Editorial
El País, Cali
Noviembre 29 de 2009
Conocido el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, sobre la situación del río Cauca y la estrategia para salvarlo, los 183 municipios que tienen vecindad con el afluente deberían estar más preocupados que nunca. Aún no es tarde para iniciar la cruzada que salve del abandono y la depredación al segundo río más importante de Colombia.
Según el documento, la Cuenca Alta del Cauca atraviesa la peor de sus épocas, producida por la casi sistemática destrucción de su entorno que causa el abuso del hombre en todos los sentidos. Desde la agricultura, hasta la industria; desde los municipios que arrojan sus deshechos al río, hasta las Corporaciones Regionales que no lo cuidan; desde los habitantes que no lo cuidan, hasta los gobernantes que utilizan los recursos de las sobretasas ambientales y los patrimonios de las Corporaciones para pagar favores políticos. Todo parece una conspiración contra el que es el patrimonio natural más importante de la región.
El diagnóstico del Conpes no podría ser más estremecedor. Citamos un párrafo a manera de ejemplo: “Los usos inadecuados y las malas prácticas culturales en las zonas han resultado en amplias áreas afectadas por fenómenos de erosión, que se estiman en el 40% del área de la cuenca. Según estudios, se calcula un promedio de remoción de 50 ton/ha/año de suelos, fenómeno que puede significar la pérdida de una lámina cercana a un milímetro de tierras productivas en un año. (…) El mayor grado de conflicto por uso del suelo en el Valle del Cauca se registra por la ocupación en cultivos de sus márgenes (…) olvidando que su verdadera vocación es para coberturas forestales que permitan la protección de sus franjas”.
Pero la firmeza de esas aseveraciones contrasta con la forma por demás extraña en que la Nación evade su responsabilidad en el documento. Es difícil entender que a pesar del grave diagnóstico, donde se critica la debilidad de las instituciones regionales para actuar debido a la influencia del clientelismo, el Conpes no tome decisiones para garantizar el salvamento que reclaman los más de diez millones de colombianos que reciben el agua o viven del Cauca. Sólo una tímida mesa de concertación que no obliga a ningún órgano del Estado, fue la propuesta para establecer una gobernabilidad.
Más grave aún: dentro del monto establecido para recuperar la Cuenca Alta del río, la Nación no pone un peso, bajo la disculpa de que “el que contamina paga”. ¿Acaso se corresponde esa respuesta de la señora Viceministra del Agua con la amenaza que significa para todo el país la destrucción que padece el Cauca? Sin duda, Cali y el Valle deben ser grandes aportantes a esa causa y la CVC está obligada a hacer un esfuerzo, porque ella nació para defender el río. Pero no parece justo que la Nación se lave las manos frente a un asunto que repercute en la calidad de vida de media Colombia.
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