentan ahora volver a sonar, así sea por la vía dolorosa del terrorismo, buscando crear un ambiente de zozobra, de inseguridad y una sensación de fracaso de la Seguridad Democrática, para reposicionar y revivir la idea de una negociación? Las voces que desde sectores civiles se levantan en tal sentido podrían encuadrar dentro de esa búsqueda. Sea lo uno o lo otro, lo cierto del caso es que las Farc después de siete años de retrocesos y derrotas y de pérdida de prestigio, no ha manifestado ninguna intención de negociar con el gobierno de Uribe, no ha planteado ninguna posibilidad de dejar las armas si se da una negociación. De modo que los áulicos que creen interpretar el pensamiento fariano diciendo que hay que negociar de nuevo, son desmentidos con toda la brusquedad por parte de quienes, según ellos, sólo esperan el reconocimiento para sentarse a negociar.

Ello quiere decir que las Farc, en medio de sus dificultades, apelan a una vieja táctica leninista-estalinista: causar las mayores dificultades al sistema y al régimen que combaten, con acciones que desconciertan por su magnitud, producen desesperanza, sensación de derrota, para validar su reconocimiento como actor de cualquier salida a la violencia colombiana. Cuentan para sus designios con fortalezas internacionales, el apoyo de gobiernos vecinos, la tolerancia de otros que se hacen los de la vista gorda y el escondite de sus jefes más allá de nuestras fronteras desde donde organizan y activan con tranquilidad sus planes para hacerle la vida invivible al gobierno. Mientras tanto, la periferia civil en Colombia no descansa en su campaña de presentar al Estado y al gobierno nacional como los culpables de todos los males y hablan maravillas sobre las bondades de una negociación que debe partir del reconocimiento político de las guerrillas.

Claro que no podemos olvidar que hace varios años las Farc ha venido adelantando una campaña de ataques aleves contra funcionarios públicos y representantes políticos de provincia en el marco de su ataque a la democracia y en particular a la democracia local. Concejales, diputados, congresistas, alcaldes y secretarios de despacho han sido asesinados o secuestrados en el marco de dicho plan con el que pretenden recuperar espacios. No sabemos si en últimas, con el asesinato del gobernador caqueteño, se pueda estar tendiendo una trampa para ocultar alguna situación grave con algunos de los secuestrados. La lección para el gobierno y para la sociedad en general es contundente: no se puede bajar la guardia, hay que afinar las medidas para garantizar una campaña electoral tranquila, segura y en paz. La democracia sigue bajo la amenaza terrorista.