Contra Obama y Vivanco

Por: Alfredo Rangel

Revista Semana. Sábado 18 Octubre 2008

Suscitan muchas sospechas la falta de objetividad y el sesgo ideológico de quienes asesoran a Obama en esos temas. Colombia y su gobierno han sido víctimas esta semana de dos ataques desproporcionados e injustos. Uno por parte del candidato demócrata Obama y otro del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Ninguno de los dos ataques se compadece de la situación colombiana y ambos están totalmente alejados de la realidad.

El candidato Obama afirmó en su último debate con McCain que su oposición a la aprobación del TLC con Colombia no se debía a que estuviera en contra del libre comercio per se, sino a la situación de violencia contra los sindicalistas. Según Obama "la historia actual en Colombia es que dirigentes sindicales han sido blanco de asesinatos de forma sistemática y no ha habido juicios". Esta afirmación demuestra un absoluto desconocimiento de la forma como ha venido mejorando la situación de los derechos humanos en nuestro país y, en particular, la de los mismos sindicalistas. También pasa por alto los enormes esfuerzos realizados por el gobierno de Uribe, no sólo para proteger a los sindicalistas, sino para investigar los crímenes contra ellos y enjuiciar a los culpables. Avances que, entre otras cosas, no se habían logrado en anteriores gobiernos colombianos que fueron objeto del apoyo decidido de administraciones y de bancadas demócratas en el Congreso norteamericano.

Examinemos los hechos. En el año 2001, antes del gobierno de Uribe, hubo en Colombia 213 sindicalistas asesinados, según la AFL-CIO, la central sindical norteamericana. Para el año 2006, en el gobierno Uribe, esa cifra se había reducido a 60 homicidios y en 2007 bajó a 26, es decir, una cifra ocho veces menor que antes de este gobierno. Además, en contravía de lo que afirmó Obama sobre el carácter sistemático de los asesinatos contra los sindicalistas, para la Fiscalía General de la Nación, que en nuestro país es un ente investigador independiente del gobierno, la gran mayoría de las muertes de sindicalistas ocurridas el año pasado no está relacionada con motivos políticos ni con el vínculo de las víctimas con los sindicatos, sino con razones de delincuencia común, como atracos, disputas pasionales y otras distintas a las políticas. Adicionalmente, hay que recordar que en Colombia la tasa general de homicidio es de 33 víctimas por cada 100.000 habitantes.

Para los miembros de la Policía, que están muy expuestos a la violencia, esa tasa es de 86. La misma tasa para los sindicalistas es de cuatro. Esto quiere decir que, en puros términos estadísticos, un sindicalista tiene ocho veces menos riesgos de ser víctima de un homicidio que un ciudadano que no es miembro de un sindicato. O, en otros términos, que no es verdad que por el sólo hecho de ser sindicalista, una persona tenga en Colombia más riesgos de ser víctima de la violencia.

De otra parte, con respecto a la afirmación de que en Colombia no ha habido juicios para esclarecer los asesinatos de sindicalistas, los asesores del senador Obama deberían informarle que según el último informe sobre los derechos humanos en Colombia, realizado por el mismísimo Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno nombró recientemente 13 fiscales y 78 investigadores especiales para investigar esos casos. Que la Fiscalía y los tres sindicatos más grandes del país identificaron los 187 casos más importantes de violencia contra sindicalistas ocurridos en años anteriores. Y que en lo corrido del presente año, los jueces han proferido 134 condenas contra asesinos de sindicalistas. No se explica uno cómo el senador Obama puede afirmar tan impasible y categórico que "no ha habido juicios". Es lamentable su falta de información.

Y suscitan muchas sospechas la falta de objetividad y el sesgo ideológico de quienes lo asesoran en estos temas. Sobre el documento del señor Vivanco no vale la pena entrar en detalles. Su animadversión personal contra el presidente Uribe les ha quitado todo rigor y objetividad a sus apreciaciones. Lo cierto es que el gobierno de Uribe desmovilizó 32.000 paramilitares, desarmó 16.000 de ellos, sometió a más de 2.000 a una justicia rigurosa y exigente, encarceló a decenas de sus principales dirigentes y extraditó a los 14 más peligrosos. Pero todo el documento del señor Vivanco se basa en la tesis de que Uribe quiere obstaculizar la justicia dizque para "perpetuar la influencia paramilitar". Seamos serios, señor Vivanco.