21 crímenes por resolver

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 27 de 2009

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de elevar a delitos de lesa humanidad las más execrables acciones terroristas del cartel de Medellín es acertada e histórica. Se trata de 21 crímenes atroces que, entre mediados de los años 80 y principios de los 90, las huestes de Pablo Escobar cometieron contra unas 15.000 víctimas a lo largo y ancho del país. Hoy, precisamente, se cumplen veinte años del brutal atentado contra un avión de Avianca que les costó la vida a 110 personas.

Pero dos décadas no han sido suficientes para que la memoria colectiva de los colombianos haya olvidado esos tiempos de temor, terror y zozobra. Dentro de los crímenes seleccionados por el organismo investigador se cuentan los macabros atentados contra el avión, el DAS y las instalaciones del diario El Espectador; los asesinatos de altos funcionarios, militares, jueces y periodistas como Diana Turbay, y los secuestros del vicepresidente Francisco Santos, del ex presidente de la República Andrés Pastrana y otras personas. Ya había sido elevado a la misma categoría el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Delitos que esta organización narcotraficante ejecutó de manera sistemática contra civiles a fin de atemorizar a una sociedad entera y así remover los obstáculos para una eventual prohibición de la extradición y un tratamiento jurídico más benévolo para sus actividades delictivas. Estas son precisamente las características jurídicas y los requisitos que se deben cumplir según los estándares internacionales. Con la decisión, la Fiscalía no solo busca evitar que estos crímenes prescriban, sino también ponerlos bajo la órbita de tribunales transnacionales, como la Corte Penal Internacional. Además, al catalogarlos de lesa humanidad, se reconoce el derecho de los miles de sobrevivientes y familiares de las víctimas a conocer la verdad, la justicia y la reparación.

Esta declaratoria, asimismo, le permite al ente investigador 'ganar' tiempo para reactivar unos procesos cuyos resultados brillan por su ausencia. Son muchas las preguntas por resolver y las responsabilidades materiales e intelectuales por adjudicar en cada uno de estos 21 crímenes. Tras dos décadas, será, además, una compleja labor seguir las pistas o reconstruir los hechos. Aunque, como estructura armada y narcotraficante, el otrora poderoso cartel de Medellín sea parte del pasado, las heridas que dejó y el daño que generó siguen abiertos y en mora de cerrarse.

Por ese motivo, más que la decisión en sí, el reto de la Fiscalía está en producir avances en las investigaciones. Para ello se destinó una unidad especial de 25 fiscales -que contará con el apoyo de un grupo de la Procuraduría- con el fin de salvar de la inaceptable impunidad estos agonizantes procesos. Nuevos testimonios serán recogidos, como el dado por 'Rasguño' a este diario sobre el avión de Avianca, y ya se impartieron instrucciones para la ubicación del 'Arete' en España. Igualmente, la Fiscalía, a la luz de la nueva condición de lesa humanidad, revisará los paquetes de beneficios otorgados a una docena de ex narcotraficantes en los años 90.

Sobre los hombros de estos fiscales reposa la inmensa responsabilidad de aprovechar la extensión de tiempo y las nuevas herramientas jurídicas para acabar con la impunidad de la campaña terrorista a la que el cartel de Medellín sometió al país por una década. Sin embargo, tras veinte años de cometidos los delitos se viene una ardua tarea. Y es que, de no avanzarse en las investigaciones, se corre un alto riesgo de frivolizar la poderosa figura del delito de lesa humanidad y de enviar nuevamente el mensaje de que el aparato estatal es incapaz de establecer la verdad, impartir justicia y ordenar la reparación de las víctimas de estos crímenes atroces.