Seguridad en las urnas

Rafael Guarín*

El Espectador, Bogotá

Marzo 15 de 2010

A pesar de los pronósticos de que las elecciones de Congreso iban a estar gravemente perturbadas por la violencia, especialmente de las Farc, la realidad fue muy distinta. La Misión de Observación Electoral MOE, en un reciente informe, dijo identificar “420 municipios en riesgo por factores de violencia para las próximas elecciones de Congreso”. Además, que un 55% de estos estaban en “riesgo extremo”, lo que sugeriría, para cualquier persona, un probable colapso de las votaciones.

Los planteamientos de la MOE en este tema, aunque desacertados, son una preocupación legítima. En Colombia los comicios habían estado marcados por una fuerte violencia, no sólo del narcotráfico y del paramilitarismo, sino por la injerencia que las guerrillas adelantaban con el objeto de impedir el ejercicio del derecho al sufragio, demostrar la imposibilidad del Estado de controlar la totalidad del territorio nacional y acreditar capacidad militar.

Las perturbaciones de orden público fueron muy escasas, la de mayor importancia se presentó con un hostigamiento en Corinto, Cauca. Las Farc habían diseñado un plan para afectar el proceso electoral. No obstante que medios de comunicación en el exterior registraron esa noticia, un análisis objetivo permite concluir que se frustró su esfuerzo de aprovechar una coyuntura, en la que los ojos del mundo están pendientes del país, para desplegar múltiples y contundentes acciones terroristas y emplearlas como propaganda. Su fallido objetivo era enviar un mensaje de fortaleza y de fracaso de la Política de Seguridad Democrática. Consiguieron todo lo contrario.

La fuerza pública neutralizó diversas iniciativas criminales, como la intención de atentar en el departamento del Huila contra Orlando Beltrán Cuellar, uno de los dirigentes políticos secuestrado durante casi siete años por esa organización. La eficacia de las labores de inteligencia y el despliegue de un gigantesco operativo, que incluyó el diseño de mapas de orden público y atención electoral, repercutieron favorablemente en garantizar la seguridad en la jornada.

El resultado en esta materia demuestra una vez más que las Farc han perdido sustancialmente capacidad operativa, aún en zonas en las que su influencia sigue siendo significativa. En municipios como Algeciras, Huila, en permanente estado de amenaza, noticias informaron que los ciudadanos pudieron acudir a las urnas y escoger libremente sus representantes.

El avance es significativo respecto a la elección de 2007 y refleja la consolidación de una tendencia iniciada en 2006. Según un estudio de la Fundación Seguridad y Democracia, las votaciones de ese año fueron las menos violentas en dos décadas, las de ayer fueron las más tranquilas desde que se tienen datos.

También, es claro que este tipo de análisis, para ser acertados, requieren no solo de observar las actividades y presencia de grupos armados ilegales en porciones del territorio, sino, conocer y entender el mapa de acción de la fuerza pública. A diferencia del pasado, en el cual militares y policías estaban anclados a sus bases y a los cascos urbanos, hoy cuentan con una formidable capacidad de respuesta y de acción ofensiva, que niega a la guerrilla el desarrollo de sus planes.

Por supuesto, lo anterior no obsta para reconocer el hecho de que en zonas de alto riesgo de alteración del orden público se dispusiera emplear plataformas aéreas electrónicas y un aumento importante de miembros de policía y de las fuerzas militares, lo cual nos dice que, si bien se ha avanzado en garantizar los derechos ciudadanos y en reducir la capacidad de daño de las organizaciones terroristas, es indispensable aceptar que aún falto mucho, que las Farc no están acabadas, que no se debe bajar la guardia y que la tarea debe continuarse.

*Analista político y de seguridad. Profesor de la Universidad del Rosario.

Reelegir a Uribe, pero no al gobierno

Reelegir a Uribe, pero no al gobierno

Rafael Guarín

Semana.com, Bogotá

Enero 22 de 2009

Aún hay republicanos que se lamentan de no haber podido realizar gran parte de su proyecto político en la era de Ronald Reagan. En una tertulia en Madrid, una de las personas que participó en la redacción de su programa en materia de seguridad me dijo que habían ganado las elecciones pero perdido el gobierno. ¿Cómo así? Sí, me contestó. A pesar de que Reagan derrotó a Jimmy Carter, la burocracia proveniente de esa administración terminó manejando los hilos del poder, que muchas veces no están en la cúpula de los organismos estatales, sino en los mandos medios.

A pesar de sus siete años de ejercicio, a Álvaro Uribe le está ocurriendo algo parecido. Desde hace tiempo varias de las instancias gubernamentales tienen su propia agenda y muchas veces chocan con los conceptos del propio presidente. Por ejemplo, una de las ministras del despacho es enemiga jurada de un nuevo periodo de su jefe y dicen, en los pasillos de la propia Casa de Nariño, que uno de los viceministros es la mano oculta detrás de los editoriales de periódicos internacionales que desaprobaron una nueva reelección. ¿Qué tal eso?

La inamovilidad de varios funcionarios los ha convertido en emperadorcitos de ministerios e institutos, al tiempo que la certeza de que Uribe no echa a nadie les da absoluta tranquilidad. Esa inercia y “baratarias” de poder, favorecen que pululen servidores públicos de libre nombramiento y remoción que no solo no comparten las políticas gubernamentales, sino que son obstáculos y auténticos opositores, cuando no simplemente ineptos. ¡Absurdo!

