martes, 1 de diciembre de 2009

Un flagelo llamado minas antipersonal

Editorial

Vanguardia Liberal; Bucaramanga

Noviembre 30 de 2009

Ayer 29 de noviembre, siendo presidida por Susan Eckey, embajadora de Noruega, comenzó a sesionar en Cartagena la segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, la que terminará sus actividades el próximo 4 de diciembre. No es una mera coincidencia el que se haya escogido a nuestro país como sede de ella ya que desafortunadamente Colombia es una de las naciones con más víctimas de minas antipersonal o quiebrapatas como que entre 1999 y 2009 casi 7 mil compatriotas han quedado lisiados o han muerto por la acción de esta sucia arma de guerra y terror. Delegados de más de 156 países, que hacen parte de la Convención de Otawa, analizarán los temas relacionados con la asistencia social a las víctimas (el que es deficiente) y, además, el desminado humanitario, expedirán y suscribirán una declaración política, reafirmarán su compromiso con los objetivos humanitarios de la Convención de Otawa de 1999 y diseñarán el Plan de Acción de Cartagena para el período 2010 a 2014 (que busca mejorar la situación en los países más afectados por este flagelo).

La Segunda Conferencia de Examen es un desarrollo del Tratado de Otawa de 1999 que prohíbe la adquisición, producción, almacenamiento y utilización de minas antipersonal. En 10 años se ha logrado que en cerca de una decena de países disminuya el uso de tales artefactos y avances en la asistencia a las víctimas, pero en otros países (como Colombia) la situación es amarga en tal sentido pues ha aumentado dramáticamente el número de víctimas de tales minas.

Colombia es el país del mundo en que más víctimas por minas antipersonal hay, seguida de Sudán, Iraq y Afganistán, según la clasificación mundial de países víctimas de minas antipersonal, conforme a datos llevados por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.

Ocupar tal lugar y acompañados de países tan críticos y desmadejados institucionalmente, preocupa en grado sumo y pone sobre la mesa la necesidad de adelantar más radicales y profundas medidas contra tal flagelo.

En nuestro país, en 2008, hubo casi mil víctimas de minas antipersonal. De ellas 507 fueron miembros de las Fuerzas Armadas. De los 32 departamentos del país, en 31 de ellos ha habido víctimas. Los departamentos en que más casos de minas antipersonal se registran son Antioquia, Cundinamarca y Santander. En más del 50% de los municipios de país ha habido casos de tal tipo de artefactos de guerra y terror.

Es hora de pasar de hacer consideraciones especulativas sobre este tema y concentrar fuerzas y propósitos en el diseño de eficaces políticas que signifiquen mejoría en tal campo pues cada víctima tiene un amplio espectro que lesiona hondamente el desarrollo social y económico del país, principalmente en el sector agrario, siendo hoy una de las causas del desplazamiento masivo a las ciudades.

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