La consecuencia de esto es desastrosa. Solo un ejemplo: A pesar de la diligencia de Fabio Valencia Cossio y de sus buenos resultados, es incomprensible que el Ministerio del Interior disponga de esquemas de seguridad hasta para ex guerrilleros, incluidos algunos que siguen delinquiendo, camuflados en el “Programa de Desmovilización”, mientras se los niegan a defensores de derechos humanos y dirigentes sociales que coinciden con la Política de Seguridad Democrática y que denuncian a las Farc.

Al parecer para quienes respaldan al gobierno o denuncian el terrorismo está vedado garantizar su seguridad. La consecuencia es mortal: Manuel Moya y Graciano Blandón, líderes de las negritudes en Curvaradó, fueron asesinados por las Farc mientras esperaban a que el gobierno al que apoyaban los protegiera. Las Farc cumplieron la amenaza. Igual está sucediendo con dirigentes sindicales que se convirtieron en objetivo militar de la guerrilla. Nada ha valido para que se les proporcione el amparo necesario.

¿Estarán esperando los flamantes mandos medios del Ministerio del Interior que los maten? ¿Quién es el responsable en esa cartera de tan craso e inexcusable indolencia? Esa curiosa pasividad es cómplice del miserable asesinato de Jairo Rey, Presidente de SINALTRAIFRU, quien cometió el grave crimen para las Farc, con los masacrados Moya y Blandón, de defender en Estados Unidos el TLC.

Todo eso, para no hablar de funcionarios antiuribistas de la administración Uribe, de mando medio y mediocre, que persiguen a personas por tener un compromiso con las tesis del propio gobierno. ¡Ridículo, pero cierto! Ni para que comentar aquel caso en que un miembro de las Farc, actualmente desmovilizado, que trabajó directamente con Alfonso Cano, era responsable de un millonario proyecto en el Tolima, auspiciado por Acción Social. Ni de la infiltración de miembros del PC3 en los organismos del gobierno.

No hay duda que reelegir a Uribe es un reclamo mayoritario de los ciudadanos, pésele a quien le pese, pero las encuestas califican diferente a quienes lo acompañan en el gobierno. Mientras no haya una depuración y no se retome el control de los centros de decisión y operación, que hoy están en manos de individuos que conspiran desde adentro contra los esfuerzos del presidente y sus realizaciones, estaremos condenados a repetir, como mi amigo republicano, que ganamos la elección pero perdimos el gobierno. ¡Ojala el presidente se pellizque!

Nota: Para tristeza de algunos y contrario al equivocado “confidencial” de la Revista Semana, podrán seguir leyendo mis columnas de análisis político y seguridad en El Nuevo Herald de Miami.

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El reto exterior de Piñera

Rafael Guarín

El Nuevo Herald, Miami

Enero 24 de 2010

Culminó un ciclo en Chile. La victoria de Sebastián Piñera, a pesar de la alta favorabilidad del gobierno de Michelle Bachelet, es prueba de la exitosa consolidación de la transición democrática en ese país. No van a haber tantos cambios, como se pregonó durante la campaña electoral, por lo menos en el plano interno, pero sí se espera un nuevo enfoque en la política exterior.

Durante el gobierno de la Concertación se suscribieron múltiples acuerdos de libre comercio, al tiempo que se proyectó al país como punto de encuentro clave con Asia – pacífico, pero no se consiguió un puesto suficientemente relevante en el escenario hemisférico, por el contrario, su influencia palideció ante el protagonismo de Brasil y Venezuela.

La razón de ese papel secundario se debe, en parte, a la pasividad diplomática del Palacio de la Moneda en temas que agitan al continente. Los últimos años, más que avanzar hacia la tan mentada y mentida integración latinoamericana, la región se ha debatido en medio de una fuerte inestabilidad política, que ha llegado incluso a amenazar la paz y la seguridad internacionales. En esa situación, el gobierno Bachelet estuvo siempre del lado de quienes mantienen un doble discurso. Mientras proclamaba la defensa de la democracia y los derechos humanos, alentaba el ingreso de Cuba al Grupo de Río. Mientras condenaba el terrorismo y el crimen transnacional, se callaba ante las evidencias de apoyo de los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa a las Farc. Mientras decía defender el estado de derecho, admitía en su país apoyos públicos a las guerrillas narcotraficantes colombianas, que buscan aniquilar el imperio de la ley.

A pesar de ser referente en materia de modernización del Estado y de la economía, esa tibieza terminó relegando a Chile. La elección de Piñera es una oportunidad para que ese país renueve su liderazgo y asuma con decisión la defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia, ante la amenaza proveniente de organizaciones criminales y de gobiernos patrocinadores que, como el chavista, pretenden imponer un modelo autoritario a sus vecinos. También para que propugne por el fin de la dictadura castrista.

Tal parece que será el enfoque, a juzgar por las declaraciones del presidente electo: "Quiero decirlo con mucha claridad: esas diferencias (con Chávez) son profundas y tienen que ver cómo se concibe y practica la democracia, la forma cómo concibe el modelo de desarrollo económico y mucho más". Esa afrimación, más otras que mencionó en su discurso del domingo, relacionadas con su énfasis en la seguridad y el combate al narcotráfico, evidencian que con Piñera no va a ser lo mismo que con la presidenta saliente.

Esto para la revolución bolivariana significa no tanto perder un aliado, sino ganar un gobierno que levantará la voz contra sus excesos, con lo cual Chávez comienza a perder el principal activo que ha tenido para expandir su proyecto: la pasividad y la tolerancia en la región.

Además, es conocido que Piñera está más cerca de Alán García, Álvaro Uribe y Felipe Calderón, promotores de la democracia liberal y la economía de mercado, con lo cual se abre paso un nuevo equilibrio de fuerzas que afectará gravemente a Chávez y sus aliados, al tiempo que servirá para neutralizar los factores que han propiciado vientos de guerra.

Finalmente, con la decisión del pueblo chileno y, probablemente, con un nuevo gobierno de centro derecha en Brasil, a la gravísima crisis interna se sumará para Chávez un cambio de condiciones que limitara su acción y supondrá un estancamiento y retroceso en los planes del socialismo del siglo XXI. Ciertamente, para el teniente coronel el 2010 no comenzó bien.

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El juego del farchavismo

Rafael Guarín *

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 29 de 2009

Con la generosa y tradicional hospitalidad del chavismo, se constituyó en Caracas el Movimiento Continental Bolivariano (MCB). 'Alfonso Cano' fue uno de los protagonistas. En un video, el cabecilla de las Farc respaldó la naciente organización y repitió, casi literalmente, los recientes discursos de Hugo Chávez sobre el acuerdo de cooperación militar colombo-estadounidense. En palabras de Carlos Casanueva, secretario general del movimiento, se ratificó a 'Alfonso' "la presidencia honoraria", en "respuesta al general Padilla y a todos sus secuaces del gobierno de Colombia", que pidieron rechazar al grupo terrorista. Según este personaje, son "un frente único de lucha contra el imperio y en solidaridad con la resistencia colombiana", es decir, con la guerrilla.

¿De dónde proviene esa solidaridad? El MCB es una invención de las Farc. Nace de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), un aparato creado por esa agrupación en agosto del 2003. Su fundación se hizo en el marco de la reedición de la 'Campaña admirable' y del 'Campamento bolivariano por nuestra América', efectuado en el Fuerte Tiuna, nada más, ni nada menos, que uno de los símbolos de la Fuerza Armada Nacional Venezolana y sede del Ministerio de Defensa de ese país. Los computadores de 'Raúl Reyes' contienen información sobre el papel de las Farc y Chávez. En un 'email' del 26 de julio del 2003, el guerrillero 'Iván Márquez' confirma el apoyo a la 'Campaña admirable': "El presidente Chávez... se sumó con entusiasmo a esta iniciativa cuando estuvo en Medellín", refiriéndose a su participación en el XIV Consejo Presidencial Andino, un mes antes. En otro correo, igualmente inédito, de fecha 8 de julio del 2003, Márquez registra que PDVSA se comprometió a "financiar la movilización de 1.000 personas desde Maracaibo hasta Caracas". Además, que "los cubanos se suman a la jornada en Caracas y participarán en el 'campamento juvenil bolivariano' que ha de concluir con la creación de la 'coordinadora continental bolivariana' (CCB)".

Todo tenía un fin debidamente calculado por las Farc. Para que "el evento no se salga de lo presupuestado", deciden enviar a 'Santrich', un cuadro guerrillero que se apoyaría en 'Tino', Amílcar Figueroa Salazar, diputado chavista, quien le garantizaría su traslado y seguridad. Y, en otro correo, 'Márquez' señala: el "plan d es invitar hasta acá a los dirigentes juveniles del continente y constituir desde arriba la coordinadora continental bolivariana que es el objetivo mayor que nos propusimos al desplegar la idea de la campaña". Finalmente, le reafirma a 'Reyes': "Si todo esto resulta no solamente quedará bien posicionado el movimiento juvenil bolivariano, sino las propias Farc, como generadoras de la iniciativa".

Luego del evento fundacional, el 13 de agosto, el informe final de actividades indica: "Toda esta gente de la CCB y su ejecutivo sienten un gran aprecio y respeto hacia las Farc. El venezolano secretario general (que lo es por iniciativa nuestra) es muy receptivo a nuestra orientación. Igualmente los ecuatorianos. Estos junto con guatemaltecos y panameños piden instrucción política militar y cátedra bolivariana". La cúpula del MCB debe responder ante la justicia por hacer parte de las Farc. Ese movimiento amenaza no solamente a la democracia colombiana. Quien lea las conclusiones de su reunión de marzo del 2008, en Quito, podrá constatar su decisión de expandir la guerra de guerrillas y el terrorismo por todo el continente. Muy probablemente, elementos de la Coordinadora y del ahora MCB están vinculados a las acciones violentas realizadas en los últimos meses en Honduras. Finalmente, defender e imponer el socialismo del siglo XXI, mediante la violencia, es uno de sus propósitos. La comunidad internacional debe actuar con rapidez. De lo contrario, la caída de los gobiernos populistas de izquierda en la región podrá venir de la mano de una nueva oleada de terrorismo en Latinoamérica.

* Analista político y de seguridad

Hablar de Cano en Europa

Rafael Guarín

www.politicayseguridad.blogspot.com

Diciembre 26 de 2009

Exótica la propuesta del cardenal Dario Castrillón de dialogar con Alfonso Cano en Europa, pero mucho más absurdo el supuesto "aval" del gobierno colombiano. ¿Se levantaran las órdenes de captura en ese continente y en Colombia? ¿El presidente Uribe le expedirá una especie de "salvoconducto"? ¿Lo llevaran en avión diplomático? En la práctica es reconocerle a las Farc una legítima vocería política y hacerlo, nada más ni nada menos, que en la Unión Europea. Es muy difícil no recordar al periplo del gobierno Pastrana con Raúl Reyes de la mano por el viejo continente.

Uno de los pilares fundamentales de la Política de Seguridad Democrática es precisamente no conceder estatus político alguno a las Farc, entre otras cosas, debido a su vinculación con el natrcotráfico y su permanente acción contra la población civil. Además, porque la guerra irregular es una lucha por la legitimidad. Reconocerlos como actores políticos es una ganancia enorme para ese grupo armado y un paso atrás inaceptable para la institucionalidad democrática. Es darle la razón a Hugo Chávez y una estupenda plataforma para quienes en Europa, como en América, reclaman la calificación de "fuerza beligerante" para la guerrilla. Desde esa perspectiva el mensaje que envía la reunión es contraproducente y mina directamente las bases de la Política de Seguridad.

Mi impresión: Álvaro Uribe sabe que no existen condiciones para adelantar un diálogo con las Farc hasta que esa guerrilla no manifieste su voluntad de abandonar la violencia, pero también conoce el esfuerzo de Cano y de sectores de la oposición por convertir el "diálogo y la negociación" en una bandera electoral, que en un momento dado pueda llevar a los colombianos a elegir un nuevo gobierno que apueste a ese camino.

Las consecuencias de ese escenario son las de reeditar las experiencias de Betancur y el Caguán, permitir de nuevo el fortalecimiento militar y político de las guerrillas, abrirles las puertas de la comunidad internacional y colocar en entredicho una política que sigue mereciendo el respaldo mayoritario de los ciudadanos. El presidente puede pensar que la mejor manera de evitarlo es mostrando que con su gobierno sí se puede negociar; el problema es que el costo es demasiado alto y no se compensa con el objetivo electoral buscado.

Nota final: La facilidad de Alfonso Cano para llegar a Europa solo se explica porque estuviera en Venezuela. No es raro, pues el último video tuvo tecnología imposible de acceder si se encontrara en el "Cañon de las Hermosas". ¿Será que el gobierno de Hugo Chávez lo llevaría en avión a Europa con pasaporte diplomático?

El secuestro de Luis Francisco Cuéllar

Rafael Guarín

www.politicayseguridad.blogspot.com

Diciembre 22 de 2009

El repudiable secuestro y asesinato de Luis Francisco Cuéllar, gobernador del Caquetá, provoca varias reflexiones:

1. Es una estupidez monumental. Es absurdo el raquítico esquema de seguridad que protegía al mandatario, mucho más tratándose de un departamento con alto nivel de presencia de las Farc.

2. La confianza mata. Pareciera que los exitosos resultados de la Política de Seguridad Democrática en la ciudad de Florencia, llevó a las autoridades a un exceso de confianza que terminó facilitando la acción de los terroristas. ¡Grave error! Además de ineptitud de la fuerza pública, demuestra que las Farc, nos guste o no, siguen en el sur de país con una gran capacidad operativa.

3. Falló la inteligencia y la acción preventiva. Es evidente que la guerrilla se empleará a fondo para desestabilizar al país antes de las elecciones. ¿Cómo es posible que obvios blancos, como el gobernador del Caquetá, no estuvieran suficientemente resguardados?

4. Esta acción terrorista persigue por los menos dos objetivos. El inmediato es crear la falsa idea de que la “Política de Seguridad Democrática” fracasó y que se requiere un nuevo gobierno que apueste a la negociación y al diálogo con las Farc, reconozca su carácter político y les otorgue legitimidad. Es volver al viejo y superado “DIALOGUISMO”.

5. El segundo objetivo es a mediano plazo: La guerrilla lejos de pensar en la liberación inmediata de los secuestrados, insiste en el llamado “Acuerdo Humanitario”, estimulada por fuerzas políticas y candidatos que convirtieron dicho “acuerdo” en bandera electoral. El secretariado de las Farc cree que un nuevo gobierno terminará concediéndoles esa demanda.

6. En consonancia con esto, es importante ser conscientes que comenzó una nueva ola de secuestros de dirigentes políticos e incluso de personas relevantes en otras actividades, como periodistas o dirigentes gremiales. Las Farc procurarán dar golpes que tengan impacto mediático. No se debe descartar un ataque a uno de los símbolos de las Fuerzas Militares, como la propia base de Palanquero o de Tres Esquinas.

7. Es importante develar esa estrategia a los ciudadanos. Los colombianos debemos mantener la firmeza contra el terrorismo. Doblegar esa voluntad es lo que persiguen las Farc. Saben que de lograrlo conseguirán quebrar la Política de Seguridad en las urnas, con la ayuda de cómplices que actúan camuflados en la legalidad.

8. Lo responsable sería un pacto de unidad nacional de todas las fuerzas políticas y los candidatos presidenciales, que garantice el mantenimiento de las líneas gruesas de la política de seguridad y reclame la liberación unilateral de los secuestrados, excluyendo expresamente cualquier acuerdo sobre el tema con los terroristas. Solo así, ante la pérdida de eficacia de su estrategia, las Farc abandonaran los secuestros con fines de “canje humanitario”, perderán la ventaja que sacan aprovechando las contradicciones propias de la lucha democrática y se les privará de recurrir al tiempo como un aliado.

9. A pesar de lo ocurrido, la decisión de ordenar el rescate militar es adecuada. Un directriz diferente lo único que lograría es enviar un mensaje de debilidad que promueva la realización de nuevos secuestros. Para preservar la libertad y la vida de los colombianos el gobierno no debe acceder al chantaje de los secuestradores.

10. Finalmente, los responsables de la seguridad del gobernador deben asumir consecuencias disciplinarias y políticas por su negligencia.

Nota: Muy diciente que Piedad Córdoba y “Colombianos y Colombianas por las Paz” no hayan rechazado este nuevo secuestro de las Farc. Quienes no lo condenan creen que no es un crimen, sino una acción legítima de la guerrilla, pues se trata de “prisioneros de guerra” en medio de un “conflicto social y armado”. Algo así como la frase de Patricia Lara, del Polo Democrático Alternativo: “Las Farc cometen crímenes pero no son criminales”.

Crónica de una guerra anunciada

Rafael Guarín

Blog Política y Seguridad, Bogotá

Noviembre 16 de 2009

A pesar que el llamado de Hugo Chávez a prepararse para una guerra generó nerviosismo continental, no es una novedad. Amenaza con ella desde 1999 y no está improvisando.

La política de seguridad y defensa de la revolución bolivariana se formuló para enfrentar ese posible escenario. A eso responde el Concepto Estratégico de Defensa Integral y el Concepto Estratégico Militar, el fortalecimiento bélico, los vínculos con Rusia e Irán, la adopción de la llamada guerra asimétrica, al igual que la constitución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional, que operará en las áreas donde “ante la materialización de alguna de las hipótesis de conflicto les corresponderá actuar”, es decir, en la frontera con Colombia.

Desde esa perspectiva, un primer análisis sugiere que las advertencias de guerra y la compra de armamento, son expresiones de los factores psicológico, técnico y político que requiere una buena disuasión, siguiendo a Raymond Aron.

Pero la cuestión no es tan simple. Primero, porque es evidente que el Pentágono no tiene en su agenda planes de invasión en Latinoamérica. Segundo, porque en el absurdo caso de querer intervenir en Venezuela, técnicamente no necesita del territorio colombiano y, tercero, porque si bien los acuerdos suscritos entre Washington y Bogotá consolidan una alianza política y militar, son contra el narcotráfico y el terrorismo y no contra ninguna nación.

Son otras las verdaderas explicaciones. El poder militar cumple dos funciones: es clave en el mantenimiento y entronización de la revolución en la propia Venezuela y se concibe como bastión de la expansión del modelo bolivariano y de la construcción de la “Patria Grande”. El discurso de la disuasión esconde la ambición de convertirse en potencia militar, con capacidad de hacer operaciones más allá de sus fronteras, en alianza con otros gobiernos y hasta con organizaciones terroristas.

En ese contexto, cuando Chávez habla de guerra hay que creerle, así convenientemente después baje el tono, como acaba de suceder. Entre otras cosas, porque su gobierno declaró hace mucho tiempo una guerra irregular a Colombia, al apoyar activamente a las Farc en el propósito de derrumbar la democracia liberal e imponer el socialismo del siglo XXI.

Si bien es inviable una guerra convencional, no así un evento bélico, más aún cuando en el Palacio de Miraflores se elabora una historia ficticia que pretende dar vuelta a la real situación y pasar de agresor a agredido y de acusado a acusador, con la falsa denuncia de que la administración Uribe envía cuadrillas de paramilitares para asesinar al teniente coronel y desestabilizar la revolución.

El asesinato de jóvenes en la frontera, la sindicación de que eran paramilitares (lo que sus familias niegan), la utilización de mentirosos testimonios sobre una supuesta conspiración hecha desde la Casa de Nariño y la redacción de una novela de espionaje, que afecta además a Cuba y Ecuador, demuestra que se está montando un tablado para justificar una acción militar.

Otra opción es el escalamiento de la guerra irregular contra Colombia. El teniente coronel calificó la firma del acuerdo de cooperación como una declaración de guerra y le preocupan los efectos militares que tendrá en sus aliados, las golpeadas guerrillas. Adicionalmente, las Farc le ofrecieron ayuda militar a Chávez y este nunca la rechazó, por el contrario, le pidió entrenamiento a las Farc en guerra de guerrillas, conforme a lanueva doctrina militar bolivariana.

Es urgente que la comunidad internacional actúe para evitar el conflicto y desescalar la crisis. La iniciativa de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA es el camino, no UNASUR. Estas organizaciones deben garantizar la seguridad y la paz internacionales, sobre la base de proscribir la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, precisamente, cuestión en que está empeñada la revolución chavista.

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La CPI y el miedo militar

Rafael Guarín*

Semana.com, Bogotá

Domingo 1 Noviembre 2009

En el Cañón de las Hermosas, Alfonso Cano debe preocuparle lo mismo que antes de su extradición obsesionaba a Salvatore Mancuso y a Don Berna: ¿Cómo substraerse de la justicia penal internacional? A pesar de su soberbia, heredada de Jacobo Arenas, la cosa debe causarle tremendos salpullidos, más aún, cuando el 1 de noviembre finalizan los siete años consagrados en la cláusula 124 del Estatuto de Roma, en virtud de la cual el Estado colombiano declaró que no aceptaba competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los crímenes de guerra.

El tema conlleva también otro tipo de reacciones. Sectores de oposición pretenden utilizarla como “coco” para intimidar al gobierno, otros la emplean dentro de un discurso que quiere deslegitimar las instituciones democráticas. El caso de Piedad Córdoba ilustra ambas cosas: sugirió el absurdo de que antes que las Farc comparecieran ante ese tribunal por el secuestro de los llamados “canjeables”, lo harían los funcionarios del gobierno por la misma razón.

Por otro lado, hay una fuerte inquietud en las filas de la fuerza pública. Entre los militares hay temor, aún antes de que se develaran los “falsos positivos”. Al hablar con oficiales de diferente rango, con facilidad se percibe la preocupación de que luego de sacrificarse durante años enfrentando el narcotráfico y el terrorismo terminen injustamente en la cárcel.

Esa predisposición no es gratuita. Se piensa que la Corte se convertirá en una pieza de la guerra jurídica que la guerrilla adelanta contra el Estado, con la ayuda de farianos y elenos camuflados en la legalidad. Es racional, la combinación de todas las formas de lucha, legales e ilegales, como diría Lenin, implica el intento de utilizar las instituciones internas y foráneas para golpear al enemigo.

Los camaradas ven en el Estatuto de Roma una oportunidad para desplegar una ofensiva y generar pánico en las tropas. El tema no es menor. Si el pánico cunde en la fuerza pública, ni siquiera el firme liderazgo civil y apoyo de los ciudadanos será suficiente para contener un declive de la Política de Seguridad Democrática. Las Farc lo saben, al igual que sus aliados, y hacen todo lo posible por jugar esas cartas.

A pesar de eso y de las campañas de propaganda y rumor, desplegadas con el fin de producir aprensión en las fuerzas armadas con relación a la jurisdicción penal internacional, los soldados y policías no deben tener el más mínimo temor. Son varias las razones: Primero, en Colombia no hay una política de Estado de violación de los derechos humanos. Segundo, la CPI actúa subsidiariamente, es decir cuando la justicia del país no lo haga.

Y, tercero, en ambos aspectos el Estado está trabajando para garantizar el respeto absoluto de los derechos humanos, lo certifican las cifras del CINEP que registran un descenso en las denuncias sobre supuestos falsos positivos, al tiempo que existe un esfuerzo muy grande por dilucidar judicialmente las responsabilidades de casos que se enmarquen en crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Así, pues, no debe haber miedo alguno en la medida que se aplique justicia y las fuerza pública cumpla con sus deberes constitucionales, comenzando por que no haya ni una sola violación de derechos humanos. ¡Esa debe ser su real preocupación!

Quienes en realidad deben desvelarse son los cabecillas de los grupos armados ilegales. Jojoy y compañía insistirán en la supuesta “salida negociada al conflicto social y armado”, al tiempo que pretenderán que el primer acuerdo sea la impunidad total. El detalle está en que frente a la justicia penal internacional no tiene ninguna validez cualquier medida que signifique perdón y olvido, así provenga del voto directo del pueblo.

La consecuencia es que si el diálogo y la negociación se condicionan a impunidad, la entrada en vigencia de la Corte no solo no es una amenaza para la fuerza pública, sino una estocada a la estrategia guerrillera. También a sus recurrentes montajes de “salida política” y, en últimas, el más formidable refuerzo a una política de firmeza contra el terrorismo y a la acción legítima de la fuerza pública. A las Farc, con pena de Alfonso Cano, solo les queda el sometimiento a la justicia o desfallecer en el Cañón de las Hermosas. ¡Escojan!

*Rafael Guarín es abogado y analista político

El sindicalista agente secreto de las FARC

Rafael Guarín

Revista AHORA, Bogotá

Octubre de 2009

Una inédita y reveladora entrevista que le fuera hecha en el 2007 al secretario de Fensuagro, Juan Efraín Mendoza, capturado por el Ejército en un campamento en Sumapaz, muestra lo que las Farc busca conseguir en el campo político.*

Tratándose de un dirigente sindical, muchos se sorprendieron de su captura en combates contra las Farc. No fue mi caso. La entrevista que le hice a Juan Efraín Mendoza revelaba una inquietante cercanía con la organización guerrillera y el papel que Fensuagro cumple.

LAS MARCHAS CAMPESINAS DE 2007

En medio de la agitada movilización campesina realizada en octubre de 2007 y que bloqueó carreteras en Tolima, Valle, Cauca y Nariño, pude dialogar con participantes de Rioblanco, el municipio donde a comienzo de los años cincuenta se fundó el asentamiento comunista de El Davis, verdadero origen de las Farc. Al llegar a la Plaza Murillo Toro de Ibagué percibí que estaban muy bien organizados y con voceros con un discurso unificado.

Además de denunciar las necesidades de la región, llamó la atención que afirmaran que “donde existen los grupos guerrilleros, por ejemplo, en el caso de la región donde nosotros vivimos, no existen los problemas” o que la seguridad se las proporcionaba las Farc mientras que el ejército les daba terror, entre otras cosas, por supuestos asesinatos de civiles. En el diálogo se evidenció que existían mecanismos de control sobre la población a través de las juntas de acción comunal que en muchos casos eran influenciadas o dominadas por la guerrilla, al punto que quienes no asistían a la marcha se sancionaban con multas, arreglo de carreteras o trabajos en proyectos productivos.

A la pregunta de quién los lideraba, uno de los campesinos entrevistados dijo que las “centrales agrarias” que “son las que están rigiendo esa ley de hacer paros y todo eso”, entre ellas Fensuagro, y otro anotó: “con base a ellas es que hemos recibido capacitación y hemos estado activos organizando la gente”.

Para mayor claridad decidimos acudir directamente a Fensuagro. Su secretario, Juan Efraín Mendoza, nos recibió a la semana siguiente en una desordenada oficina presidida por la hoz y el martillo, en plena calle 17 con carrera 10 en Bogotá. Se trataba de un campesino metido en un apretado traje de corbata, moreno, obeso y afable. Es el mismo que 16 meses después al ser capturado junto al “negro Antonio” diría que era “un secuestrado” y de quien el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, afirmó que "no es un sindicalista sino un subversivo”.

Contó que Fensuagro es una federación que agrupa a sindicatos de pequeños agricultores y asociaciones de campesinos. Están en 22 departamentos y tienen 68 organizaciones afiliadas. Hacen parte de la “Vía Campesina” y de la “Federación Sindical Mundial”. Precisó que las marchas las orientaba la Coordinadora Campesina, Obrero y Popular de la que hace parte muy activa Fensuagro.

TUMBAR A URIBE

Sobre las razones de la marcha, con tranquilidad indicó: una reforma agraria integral y democrática, la soberanía alimentaria, el respeto por los derechos fundamentales y porque “haya una salida negociada al conflicto social y armado”. Luego, con convicción, añadió el objetivo central e inmediato: “el principal y primer punto eje de la movilización es la renuncia del presidente Uribe y su vicepresidente, por ser un gobierno ilegal e ilegítimo”. Pero la cosa no para ahí. Se pretende “instaurar un gobierno democrático de alta representación popular… de lo contrario vamos a seguir enmarcados en unas políticas nefastas como la seguridad democrática”, que calificó de “guerra contra el sector agrario”.

La curiosidad aumentaba. ¿Hay una fuerza política que pueda proyectar ese gobierno? “Mire, no tanto como una fuerza política, sino que aquí hay ciudadanos capaces de gobernar, por eso es que nosotros hablamos de amplia participación popular, no un partido político como tal”. ¿Y entonces? “Un gobierno de coalición donde estén representados todos los sectores” y cuando “esté posesionado, convocar a un referendo, convocar a que se modifique la constitución nacional y a que se monten unas nuevas estructuras donde todos tengamos cabida en este país. ¿Eso incluye a la guerrilla? “Desde luego está la insurgencia, porque la insurgencia hace parte del proceso colombiano”.

¿Las Farc tienen base social? Sí, “si las Farc no tuvieran base social no existirían”. “Porque, por ejemplo, ¿de dónde salen los combatientes? Los combatientes tienen que salir de ese apoyo popular que tiene”. Ante la reflexión sobre el rechazo de la opinión pública a las Farc, aludió a los medios de comunicación. A “la gente de la ciudad le dicen que la insurgencia es un grupo terrorista, que mata, que asesina, que secuestra y dizque los que están allá armados tienen sueldos o son obligados y que son cosas totalmente contrarias de lo que se dice de esa realidad”.

Destacó que los resultados militares contra las Farc eran pobres. Le pregunté la razón: “porque es una política que cree que a través de la vía armada va a arrasar a las Farc y al gobierno se le olvida que es un movimiento de 43 años de lucha, de rebeldía en contra de la injusticia en Colombia”. ¡A esta altura ya no sabía con quien estaba hablando! Mendoza continúo: “entonces el señor (Uribe) prometió la toalla de Marulanda, que en seis meses la entregaba, oiga y vamos para seis años y la verraca toalla no aparece, se le embolató”. No alcanzaba a imaginar los contundentes golpes que el ejército le propinaría a la guerrilla en 2008.

Sobre las garantías para la marcha, narró que no existieron presiones de ningún tipo de la guerrilla, pero eso sí, por supuesto que las hubo del Estado. Denunció que en el Tolima botaron unos volantes que decían: “campesinos no salgan a la marcha que esto es una propuesta de las Farc”. “Nosotros somos unas organizaciones campesinas, de obreros, de civiles que no tenemos nada, absolutamente nada que ver con el movimiento insurgente. ¡Eso que quede claro!”, subrayó.

A la réplica de que si no era posible que miembros o simpatizantes de la guerrilla participaran en las marchas, fue contundente: “No hay espacio para la infiltración del movimiento armado”. “Los militares bocones, que salieron a decir que la movilización era de las Farc, nos están poniendo a la palestra pública ante los grupos paramilitares”.

Más adelante reconoció que “en las zonas donde el movimiento guerrillero tiene influencia y dominio del territorio, entonces son la autoridad de la zona”. E ilustró: “Yo, por ejemplo, estaba de presidente de la junta y entonces llegó un mando guerrillero a la vereda y me dijo, bueno, esos caminos están muy abandonados, convoque a reunión a todos los afiliados y comience a limpiar los caminos”. “Entonces, miren a ver, toca limpiar los caminos”. “Pero a mí no me parece malo, ni eso está en contra de la población, que cuando el Estado no invierte en el arreglo de las vías lo tenga que hacer uno mismo. Y es el movimiento (Farc) el que está controlando que los caminos estén en buen estado. Eso nos beneficia a los que vivimos en la vereda”.

LA MANO DE CHÁVEZ

No podía dejar de preguntar por Hugo Chávez. “Lo que ocurre con Chávez es que uno tiene que decir que en América Latina, en los actuales momentos, las condiciones están cambiando”. Mencionó inmediatamente Bolivia, Ecuador y Argentina. “Yo he tenido la posibilidad de estar en Venezuela, de ver el proceso, por ejemplo, de reforma agraria, una reforma agraria real”. “Podría decir que bienvenido ese proceso, pero aclarando que el de Venezuela es un proceso aparte y el de nosotros tiene que ser un proceso distinto”.

¿Ha recibido apoyo en algún momento del gobierno venezolano? Hay procesos que si lo han recibido. “Se está recibiendo específicamente en educación. Hay becas que ha otorgado para organizaciones populares en el país. También con salud a través de la misión Milagro”, pero para las movilizaciones campesinas lo negó.

Frente a la pregunta sobre persecuciones a Fensuagro, Mendoza relató que el ejército lo detuvo en su finca el 25 de junio de 2003 acusándolo de rebelión. Lo llevaron a la base militar y “32 horas después, con la presión de aquí de la organización de derechos humanos y de un periodista internacional que se hizo presente, Dick Emanuelsson, del diario Liberación, me dan la libertad”. Es público que Emanuelsson es un periodista con acceso a las Farc, pluma preferida de ANNCOL y fuentes oficiales lo señalan de militante del grupo terrorista. Sorprende que como excusa el sindicalista añadiera que para esa época “ejecutaba un proyecto con el Banco Mundial”.

Al final enfatizó que “nosotros no tenemos el primer compañero, miembro de la organización, que haya sido sentenciado, los tienen un tiempo y los tienen que dejar en libertad porque no se les ha comprobado nada”.

¿PARA DÓNDE VAN?

“Mire, el proceso va y sigue. Nuestra intención es que esta Coordinadora Agraria, Obrero y Popular tiene que ser una organización inmensa, donde logremos concretar a todos los sectores” para “construir un gobierno de amplia representación popular y democrática”. Interrogué: O sea… ¿ustedes apuntan al 2010? “Al 2010 o no sé cuando, de pronto antes”.

Musité, refiriéndome a Uribe: ¿Ojalá que se cayera antes, o qué? “Bolivia y Ecuador no esperaron hasta que el marco constitucional diera para renovar. Y yo creo que al pueblo colombiano nos está haciendo falta eso”. Lo que acababa de escuchar me hizo recordar el Manifiesto de las FARC, publicado tan solo dos semanas antes de las marchas campesinas.

No obstante, el camarada del negro Antonio, para concluir la charla insistió: “no tenemos nada que ver con el movimiento insurgente de Colombia. Nosotros no tenemos la culpa de coincidir en los planteamientos políticos que hacemos con los que tenga el movimiento insurgente. Quienes estamos ahí somos organizaciones legalmente constituidas, no somos delincuentes, no tenemos ordenes de captura, no tenemos nada de eso, somos personas totalmente legales”. Al final, pensé, como dice el dicho, “a la gente hay que creerle”.

*Entrevista concedida a Rafael Guarín, director de la Revista AHORA.

Los mitos del terrorismo

Rafael Guarín

Especial para Facebook

Octubre 1 de 2009

Justificar su existencia y la decisión de optar por la violencia es indispensable para los grupos terroristas. Tales organizaciones saben que la violencia no es suficiente para cumplir su objetivo y de la necesidad de combinarla con otros instrumentos y medios que permitan la movilización ciudadana a su favor.

La revolución sobreviene, siguiendo a Von der Heydte, cuando la fórmula en que se sustenta un orden político pierde vigencia, esto es, que agota su legitimidad y es reemplazada por una nueva, la que proponen los terroristas. Por esa razón, el cumplimiento del objetivo político implica instalar esa nueva fórmula, lo cual se alcanza si ésta obtiene legitimidad, es decir, si consigue coincidir con los valores y las ideas imperantes en la sociedad.

Para lograrlo, los terroristas deben ofrecer a los ciudadanos una lectura de la historia que justifique su actividad y propósitos. La manera en que se relatan los acontecimientos, se adjudican responsabilidades, se exaltan o condenan individuos o grupos y se explica el presente, resulta decisiva en la posibilidad de que el proyecto impulsado por los terroristas gane la legitimidad necesaria para imponerse.

Por esa razón, una de las tareas permanentes es la creación de mitos legitimadores. Se trata de convertir ciertos acontecimientos en hechos que permiten explicar el presente y justificar conductas futuras. Más que el hecho en sí, lo importante es el significado y alcance que se le otorgue, al igual que lograr que sea interiorizado por el colectivo del cual se busca obtener apoyo. Esto explica que las organizaciones terroristas insistan hasta la saciedad en las supuestas “causas del conflicto” y que cada de una de sus operaciones se cubra con idéntico manto discursivo.

En ese contexto, se entiende por mito una historia ficticia construida sobre sucesos reales cuya narración e interpretación obedece a determinados intereses políticos y visión de la sociedad. Los mitos políticos determinan la acción política, pues al ser aceptados por la sociedad se convierten en condicionante de sus actitudes y conductas.

Tal y como lo describe Ernst Cassirer en “El Mito del Estado”, los “nuevos mitos políticos no surgen libremente”. “Son cosas artificiales, fabricadas por artífices muy expertos y habilidosos”. Dicha característica es clave a la hora de interpretar el papel de los mitos en el terrorismo y su utilización por parte de los agentes políticos. El profesor Antonio Elorza tiene razón al afirmar que la “historia no hace el mito; es el mito el que se convierte en historia”.

Los mitos enmarcan los enfoques, fijan las percepciones de los involucrados, son imprescindibles en la adhesión popular que buscan los grupos terroristas y en el reclutamiento de nuevos integrantes. Tienen también que ver con la decisión de mantener la violencia y constituyen un elemento de cohesión interna. Un aparato armado que impugna el orden político debe contar con un discurso en que los mitos se repiten y se extienden, al tiempo que proporcionan una explicación a su existencia y una justificación para sus miembros. En virtud del mito se avala el asesinato, los carros bombas, el secuestro y, en general, el empleo de todo tipo de acciones terroristas. El mito permite además descargar la responsabilidad de los propios crímenes en el enemigo o en la sociedad, nunca en la organización terrorista.

Al examinar los casos de Irlanda del Norte con IRA y del País Vasco con ETA se ratifica la forma en que los mitos y la manipulación de la historia se vinculan íntimamente a la existencia y actuación de los grupos terroristas.

Las FARC son muy diestras en el manejo del mito. Antes de su fundación oficial y con el surgimiento de las primeras guerrillas comunistas, en los años cincuenta, una de las principales tareas ha sido la de escribir una narrativa que justifique la violencia. Son muchos los ejemplos que se pueden citar, pero dejémoslos para la siguiente columna, por lo pronto, subrayemos que una línea de acción antiterrorista es la de desmitificar aquellos acontecimientos que sirven de sustento al discurso de las agrupaciones violentas presentándolos en su real dimensión.